La SCT olvida verificar la construcción de carreteras rurales y combatir la corrupción

La Auditoría Superior de la Federación detectó que la SCT no verificó si se construyeron 553 obras en carreteras rurales en el país.

La SCT olvida verificar la construcción de carreteras rurales y combatir la corrupción

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes destinó 13 mil millones de pesos para construir caminos en las zonas más pobres del país, pero ni siquiera hubo supervisores suficientes para comprobar que las 553 obras realizadas en 2016 cumplieran con el diseño y los materiales previstos.

Además, aunque la dependencia, a cargo de Gerardo Ruiz Esparza, contaba con casi 4 mil millones de pesos adicionales para 156 obras, éstas fueron canceladas debido a que la dependencia no hizo los análisis, estudios ni consiguió los permisos para ejecutarlas. Es decir, pidió el dinero, pero no hizo el trabajo para aplicarlo.

Así lo concluye la Auditoría Superior de la Federación en la revisión del programa “Control Interno del Programa de Caminos Rurales y Alimentadores”, como parte de la Cuenta Pública de 2016.

Los auditores detectaron que el personal Centros de la Secretaría en el país, encargado de verificar el cumplimiento de las obras fue insuficiente, toda vez que 31 residentes de obra (supervisores) tenían la responsabilidad de dar seguimiento a 395 obras.

Esto significó que a cada uno le correspondían 12 obras sólo en los estados analizados: Campeche, Jalisco, Nuevo León y Veracruz.

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En tanto, la Dirección General Adjunta de Caminos Rurales y Alimentadores (DGACRA), encargada de operar el programa, no contrató supervisores adicionales para revisar las obras físicamente y sólo recibió los reportes fotográficos y financieros que entregaron los residentes de obra de los centros estatales de la Secretaría.

Por tanto, la Auditoría recomendó revisar el organigrama de la dependencia para asegurarse de contar con personal suficiente porque no hacerlo “representa un riesgo” en la ejecución de obra.

El programa incluye tres aspectos: construcción, conservación y estudios y proyectos de carreteras alimentadoras y caminos rurales. Es decir, el programa atiende a las zonas donde sólo se construyen caminos de un carril de circulación y libraderos; superficie a base de terracerías revestidas y con obras de drenaje que permiten transitarlos en cualquier época del año. Este tipo de caminos representa 45% de la red nacional de carreteras.

Para 2016, la dependencia tuvo un presupuesto aprobado de 16 mil 644 millones de pesos, pero no ocupó 3 mil 672 millones de pesos por falta de planeación. La SCT “no contó  con el análisis de costo beneficio, ni con los elementos suficientes para su ejecución, tales como la liberación del derecho de vía, permisos y estudios”, por lo que dicho presupuesto se canceló y, por ende, las obras.

Sin combate a la corrupción

Para hacer eficiente el ejercicio del gasto, la administración pública Federal estableció un sistema de control aplicable a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que incluye tres preceptos: Implementación de los Sistemas de control interno, Proceso General de Administración de Riesgos y Estrategias para Enfrentar la Corrupción.

Para el análisis de cumplimiento de cada uno se establecen puntajes y en este programa la SCT obtuvo el menor puntaje en el combate a la corrupción, con 18 de 100, por carecer de mecanismos adecuados.

La auditoría recomendó al titular, Gerardo Ruiz Esparza, que a través del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, se promueva la participación de los servidores públicos para denunciar y detectar presuntos actos de corrupción, ya que en el reglamento para ello, nombrado Acuerdo que establece el proceso específico para la atención de una queja o denuncia, “es inhibitorio de la decisión de presentar una queja o denuncia”.

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Entre los criterios establecidos en el Acuerdo está prohibido hacer una denuncia de manera anónima y el servidor publico que la haga debe hacerlo por escrito, exponiendo los motivos, firmar e incluir el domicilio para recibir notificaciones, los datos de los servidores públicos involucrados en el presunto acto de corrupción y el testimonio de un tercero al que le consten los hechos.

La Auditoría también revisó la documentación de obras en Veracruz y detectó irregularidades administrativas que derivan en pérdida de dinero público. Cuatro expedientes de obras no contaban con el aviso de terminación, parcial o total de los trabajos; el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones; el acta de entrega-recepción por los trabajos de obra concluidos y el finiquito de obra.

En dos casos, los contratistas Consorcio Industrial y Constructor Mexicano S.A. de C.V., incumplieron con sus obligaciones, causales de rescisión. Sin embargo, el Centro SCT Veracruz “no acreditó el inicio de los procesos de rescisión administrativa” que significaba una recuperación por 4 millones 108 mil pesos y 4 millones 615 mil pesos, respectivamente. Por lo tanto, se considera como un probable daño al erario.

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