Es cofundador y exDirector Ejecutivo de Nosotrxs. Lleva mucho tiempo clavado en entender y mejorar la relación ciudadanía-gobierno: desde la academia en temas de participación ciudadana y gobernanza; desde gobierno en el diseño de políticas públicas participativas, y desde sociedad civil en temas de organización comunitaria. Estudió Ciencia Política, Relaciones Internacionales y una Maestría en Administración y Políticas Públicas en el CIDE. Le va al Cruz Azul, aunque gane. luisfdo.fernandez@gmail.com

Construir en colectivo

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En 2008 cofundé una organización para impulsar la participación ciudadana. Las catorce personas que iniciamos el proyecto nos preguntábamos cómo reducir los costos de la participación ciudadana en procesos de decisión pública. Buscamos teoría, creamos metodologías, las probamos, nos equivocamos y corregimos en muchas ocasiones. Creamos modelos sobre cómo reducir los costos de información, de organización y de vinculación que enfrenta la ciudadanía al participar. Capacitamos a cientos de personas alrededor del país: de organizaciones de la sociedad civil, de agrupaciones comunitarias, funcionarios públicos e integrantes de partidos políticos. Nos topábamos siempre con la (des)motivación, con el tiempo y esfuerzo que requiere participar y nuestras metodologías y herramientas no eran suficientes. Reflexionábamos sobre ello, lo discutimos en espacios académicos y en reflexiones con otras organizaciones de la sociedad civil. Nuestra mejor respuesta recaía en los atributos individuales de las personas que participaban y en su propia convicción para impulsar las causas por las que luchaban. Una idea potente detrás de esta conclusión es que los liderazgos existen, no necesariamente se crean. Esa idea cambió para mí profundamente unos años después. 
Pasaron 8 años desde que iniciamos la organización hasta que decidimos entrar a temas de incidencia directamente. Hasta entonces hacíamos investigación, capacitación y estrategias de organización e incidencia. Para la incidencia hacíamos estrategia, planeábamos con tanto detalle como podíamos las tácticas que seguiríamos, las alianzas disponibles, los recursos disponibles y los necesarios para lograr los objetivos. La racionalidad, la lógica y las secuencias causales e incrementales de nuestra planeación eran impecables. Algo faltaba. 
A finales de 2016 decidí iniciar una nueva organización dedicada completamente a la movilización y a la incidencia. Hablé con colegas de Brasil que estaban impulsando acciones extraordinarias de organización, movilización e incidencia. Fui a verlos para conocer sus herramientas, metodologías y referencias, así como el trabajo que realizaban desde Nossas. Allá me hablaron por primera vez de Marshall Ganz, una amiga de la organización había tomado un curso con él ese mismo año en Harvard: Leadership, Organizing and Action: Leading Change. Me hablaron también de Saúl Alinsky y su libro Tratado para radicales. En la organización mezclaban teoría y práctica, pero la práctica era en particular muy potente. Me explicaron algunos componentes de la metodología de Marshall, pero en realidad en ese viaje recibí un cúmulo de información que tardé varias semanas en procesar. De regreso a México me inscribí en el curso de Marshall Ganz en Harvard para el primer semestre de 2017. 
Los planes para iniciar la organización de movilización e incidencia cambiaron cuando estábamos integrando el consejo asesor. Un profesor muy querido, Mauricio Merino, tenía otra idea en paralelo para impulsar un gran movimiento en el país de exigencia colectiva de derechos. El hambre se juntó con las ganas de comer. Decidimos emprender el esfuerzo juntos. Él echó mano de muchos años de experiencia, de reputación, de conocimiento teórico y práctico acumulado en temas de democracia, participación e incidencia, y de la construcción de muchas relaciones de confianza construidas a lo largo de su vida. Además, absorbió el riesgo inicial de invertir en un equipo operativo. Por mi parte, integraría las metodologías y herramientas para la operación, la experiencia en campo y al equipo que había integrado. Decidimos unir esfuerzos e impulsar ese gran proyecto: <a href="https://front.animalpolitico.com/nuestras-voces/la-vacunacion-es-un-derecho-y-todos-somos-responsables/">Nosotrxs</a>. Asumí la dirección ejecutiva de Nosotrxs desde el inicio y decidimos salir públicamente en mayo de 2017. 
Mientras planeábamos cómo operaría Nosotrxs, qué causas impulsaría e integra, estudiaba el curso de Leadership, Organizing and Action con Marshall y el equipo extraordinario de Leading Change Network. El curso me cambió la vida. La metodología y su puesta en práctica modificaron por completo la forma en la que entendía la participación ciudadana, la participación política y, sobre todo, la organización comunitaria. No solo eso, cambió la forma en cómo yo me entendía dedicado al activismo y por qué me involucraba en temas sociales. Toda la teoría, las metodologías previas, los métodos participativos, las mejores herramientas de planeación y el mejor diseño de estrategias para la incidencia quedaron a un lado. 
La metodología de Marshall Ganz incorpora variantes emocionales e introspectivas profundas y potentes que obligan a entender el porqué hacemos lo que hacemos y, desde ahí, impulsa la acción. Construye confianza y capacidad de acción colectiva desde la empatía, desde la construcción de vínculos y desde la convicción de cada persona para participar en lo público. Desarrolla liderazgo en otras personas al ayudarlas a lograr sus propios propósitos. A partir de reconocer intereses, recursos y valores propios y de otras personas se generan equipos, redes y organización para movilizar recursos y capacidades compartidas. Usé todo lo aprendido en el diseño y operación cotidiana de Nosotrxs.
No comprendí la dimensión hasta que lo puse en marcha en mis relaciones cotidianas, en las conversaciones con el equipo de trabajo, con colectivos de trabajadoras del hogar y con grupos de pacientes que no recibían medicamentos, entre muchos más. No sólo funcionó con estos colectivos, sino que funcionó para orientar el método y el trabajo de Nosotrxs y de todos los colectivos que impulsamos desde 2017. Pedí autorización de Marshall y su equipo para adaptar la metodología en México, compartirla y replicarla tanto como fuera posible, siempre mencionándolo y dándole el crédito total cada vez que la compartimos. Con ella capacitamos a treinta formadores que interiorizaron y han replicado la metodología desde entonces en todo el país y a más de 300 activistas que utilizaron la metodología para organizar colectivos de defensa y exigencia de derechos, en conjunto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). 
No sé si Marshall Ganz dimensiona el alcance de la metodología que lleva casi 60 años ideando, probando y mejorando cada vez más. Aprendió y contribuyó en el movimiento de campesinos liderado por César Chavez en los sesenta. Desde ahí trabajó en movimientos de base y lo combinó con la academia para aterrizar lo aprendido en tantos años. Ideó la estrategia de organización para la campaña presidencial de Obama en 2007 y 2008 y desde entonces se ha dedicado a formar a cientos de generaciones de activistas para potenciar la acción colectiva en el mundo.
Recientemente arranqué un nuevo proyecto con más de veinte personas para impulsar la construcción de un nuevo consenso social para México, desde la construcción de vínculos de confianza y la acción motivada desde la convicción de cada comunidad. No puedo evitar pensar que el método de Marshall eventualmente se convierte en una forma de vida, de planear y de construir nuevas capacidades colectivas. No sólo se multiplica cuando lo compartes, sino que lo llevas contigo a nuevas incursiones personales o profesionales. Me ha enseñado a conectar más con las causas de otras personas, a compartir desde el corazón y a entender que nuestras vulnerabilidades se convierten en nuestra mayor fuerza y en la razón de ser, hacer y estar. El nombre de su libro es un potente llamado a la acción para cada vez que queramos transformar nuestras realidades: sí se puede. 
<a href="https://twitter.com/luisffernandez">@luisffernandez</a>

