Los policías y juez calificador de Tlalnepantla, Estado de México, que localizaron a Marco Antonio Sánchez Flores el 27 de enero, fueron “negligentes” e incumplieron con protocolos de protección a derechos humanos, al dejarlo ir sin cerciorarse que se trataba del joven desaparecido en la Ciudad de México cuatro días antes, aseguraron dos especialistas entrevistados por Animal Político.
[contextly_sidebar id=”7tSfbKu8DKxAYS00gLG5o377Mx1Vd2Jf”]Aunque debería haber una investigación de oficio por la actuación de estas autoridades en la Procuraduría General del Estado de México -así lo señalaron especialistas consulados-, hasta el momento sólo los cuatro policías que participaron en la detención en la Ciudad de México se encuentran como imputados en el caso.
De acuerdo con la información del gobierno capitalino, Marco Antonio Sánchez Flores, de 17 años, fue aprehendido por policías municipales de Tlalnepantla la noche del 27 de enero, en un puente peatonal de la avenida Mario Colín, porque presuntamente intentaba quitarse la vida.
El joven fue llevado al juez calificador de Tlalnepantla por una presunta falta administrativa, pero el intento de suicidio no está tipificado como tal, explica Miguel Garza, director de Investigación aplicada en policía del Instituto para la Seguridad y Democracia (Insyde).
Ante un escenario de intento de suicidio, los policías no tienen un protocolo de actuación, pero en todo caso, sólo debían persuadirlo para que no lo hiciera. Si decidieron llevarlo al juez calificador, debieron haberlo asentado en un formato de remisión, donde justifican la detención, dice el especialista de Insyde.
Pero esto no ocurrió. En el juzgado calificador no existía ningún reporte sobre la presencia de Marco Antonio esa noche. La única prueba fueron las grabaciones de las cámaras de seguridad, donde se observa la entrada del joven a las 22:25 horas, luego permanece de pie frente a la cámara, y diez minutos después es escoltado por policías hacia la salida.
De acuerdo con la versión oficial, Marco Antonio no dijo su nombre, su edad, ni proporcionó algún dato, por lo que no se registró ninguna información sobre él en el lugar. El joven salió a las 22:35 horas sólo vistiendo un pants, playera y tenis, haciendo ademanes imprecisos, desorientado y cojeando. Por eso cuando su madre, Edith Flores, vio esos videos, dijo una y otra vez que a su hijo “lo echaron a la calle como a un perro”.
Miguel Méndez, especialista e integrante de la Liga 1 de diciembre que defendió a víctimas de detenciones arbitrarias ocurridas en la toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto, en 2012, considera que no proporcionar datos no es justificación para que el detenido no pueda ser identificado. De ser así, ninguna persona que padece de sus facultades mentales y se pierde podría ser localizada.
Para ese día, 27 de enero, ya existía la alerta Amber que, en teoría, ya debían tener las instancias judiciales del país. En ella se dan datos generales y al encontrar a una persona en el estado como estaba Marco Antonio, el juez calificador debió cerciorarse a quién tenía enfrente, sostiene Méndez.
“En efecto el juez juzgador no es un perito”, para determinar si padecía o no de facultades mentales, dice el especialista, pero tenía la facultad de pedir a un médico que lo revisara, y si bien no podía privarlo de la libertad, sí debía mantenerlo en un área de seguridad hasta que pudieran determinar su identidad.
Aún sólo con las características físicas podría dar aviso a la Procuraduría capitalina, y para descartar que se tratara de algún desaparecido, el protocolo indica que se debe llamar a familiares para que realicen el reconocimiento.
Otra acción al alcance del juez calificador es la búsqueda de desparecidos en Plataforma México, pero tampoco ocurrió. Aunque Marco Antonio es menor de edad, tampoco aplicó el protocolo de atención para niños y adolescentes que obliga a las autoridades a llamar a los padres e incluso canalizarlo al DIF.
Para Miguel Garza esto significa que las autoridades mexiquenses faltaron a los protocolos internacionales establecidos en la ONU, de los que derivan los reglamentos locales, como el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que, entre otras cosas, estipula que “cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales”.
En cambio, el juez calificador no veló por salvaguardar su integridad sino que, incluso, al dejarlo libre por la noche en las condiciones en las que se encontraba, lo puso en peligro, dice Miguel Méndez.
Aunque su debida actuación hubiera conseguido que Marco fuera localizado un día antes, los funcionarios públicos sólo podrían ser juzgados por negligencia, lo que significaría una falta administrativa, porque su mala actuación no es un delito.
De acuerdo con su experiencia en las capacitaciones a agentes de todo el país, Miguel Garza dice que los policías o el juez calificador actúan así cuando consideran que se trata de personas en condición de calle, pero eso tampoco justifica su actuación. Falta “empatía” que, de acuerdo con estándares internacionales, debería existir por parte de las autoridades juzgadoras, dice.
