Internar a personas con discapacidad mental no es la única opción; familiares muestran otras salidas

Organizaciones civiles exigen a México trascender hacia una nueva forma de rehabilitar a los pacientes con trastorno mental; familiares demuestran cómo.

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Organizaciones civiles exigen a México trascender hacia una nueva forma de rehabilitar a los pacientes con trastorno mental. Claudia Altamirano


Cuando la pedagoga Elizabetha Consuegra, quien se dedicaba a investigar y desarrollar aplicaciones móviles para niños de preescolar, comenzó a creer que sus investigaciones no eran de ella sino de otra persona, empezó a preocuparse.

Desde niña supo que algo en ella no era común. Pero fue hasta el 2011 que comenzó a sentir fuertes dolores de cabeza y se le instaló en la mente la idea que estaba plagiando el trabajo de otros.

Producto de esa idea, Elizabetha decidió buscar ayuda psicológica. Los especialistas le diagnosticaron Trastorno Esquizofreniforme orgánico asociado a epilepsia.

Asustada por lo que le ocurría, pidió que la internaran en el hospital psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez.

“Decidí internarme porque no encontraba solución, no veía para dónde, me empecé a dar cuenta que hería a las personas que yo quería, primero pedí ayuda psicológica pero cuando vi que no funcionaba pasé a lo psiquiátrico”.

Su paso por el hospital fue temporal, en parte porque la institución es de atención transitoria y en parte porque ella y su madre decidieron que su mejor tratamiento sería en casa.

“Mi manera de reaccionar fue no hospitalizarla, si podemos trabajarlo juntas, es con amor, con paciencia, con constancia”, contó a Animal Político Arcelia Ríos, madre de Elizabetha.

Para atender a su hija, Arcelia dejó su trabajo, se puso a estudiar por su cuenta sobre la enfermedad, pero sobre todo ha recurrido a un tratamiento que no ofrecen en los hospitales: el hablar mucho con su hija.

Arcelia Ríos y Elizabetha Consuegra en el taller que instalaron en su casa

Arcelia Ríos y Elizabetha Consuegra en el taller que instalaron en su casa

Tratamientos obsoletos

En México, las personas con discapacidad psicosocial (trastornos mentales o afecciones intelectuales) han sido típicamente atendidas bajo un esquema de internamiento, al considerar que su enfermedad ya no tiene remedio.

Desde el Porfiriato hasta casi la década de los años 70, del Siglo XX, los pacientes con enfermedades mentales fueron recluidos en el hospital de La Castañeda, conocido tras su clausura por las torturas que ahí dentro se cometían contra personas a las que se consideraba “incapaces”.

Los abusos no terminaron con el cierre de La Castañeda, según han documentado organizaciones como Disability Rights International (DRI) que reveló, en 2016, la infrahumana condición en que vivían los internos del albergue ‘Casa Hogar Esperanza’, entre otros centros de reclusión de la CDMX -ya existen otros hospitales y villas para estas personas.

La visión para su tratamiento sigue siendo la institucionalización, lo que los segrega e impide su efectiva recuperación, advierten organizaciones defensoras de personas con discapacidad.

“Cuando hay una persona en crisis no hay servicios basados en la comunidad, para cualquier persona con discapacidad psicosocial, incluso sin crisis, no hay servicios en la comunidad y la única opción es la institucionalización, pública o privada”, advierte Lisbet Brizuela, directora para México de Disability Rights International.

“Estos espacios segregan a las personas y al ser segregacionistas estás violando su derecho a vivir en la comunidad por una discapacidad. No cometieron ningún delito y sin embargo son encerrados el resto de su vida por tener una discapacidad. La persona debe estar en posición de decidir si quiere o no un tratamiento y dónde lo quiere tomar”, agrega la activista.

“Son espacios donde suceden cosas muy graves, si las familias supieran antes lo que pasa, tal vez se podría generar una conciencia en ese sentido, pero la falta de alternativas es lo que te lleva a estas situaciones desesperadas”, señala Diana Sheinbaum, investigadora de la organización Documenta.

Falta de alternativas

La Ley General de Salud incluye la Salud Mental en su texto y las instituciones públicas reciben un presupuesto para su tratamiento de alrededor de 2% del destinado al sector, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda por lo menos un 10%, advierten organizaciones como DRI y Documenta, que apoyan a personas con discapacidad.      

