A cinco días de la aparición de Marco Antonio Sánchez Flores diversas ONG, especializadas en derechos humanos, emitieron un comunicado para informar sobre un “círculo de protección” que otorgarán para el joven y su familia, luego de que las autoridades capitalinas no han dado respuestas claras sobre lo que pasó con el menor durante los días que estuvo desaparecido.
[contextly_sidebar id=”oj7lFurhg41VXORWeHxp7dIxnYvhc81A”]
En el documento los defensores de derechos establecen una serie de acciones que implementaran para brindar mayor seguridad a Marco y a su familia. “La gravedad de las violaciones a los derechos humanos de Marco Antonio Sánchez Flores, así como la falta de voluntad de las autoridades para investigarlas de manera parcial y efectiva, nos motiva a desarrollar dos estrategias para protección de él y su familia”.
La primera de ellas consiste en que la Red por los Derechos de la Infancia; el Instituto de Justicia Procesal Penal, y la Defensoría de los Derechos de la Infancia, asumirán la defensa del caso y actuarán como representantes legales de los denunciantes, asumiendo el compromiso de dar continuidad al proceso.
La segunda radica en el apoyo de un grupo de defensores de derechos humanos, juristas y personajes públicos, los cuales se sumarán como denunciantes a las víctimas, en contra de “quienes resulten responsables por los delitos y graves violaciones cometidos a los derechos humanos de Marco Antonio”. Entre ellos se encuentran: Lydia Cacho (periodista), José Luis González Plascencia (expresidente de la CDHDF), José Antonio Guevara (director de la CMDPDH) y José María Yazpick (actor).
De la misma forma exigen al jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera y al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, que enfoquen la investigación como un caso de desaparición forzada, aplicando criterios de transparencia y razonabilidad.
“Quizá Miguel Ángel Mancera y Alfredo del Mazo consideren que el haberlo localizado, presentarlo con vida y entregarlo a su familia es suficiente para resolver satisfactoriamente lo sucedido. ¡Estamos muy lejos de eso!”, manifiestan en el texto.
También piden que se garanticen los derechos humanos de las víctimas resguardando y respetando la seguridad personal e integridad de Marco y su familia. Para ello solicitan a las autoridades que se protejan: la privacidad, los datos personales, la imagen y la honra de los afectados.
El escrito fue realizado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM); el Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP) y la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODDI) y presentado en el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS).
Marco Antonio, de 17 años, despareció el 23 de enero tras ser detenido por policías capitalinos en la estación de Metrobús Rosario. Luego de varios días de búsqueda, el menor fue localizado el domingo 28 de enero en el municipio de Melchor Ocampo. Finalmente, se reencontró con sus padres en el Centro de Justicia de Tlalnepantla.
Sin embargo, el joven se encontraba desorientado y no hilaba frases coherentes. Durante los días posteriores, Marco fue sometido a pruebas médicas y psiquiátricas en las que le detectaron un cuadro de delirium mixto secundario.
Pero Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), asegura que la condición psiquiátrica que atraviesa Marco es producto de lo que vivió durante los días que estuvo desparecido, pues anterior a estos hechos, el joven no tenía padecimientos previos.
Por su parte, tres de los cuatro policías que detuvieron a Marco rindieron su declaración ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, donde aseguraron que siguieron los protocolos establecidos sin violar los derechos humanos del menor.
Ahora la carpeta de investigación sobre el caso se encuentra en manos de la Fiscalía de Servidores Públicos, la cual negó a la defensa de Marco el acceso al documento bajo el argumento de que elaboran un informe sobre los hechos.
