Apenas la semana pasada, Francisca de la Cruz recibió un llamado de auxilio de una mujer violentada en la comunidad de Cochoapa, de solo 4 mil habitantes, en el municipio Ometepec, Guerrero. Llamó al comisario para asegurarse de que atendiera la denuncia, que el marido se saliera de la casa porque violentaba a su esposa cuando bebía alcohol, y que garantizara la seguridad de ella, que por las restricciones de movilidad ante el COVID-19 no podía ir a ningún otro lado.
Francisca hizo todo por teléfono, porque ya la conocen: es la coordinadora de la asociación para mujeres indígenas “Manos Unidas”, fundada en 2003 y pionera del modelo de Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMIs). Un modelo que se ha reproducido en 35 casas por todo el país y que desde entonces se financia con subsidios federales… hasta este año, que la Secretaría de Hacienda decidió reservar el dinero que tenían etiquetado a través del Programa de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), para redestinarlo a atender la emergencia sanitaria.
La primera víctima de este recorte de presupuesto es justamente la CAMI de Ometepec, la pionera, que cerró sus puertas al no tener recursos para darle comida y albergue temporal a quienes huían de la violencia machista o iban a tener a sus bebés con una partera, y que ahora tienen que ser redirigidas a un hospital, en pleno riesgo de contagios de coronavirus.
Aunque las seis mujeres de Ometepec que estaban de planta ayudando a mujeres indígenas han seguido haciendo lo que pueden por teléfono, la decisión es que sin subsidios no pueden volver a abrir.
Pero no es la única CAMI en estado crítico. De acuerdo con un reporte de la red nacional de Casas de la Mujer Indígena, han alertado que ya no pueden sostenerse las casas de San Mateo del Mar, Oaxaca, que durante la contingencia ha atendido a 212 mujeres; de Pátzcuaro y Zitácuaro, Michoacán, que han atendido a 100 y 30 mujeres; de Tijuana y San Quintín, Baja California, que han recibido 60 mujeres en estos dos meses; de Zongolica, Veracruz, a 35; Matías Romero, Estado de México, a 26 mujeres; y la de Monterrey, a 11.
También han reportado que solo pueden resistir dos semanas o un mes más las de Tolimán, Querétaro, que ha atendido a 100 mujeres durante la contingencia; la de Siho, Yucatán, que recibió a 85; Huejutrla, Hidalgo, a 72; las de Nelys Palomo y Acatepec, Guerrero, a 28 y 8 mujeres cada una; y de La Paloma, Sonora, a 6 mujeres.
Cinco que eran nuevas se quedaron con las instalaciones perfectamente montadas pero sin poder abrir para empezar a dar servicios, y en al menos una hubo un brote de COVID-19 que ni el INPI ni ninguna otra autoridad atendió.
La representante de la red de CAMIs, Nelsy Maricela Ku, detalló en entrevista con Animal Político que en San Felipe del Progreso, municipio mazahua del Estado de México, la coordinadora se contagió de COVID-19. Otras dos colaboradoras, de las ocho que son, empezaron a presentar síntomas de la enfermedad, así que la casa cerró y dejó de dar atenciones a las mujeres indígenas de la zona. Tuvieron que aislarse y entre otras mujeres de la red y activistas hicieron una colecta para apoyarlas.
Ku detalló que en Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca y el Estado de México había casas que el año pasado habían obtenido subsidios por primera vez pero ya no pudieron arrancar su operación. El programa tiene tres fases: en la primera, llamada “inicial”, se otorgan hasta 700 mil pesos para acondicionar un espacio; para la segunda o de fortalecimiento se otorgan hasta 850 mil pesos; y la tercera o de consolidación implica subsidios hasta por un millón de pesos.
Las CAMI son parte de un programa más grande, el Programa de Derechos Indígenas, que para 2020 tenía etiquetado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) poco menos de 200 millones de pesos, que quedaron suspendidos el 3 de abril.
Mientras que el fin de semana el gobierno anunció 250 millones de pesos para repartir en premios por la atención de COVID-19, el viernes la Secretaría de Gobernación confirmó a asociaciones civiles que se habían cancelado los menos de 200 millones con los que sobrevivían las CAMI.
Buscan dinero en el extranjero
El pasado 6 de mayo, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, encabezado por Amnistía Internacional México, Equis Justicia para las Mujeres y la Red Nacional de Refugios para mujeres víctimas de violencia, envió al gobierno federal una carta exigiendo transparentar si las medidas de austeridad ordenadas para enfrentar la crisis provocada por COVID-19 dejarían sin recursos a programas destinados a protección de las mujeres.
Hasta dos semanas después, la Secretaría de Gobernación (Segob) las convocó junto a otras dependencias como el Instituto Nacional para las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) a una reunión para hablar del tema.
Este lunes, las organizaciones lamentaron que su pregunta sobre dónde está el dinero para atender la violencia de género se quedó sin respuesta, ya que las funcionarias les dieron cifras de mujeres beneficiadas por los programas considerados “insignia” del nuevo gobierno, como Jóvenes Construyendo el Futuro o Tandas del Bienestar, pero no aclararon a qué programas se les recortó el presupuesto.
Solo hubo confirmación desde Segob de que el Programa de Derechos Indígenas es uno de los que quedó cancelado. Para sustituir los subsidios que daba el gobierno mexicano, la secretaria Olga Sánchez Cordero informó que se está buscando a embajadas extranjeras y la representación de la Unión Europea para conseguir fondos para mantener las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana.
Este martes, en su conferencia mensual sobre el tema de violencia de género, se le preguntó bajo qué modalidad se busca dinero en el extranjero para las indígenas mexicanas y por qué este cambio si originalmente ya estaba etiquetado en el PEF 2020. A lo que la secretaria contestó que “el presupuesto pues siempre sufre ajustes” y que ya está en pláticas para que las CAMIs reciban dinero de gobiernos de otros países.
“Yo sí quiero decirles que para mí son tan importantes que por eso precisamente voy a luchar por sus recursos. Y segundo, hay embajadas que se nos han acercado a nosotros, y que nos han dicho: tenemos presupuesto de nuestros gobiernos en el tema de violencia contra las mujeres. Entonces no estoy inventándolo, ya se acercaron varias embajadas a decirnos: oigan, nosotros queremos participar, tenemos estos recursos, en qué forma y de qué manera podemos apoyar nosotros a estos temas de mujeres, porque además, si no hacemos uso de esos recursos, pues los recursos simplemente no se van a utilizar ni se van a ejercer”, comentó.
