Desplazamiento forzado en Chiapas: Una historia que se repite desde hace 45 años

Un conflicto territorial que data de 1973 con presencia de grupos paramilitares tiene desplazadas a más de 4 mil personas en una de las zonas más pobres y convulsas de México. Es una crisis humanitaria con mujeres y niños como principales afectados, que no ha sido atendida por las autoridades.

Desplazamiento forzado en Chiapas: Una historia que se repite desde hace 45 años
"No está bien sufrir así, queremos que nos lleven a nuestras casas”. Mujeres y niños son los principales afectados por un conflicto de tierras entre los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán, y que ha provocado una crisis humanitaria que no ha sido atendida por el gobierno de Chiapas. Rodrigo Soberanes


Las balas comenzaron a caer en las casas durante la noche. Entraron por ventanas y techos de lámina. Las familias que salieron huyendo no entienden realmente quiénes ni por qué los agredieron. Hasta ahora se libraron de los tiros, pero vivir desplazados durmiendo al aire libre entre la maleza y sin alimentos está consumiendo su salud.

Desde el primer día de noviembre los tiros siguen asustando a las familias por las noches en comunidades aledañas a los límites entre los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán, en la zona de Los Altos de Chiapas, en el sureste de México, donde una añeja disputa territorial ha traído de vuelta la violencia armada, causando el desplazamiento de más de 4000 personas, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“El primero de noviembre nosotros salimos porque llegó bala a mi casa, así que así estamos los hombres y mujeres, en el día en las casas y en las noches se salen, por eso las mujeres en este momento no están en sus casas”, contó Gilberto Santis, agente municipal de la comunidad de Las Limas, en uno de los tres accesos de Chenalhó a Chalchihuitán que fueron bloqueados.

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Dentro de Chenalhó, en la comunidad de Mojompepentic, hay casas quemadas a orilla de carretera y otras con la fachada derribada. Las personas que vivían ahí se fueron hacia el monte a esperar que pase la violencia.

En Fracción Poloh -otra comunidad de Chenalhó- hay una casa con cuatro balazos incrustados. Dos entraron por el techo de lámina, otro golpeó la pared y uno más entró por la ventana, pasando por encima de las personas que estaban dormidas. En esa habitación -con camas y un fogón al lado- todo ha sido agitación desde la agresión. Ahí no se duerme ya.

“Cuando nos dispararon estábamos durmiendo, la bala pasó por arriba, al aire. Ya no dormimos y nos desvelamos”, exclamó una madre de familia con sus hijas alrededor, todavía dentro de la casa.

En Fracción Poloh comienza el camino hacia las montañas que han seguido más de 800 personas desplazadas y que no han tenido más opción que construir estructuras de madera, poner un techo con lo que se pueda (ramas, plásticos o láminas de cartón) e instalar un fogón para hacer tortillas y calentar frijoles y sopas de pasta.

Hilario Paciencia, desplazado de esa comunidad, hizo un esfuerzo para expresar en español la situación por la que su esposa, hijas y él están pasando. “Estamos sufriendo mucho. Necesitamos maíz y láminas para techo”, exclamó.

Entre los reclamos que se escuchan dentro de esta comunidad, una de las pocas palabras en español más usadas es “desplazados”, porque no existe una palabra en tsotsil, su lengua, que defina la situación que viven.

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Las quejas de los pobladores fueron respondidas por el gobierno de Chiapas con brigadas de salud, protección civil y presencia policíaca, pero un mes después de reiniciada la violencia y luego que la ONU hiciera un llamado urgente al Estado mexicano para atender la crisis humanitaria que están viviendo estas comunidades indígenas.

“No está bien sufrir así”

La región donde están los campamentos de desplazados las viviendas improvisadas están separadas una de otra. Su experiencia les enseña que es mejor dispersarse para evitar ser cazados como las 45 personas desarmadas asesinadas a sangre fría el 22 de noviembre de 1997 en Acteal, una comunidad que está detrás de un par de montañas, a 20 minutos de Fracción Poloh en coche.

