En el última Encuesta de Presupuesto Abierto (EPA), México dio un salto al ubicarse entre los 10 países mejor calificados, pero se trata de un “crecimiento parcial”, limitado sólo a la publicación de información técnica, mientras que en vigilancia del gasto a cargo del poder legislativo y en participación ciudadana en el ciclo presupuestario sigue reprobado.
[contextly_sidebar id=”L9DAZmif2mFxHRYg6ca6QoubXRKPcYOy”]“Lo que muestra la encuesta es que hay una mejora técnica, pero la opacidad gubernamental se mantiene, dijo Iván Benumea, investigador que participó en la encuesta por parte de la organización Fundar.
“Lo que se transparenta es lo básico, desde los criterios macroeconómicos, el presupuesto de egresos, la cuenta pública, los informes de auditoria, etcétera. Información que es recomendable tener al alcance”.
La encuesta no revisa la calidad de la información, sólo confirma que se cumpla con la publicación de los documentos y se ponga a disposición de la gente la información básica del ciclo presupuestario. Tampoco verifica que si se gasta bien o no, explicó el investigador de Fundar.
“México ha venido incrementando su información desde 2006, pero hay información que aún no se transparenta y que debería ser pública, como el tema de los fideicomisos públicos. El problema es que se aprueban presupuestos prácticamente a ojo de buen cubero, pues durante en el ciclo presupuestario no hay una explicación de porqué se destinan las cantidades que se destinan a los fideicomisos. Ese es uno de los problemas pendientes de la información básica”.
“Este tipo de herramientas financieras no cuentan con un órgano interno de control y no publican las fuentes que integran su patrimonio, los conceptos y comprobantes de gasto ni las decisiones del comité técnico respecto al cumplimiento de sus objetivos. Al 30 de septiembre de 2017, existen 335 fideicomisos no paraestatales con un saldo disponible acumulado de 682 mil 557 millones de pesos, lo cual equivale al 3% del PIB, y al 13% del presupuesto aprobado para el 2018”, explicó el investigador.
Sin vigilancia
La encuesta, cuyo capitulo México estuvo a cargo de Fundar, muestra que el poder Legislativo no es un contrapeso real del poder Ejecutivo en materia presupuestal.
Dice el informe que los diputados brindan una “vigilancia limitada durante el ciclo presupuestario”, que es buena durante la fase de planificación pero débil una vez que el presupuesto comienza a ejercerse. Un ejemplo es el estudio publicado por Fundar el año pasado en materia de publicidad que reveló que, entre 2013 y 2016, se gastó 71% más del presupuesto aprobado el Congreso.
Al respecto, la organización México Evalúa ha señalado la discrecionalidad con que se ejerce el presupuesto, moviendo recurso e incrementando partidas sin rendirle cuentas a nadie, eso ha permitido que, por ejemplo, el gasto en publicidad oficial crezca cada año aunque cada año se presupueste menos.
El problema es que la Cámara de Diputados no tiene facultades para pedir que el gobierno federal rinda cuentas sobre reducciones o ampliaciones presupuestarios, prácticamente una vez que se aprueba el gasto se olvida de él, puntualizó Iván Benumea.
“El gobierno federal no tiene controles ni contrapesos por esa vía. Tiene la facultad de opinar, pero no hay ley que obligue a gobierno federal ha pedir opinión al legislativo, a pesar de que ellos en teoría son nuestros representantes. No, no hay vigilancia y no hay un compromiso serio de gastar bien y mejor”.
Al respecto, la encuesta muestra que la Auditoria Superior de la Federación obtuvo una calificación de 78 sobre 100 puntos posibles “lo cual indica que su rol como supervisor del gasto público es fuerte y adecuado. Mientras que la Cámara de Diputados fue calificada 81/100 en la fase de aprobación y discusión del presupuesto, pero 20/100 en la fase de su ejecución”.
Los ciudadanos, a un lado
Dice la encuesta: “La transparencia por sí sola es insuficiente para mejorar la gobernanza. La participación pública en la preparación de presupuestos es esencial para alcanzar los resultados positivos asociados con una mayor transparencia presupuestaria”.
Y en el ciclo presupuestal la participación ciudadana tiene pocas herramientas y espacios para que los cidadanos participen, sólo obtuvo 35 de 100 puntos posibles.
“Lo que hay –expuso Benumea— es un acceso restringido a la participación en el ciclo presupuestario. No hay regulaciones, no hay compromiso político por escuchar a la gente respecto de lo que debería pasar antes de que se apruebe el presupuesto. Sería importante que mientras se ejecuta el presupuesto anual la ciudadanía pudiera plantear a la Cámara de Diputados inquietudes, y que el poder legislativo estuviera obligada a estudiarlos y tomarlos en serio para después pronunciarse al respecto con el Ejecutivo respecto del uso de los recursos públicos”.
La EPA se realiza cada dos años y es producida por expertos en presupuesto independientes de la sociedad civil que no tienen conexión alguna con ningún gobierno nacional, y coordinada por el International Budget Partnership.
En su metodología se parte de un cuestionario base, que se aplica a todos los países y que el investigador debe responder con evidencia documental.
Se hacen entrevistas a funcionarios de gobierno y especialistas en la materia, luego se analiza y discuten las respuestas entre el investigador y el comité de IBP, y al final hay una tercera revisión por un especialista anónimo. Incluso se le entrega al gobierno en turno el borrador de los resultados, y se le piden comentarios.