Dicha legislación contempla el internamiento involuntario y permite que le sean impuestas “restricciones necesarias” al paciente, quedando a criterio de quienes lo internarán e incluso, de personas que no sean familiares del enfermo, lo que resulta violatorio de derechos humanos y perpetúa la visión institucionalista del tema.

“Será involuntario el internamiento, cuando por encontrarse la persona impedida para solicitarlo por sí misma (..) siempre que exista la intervención de un médico calificado, que determine la existencia de un trastorno mental y del comportamiento y que debido a dicho trastorno existe un peligro grave o inmediato para sí mismo o para terceros.  En todo caso, se deberá procurar que el internamiento sea lo menos restrictivo posible y a que el tratamiento a recibir sea lo menos alterador posible”, dictan los artículos 74bis y 75 de la Ley General de Salud.

Así, las personas con esta discapacidad y sus familias se enfrentan a una falta absoluta de alternativas: “o te institucionalizas o te tratas farmacológicamente”, señala Diana Sheinbaum.

“Este país tiene una deuda enorme en desarrollar servicios de salud comunitarios y respetuosos de los derechos humanos. Es de vital importancia empezar a desarrollar otra política pública y otro modelo de atención a la salud mental que sea garante del derecho a la vida independiente y la inclusión en la comunidad”, agrega la investigadora.

Actualmente existe otra iniciativa que ya fue presentada al Senado por la diputada panista Leticia Amparano, que pretende crear una Ley General de Salud Mental, alternativa a la general de Salud.

Brizuela advierte que el primer borrador de la iniciativa incluso contemplaba terapias de electroshock y lobotomías, “la terapia electroconvulsiva solo se aplicará con el consentimiento informado del paciente o en su caso, del representante legal o tutor, siempre y cuando se cumpla el protocolo de indicación correspondiente”, rezaba el texto. Aunque ya fue modificado, el segundo borrador sigue permitiendo internamientos involuntarios, lo que viola los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial.

“Esto es algo muy preocupante, en primer lugar  los estándares internacionales dicen que no debe haber una ley específica de salud mental porque el modelo se vuelve médico. Esta ley está negando completamente la capacidad jurídica, no habla de un modelo de rehabilitación basado en la comunidad”, refiere la directora de DRI en México.

Compromiso de por vida  

Cuando un doctor dijo a Arcelia Ríos que su hija con esquizofrenia sería en adelante como una niña de cinco años, ella se negó a aceptar que esa fuera la única opción.

“Le dije al doctor ‘le voy a demostrar que no es así, mi hija es una persona preparada, tiene una carrera’. El doctor se cruzó de brazos, resbaló en la silla y eso fue como un reto para mí, se lo iba a demostrar”. Sin ninguna preparación académica previa, Arcelia se propuso estudiar Psiquiatría para entender a su hija y a otras personas con discapacidad psicosocial, a fin de poder ayudarlos.

“Estudié la primaria en seis meses, hice la secundaria en un año y estoy estudiando la prepa porque quiero ser psiquiatra, quiero estudiar para entender más esto que nos costó tanto trabajo”.

Con su hija internada en el Fray Bernardino, Arcelia se preguntó qué pasaría una vez que Elizabetha fuera dada de alta y el verdadero trabajo empezara en casa. Advirtió que los otros familiares que estaban allí iban a pasar por lo mismo y se reunieron para pensar en opciones. Así fundaron el grupo Proasame (Pro ayuda a la Salud Mental), dedicado a dar talleres a familiares de personas con discapacidad psicosocial, que les enseñen a acompañarlos en su nueva vida.

“Cuando me puse a investigar -porque uno ignora- sobre lo que nos enseñaron en el Fray, sobre todo signos y síntomas, va uno entendiéndolos más y entendiéndose también. Eliza y yo estábamos solas y fue mucho trabajar, por eso formamos esta asociación nosotros,  juntando experiencias de personas ahí mismo para estar lo más cerca de ellos”, recuerda Arcelia, quien imparte varios de los talleres de Proasame e impartió clases de yoga por un año a pacientes del hospital Fray Bernardino.

Lo más difícil de tener un familiar con discapacidad psicosocial, refiere Arcelia Ríos, es aceptar que es una condición de por vida. “Es comprometernos a toda la vida, entenderlo y aceptarlo. Porque les dan de alta en el hospital y se van felices porque ya los dieron de alta, y no, es un trabajo de casa, es mucho trabajo en casa y le cuesta mucho trabajo a la gente, a nosotros nos ha costado mucho estar como estamos”.

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.

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