Ocho años después de que siete elementos de la Policía Federal, más un civil que los acompañaba, fueran raptados y desaparecidos por una banda criminal en Michoacán, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que diversos mandos de dicha corporación son corresponsables de lo sucedido a estas ocho personas (cuyo paradero se ignora hasta la fecha), ya que no cumplieron con su responsabilidad legal de “verificar (que) el despliegue operativo” se diera “en forma segura y expedita”.
[contextly_sidebar id=”4W0380XewSDkUjYmWCAzSsIubCFJ3T34″]Los siete agentes federales, raptados en noviembre de 2009, habían sido destacamentados por sus superiores en el municipio de Ciudad Hidalgo, en donde uno de ellos asumiría la dirección de la policía municipal, y los otros fungirían como sus escoltas.
Tal como constató la CNDH, aún cuando estos elementos (todos radicados en la Ciudad y el Estado de México) habían recibido esta encomienda de manera oficial, el mando de la Policía Federal no les asignó viáticos, radios, vehículos ni medios seguros para dirigirse a Michoacán y, por el contrario, se les ordenó resolver el traslado por sus propios medios, y realizarlo sin llevar sus uniformes, sólo sus rifles de cargo.
Debido a esto, los siete policías federales contrataron con sus propios recursos a un civil, para que con su camioneta particular los llevara a Ciudad Hidalgo, lugar al que nunca llegaron.
Según el testimonio del empleado de una gasolinera, poco después de ingresar a territorio michoacano, la camioneta en la que se transportaban los agentes fue interceptada por entre cuatro y cinco vehículos, de los que descendió gente con armas largas, quienes sometieron a los policías y al civil, y los privaron de la libertad, sin que hasta la fecha se haya determinado su paradero.
La CNDH concluyó que, en el caso de estos siete agentes y el civil que los acompañaba, los mandos de la PF violaron diversas disposiciones del Manual Rector del organismo, el cual instruye a los responsables de la corporación a garantizar que todo despliegue operativo se realice “sin poner en riesgo la seguridad del personal”.
Asimismo, los mandos de la PF incumplieron las normativas internas que les ordenan, por un lado, “nunca permitir el desplazamiento de personal armado y municionado en un vehículo particular”, y por el otro, que “debe prohibirse el desplazamiento (de personal) en vehículos solos o aislados”.
Igualmente, los mandos de la PF violaron la norma interna que los obliga a realizar recorridos previos de reconocimiento por las rutas que se pretende usar para el traslado de personal a zonas de despliegue.
Según la CNDH, al pasar por encima de estas disposiciones, orientadas a generar el entorno más seguro posible para el desempeño de las funciones de los policías preventivos, los mandos de la Policía Federal faltaron a los principios constitucionales de “legalidad, objetividad, eficacia, profesionalismo y honradez”, e incurrieron en “acciones u omisiones que derivaron en poner en un estado de vulnerabilidad” a las ocho víctimas.
En concreto, la CNDH determinó que los mandos de la Policía Federal violaron los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad de sus siete agentes y del civil que los acompañaba, ya que “teniendo obligaciones, por razones de cargo, de proteger y dar seguridad a sus propios elementos, incumplieron con dicho deber, propiciando un daño al personal que se encontraba bajo su mando, al quedar vulnerables ante un grupo de delincuencia organizada”.
La lista de omisiones en las que incurrieron los mandos de la Policía Federal continúa: también violaron el Manual de Actividad Diaria Policial, procedimiento vigente en 2009, ya que “no se realizó la ‘Agenda Temática Delictiva’, por la cual los elementos apoyarían en la seguridad del municipio de Ciudad Hidalgo”, y tampoco se realizó “el ‘Informe de Análisis del Comportamiento Delictivo” de ese municipio ni el ‘Informe de Análisis de Factores Criminógenos’, rubros que fijarían las bases para que la comisión encomendada fuera eficiente y se lograran los objetivos propuestos”, tal como concluyó la CNDH.
Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos constató que, luego de la desaparición forzada, estos mismos mandos de la PF violaron el derecho de sus familias al “trato digno” y “a la integridad y seguridad personal”.
Un ejemplo: tras no lograr entablar contacto telefónico con los agentes, algunos familiares se comunicaron directamente con el mando central de la Policía Federal, en donde les respondieron “que todo estaba bien, en virtud de que no tenían ninguna alerta roja o informe de enfrentamiento”, “que (los agentes) estaban en una comisión y están bien”, “que ya se encontraban en Ciudad Hidalgo, Michoacán, en una comisión y que no se podían comunicar porque no había señal”, o de plano “que no sabían ni madre, y que qué puta madre tenían (los familiares) que estar investigando”.
Según consta en los registros oficiales recabados por la CNDH, el mando de la Policía Federal tardó cinco días en reconocer oficialmente la desaparición de los agentes y del civil que los acompañaba, y se tomaron un día más en iniciar la búsqueda, que resultó infructuosa.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos puso énfasis en “la falta de interés e importancia que la autoriadad mostró respecto al paradero de sus elementos comisionados, pues no obstante que los familiares les informaron sus temores y preocupaciones respecto a la ubicación de éstos, (los mandos de la Policía Federal) siguieron mostrando apatía”.
Así, aunque el rapto de las ocho víctimas ocurrió el 16 de noviembre de 2009, y tenían que reportarse a más tardar un día después, sin que esto ocurriera, los mandos de la Policía Federal ordenaron que se emprendiera la búsqueda de los elementos hasta el 21 de noviembre, misma que tardó en iniciar otras 24 horas, es decir, seis días después del secuestro, algo que para la CNDH “propició la pérdida de información que pudo haber sido útil para la ubicación de los servidores púbicos comisionados, con lo cual (el mando de la PF) desatendió sus obligaciones de proteger y vigilar a sus subalternos, incumpliendo su deber al ponerlos en riesgo”.
Peor aún: la Policía Federal se tomó un día más, hasta el 22 de noviembre de 2009, para presentar una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República por la desaparición forzada de los siete policías y el civil que contrataron como chofer.
Aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos atribuyó todas estas omisiones a siete mandos altos de la Policía Federal, el organismo mantuvo sus nombres en reserva “con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas”.