Sí se puede: organización comunitaria para cambiar el mundo

El 19 de noviembre de 2019, Miguel Alfonso Meza escribió en <a href="https://www.nexos.com.mx/?p=45801#_ftn7" target="_blank" rel="noopener">Nexos</a>: “con la captura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el gobierno de López Obrador podría haber eliminado a uno de los mayores contrapesos de su gobierno”. Las expectativas sobre una CNDH fuerte como contrapeso, como medio de control constitucional y como una institución efectiva en la defensa y protección de los derechos humanos eran bajas después del proceso desaseado e impugnado de nombramiento de su titular, Rosario Piedra Ibarra.
En junio de 2020 la expectativa se corroboró. La CNDH emitió un comunicado en el que argumentó estar imposibilitada legalmente para interponer una acción de inconstitucionalidad en contra del Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente, para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Eso a pesar de que el ombudsman inmediato anterior había impugnado la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional de Uso de la Fuerza Pública, la Ley Nacional de Registro de Detenciones y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre otras.
La captura de la CNDH y la alineación política con la administración actual se han probado caso a caso conforme avanza la gestión. Esto no sólo limita profundamente la capacidad de defensa y protección de los derechos humanos en México, sino que su titular ha llegado al extremo de utilizar a la CNDH como brazo faccioso y político para la defensa de intereses político partidistas, en casos en los que ni siquiera tiene competencia. Mido mis palabras y uso los adjetivos con el cuidado que ameritan.
El pronunciamiento DGDDH/061/2022 publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos el pasado 29 de agosto, con respecto al llamado a las personas titulares del Instituto Nacional Electoral (INE) para “garantizar y respetar el derecho humano a la libertad de expresión” sobre las multas impuestas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a “influencers” del Partido Verde durante las campañas electorales de 2021 es el último de los graves desatinos en los que ha incurrido la CNDH en los últimos años. Muestra la grave crisis en el organismo que confunde autoridades administrativas con judiciales y que se involucra en temas electorales, a pesar de tenerlo prohibido por el artículo 7º de su propia ley.
La CNDH, por mandato, debe investigar presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades, emitir recomendaciones, proponer cambios legislativos y reglamentarios, así como mejores prácticas administrativas para una mejor protección de los derechos humanos, entre otras atribuciones (Artículo 6º de la  Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos). En lugar de revisar, por ejemplo, la actuación del personal de la Guardia Nacional, del Instituto Nacional de Migración (INM) o de todas Fiscalías del país, se involucra en un tema político para defender a personas que cometieron un delito electoral y que sancionó el máximo tribunal constitucional en la materia, quien sí tiene facultades constitucionales para ello.
El pronunciamiento de la CNDH es preocupante por involucrarse en temas político electorales y porque concentra recursos materiales, económicos y humanos a ello y no a la atención de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, que se han quejado hasta la náusea del mal funcionamiento del mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación. Han asesinado a 15 periodistas en lo que va del año y la CNDH no aparece ni se pronuncia. Ayer asesinaron a <a href="https://front.animalpolitico.com/2022/08/rosario-rodriguez-barraza-madre-buscadora-asesinada-sinaloa/" target="_blank" rel="noopener">Rosario Rodríguez Barraza</a>, una madre que buscaba a su hijo desaparecido desde 2019 y la CNDH envía comunicados a autoridades electorales que confunde.
Activistas ambientales, organizaciones de derechos humanos, colectivas feministas y LGBT+, entre otros sectores de la población han levantado la voz en diversas ocasiones para reprochar el mal seguimiento de la CNDH a casos particulares sobre violaciones graves a derechos humanos que incluyen el asesinato de activistas y defensores de derechos humanos en diversas partes del país. Ésta debería ser una prioridad para revisar y ajustar los procesos internos de la CNDH.
El Informe del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas más reciente expone que la Secretaría de la Defensa (SEDENA) y la Guardia Nacional están entre las diez autoridades con el mayor número de expedientes abiertos por presunta violación a los derechos humanos. El Informe Mundial 2021 de Human Rights Watch reporta que entre 2013 y 2020, la CNDH recibió 3799 denuncias relacionadas a abusos de la Fuerzas Armadas y que  el uso de sus efectivos para controlar la delincuencia organizada aumentó la violación generalizada de los derechos humanos. Así, a pesar de que la CNDH ha emitido más de 162 recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos, no hay (ni habrá) posicionamiento sobre el nuevo decreto -ahora iniciativa preferente- que entregaría de forma permanente el mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la SEDENA. La CNDH prioriza la lealtad política sobre su mandato constitucional.
Escribo estas líneas con enojo. La garantía y protección de nuestros derechos humanos debería ser la prioridad para la ombudsperson y para esta administración. Si se empatan políticamente debería ser para resolver problemas comunes, no para utilizar a la CNDH como un instrumento faccioso más del Poder Ejecutivo. Es peligroso el errático camino que ha tomado la CNDH al defender aliados políticos y al obviar violaciones a derechos humanos bajo una óptica electoral o partidista. Con ello deja en la indefensión total a millones de personas que no cuentan con una autoridad confiable para defender nuestros derechos fundamentales.
El llamado no es a dejar de lado sus filias políticas, sino a honrar los mandatos constitucionales y asumir que su rol como contrapeso de los poderes públicos es más útil para la ciudadanía que la zalamería institucionalizada.
<a href="https://twitter.com/luisffernandez" target="_blank" rel="noopener">@luisffernandez</a>

