Durante los cinco días en que Marco Antonio Sánchez Flores, de 17 años, estuvo desaparecido, funcionarios públicos de la Ciudad de México y el Estado de México incurrieron en “omisiones graves” que entorpecieron la inmediata localización del joven y que deben ser considerados para la investigación para deslindar responsabilidades, sostiene el equipo legal que asiste el caso.
[contextly_sidebar id=”6ujmEuHxln1LT3eMrXC4wr2NypbI7CCe”]Además, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Nashielli Ramírez, aseguró que no se aplicaron los protocolos en la búsqueda del joven estudiante de preparatoria, según lo ha documentado el organismo que inició el acompañamiento a la familia horas después de la desaparición.
El caso de Marco Antonio pasó por instituciones de la Ciudad de México y del Estado de México a partir de una detención por parte de policías capitalinos y de la cuál aún hay vacíos en el relato ofrecido por el procurador capitalino, Edmundo Garrido.
Aún no hay certeza sobre lo que le ocurrió al joven durante 120 horas. No se ha explicado cómo es que Marco, visiblemente aturdido fue localizado a 40 kilómetros del lugar donde fue visto por última vez; tampoco las razones del notable cambio físico del joven que aún permanece en un estado de confusión, ni los cambios de ropa en cada punto.
La defensa insiste que aún con la localización del joven, la Procuraduría capitalina debe continuar las investigaciones. “La exigencia de la familia en este momento es por justicia y que se siga investigando”, afirma Simón Hernández, abogado del Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP).
El Instituto trabaja en coordinación con la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) y la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) para exigir a la autoridad una debida diligencia en la investigación y, asistir a la familia en caso de decidir emprender acciones legales.
Simón Hernández explicó a Animal Político las omisiones e irregularidades en el caso. Estas son los ocho momentos detectados hasta el momento:
1.-Según la versión del amigo de Marco, testigo de lo ocurrido, dos elementos policíacos en motocicleta acusaron al joven de haber robado un celular cuando ambos se tomaban una fotografía frente a grafiti en la calle. Inmediatamente, dos policías en una patrulla se unieron en el acoso y Marco, asustado corrió hacia la estación del Metrobús El Rosario, que se encontraba a unos metros y donde finalmente fue amagado.
Sin embargo, para la defensa, esta es la primera irregularidad: se trata de una detención arbitraria, “sin causa legal”. Es decir, no había motivo para la aprehensión y aún así lo amagaron y, según el relato del amigo, los policías también lo golpearon en la cabeza con el casco y lo patearon al tenerlo en el suelo, lo cual significaría un uso excesivo de la fuerza por parte de los elementos policíacos de la Ciudad de México.
2.-Después de la aprehensión, los policías lo suben a la patrulla, pero no lo llevan al ministerio público, como lo establecen los protocolos de actuación policial. Es justo ese momento en el que “se pierde su paradero” y, por tanto, incluso, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) abrió una queja por “desaparición forzada”. La pena por este delito, según el Código Penal local es de 15 a 40 años de prisión.
3.-Pese a que el amigo de Marco, tomó una fotografía en la que se ve a los policías amagando al joven y a que fue el último momento en el que se le vio, la agencia 40 del Ministerio Público se negó a dar información sobre el paradero del joven tras la detención. Incluso, aunque la madre de Marco, Edith Flores quiso interponer una denuncia por la desaparición, el MP se lo negó.
Esto, dice Simón Hernández, es otra irregularidad, toda vez que al existir el elemento de la detención por parte de policías, es decir, la presunción de desaparición forzada, el MP estaba obligado a abrir la denuncia sin necesidad de agotar ningún plazo, según lo establecen las sentencias emitidas por organismos internacionales. “Esta obstaculización de acceso a la justicia es violatorio de las personas desparecidas y familias porque en casos de desaparición las primeras horas son cruciales”, dice.
4.-Hasta que Edith Flores acudió a la Comisión de derechos humanos local para pedir asistencia pudo interponer la denuncia, pero aún con una carpeta de investigación abierta, la autoridad no activó protocolos de búsqueda para la debida diligencia. Incluso, la alerta Amber que funciona para la pronta localización de menores de edad fue activada hasta el viernes 26 de enero, tres días después de su desaparición.
5.-Según informó la Fiscalía Anti Secuestro capitalina a la familia, el joven fue aprendido por policías en el Estado de México en un puente porque supuestamente intentaba suicidarse el sábado 27 de enero; por ello fue puesto a disposición de un juez cívico de Tlalnepantla, según se observa en las cámaras de seguridad, pero al no encontrar elementos para la presunción de un delito lo dejó en libertad 10 minutos después, a las 23:45 horas, y nuevamente desapareció.
Aquí ocurre lo mismo que en la primera detención. La última vez que se ve a Marco es con funcionarios públicos, por lo tanto podría considerarse también desaparición forzada, asegura Simón Hernández.
6.-Otra “grave omisión” de los funcionarios mexiquenses es que ni siquiera registraron la aprehensión del joven en sus archivos porque supuestamente el joven no quiso decir su nombre y tampoco atendieron la alerta que ya había para la localización de Marco. El juez calificador también ignoró el visible estado de confusión y a las lesiones físicas que presentaba y lo liberó sin proporcionarle asistencia médica o jurídica. Tampoco aplicaron el protocolo de tratamiento para un menor de edad que consiste en buscar a sus padres.
7.- Este domingo 28 de enero, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, negó que el caso Marco se tratara de una desaparición forzada, insistió en que sólo se trataba de un extravío. Sin embargo, sólo la Procuraduría puede determinar, con los debidos elementos de prueba, si se trata de uno u otro supuesto. La declaración de Mancera, dice Simón Hernández, puede afectar la “imparcialidad” de la Procuraduría durante la investigación.
8.-Minutos antes de que los padres de Marco se encontraran con él en el Centro de Justicia de Tlalnepantla este domingo 28 de enero, se difundió una fotografía del joven en dichas instalaciones que comenzaron a circular en medios de comunicación. Esto significa una acción violatoria de los derechos de los niños sobre el resguardo de su identidad y en estos casos, “las autoridades ministeriales son encargadas que no se filtren”, dice el abogado Hernández. Sin embargo, en ese momento, el joven sólo tenía contacto con personal policiaco autorizado, su defensa y personal de la CNDH.
“Sano se lo llevaron, sano lo queremos”
Este lunes por la noche, Marco Antonio Sánchez, el padre del joven desaparecido, encabezó la marcha de los estudiantes de la preparatoria 8 de la UNAM, donde su hijo estudia. Exigieron justicia tras la desaparición durante cinco días del joven de 17 años.
Ahí, el padre informó que Marco aún se encuentra hospitalizado. “Mi hijo viene muy dañado. Sano se lo llevaron, sano lo queremos”, arengó en el antimonumento de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 en Paseo de la Reforma.
Marco fue ingresado al hospital en la madrugada de este lunes 29 de enero luego de ser revisado por un médico legista de Tlalnepantla. Hasta el momento aún no se determina con exactitud las afectaciones que sufrió el joven tras la detención policiaca.
Aunque está estable, aún se encuentra confundido. “Está dañado, está mal. Se tuvo que sedar para que le hicieran el encefalograma”, aseguró su padre Marco Antonio Sánchez. Al concluir los exámenes médicos se podría determinar cuándo estaría en posibilidad de declarar lo que le ocurrió, informó su defensa.
