Pedro Gutiérrez Farías, fundador de Ciudad de los Niños, ocultó tráfico de influencias y enriquecimiento

La obra de rescate de niños en situación de abandono le ganó prestigio social e influencia política al sacerdote avecindado en Salamanca, pero también fue la fachada de una acumulación de recursos y propiedades.

Pedro Gutiérrez Farías, fundador de Ciudad de los Niños, ocultó tráfico de influencias y enriquecimiento

Durante 40 años la obra social liderada por el sacerdote católico Pedro Gutiérrez Farías gozó de gran prestigio por su labor con los niños en situación más desfavorable. Sin embargo, una denuncia de maltratos a menores de edad y malversación de fondos, así como la resolución de una juez federal puso al descubierto una realidad distinta: el refugio Ciudad de los Niños se había convertido en un lugar de riesgos extremos para algunos de sus habitantes y un negocio para su fundador.

Para procurar recursos y así sostener las seis sedes de la Ciudad de los Niños, Gutiérrez Farías creó ocho asociaciones, con sólo tres de ellas obtuvo 45 millones 267 mil 91 pesos, más dos vehículos y cuatro terrenos, en trece años. De manera inexplicable, es dueño de ocho bienes inmuebles, uno de ellos, un terreno de 17 hectáreas.

Organizaciones nacionales e internacionales han solicitado al Gobierno Federal que realice las investigaciones, pues el gobierno estatal no ha emprendido acciones legales en contra de los responsables pese a que han pasado veinte meses desde que se presentó de manera anónima una denuncia que señalaba maltratos y desvíos de los donativos.

“Me percaté que hay una bodega de la casa donde hay mucha despensa, arroz, comida en general, pero al parecer la vendía a quienes pasan y se llevaban cosas, mientras que a todos los que vivimos en la casa nos dan frijoles con gorgojos, arroz sin sal, todos nos intercambiamos la ropa o salimos de la casa para pedir ropa”: declaración contenida en Sentencia de Amparo Ciudad de los Niños.

Para recaudar donativos, Pedro Gutiérrez creó ocho asociaciones civiles: Ciudad de los Niños Salamanca; Patronato de la Ciudad de los Niños Pobres de Salamanca; Convento Casa Cuna de Salamanca; Ciudad de los Niños Morelia, Ciudad de los Niños Moroleón- Uriangato; Patronato pro Construcción Ciudad de los Niños Moroleón- Uriangato; Cooperadoras de la Sagrada Familia y Cooperadoras de la Sagrada Familia Proniñez Desamparada.

Gutiérrez Farías recibió en trece años, 45 millones 267 mil 91 pesos, más dos vehículos y cuatro terrenos, sólo con tres de sus asociaciones, según información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Nacional de Desarrollo Social, el gobierno estatal de Guanajuato y los gobiernos municipales de Moroleón y Salamanca.

De acuerdo a lo reportado por el gobierno estatal y los gobiernos municipales de Guanajuato, se destinaron a dos asociaciones civiles de Gutiérrez Farías alrededor de 13 millones 617 mil 536 pesos en catorce años.

Se presume que podría ser más dinero pues sólo hay datos a partir de 2004, aunado a que no coincide lo reportado ante Hacienda con lo otorgado por las dependencias locales y federales; así como la reticencia de las autoridades locales a proporcionar información completa.

Aunque el gobernador Miguel Márquez aseguró que todos los recursos estatales entregados a la Ciudad de los Niños han sido fiscalizados, una muestra de lo contrario es la instalación de una planta empacadora de cacahuate que se instalaría en 2008. La idea era que le proporcionara cierta independencia económica a los albergues y a los jóvenes los capacitaría en un oficio. El gobierno estatal donó 2.7 millones de pesos y el municipio de Salamanca apoyó con 1.2 millones de pesos.

La planta nunca se echó a andar, pues no contaba con proveedores, clientes, ni plan de negocios. Aún así, el entonces secretario de Desarrollo Social y actual gobernador, Miguel Márquez, avaló que Gutiérrez Farías no comprobara el uso del recurso y pidió que se cerrara el caso sin dar explicaciones del destino final del dinero público.

Las asociaciones: Ciudad de los Niños Moroleón; Patronato pro construcción de Ciudad de los Niños Moroleón- Uriangato; Patronato de la Ciudad de los Niños Pobres de Salamanca; Cooperadoras de la Sagrada Familia; Cooperadores de la Sagrada Familia Pro niñez Desamparada y Convento Casa Cuna de Salamanca, no tienen registros oficiales que permitan rastrearlas.

No obstante el flujo continuo de recursos gubernamentales, el DIF estatal ha gastado en dos meses y medio 1.7 millones de pesos para darle mantenimiento al albergue, así como atender a los infantes, luego de haber intervenido las casas hogar. Esta inversión contradice el discurso oficial que asegura que los hospicios estaban bajo supervisión constante y se encontraban en buen estado, así como los niños.