El uso faccioso de la CNDH

El 30 de junio fue mi último día en las filas de Movimiento Ciudadano. Me voy agradecido con el partido y especialmente con las organizaciones, movimientos, colectivos y personas que confiaron en mí y en el equipo de la Secretaría Nacional de Movimientos Sociales para construir agendas desde las causas por las que trabajan en el día a día. Me voy agradecido por la amistad y cariño de personas que admiro y con las que comparto ideales y convicciones y por las gratas experiencias con las candidaturas ciudadanas que acompañamos en estos dos años. Hay grandes personas en Movimiento Ciudadano que luchan por construir una alternativa para sus comunidades, para legislar o para repensar e impulsar alternativas de política pública para el país. Para quienes lo hacen desde la convicción, todo mi reconocimiento.
A casi dos años, me voy con reflexiones profundas sobre los retos de nuestro sistema político y sobre la crisis de representación que enfrentan la mayoría de las democracias del mundo. Participé en dos procesos electorales desde los espacios de dirigencia y fui testigo de las enormes limitaciones que tienen los partidos políticos para convertirse en lo que este país necesita de ellos. Las reglas y los incentivos están desalineados. La vida interna de estas instituciones deja mucho que desear cuando la disciplina partidista y el pragmatismo limitan los espacios de imaginación, participación, e inclusión política. 
Vale la pena notar que, aunque los partidos son y seguirán siendo las vías de acceso al poder público, es importante que en ellos la prioridad sea siempre mejorar la calidad de la representación y no solo la captura de puestos y presupuestos que concentra y centraliza el poder. Los partidos políticos son las instituciones peor evaluadas en prácticamente todos los índices de confianza institucional en América Latina. Según datos de Latinobarómetro de 2020, en México alcanzaron una tasa de confianza de solo 13%, mientras que en Chile, que vivió un levantamiento popular en 2019, apenas un 7% confiaba en ellos en 2020. 
Esta crisis de legitimidad representa un problema para todo nuestro sistema político. El desprestigio de los partidos se debe a su desvinculación total de la ciudadanía más allá de los procesos electorales y a su incapacidad de resolver graves problemas estructurales. Además, los partidos han perdido la confianza de la ciudadanía en su capacidad para dar cauce a agendas, causas o promesas y han mostrado serias limitaciones para institucionalizar la vida —y la acción— partidista. Todas estas brechas pueden y deben cerrarse. 
Los partidos deben dar la bienvenida a nuevas personas militantes con la mejora de procesos internos de bienvenida, integración, consulta, deliberación y participación de simpatizantes, así como con procesos claros de identificación, formación y selección de candidaturas. En pocas palabras, hace falta formación, transparencia y horizontalidad. Este es apenas uno de los grandes retos que enfrentan hoy los partidos y estoy seguro de que hay quienes estarán a la altura. 
Después de 22 meses de contribuir con mi tiempo, esfuerzo y capacidad para construir esta alternativa socialdemócrata, mi camino ahora apunta hacia otro lado. Estoy convencido que la lucha por la democratización del poder político debe exigirse y erigirse desde fuera de los partidos políticos; de lo contrario, el instinto de autoconservación repetirá los mismos errores y vicios que se desprenden de la lucha del poder por el poder y no de la capacidad para resolver problemas públicos. Las diferentes crisis de nuestro país demandan reimaginar nuestros acuerdos sociales y reconstruir nuestro sistema político. Tenemos que arar la tierra para sembrar las semillas que transformarán todo: desde la construcción de los consensos necesarios para acabar con la violencia, hasta el impulso de grandes reformas estructurales para combatir el cambio climático, mejorar no solo el acceso sino la calidad de los servicios básicos de salud, seguridad y educación, y construir juntxs un país que combata de fondo las desigualdades y asegure la vida digna de sus habitantes. Este es el México por el que he luchado toda mi vida, el México donde todxs podemos ejercer nuestros derechos.  
La democratización del poder es urgente. Yo hoy veo otra alternativa para lograr ese México de derechos, ese México en el que quiero que mis hijas vivan todas sus libertades. Regreso a mis orígenes, a la sociedad civil, para contribuir a la construcción de ese México, el que exige que el avance de los derechos sociales reanude su marcha hacia la igualdad, el respeto, la dignidad y la paz. Esta lucha se puede dar dentro y fuera de los partidos políticos. Y, aunque los espacios de participación de los partidos están seriamente limitados, la situación fuera de ellos es aún peor. Miles de liderazgos históricamente excluidos en todo el país luchan día con día por exigir sus derechos e impulsar agendas que no siempre encuentran eco, marginalizados por el Estado y por sus instituciones. 
Mi apuesta y la de un grupo extraordinario de personas es trabajar de la mano con esos liderazgos y reconstruir la confianza persona por persona, comunidad por comunidad, para volver a hilvanar el tejido social y articular las causas comunes que nos lleven a crear, desde abajo, un nuevo consenso social para México. Es momento de construir ese país multicultural desde la pluralidad y desde nuevos acuerdos sociales que incluyan a todxs, es momento de regresar a los orígenes y construir en colectivo ese país que todxs soñamos. 
Retomo este espacio en Animal Político para compartir, paso a paso, cómo construimos este nuevo reto. Ya sembramos la semilla. 
<a href="https://twitter.com/luisffernandez?lang=en" target="_blank" rel="noopener">@luisffernandez</a>

Renuncia a Movimiento Ciudadano

Tamara Ibarra es un artista, feminista y activista cultural en la política. Yo digo que es polifacética. Un día puede estar organizando subastas de arte para apoyo a grupos vulnerables, al otro hablar de la comprensión del arte como un reflejo del momento histórico que plasman lxs artistxs en sus obras, y otro día hablar sobre el reconocimiento de derechos laborales de artistas que dedican su vida entera a crear con una nula protección o respaldo del Estado. Este último tema la ha acercado a colectivos organizados y tomadores de decisión para incidir en el reconocimiento de sus derechos. La idea nos envolvió en un par de conversaciones que nos ha llevado a reflexionar estrategias para lograrlo. Esta semana, escribo con ella sobre ello. 
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“El Grito” de Edvard Munch, una de las pinturas más famosas del mundo, nos muestra una naturaleza avasalladora que es opacada en el mismo cuadro por la expresión humana.
Desde 2010 se oyen susurros intermitentes en Latinoamérica, Europa y Norteamérica. No es que no se escucharan antes, éstos susurros se dan en una nueva era de globalización económica y con apuestas políticas polarizadas en un intento por controlar -a través de una narrativa del pasado- lo que podría suceder en el futuro.
Durante los 6 años del sexenio anterior el sector artístico joven se politizó en México. Algunos gremios que pertenecen a industrias como el cine y la música ya estaban organizados debido a la derrama económica que dejan sus creaciones. Los sectores de artes visuales, danza, teatro y letras comenzaron a involucrarse en las manifestaciones, en la auto-organización y auto-gestión hasta conformar una comunidad independiente que criticó fuertemente el sistema político corrupto.
El “Movimiento Independiente del Arte” en México de 2012 a 2018 realizó propuestas radicales y utópicas sobre soberanía alimentaria, economías alternativas, autoformación como educación, comunidad, globalización positiva, territorios, derechos humanos, etc. El esfuerzo y trabajo que implica la elaboración, producción y difusión de todo el material y contenidos visibilizaron nacional e internacionalmente una de las consecuencias negativas más complejas del sector: la autoexplotación de los artistas y productores culturales.
Lxs artistas, al no depender de becas y al no existir suficiente iniciativa privada o gubernamental que impulse económicamente sus proyectos, son quienes realizan de dos a tres trabajos para poder mantener los espacios independientes (galerías, teatros o salas de conciertos), colectivos, radios o editoriales autogestivas. En muchas ocasiones financiados por ellxs mismos. La precarización laboral y la inseguridad financiera de corto, mediano y largo plazo se hace evidente para una generación con poca probabilidad de contar con una pensión para el retiro y, peor aún, para los artistas que enfrentan un escenario adverso -y casi imposible- para acceder a derechos laborales, a una protección social del Estado que les permita acceder a servicios de salud básicos, a servicios de guardería, a un seguro de invalidez o para ahorrar para acceder a una vivienda o a una pensión. Los artistas viven precarizados y olvidados de la agenda pública.
Pasar del término artista a trabajador del arte o trabajador de la cultura ha sido un proceso largo de discusión y entendimiento sobre los múltiples quehaceres contemporáneos de los artistas y su impacto en la sociedad y la historia. Solicitar el reconocimiento como trabajadores al gobierno implica primero socializar y dimensionar ante políticos, economistas, administrativos y burócratas lo que hacen los artistas y su aporte a la vida pública y cultural del país.
La discusión y la demanda para ser reconocidos como trabajadores es mundial. En estos momento se da la batalla en Argentina, Colombia, Chile, Brasil, México, Estados Unidos, Unión Europea, Inglaterra, entre otros. Desde 2014 muchos de los que organizamos redes (uniones de colectivos) hemos tenido diálogos e intercambio de información acerca de las condiciones de trabajo de los artistas y trabajadores culturales tanto en el sector independiente como en el gubernamental y privado. La conclusión ha sido la misma desde hace años: necesitamos bienestar social, servicios médicos, pero sobre todo requerimos la dignificación de nuestro trabajo y que sea reconocido como tal.
Durante el 2020 en el primer periodo de pandemia, el sector artístico se autogestionó para sobrevivir la crisis económica y creó coaliciones que agruparon redes locales y nacionales para exigir apoyos, seguridad social y finalmente el reconocimiento de ellos como trabajadores. En 2021 la discusión sobre estos derechos se ha dado en Estados Unidos, Latinoamérica y la Unión Europea. En Europa la discusión ha avanzado y en 2022 se discutirá en el Parlamento el reconocimiento de los artistas como trabajadores. Han pasado ya 41 años desde que la UNESCO recomendó a los Estados miembros que mejoraran las condiciones laborales de las y los artistas.
Esta lucha que pudo haberse quedado en un grito ahogado dentro del sector cultural ha encontrado eco en un momento de coyuntura: las movilizaciones mundiales de los trabajadores de la cultura que se han reforzado tras la crisis pandémica. Aquí hay tres grupos a quienes reconocer el crecimiento de la agenda:
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<li>Los trabajadores que han perdido beneficios y que vieron amenazada su labor durante la pandemia.</li>
<li>El crecimiento de otros gremios que reclaman derechos que no son reconocidos como trabajadores: sexoservidoras, meseros, artistas o trabajadores de plataformas digitales como Uber y Rappi.</li>
<li>Los trabajadores informales organizados que exigen derechos laborales.</li>
</ol>
El 9 de diciembre de este año, en el Zócalo de la Ciudad de México frente al Gobierno de la Ciudad de México sucedió el Contrainforme, un evento convocado por el colectivo “Queremos Trabajo Digno”, una agrupación de trabajadores estatales contra la precarización y los despidos. Dentro de los sectores y organizaciones presentes estaban trabajadores de PILARES, Promotores Culturales Comunitarios, TAOC, DIF, así como las organizaciones Ni un repartidor menos, Foro de Luchas Sociales y la Asamblea General de Trabajadores. El objetivo es unificar demandas junto con trabajadores del sector privado que padecen el mismo problema. En el caso de los manifestantes del sector cultural se hizo hincapié en la misma exigencia que hacen los trabajadores del Capítulo 3000: eliminar la simulación laboral, reconocerlos como trabajadores y terminar con el hostigamiento y acoso laboral.
La particularidad de esta manifestación es que los representantes de cultura fueron reconocidos por los otros sectores como trabajadores. Esa legitimación y acuerpamiento es el inicio de una lucha de un sector que ya no está solo y que se fortalecerá los siguientes años. La exigencia del sector artístico se ha convertido en la búsqueda de un derecho laboral que en tiempos de pandemia puede considerarse el puente para el acceso a derechos humanos básicos.
Morena hizo promesas en la campaña de 2018 al sector cultural, pero no ha cumplido con el reconocimiento a los trabajadores del sector ni ha empujado el tema, a pesar de tener una mayoría cómoda en el Congreso de la Unión. Solo podemos decir que el polvorín ya se salió de las manos, ahora no es solo una demanda del sector cultural, ya es una demanda generalizada de trabajadores independientes, estatales y privados.
El tiempo ha cambiado las percepciones.
“El grito” de Edvard Munch es una pintura que siempre fue interpretada como un hombre gritando, especialistas de arte contemporáneo han descubierto que es el hombre pintado quien se está tapando los oídos al oír un grito. Éste es nuestro grito colectivo.