No están juntos, están dispersados para salvar sus vidas”, explicó el sacerdote Marcelo Pérez, párroco del vecino municipio de Simojovel, quien ha estado presente en los campamentos de los dos municipios publicando en sus redes sociales cómo viven las personas desplazadas y traduciendo los mensajes del idioma tsotsil al español.

Para los habitantes de Chalchihuitán y Chenalhó, la salida forzosa de sus casas a causa de la violencia armada es una situación que se repite. “Cada dos o tres años resurgen incidentes en las tierras en conflicto”, contó Rafael Landerreche, trabajador social desde hace más de 15 años en la zona.

Los de mayor edad pueden narrar toda una vida de sucesos violentos con armas de fuego y desplazamientos multitudinarios desde 1973, cuando fueron aprobados unos planos que trazaban los límites entre los dos municipios y tres años después se echó abajo con la firma de un nuevo convenio.

Ahora, como desde los años 80, Chalchihuitán reclama 800 hectáreas a Chenalhó, en los dos municipios hay grupos armados -“paramilitares”- y en los dos lados de la zona de conflicto hay familias desplazadas.

“Hace cuatro años con los disparos salimos otra vez, hace tres años salimos otra vez, hasta este momento estamos también desplazados. Sufrimos mucho, hay ancianos y ancianas, hace mucho frío . Los niños están enfermos de tos y catarro por el frío. No está bien sufrir así, queremos que nos lleven a nuestras casas”, señaló de forma contundente una de las mujeres afectadas.

De acuerdo con el recuento realizado en terreno por el padre Marcelo Pérez y personas que le ayudan a recolectar información, en Chalchihuitán hay más de 4800 personas desplazadas, mientras que en Chenalhó la cifra supera las 900 personas, entre ellas hay seis mujeres embarazadas.

Salimos con ancianos y ancianas. Nos disparan cuando estamos en nuestra casa, ya tiene años que comenzó. Pareciera que somos animales”, exclamó María Jiménez Pérez desde un punto reunión de personas desplazadas en la comunidad en Chenalhó.

Durante un recorrido realizado por el padre Marcelo Pérez y el párroco de Chenalhó, Manuel Pérez, Ruta 35 constató las condiciones que la ONU llamó “precarias e inhumanas” en las que sobreviven las familias. Desde sus edificaciones improvisadas, las y los afectados pedían cosas tan básicas como frijol, azúcar, jabón, maíz y láminas.

Pero la principal demanda era poder volver a sus casas donde dejaron sus pertenencias y sus medios de trabajo. “Allá dejamos nuestros animales y todas nuestras pertenencias porque nuestras vidas están amenazadas”, insistió María Jiménez.

Violaciones sistemáticas a derechos humanos

El gobierno de Chiapas informó el pasado viernes 1 de diciembre que envió -a más de un mes del inicio del conflicto- al Grupo de Respuesta Inmediata con brigadas de salud, protección civil y la policía, con el apoyo del Ejército.

En un comunicado emitido también este viernes, la ONU “urgió” al Estado Mexicano a resolver la crisis de desplazamiento interno forzado, sin señalar responsabilidades en específico a ninguno de los niveles de gobierno.

Es un comunicado de “profunda preocupación” precedido de la visita a Chiapas de la relatora de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpus, el pasado 14 de noviembre, en la que constató las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que se viven en este estado.

Esa visita concluyó con un llamado a “acciones urgentes, de acuerdo con los estándares internacionales, incluidos los Principios Rectores sobre Desplazamiento Interno, para garantizar que todas las personas desplazadas internas indígenas tengan el derecho a un adecuado nivel de vida”.

 

* Rodrigo Soberanes es periodista independiente y ha trabajado en el centro y sur de México y Centroamérica, principalmente. Este reportaje fue publicado originalmente en el sitio de periodismo de investigación Ruta 35.

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