Las propiedades de Pedro Gutiérrez Farías

“Se observaron irregularidades en las condiciones físico-sanitarias del inmueble: falta de aseo y mantenimiento en todas las áreas, equipo e instalaciones, mobiliario deteriorado y en mal estado, instalación eléctrica expuesta, manejo inadecuado de alimentos, existencia de fauna nociva, falta de puertas de acceso a sanitarios y área de regaderas, entre otros”: reporte de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato realizado en 2014.

Pedro Gutiérrez Farías, quien no percibía un sueldo y sólo vivía de donativos, cuenta con ocho propiedades: siete en Salamanca y una en Irapuato entre casas y terrenos, uno de ellos con una superficie de 17 hectáreas. Las propiedades del cura fueron compradas a partir de 1995 y las últimas dos le fueron heredadas en julio de 2017.

Las asociaciones de las que es representante legal y presidente, son propietarias de cuatro inmuebles en Salamanca, Moroleón y Tarímbaro. Ha trascendido que la Procuraduría General de la República ubicó más propiedades en Guanajuato y Michoacán.

Simulación en cierre de albergues

La juez Karla Macías ordenó que todos los menores de edad fueran sacados inmediatamente de las distintas sedes de la Ciudad de los Niños y llevados a lugares seguros. El gobierno de Guanajuato tardó más de un mes en atender la petición y los concentró en una de las casas de Salamanca e informó que se cerraban los centros en Moroleón e Irapuato.

Sin embargo, en una visita realizada por Zona Franca al albergue en Moroleón se pudo constatar que el recinto estaba en operación. Una persona que labora en las inmediaciones del albergue, en entrevista dijo que aún hay niños: “a veces salen en una camioneta, ahí atrás, todos. No sé cuántos hay, pero a veces pasan unos cinco o seis, de unos trece años. A los más chiquitos se los llevó el DIF. A veces los llevan a la escuela y veo a una mayor que lleva a una bebé más chiquita, no sé si la lleve al kínder”.

Aunque el gobierno local es el responsable de la administración de los sitios, cuestionados sobre el estatus de los albergues, funcionarios respondieron que tienen “conocimiento” que sólo le dan “asistencia a personas mayores de edad”. Activistas han denunciado que la Ciudad Juvenil en Salamanca también sigue aperando, por lo que consideran que el gobierno estatal sólo ha simulado cumplir con la sentencia.

La sede Morelia nació con conflictos

En 2000, el entonces alcalde de Tarímbaro, Baltazar Gaona, donó al albergue en Michoacán un terreno de una hectárea que era propiedad del fraccionamiento El Trébol. Además de la donación del predio sin consentimiento de los vecinos, el conflicto arreció cuando los habitantes de la zona descubrieron que la asociación civil Ciudad de los Niños de Morelia se extinguió el 14 de julio de 2006 por no cumplir con el objetivo para el que fue creada. Ante la prensa local aseguraron que los representantes de la asociación civil intentaron sobornar “con fuertes sumas al encargado del orden”, posteriormente, personas desconocidas con machetes y actitud intimidatoria se apostaron en algunas casas.

La casa hogar no contaba con un dictamen de Protección Civil a pesar de que custodiaba infantes y está en una zona peligrosa pues hay una ladera sin protección. Además derribaron la malla perimetral alrededor del estanque y los niños se metían a nadar y tomar agua en el depósito sin supervisión.

Tampoco contaban con servicio agua y se conectaron de manera ilegal a la red hidráulica y drenaje. Fueron denunciados por romper los sellos de clausura de obra y por no tener permiso de construcción ni cambio de uso de suelo. Los habitantes recurrieron a las autoridades locales para denunciar los hechos, pero no tuvieron respaldo.

Los vecinos dicen que vieron cómo eran maltratados los infantes, “no hay especialistas que estén al pendiente de ellos, siempre los tienen con ropa en mal estado, son como mercancía para que la gente se apiade de ellos”.

Los habitantes de El Trébol declararon: “por todo lo antes expuesto y otras irregularidades graves, desconfiamos totalmente de que persigan un fin altruista, consideramos que más bien utilizan la bandera de ayudar a niños para bajar recursos federales porque esto se ha convertido en un gran negocio utilizando el chantaje de la fe para sus fines”.

Actualmente la Ciudad de los Niños Morelia sigue operando, en los registros federales tiene estatus de “no activa” por no presentar los informes financieros de 2015 y 2016.

De la esperanza al abandono

“Soy originaria de Michoacán (…) antes vivía con mi mamá (…) ya no recuerdo sus apellidos, (…) tengo 4 hermanos de los cuales no me acuerdo de su nombre, en Michoacán yo vivía con mi mamá y mi papá de quien no recuerdo el nombre”.

Los niños y niñas del albergue fueron víctimas de abandono o violencia familiar; algunos otros eran huérfanos, el sacerdote católico nunca ocultó que les diera una nueva identidad a cientos de niños; sin un juicio de adopción de por medio.