El Grito (colectivo). De los trabajadores del arte a los de Rappi

Rodrigo Cordera es un colega extraordinario. Además de ser un músico atraído profundamente por las causas sociales y el combate a la desigualdad, es un demócrata convencido de construir una sociedad de derechos a partir de nuestras diferencias, similitudes y (des)acuerdos. Las conversaciones con él sobre el futuro de país que queremos para México pasan por una combinación entre la necesidad urgente de construir comunidad desde lo local hasta formar cuadros en todo el país que entiendan la socialdemocracia, crean en ella y la difundan con fervor hasta lograr un Estado de bienestar y una sociedad más igualitaria. Con él escribo esta semana sobre un proyecto socialdemócrata para México. 
 
Nuestro país por desgracia se caracteriza por una profunda desigualdad entre muchos otros males. Alexander Von Humbolt en su visita por la Nueva España ya calificaba a esta tierra como una de desigualdad y tremenda injusticia. A más de 200 años de su ensayo político, mucho ha cambiado en nuestro país, pero la desigualdad es una constante que lacera a toda nuestra vida pública y nos convierte en una nación divida, discriminatoria e inmersa en una profunda pobreza.
<a href="https://www.oxfammexico.org/sites/default/files/desigualdadextrema_informe.pdf" target="_blank" rel="noopener">Oxfam nos recuerda que el 10% más rico del país concentra el 64.4% de toda la riqueza del país</a>. Somos un país con grandes riquezas naturales, con el vecino más poderoso del mundo y aunque parezca paradójico, somos una de las 20 economías más importantes del mundo. No existe explicación satisfactoria para justificar el estado de nuestra nación y menos que tengamos a <a href="https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx" target="_blank" rel="noopener">55.7 millones de personas en niveles de pobreza moderada y extrema</a>.
Los gobiernos de las crisis económicas del siglo XX y de la etapa de la posguerra intentaron resolver la pobreza con teorías neoclásicas de la economía sin considerar las externalidades negativas como la profundización de la desigualdad, la privatización de la provisión de bienes y servicios básicos o estratégicos y otras fallas de mercado que el Estado mexicano no logró atender.
La respuesta al neoliberalismo en algunos países del mundo ha sido el populismo de diversas corrientes. Ya sean Trump, Bolsonaro o Erdogan, populistas de ultra derecha, o sea Maduro, un populista de izquierda autoritaria; o el caso mexicano con un populista pragmático que un día es de izquierda, otro día militarista y el otro evangélico. Los resultados de estos populismos en materia de derechos sociales y de distribución de la riqueza son preocupantes. En Estados Unidos, Trump buscó restar impuestos a los más ricos y eliminar los programas más amplios de protección social del Estado. En México, la pobreza ha crecido con el gobierno de AMLO sin capacidad de brindar una protección social sostenible a quien más lo necesita. Sus seguidores aluden a la pandemia, pero no se puede olvidar que el gobierno de AMLO prefirió sortear la pandemia sin apoyos a personas trabajadoras en edad productiva ni a la clase media ni a pequeños empresarios. Esto provoca una recuperación mucho más lenta y el incremento en la pobreza extrema y moderada observados por CONEVAL.
Y entonces, ¿cómo cambiar el rumbo y hacia dónde?
La socialdemocracia pone en el centro de su programa político acciones encaminadas a alcanzar la igualdad y, por tanto, combatir cualquier tipo de desigualdad: económica, social o de trato que restrinja derechos contra individuos o grupos por razones de sexo, etnia, edad, discapacidad, preferencia sexual o religión. En términos económicos, la concepción del Estado es uno redistributivo que garantiza una base fiscal lo suficientemente amplia como para satisfacer las necesidades básicas de toda la población.
La socialdemocracia se presenta en estos tiempos de incertidumbre como una idea que refresca el debate político. En Alemania, la coalición “semáforo” encabezada por Olaf Sholz del partido socialdemócrata alemán es una buena noticia para los que creemos que es posible alcanzar la justicia social con un buen programa progresista (entendido como la ampliación en el ejercicio de derechos).
En una entrevista para la revista Der Spiegel, Olaf Sholz detalló su visión sobre un gobierno y partido socialdemócrata. Habla de convertir a Alemania en uno industrializado, pero totalmente amigable con el medio ambiente. Habla de vivir en una sociedad de iguales, donde nadie desprecie al otro. Habla de expandir la producción energética y convertirla a eólica y solar. Habla de la incorporación formal de millones de trabajadores a las nuevas industrias de la tecnología e información. También plantea nuevos pactos fiscales de corte progresivo para mejorar la redistribución de la riqueza, pero esa agenda tendrá que ser conciliada y pactada junto con los otros partidos que integran su coalición, en el que entienden el diálogo como la mejor herramienta para la construcción de consensos.
¿Y en México? La socialdemocracia nos obliga a pensar en el futuro con ideas atractivas e innovadoras que son impostergables para lograr una sociedad más justa e igualitaria. Van algunas ideas:
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<li>Reforma fiscal progresiva: una reforma en donde busquemos equilibrar las terribles desigualdades de la manera más vieja conocida; los impuestos. Una reforma en donde pague más el que más tiene. Y estos impuestos a su vez sean utilizados por el Estado mexicano para lograr un sistema de salud realmente universal. No es posible construir Dinamarca sin impuestos.</li>
<li>Transición energética: el gobierno actual ha retrocedido totalmente en materia de combate a la crisis climática. La inversión permanente en energías fósiles y en PEMEX está haciendo daño -financiero y ambiental- a México y al planeta entero. México tiene un potencial enorme para construir nuevas empresas con capital público y privado, con una regulación estricta para la protección del medio ambiente. La inversión en energías renovables y en investigación para la eficiencia energética podrían ayudarnos a mitigar nuestro impacto con el medio ambiente y crear empleos bien remunerados.</li>
<li>Fortalecimiento de las policías locales: la militarización de la seguridad pública es una de las consecuencias más funestas del abandono de las policías locales y de las instituciones de acceso y procuración de justicia. La inversión en el fortalecimiento de policías locales es una necesidad urgente para la reconstrucción del entramado comunitario e institucional que nos dé seguridad y tranquilidad en el día a día, además de garantizar condiciones de trabajo digno para quienes dan la vida para cuidarnos.</li>
<li>Cambiar el paradigma de las drogas a uno de salud pública: ejemplos de políticas exitosas para combatir el abuso de sustancias hay de sobra: desde las políticas de reducción de daños hasta la sustitución de cultivos o la regularización. Es una tarea urgente que permitirá reducir o al menos contrarrestar la profunda violencia que producen los mercados ilegales.</li>
<li>Derechos laborales: los avances en torno al incremento del salario mínimo o la institucionalización del programa de inscripción a la seguridad social de trabajadoras del hogar son una extraordinaria noticia. Sin embargo, existen cientos de grupos y sectores abandonas en la informalidad laboral: trabajadores de plataformas digitales, artistas, meseros, músicos, boleros, entre muchos más. Debemos garantizar la universalidad de la seguridad social sin que ésta esté vinculada a una condición laboral; esto sin dejar de garantizar derechos laborales para todas las personas trabajadoras con instituciones de protección de derechos con más facultades que la actual Procuraduría Federal del Trabajo o las Procuradurías locales.</li>
</ul>
La socialdemocracia no busca desaparecer el capital privado ni desincentivar las inversiones, busca un desarrollo y crecimiento productivo justo que garantice la universalidad en el ejercicio de derechos. Así, los impuestos son el mejor igualador siempre y cuando vayan acompañados de políticas públicas. Eso es la socialdemocracia, tan simple y llano como eso.
Consideramos que el balance entre dos fuerzas tan poderosas como el Estado y el mercado producirían sociedades más justas, con ciudadanos más protegidos y también con un mercado más pujante, menos voraz, y con más oportunidades para todos.

