Pleno del Senado discute Ley de Seguridad; ante críticas, gobierno defiende que no es para militarizar

Mientras persiste la discusión en el pleno del Senado, el gobierno de EPN defendió que la ley deja clara la importancia del respeto a los derechos humanos.

Ley de Seguridad Interior
Comisiones del Senado aprueban 9 cambios a la Ley de Seguridad Interior Foto: Cuartoscuro

Las alertas de organismos internacionales como la ONU, la CIDH, Amnistía Internacional, además de expertos la CNDH y ciudadanos no fueron escuchadas por los senadores en comisiones, que aprobaron el dictamen de la Ley de Seguridad Interior tal y como lo envió la Cámara de Diputados, e iniciaron la tarde de este jueves la discusión en el pleno.

La discusión de la ley ha sido maratónica.

El miércoles, después de más de cinco horas de discusión, los senadores del PRI, PVEM y algunos del PAN aprobaron el dictamen en comisiones, y acordaron que la discusión de las modificaciones a nueve artículos se haría en el pleno este jueves.

La oposición, a lo largo de la sesión en el pleno ha continuado en su crítica a la Ley.

En tanto, en una carta en respuesta al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Zeid Ra’ad Al Hussein, el gobierno mexicano rechazó que la ley busque militarizar al país.

“Su principal objetivo es dotar de un marco jurídico apropiado a las autoridades federales, estatales y municipales, cuando una amenaza grave a la seguridad interior, como las operaciones violentas del crimen organizado, ha hecho indispensable recurrir al apoyo de las Fuerzas Armas”, indicó la carta firmada por el subsecretario de la Cancillería, Miguel Ruiz Cabañas; el subsecretario de la Segob, Roberto Campa, y la subprocuradora Sara Irene Herrerías, de acuerdo con el diario Reforma.

En un comunicado, el gobierno de Peña Nieto señaló que “considera importante que el Poder Legislativo dote de un marco jurídico a la actuación de las distintas fuerzas del orden, incluyendo las fuerzas armadas, y fortalezca las respuestas para garantizar a la ciudadanía la seguridad que demanda, especialmente ante los efectos negativos que plantea la delincuencia organizada en algunos lugares”.

Y agregó: “el proyecto de ley, además de dejar clara la importancia del respeto a los derechos humanos, facilitará las respuestas a nivel local y federal, asegurando que el papel de las fuerzas armadas sea acotado a aquellas situaciones en las que sea absolutamente indispensable, a través de procedimientos claros que se prevén en el proyecto de ley.

El gobierno de la República destaca su pleno y firme apoyo a dicho proyecto de ley, al tiempo que reconoce el papel de las fuerzas armadas en la protección a la población en distintas zonas, sin cuya presencia su seguridad se vería seriamente afectada”.

La Ley de Seguridad Interior regula la participación de las Fuerzas Armadas en estados y municipios cuando sean rebasados por el crimen organizado, mediante protocolos y mecanismos de temporalidad y gradualidad en el uso de la fuerza, sin embargo organizaciones civiles e internacionales advierten que estos cambios son “cosméticos” y no modifican el fondo de esta ley.

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Organizaciones internacionales, entre ellas la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertaron que la Ley contiene preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos, y no aportaría soluciones reales al problema de seguridad del país.

Integrantes del colectivo #SeguridadSinGuerra y activistas señalan que aprobar legislación en materia de “seguridad interior” perpetuaría la militarización de la seguridad pública y la violencia.

Tras la aprobación del dictamen de ley en comisiones, la organización Amnistía Internacional respondió que es “inaudita la forma en la que las Comisiones dictaminadoras del Senado han pasado por alto todas las observaciones y advertencias de sociedad civil organizada, la academia y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos”, sobre el proyecto que regula la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, pues consideraron que los cambios realizados  no resuelven de fondo la falta de controles civiles, transparencia y rendición de cuentas.

Este jueves, expertos de siete grupos especiales de la ONU advirtieron que dar a las Fuerzas Armadas un papel de liderazgo en materia de seguridad podría debilitar la protección de los derechos humanos.

“Nos preocupa que el Proyecto de Ley otorgue a las Fuerzas Armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles”, señaló el grupo en un comunicado conjunto.

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Oposición pide escuchar todas las voces

Senadores de oposición pidieron a sus compañeros no discutir el dictamen de la Ley sin antes escuchar todos los puntos de vista de las organizaciones que se han manifestado en contra.

El panista Juan Carlos Romero Hicks aseguró que se requiere una mayor definición de seguridad nacional, “pero que no se logra con este proyecto”, pues consideró que las modificaciones al proyecto no mantienen contrapesos republicanos, ni rendición de cuentas o límites en la temporalidad de la intervención de las Fuerzas Armadas.

El senador Alejandro Encinas pidió que se cite a los secretarios de la Defensa y Marina para discutir con ellos el proyecto de ley. Añadió que es lamentable que algunos gobernadores que acudieron a una reunión con las comisiones tengan “una actitud sumisa” ante el proyecto con el fin de esconder su desempeño en el combate a la inseguridad.

La  legisladora Angélica de la Peña dijo que votar la minuta aun con las modificaciones planteadas a nueve artículos provocará que la ley no tenga un buen fin, pues se va a judicializar. Auguró que se presentarán acciones de inconstitucionalidad y que será la Corte quien resuelva sobre la norma. “No pongamos oídos sordos a todo lo que se ha dicho”, dijo y pidió que se haga una valoración de estado y no solo de las comisiones y los senadores.

La senadora perredista Dolores Padiera dijo que “nada se pierde con escuchar todas las voces”, sobre la ley, pues entre los ciudadanos y los organismos de derechos humanos es rechazada.

Dijo que debe abrirse un periodo extraordinario para discutirse y votarse. Pidió también que se invite a los involucrados en la ley, entre ellos los ministros de la Suprema Corte, militares y el presidente de la CNDH.

Legisladores del PRI, y algunos del PAN, defendieron la votación y los cambios a la ley al considerar que se escucharon las voces de expertos y civiles, con quienes tuvieron diferentes encuentros.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz, consideró urgente “darle viabilidad al marco normativo, pues en la última década el país ha atravesado por una crisis rebasa el umbral de la seguridad pública, y pone en riesgo la seguridad interior, como es la delincuencia organizada”.

El senador panista Fernando Torres aseguró que el proceso de aprobación de la Ley de Seguridad Interior “no ha sido fast track se ha dado apertura a escuchar a diversas voces sobre el tema y hemos hecho modificaciones importantes”.

Por su parte, el priista José María Tapia Franco dijo que la ciudadanía debe estar tranquila porque la La Ley de Seguridad Interior “no representa la militarización” del país, sino que regula el actuar de las Fuerzas Armadas.

 

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