A los niños y niñas les ponían los apellidos del cura y de quien fuera la madre superiora en turno, de tal suerte que hay personas con apelativos Gutiérrez Anguiano, Gutiérrez Morales o Gutiérrez Jiménez, entre otros. Oficialmente no se sabe a cuántas personas les cambiaron su filiación, pues los archivos más antiguos fueron destruidos, las cifras van de los 134 (según la sentencia) hasta 310 (según el cura). En los archivos del Registro Civil se encontraron 168 cambios de identidad, realizados en las administraciones de los priistas Enrique Velasco Ibarra y Rafael Corrales Ayala y de los panistas Vicente Fox y Juan Carlos Romero Hicks.

Gobierno de Guanajuato se olvida de las víctimas

“Yo viví en ciudad de los niños desde que era un bebé, (…) desde que tengo uso de razón sufrí de golpes con palos, (…) tengo varias cicatrices en el cuerpo (…), nos encerraban por días en un cuartito de un metro de alto (…) metían a varios jóvenes ahí (…). (El padre Pedro) también sé que abusaba de las niñas, porque se metía a sus dormitorios y se escuchaba llorar a las niñas y ellas después (ilegible) salían corriendo y no querían decir nada..”.

Las autoridades de Guanajuato aseguran que trabajan por los infantes violentados en el albergue. Activistas difieren de esa afirmación. Raymundo Sandoval, director de NIMA, Centro de Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes, señala que el Gobierno del Estado miente pues no cuenta con acciones que garanticen que los infantes obtengan justicia, pues “es un plan institucional emergente y mientras no tengamos claro cuántos niños y niñas son, cuáles son las violaciones a los derechos humanos y los delitos en cada caso, no vamos a poder establecer claramente los planes de restitución”.

No hay registros de cuántos menores de edad habitaron a lo largo de 40 años los albergues Ciudad de los Niños ni del tiempo que vivieron ahí, no hay coincidencia entre las cifras del gobierno estatal, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), las de Gutiérrez Farías y las del expediente judicial. No se ha explicado porqué las cifras varían y si se tienen ubicados a los menores que alguna vez habitaron la casa hogar.

Para Raymundo Sandoval este hecho demuestra claramente la omisión de las autoridades porque enviaban a las niñas y niños a dicho refugio, sin supervisar y sin tener las garantías necesarias para asegurar su integridad y su vida.

Guanajuato sólo tiene registro de las casas hogar que reciben recurso público estatal, de mil 314 niños que según el INEGI habitan en 47 hospicios, el gobierno local sólo tiene responsabilidad legal sobre el 6% de ellos. Actualmente el gobierno tiene bajo custodia a 54 menores de edad rescatados de la Ciudad de los Niños, siete están en otros centros y uno regresó con su familia.

Complicidad, omisión y opacidad de las autoridades

“Está acreditado que los niños y los mayores de edad en estado de vulnerabilidad que viven en las casas de asistencia social a cargo de la asociación civil Ciudad de los Niños, han sufrido violencia por parte de los encargados; y existen fuertes indicios de que los encargados han abusado sexualmente de los menores”.

Organizaciones nacionales e internacionales han solicitado al Gobierno Federal que realice las investigaciones, pues el gobierno estatal no ha emprendido acciones legales en contra de los responsables. Para Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, este asunto “da cuenta de muchas irregularidades, esperamos que la autoridad federal pueda demostrar la adopción ilegal, el cambio de identidad, el tráfico de influencias, el uso de recursos ilícitos y todo esto encubierto por las más altas autoridades del estado”. El activista señala de manera directa de entorpecer las investigaciones al sistema DIF, al secretario de gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, al gobernador Márquez y al procurador de justicia, Carlos Zamarripa.

La Procuraduría General de Justicia estatal ha dado información poco clara sobre el número de carpetas de investigación: en rueda de prensa dijo que eran siete y vía la Unidad de Acceso a la Información respondió que sólo dos. Se desconoce si son en contra de Gutiérrez Farías o de sus colaboradores. La jueza Macías ha señalado que el agente del Ministerio Público sólo pidió un informe de las condiciones de las casas hogar, “sin que los hubiera citado a rendir entrevista en calidad de testigos, o bien, de imputados” a casi dos años de que se realizara la denuncia.

Nadia Sierra, asesora en temas de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indica que se debe investigar si hay servidores públicos que por omisión no le dieron seguimiento a las denuncias, pero también, a aquellos implicados en la alteración de datos del registro civil y otros presuntos delitos, “creo que tienen pruebas suficientes para hacerlo”.

Se solicitó una entrevista con Pedro Gutiérrez Farías, pero su asesor jurídico, Julián García, dijo que el prelado se encuentra enfermo y fuera del estado de Guanajuato, por lo que era difícil contactarlo. Finalmente dejó de contestar los mensajes de la reportera.

Este reportaje fue realizado por Kennia Velázquez para Zona Franca en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS, para leer la investigación completa, ingrese aquí.

 

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