Sí a un proyecto socialdemócrata para México

Según la encuesta publicada por Grupo Reforma el pasado 02 de diciembre, al menos dos partidos políticos (Morena y MC) y una coalición (PRI-PAN-PRD) cuentan con más de una candidatura competitiva a la presidencia de la república rumbo a 2024. Al elegir el proceso que seguirán para tomar la decisión final de su candidatura, las distintas fuerzas políticas que competirán en las próximas elecciones presidenciales tendrán una oportunidad histórica ante una ciudadanía que ha demostrado estar harta de “la forma tradicional de hacer política”. En este artículo argumentamos que, según la evidencia disponible para la región, de utilizar elecciones primarias como el método de selección, los partidos y coaliciones podrían ganar credibilidad y legitimidad ante los electores.
A partir del análisis del Índice de Democracia Interna (2018, 2012, 2005 y 1999) en el que los 9 partidos actuales obtuvieron un índice negativo de -.33 (-⅓), observamos que hay un grave déficit de democracia interna en todos los partidos del país. Los potenciales beneficios en credibilidad y legitimidad expuestos en la <a href="https://front.animalpolitico.com/construir-en-colectivo/elecciones-primarias-en-mexico-urgencia-democratica-parte-i/" target="_blank" rel="noopener">Parte I de este texto</a> apuntan a que una posible solución sería introducir elecciones primarias.
¿Qué tipo de elecciones primarias le convienen al país? <a href="https://www.researchgate.net/profile/Flavia-Freidenberg/publication/294427182_Reformas_Politicas_a_las_Organizaciones_de_Partidos_en_America_Latina/links/5770426e08ae842225aa468f/Reformas-Politicas-a-las-Organizaciones-de-Partidos-en-America-Latina.pdf" target="_blank" rel="noopener">Freidenberg</a> provee luz a esta respuesta al hacer una revisión de los procesos de los partidos más relevantes de América Latina. La autora encuentra que unas elecciones internas no obligatorias, simultáneas -todos los partidos el mismo día- y cerradas a militantes tienen el mayor potencial de generar beneficios democráticos. Además, estas elecciones deberán ser supervisadas, financiadas y organizadas por la autoridad electoral, en este caso el Instituto Nacional Electoral (INE), y tener un efecto vinculante. Para ello, deben impulsarse las reformas normativas y reglamentarias que faculten al Instituto. En caso de que esto no sea posible y se mantenga la libertad interna en los métodos de selección para cada partido político, éstos deben contar con altos niveles de institucionalización, promoción constante de procesos democráticos internos, formación permanente de militantes, procesos de resolución de disputas internos y reglas formales y tácitas para respetar resultados adversos.
Las convenciones (partidistas) siguen siendo hasta hoy el método de selección de candidaturas más utilizado por los partidos latinoamericanos. De acuerdo con <a href="https://www.researchgate.net/profile/Flavia-Freidenberg/publication/294427182_Reformas_Politicas_a_las_Organizaciones_de_Partidos_en_America_Latina/links/5770426e08ae842225aa468f/Reformas-Politicas-a-las-Organizaciones-de-Partidos-en-America-Latina.pdf" target="_blank" rel="noopener">Freidenberg</a>, de 250 elecciones presidenciales analizadas de 1978 a 2014 en la región, este método ha sido usado en el 43% de las elecciones presidenciales. Sin embargo, las elecciones internas son cada vez más comunes. Sumando los métodos de internas abiertas -a toda la ciudadanía- y cerradas -previstas sólo para militantes-, también han sido utilizados en conjunto en un 43% de las elecciones presidenciales.
Según <a href="http://www.agendapublica.uchile.cl/n7/3.html" target="_blank" rel="noopener">Atria (2005)</a> los países de la región pueden clasificarse en tres categorías según su aplicación de elecciones primarias: 1) las que contemplan el mecanismo en su legislación (Bolivia, Costa Rica, Honduras, Panamá, Paraguay y Uruguay); 2) las que no lo tienen en su legislación, pero (a veces) se ejecutan en la práctica (Argentina, Colombia, Chile, México, Nicaragua y República Dominicana), y 3) los que no las tienen en ninguna de las dos (Brasil, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Venezuela).
¿Por qué comenzaron a proliferar las elecciones internas en la región? <a href="https://www.researchgate.net/profile/Flavia-Freidenberg/publication/294427182_Reformas_Politicas_a_las_Organizaciones_de_Partidos_en_America_Latina/links/5770426e08ae842225aa468f/Reformas-Politicas-a-las-Organizaciones-de-Partidos-en-America-Latina.pdf" target="_blank" rel="noopener">Freidenberg</a> explica que al menos por 7 razones: 1) producir legitimidad, 2) producir decisiones que generen consenso entre las facciones, 3) efecto contagio -aumentan los incentivos de los partidos para no parecer menos transparentes y democráticos ante la opinión pública que otros-, 4) llamar la atención ante la opinión pública, 5) satisfacer presiones internacionales de reforma electoral, 6) presiones de rivales internos y/o 7) controlar la organización. Este último punto se refiere a la capacidad de los liderazgos partidistas para convencer a las bases, a pesar de un posicionamiento adverso ante la opinión pública, pues perciben que una elección interna como proceso de selección los llevará a ganar y, por lo tanto, tendrán mayores incentivos a realizarlas.
Esa última razón apunta a que hay algunas desventajas de instaurar elecciones internas como mecanismo de selección. El mismo artículo menciona al menos 3 retos que destacamos: 1) refuerzan a las élites que controlan el partido, 2) debilitan a las organizaciones al exponer conflictos internos e incrementar gasto de campaña, 3) elecciones internas realizadas por el partido en el poder desbalancean la competencia.
Fuera de la última que se cumple sólo para un partido por proceso, creemos que las primeras dos desventajas pueden ser menguadas mediante procesos sólidos de formación política, transparencia e institucionalización de los procesos partidistas. En suma, también creemos que los potenciales beneficios democráticos son más que los potenciales costos y retos.
En México, sólo el PAN (2005, 2012) y el PRI (1999 y 2005) han utilizado elecciones primarias como método de selección de sus candidaturas presidenciales. Aunque <a href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-20372016000200365&amp;script=sci_abstract" target="_blank" rel="noopener">en los casos del PRI no se considera que fueron competitivas</a>. Para el caso de 2018, nos propusimos hacer una primera aproximación a partir de la metodología de Freidenberg y Dusek para tener un punto de referencia más actualizado (en el <a href="https://docs.google.com/document/d/1E5hqyHnYIp4hHhYeSvPYzRF9TXUYOeuP5mB-eMbM8gg/edit?usp=sharing" target="_blank" rel="noopener">anexo metodológico</a> podrán encontrar las fuentes y las variables a detalle que utilizamos para construir el IDI 2018, así como los resultados para cada partido).
Un primer vistazo a los estatutos de los partidos nos muestra que la mayoría cuenta con más de un órgano responsable de la selección de candidaturas. Comúnmente, cuando son al menos 3 órganos, un órgano se encarga de redactar y aprobar las reglas, otro órgano de recibir y procesar las solicitudes y finalmente otro de tomar las decisiones finales. También vemos que varios partidos (PAN y Morena) contaban con métodos de selección habilitados (internas cerradas y encuesta respectivamente) distintos a los tradicionales, pero no fueron utilizados.
Un primer hallazgo del cálculo del IDI (2018) es que los 9 partidos obtuvieron un IDI de -.33 (-⅓), el mismo que tuvieron el PRI y el PRD en las elecciones de 2012. Para el PRI y el PRD significa un estancamiento, mientras que por el contrario, para el PAN es un retroceso (de .58 puntos respecto a 2012 y de .83 respecto a 2005). Los otros 6 partidos no habían sido medidos previamente, así que no podemos establecer si han mejorado o empeorado en el tiempo.
Sobre la primera dimensión de análisis (competencia) ningún partido cumplió la condición necesaria, que haya más de un candidato compitiendo. Por lo tanto, el nivel de incertidumbre del proceso también fue inexistente. Por el contrario, en la segunda dimensión (descentralización) vemos algunas diferencias más marcadas. Mientras que el PRD, el PES y el PT tienen procesos centralizados, MC, Morena, PRI, PVEM y Nueva Alianza muestran un nivel medio de descentralización. Dicha diferencia es consecuencia de que éstos últimos involucran a por lo menos 3 órganos en la decisión de la candidatura presidencial.
Finalmente, destacamos sobre la dimensión de inclusión que ha habido mejoras sustantivas. Siete de los nueve partidos obtienen un puntaje de al menos .8. La principal diferencia con los otros dos partidos (Morena y PAN) es que estos últimos sólo permiten a afiliadxs acceder a la candidatura. Esta diferencia también se observa respecto a procesos anteriores, ya que por la introducción de las coaliciones la mayoría de los partidos modificaron sus estatutos para permitir candidaturas externas.
Creemos que las elecciones primarias son una condición necesaria para profundizar el proceso de transición democrática en nuestro país y menguar el descontento creciente con la democracia y el sistema de partidos. Sin embargo, sabemos que no es una condición suficiente. Cada partido deberá asumir el reto de generar altos niveles de institucionalización y una cultura partidista cooperativa para que alcancen su potencial.

