Amnistía Internacional pidió al presidente Enrique Peña Nieto vetar la Ley de Seguridad Interior aprobada por el Congreso el viernes pasado, pues su implementación aumentará las violaciones graves a los derechos humanos como son ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas en el país.
[contextly_sidebar id=”1HmdAHZf2yKrKKR1F8bD0OUjs8b0Sfwr”]En una carta abierta a Peña, el Secretario General de Amnistía Internacional, Salil Shetty señaló que “bajo la vaga e indeterminada frase ‘seguridad interior’, la ley no hace más que esconder un esfuerzo concertado y peligroso de mantener a las fuerzas armadas en labores que deben corresponder a las policías.”
Amnistía señala que es un error mantener a las fuerzas armadas en las calles a pesar de que la evidencia demuestra que esta estrategia ha fallado en brindar seguridad durante más de una década.
La Ley de Seguridad Interior regula la participación de las Fuerzas Armadas en estados y municipios cuando sean rebasados por el crimen organizado, mediante protocolos y mecanismos de temporalidad y gradualidad en el uso de la fuerza.
La ley fue aprobada por ambas cámaras del Congreso la semana pasada y enviada al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial para su entrada en vigor.
Salil Shetty recordó a Peña Nieto que hace casi cuatro años cuando se conocieron en la Ciudad de México lo alertó sobre las fallas de mantener la estrategia militarizada para mejorar la seguridad.
La organización señala que durante el actual sexanio el número de militares desplegados en tareas de seguridad pública ha aumentado de manera significativa sin que esto haya ayudado a disminuir los delitos en el país. Por el contrario, dijo el 2017 terminará como el año más violento del sexenio, y vislumbra registrar la tasa de homicidio más alta en por lo menos una década.
“Esto es un momento de agonía para los y las ciudadanos mexicanos, quienes han sido ignorados por un Congreso que, de manera intencional, ha hecho caso omiso del clamor público alrededor de esta ley. Si el presidente decide firmar esta legislación, estaría poniendo en riesgo los derechos humanos de millones de personas,” dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
AI también llamó a los candidatos presidenciales de 2018 sumarse a la petición de vetar la ley.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) señaló que la ley “presenta riesgos al disfrute efectivo de los derechos humanos; no brinda certeza al emplear conceptos imprecisos sobre su marco de operación; genera confusión entre la nociones de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública, y consolida un modelo de seguridad que no ha dado los resultados esperados y ha causado un gran sufrimiento a las personas en el país”.
Señaló que el presidente aún tiene la posibilidad de materializar su propio llamado al diágolo y evitar la entrada en vigor de la Ley.
No solo Amnistía ha pedido el veto presidencial. También Maureen Meyer, directora para México y Derechos de Migrantes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), señaló si México toma en serio su compromiso de defender los derechos humanos el presidente debe rechazar la ley.
