Entre enero de 2015 y septiembre de 2017, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) registró que se han pagado, con recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, 115 millones 77 mil 809 pesos en compensaciones por violaciones a los derechos humanos que cometieron autoridades federales.
[contextly_sidebar id=”J1ziRsZCasBHdV2sTCpaC50b9NusridT”]Los responsables de los 39 casos que se reportaron en este periodo, y en los que se atendió a 216 personas afectadas, son la Secretaría de Marina (Semar), la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación (CNS), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la presidencia municipal de Apatzingán y los gobiernos de Jalisco, Baja California, Michoacán y del Estado de México.
En el documento que la CEAV entregó como respuesta a una solicitud de información, vía Transparencia, se destacó que en 2015 hubo 62 víctimas beneficiadas; un año más tarde fueron 105 y en lo que va de este año se contabilizaron 49.
Entre las violaciones a los derechos humanos que se resaltaron en el listado están al debido proceso, a la libertad personal, a la integridad, a la impartición de justicia, al acceso a los derechos que les corresponden a las víctimas y ofendidos del delito, a la vida, a la legalidad y la seguridad jurídica, a la verdad y a la debida procuración de justicia, a la protección de datos personales, a la vida privada y a la presunción de inocencia.
Sin embargo, también se acentuaron otras por detención y ejecución arbitraria, desaparición forzada, retención ilegal, tortura y tratos crueles, atentados contra la libertad sexual y privación ilegal de la libertad. No se proporcionaron detalles de cada hecho, pues lo prohíbe la Ley General de Víctimas.
Los montos otorgados son muy variables. Por ejemplo, en la segunda compensación de 2015 se entregaron cinco millones 655 mil 530 pesos para una víctima directa y siete indirectas por privación de la vida. Sin embargo, en la segunda de 2016, la misma cantidad de afectados recibieron, también por asesinato, seis millones 908 mil 587 pesos. En ambos la autoridad responsable fue la Sedena.
El 9 de noviembre pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 54/2017, dirigida al general Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Sedena, por cateo ilegal, detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y violencia sexual en agravio de tres víctimas, así como la ejecución arbitraria de dos personas más en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Los hechos ocurrieron a principios de 2016
Para Jorge Tejada Montaño, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), con la puesta en marcha de la Ley de Seguridad Interior, que busca regular la actuación de los militares en las calles, existe el riesgo de que este tipo de acciones se incrementen, pues consolidaría y alargaría su presencia en el espacio público.
“El Ejército, cuando sale a las calles, tiene una misión. Se le entrena no para usar su criterio (como a las policías preventivas), sino para seguir órdenes, y todos sus operativos son para aplastar al enemigo”.
Tejada Montaño explicó que si bien la iniciativa tiene lógica, pues los soldados no quieren ser juzgados por tribunales locales e internacionales debido a sus actos, es necesario que el Senado la rechace. Pero si es aprobada, resaltó que se tendría que aclarar la temporalidad del estado de emergencia o de excepción que le permite al presidente mandar a los militares a la vía pública y detallar las justificaciones de la declaratoria y las facultades de investigación que se le dan al Ejército.