Elecciones primarias en México: urgencia democrática (Parte II)

Llevamos semanas en conversaciones con un equipo extraordinario y multidisciplinario sobre los procesos de selección de candidaturas al interior de los partidos políticos y decidimos analizar si las elecciones primarias alinean los incentivos para democratizar los partidos políticos y si amplían o profundizan la participación política de su militancia en los procesos electorales. Dividimos este pequeño análisis en dos partes. Va la primera entrega.
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La selección de candidaturas para cualquier posición de representación política es una de las funciones más complejas, importantes y que generan mayor rispidez en los partidos políticos. Para empezar, existe un conjunto diverso de reglas formales que definen dicho proceso. En éste participan varios órganos partidistas y pueden coexistir simultáneamente varios métodos de selección. Dichas reglas pueden ser tan rígidas o tan discrecionales al interior de un partido como las reglas de juego democrático que define cada país.
Además de la dimensión formal, existen prácticas informales que muchas veces se sobreponen a las reglas escritas a la hora de tomar decisiones <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>. Para hacer aún más complejo el asunto, a partir de la reforma de 2015 se permiten coaliciones entre los partidos políticos. Esto quiere decir que, además del método de selección al interior de los partidos, debe existir un método para determinar la candidatura de cada coalición.
El proceso de selección de candidaturas es relevante porque de él depende la llegada de distintos perfiles a las posiciones de toma de decisiones (desde una regiduría o concejalía, hasta las gubernaturas y la presidencia de la República). De la elección de una persona o un grupo político -y su potencial llegada a un puesto de decisión- se desprenden las políticas públicas o las iniciativas legislativas que impulsarán y que impactarán a millones de personas. Por ello es tan importante problematizar cómo funciona dicho proceso en nuestro sistema electoral. Además, en un contexto donde la insatisfacción con la democracia va en aumento (<a href="https://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp" target="_blank" rel="noopener">Latinobarómetro, 2020</a>), el posicionamiento de perfiles a la ciudadanía se vuelve un espacio donde los partidos pueden ganar credibilidad y legitimidad sobre su oferta política (<a href="http://www.scielo.org.mx/pdf/confines/v9n18/v9n18a4.pdf" target="_blank" rel="noopener">Sarabia Ríos, 2013</a>) y así fortalecer nuestro proceso de transición democrática.
Entre más discrecional sea el proceso de selección de candidaturas y éste quede en manos de un pequeño grupo de poder al interior de cada partido político, hay mayor probabilidad de que lleguen las élites políticas y económicas, y por tanto sus intereses particulares, al gobierno. Por el contrario, entre más democrático sea el proceso de selección e incluya la participación de más personas (y más diversas), se reducen los incentivos (y crecen los costos) de buscar convencer a las dirigencias partidistas para concentrar la labor de convencimiento en cada militancia partidista.
Desde la perspectiva de las personas interesadas en una posición de representación, cuando existe debate público, como en el caso de un método de selección más democrático, ellas se ven obligadas a abrir sus propuestas y a articular políticas públicas o iniciativas con las que deben convencer a un número amplio de personas. Un ejemplo de esos métodos son las elecciones primarias: procesos de selección de candidaturas democráticos que incorporan al mayor número de personas en la decisión sobre quién representará a una fuerza o un partido político en las boletas electorales.
Durante muchos años, métodos como éste han sido ajenos a la mayoría de los partidos latinoamericanos. Tras los procesos de democratización de la década de 1980, la tésis compartida por la mayoría de los partidos de la región era que la democracia interna y el pluralismo no abonan al rédito electoral. Por el contrario, para ganar elecciones se requería disciplina y cohesión interna (<a href="https://scholar.google.es/citations?view_op=view_citation&amp;hl=es&amp;user=QagPPu8AAAAJ&amp;citation_for_view=QagPPu8AAAAJ:IjCSPb-OGe4C" target="_blank" rel="noopener">Freidenberg, 2007</a>).
Sin embargo, a partir de finales de la década de 1990, la selección de candidaturas por los métodos tradicionales como convenciones, negociación o decisión de las élites se ha visto asociada con la “forma tradicional de hacer política” y los partidos tradicionales. Por ello, algunos partidos nuevos como el Movimiento al Socialismo (1997) en Bolivia, Alianza País<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> (1999) en Ecuador y, más recientemente, el mismo MORENA (2014) han buscado disociarse de estas prácticas y presentarse a la ciudadanía utilizando diversos métodos de selección de candidaturas desde primarias abiertas hasta el método de la tómbola. A su vez, partidos tradicionales como el PAN y el PRI adoptaron sus estatutos para incluir elecciones primarias cerradas sin que les obligara la ley (<a href="https://scholar.google.es/citations?view_op=view_citation&amp;hl=es&amp;user=QagPPu8AAAAJ&amp;cstart=20&amp;pagesize=80&amp;citation_for_view=QagPPu8AAAAJ:SEmTV4UfSqwC" target="_blank" rel="noopener">Freidenberg y Dosek, 2016</a>).
¿Qué tan democráticos son los partidos políticos actualmente en México? Y ¿Qué podemos hacer para tener partidos más democráticos? Son preguntas que distintxs autorxs se han hecho y que nos han interesado como equipo. Para intentar aportar algo a la respuesta, hemos recurrido al trabajo y <a href="https://scholar.google.es/citations?view_op=view_citation&amp;hl=es&amp;user=QagPPu8AAAAJ&amp;cstart=20&amp;pagesize=80&amp;citation_for_view=QagPPu8AAAAJ:SEmTV4UfSqwC" target="_blank" rel="noopener">la metodología planteada por Freidenberg y Dosek (2016)</a>. En ella se propone que el nivel de democracia interna que tienen los partidos políticos en sus procesos de selección de candidaturas puede observarse “a partir de” tres dimensiones: a) la competitividad del proceso de selección, b) la descentralización del proceso de nominación de la persona candidata y c) la inclusión de distintas personas en la definición de la nominación.
Con estas variables, constituyen el Índice de Democracia Interna (IDI), un índice que va de -1 (lo menos democrático) a +1 (lo más democrático). Esta metodología fue utilizada por lxs autorxs para analizar los procesos de selección de candidaturas (para las elecciones presidenciales) de 1992 a 2012 por parte de los tres partidos más grandes (PRI, PAN y PRD) de la época en nuestro país.
Los principales hallazgos de dicho análisis podrían resumirse así: 1) Ningún partido alcanza un IDI de más de ¼, en ningún punto del periodo; 2) El partido más democrático de los tres partidos tradicionales, en cualquier punto del tiempo, es el PAN. Aunque se encuentra apenas por encima de las condiciones mínimas de democracia; 3) El PRI y el PRD sostienen niveles negativos de IDI (Lo que significa que son parcialmente no democráticos) durante casi todo el periodo.
En una segunda entrega programada para la próxima semana, utilizaremos la metodología de Freidenberg y Dusek para exponer una aproximación a calcular el Índice de Democracia Interna para los 9 partidos que participaron en la elección presidencial de 2018. Derivado de ese análisis, y la revisión de otros, expondremos por qué consideramos que hoy en México a todos los partidos políticos nos urgen elecciones primarias que democraticen la participación política, permita que los partidos sean vehículos de acceso al poder en igualdad de condiciones para todas las personas que desean participar y legitime a sus candidaturas ante el electorado.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Ver por ejemplo <a href="https://www.cambridge.org/core/journals/perspectives-on-politics/article/abs/informal-institutions-and-comparative-politics-a-research-agenda/11A6AA9DCAF579F5B72DA250728AA513" target="_blank" rel="noopener">Helmke y Levittsky, 2003</a> o <a href="https://www.researchgate.net/publication/263697026_Organizacion_Informal_de_los_Partidos_en_America_Latina" target="_blank" rel="noopener">Freidenberg y Levitsky, 2007</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Llamado Movimiento Mover desde el año 2021.

Elecciones primarias en México: urgencia democrática (Parte I)

En los siguientes fragmentos retomo a George Orwell en su obra 1984. Utilizo fragmentos completos con pequeñas modificaciones y los entrelazo con algunas ideas de nuestro contexto político actual, que parece cada vez más realismo mágico.  
Las tres consignas del Partido están intactas:
<ol>
<li>La guerra es la paz.</li>
<li>La libertad es la esclavitud.</li>
<li>La ignorancia es la fuerza.</li>
</ol>
En el gobierno hay cuatro secretarías de Estado que concentran todo el quehacer gubernamental. El Ministerio de la Verdad que se dedica a las mañaneras, las noticias, a los espectáculos, la educación y las bellas artes; el Ministerio de la Paz para los asuntos de guerra -y tareas varias como el abasto de medicamentos o la construcción de megaobras-; el Ministerio del Amor, encargado de mantener la ley y el orden, y el Ministerio de la Abundancia al que correspondían los asuntos económicos -y la gestión de los servidores de la nación-.
El Ministerio de la Verdad controla el conocimiento. Tiene claro que si todas las personas repiten la mentira esparcida por el Partido, entonces la mentira se convierte en verdad y queda plasmada en la historia. El que controla el pasado controla también el futuro. El que controla el presente, controla el pasado. El neoliberalismo es el enemigo del pasado que dota de sentido la lucha presente. Es el enemigo que aparece en todas las pantallas, en todos los discursos y en todas las estructuras del partido único. Como ejemplo el director interino del CIDE aseguró la semana pasada que dicha institución “adoptó una corriente neoliberal de pensamiento único que se sostiene hasta el día de hoy para beneficiar al sector privado”. -Ya basta, esto se acabó-, espetó con el mismo tono que su líder.
El Ministerio de la Paz se dedica a concentrar más y más capacidad bélica -y administrativa. Asume el control de fronteras, aduanas, control de armamento, obras estratégicas, custodia de energéticos, estructura de seguridad civil, entrega de fertilizantes, entrega de libros de texto, distribución de vacunas, administración de trenes turísticos, entre muchas más. Todo en aras de la paz. El titular del Ministerio de la Paz, incluso, se ha decantado por respaldar el proyecto político de “transformación”. Es un gesto como agradecimiento por el control de prácticamente todas las estructuras de seguridad pública del Estado y más. Todo, claro, en aras de la paz.
El Ministerio del Amor administra el amor que recibe y el amor con el que paga. Lo que en otros tiempos funcionó como “el que se mueve no sale en la foto”, el Ministerio del Amor lo ha transformado en control político. Otorga y entrega embajadas en el mundo a quienes le rindieron pleitesía o hicieron favores a la jerarquía; bendice candidaturas para quienes se han mantenido fieles a la transformación. A quienes han negado su amor y fe al proyecto, el Ministerio garantiza el ostracismo. El Partido ha quitado nominaciones para dirigir los órganos autónomos y ha llamado neoliberales a sus colaboradores más cercanos que se han mostrado críticos.
El Ministerio de la Abundancia administra la riqueza. Se encarga de atender primero a los pobres. Así lo muestras los otros datos, en los que la pobreza no ha aumentado en más de 3.8 millones de personas. Tienen estadísticas tan extraordinarias en su versión original y en la rectificada. Los otros datos parecen fantasía frente a las 15 millones de personas que dejaron de tener acceso a servicios de salud de 2018 a 2020. Este ministerio es el encargado de informar que todo está mejor que antes, que todo va viento en popa, que nunca antes habíamos estado mejor, que nunca había habido menos corrupción ni más seguridad ni más prosperidad como ahora. Probablemente sean las líneas que escuchemos en el informe del 1º de diciembre, a 3 años de haber tomado protesta esta administración.
Las consignas de Orwell parecen ficción, pero no lo son. La guerra es la paz para un gobierno con los niveles más altos de violencia en nuestra historia reciente. La libertad es la esclavitud cuando las libertades de expresión, de cátedra, de pensamiento, de tránsito y otras se diluyen poco a poco. La ignorancia es la fuerza cuando el presidente de la república ha hecho afirmaciones falsas un día sí y otro también en sus conferencias mañaneras, como lo ha documentado <a href="https://front.animalpolitico.com/sabueso/?seccion=discurso" target="_blank" rel="noopener">El Sabueso</a>.
Lo que interesa -en la transformación- no es la moral de las masas, sino la moral del Partido mismo. Se espera que hasta el más humilde de los miembros del Partido sea disciplinado, competente y laborioso, pero siempre es preciso que sea un fanático y crédulo en el que prevalezca el miedo, el odio, la adulación y una continua sensación orgiástica de triunfo. En otras palabras, es necesario que esa persona posea la mentalidad típica de la guerra. No importa que haya o no haya guerra y, ya que no es posible una victoria decisiva, tampoco importa si la guerra va bien o mal. Lo único preciso es que exista un estado de guerra. Ya sea contra el neoliberalismo, contra la oposición, contra los adversarios de la transformación o contra lo que la jerarquía dicte. El Partido necesita su atmósfera de guerra, su carácter bélico y su odio contra el enemigo. De modo que ningún miembro del Partido vacile ni un solo instante en su creencia mística de que la guerra es una realidad y que terminará victoriosamente al vencer de manera indiscutible al neoliberalismo y consolidar así su cuarta transformación. Que la verdad nos alcance.
<a href="https://twitter.com/luisffernandez" target="_blank" rel="noopener">@luisffernandez </a>

La guerra es la paz

El fracaso de Dos Bocas tiene cinco adjetivos: político, financiero, energético, ambiental y laboral. Político porque contradice las promesas que hizo López Obrador en campaña. Prometió producir a menor costo nuestra propia gasolina y con ello reducir su costo para los usuarios finales. Esto no sólo no ha sucedido, sino que tanto el costo de Dos Bocas como el costo de la gasolina en todo el país han aumentado considerablemente, sin mencionar las pérdidas multimillonarias de PEMEX cada trimestre. El costo financiero de Dos Bocas es aproximadamente 50% mayor que lo originalmente planteado; pasó de 160,000 millones de pesos a 240,000 millones de pesos. En medio de la pandemia no sólo no paró la obra, sino que el gobierno federal destinó 45 mil millones de pesos más ese año sin priorizar a las millones de familias que perdieron sus ingresos durante la pandemia.
La apuesta energética no es en favor de una transición a energías renovables, sino para seguir invirtiendo en energías fósiles como el petróleo y gas. Dos Bocas promete una producción de 340,000 barriles diarios, prácticamente una quinta parte del total que se producirá en el país. El fracaso energético es aún más profundo cuando la comparación con la misma inversión en producción de energía eólica pudo haber creado 80 parques eólicos con una capacidad de producción de 14,400 MegaWatts (MW), capaces de alimentar de electricidad a 4,752,000 hogares.
En cuanto al costo medioambiental, la construcción de Dos Bocas acabó con 300 hectáreas de selvas y manglares de Tabasco. El Tren Maya, a pocos kilómetros de ahí, devastará más de 2500 hectáreas de selvas húmedas y secas de la península. El medioambiente sufre un triple revés: el primero por la fauna desplazada y en riesgo, el segundo por la flora destruida y sus impactos en el ecosistema, y la tercera por la apuesta ciega sobre energías no renovables. Júzguelo con sus propios ojos:
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El fracaso más reciente es el laboral. El gobierno que se comprometió a respetar y reconocer todos los derechos para todas las personas, violenta derechos laborales de trabajadores en uno de los megaproyectos más relevantes para esta administración. Desde este martes entraron en paro 5,000 trabajadores de la empresa ICA Flour para exigir mejores condiciones laborales, ya que trabajan horas extras, fines de semana, les exigen cuotas sindicales y les pagan por debajo de los salarios acordados.
Ayer, la policía estatal enfrentó a los trabajadores con gases lacrimógenos, sin que existiera trifulca de por medio. Los videos son dolorosos, hay heridos y reflejan parte del desgaste de esta administración y su incapacidad de mediar en el conflicto. Tanto el Presidente como la Secretaria de Energía intentaron minimizar el caso. El presidente dijo que era un conflicto momentáneo y que sólo participaban 200 o 300 empleados. En los videos se puede ver a miles de trabajadores. Por supuesto, tanto el gobierno federal como la empresa ICA Flour dijeron que todos los derechos laborales son respetados a cabalidad y que el problema no es de ellos, sino de un conflicto entre sindicatos -que se está llevando entre las patas a 5,000 trabajadores-.
ICA Flour presumió la presencia de la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina (SEMAR) para “cuidar” a los trabajadores, pero la Guardia Nacional se deslindó en Twitter diciendo que “no participa en ninguna diligencia relacionada con la Refinería Dos Bocas en #Tabasco”. La SEMAR no se deslindó de la mención. Lo que no sorprende es que la secretaria de Energía y el presidente minimicen el hecho, desestimen un movimiento legítimo, nieguen la presencia de heridos, llamen “grupito” de choque a trabajadores que luchan por mejores condiciones laborales y, peor aún, que no logren resolver o mediar un conflicto con los sindicatos con los que negociaron los contratos colectivos de empleo para su megaproyecto.
Los derechos laborales no pueden desestimarse ni dejarse en segundo plano de lo que pasó en Dos Bocas. No en un país con una tasa de informalidad de más del 50% de la población económicamente activa. Hoy, la informalidad no sólo refleja la violación sistemática de derechos laborales en un país que no logra desligar la situación laboral de la protección social. El desconocimiento de derechos laborales impacta en la salud física y mental de las personas, en su calidad de vida, en el ahorro para la vivienda o para el retiro y en el acceso a bienes o servicios públicos (guarderías o a los distintos subsistemas de atención a la salud).
Los trabajadores de Dos Bocas tienen razón al demandar mejores condiciones laborales o, al menos, las que acordaron. El sindicalismo en México no puede seguir siendo comparsa de negociaciones en lo oscurito que afectan a los trabajadores y encumbran a líderes corruptos o deshonestos y, mucho menos, que el gobierno solape estos comportamientos. Ojalá pongan a las personas y sus derechos al frente para que se resuelva pronto.
<a href="https://twitter.com/luisffernandez" target="_blank" rel="noopener">@luisffernandez </a>

El fracaso de Dos Bocas

Cuando el resentimiento y las injusticias crecen, las revoluciones son imparables. La madrugada del 15 al 16 de septiembre de 1808 detuvieron al virrey de la Nueva España, José de Iturrigaray. Lo obligaron a renunciar en un golpe de Estado tramado por un comerciante y hacendado peninsular, Gabriel de Yermo, quien impulsó junto con los golpistas a Pedro de Garibay, un militar español, para que asumiera el virreinato. La situación política era inestable y muy polarizada entre los criollos enojados y los peninsulares triunfantes.
La división e inestabilidad política y social venía de muchos años atrás. Cuarenta años atrás la Corona española iniciaba las reformas borbónicas para aumentar la recaudación en las colonias españolas como una vía de financiamiento. A través de una élite burocrática de puros peninsulares, un grupo de magistrados, administradores, obispos y oficiales del ejército mantendrían ilesa la autoridad de la Corona. La confianza recaía en la casta y no en las burocracias ni en las endebles instituciones coloniales. Los principales puestos fueron otorgados a esta élite peninsular, lo cual constituyó un grave abuso en contra de la élite criolla, ya que los peninsulares eran extranjeros y no podían identificarse ni entender, de la misma manera que los criollos, los problemas que aquejaban a la Nueva España.
Me explico con un ejemplo. Imagine, sólo hipotéticamente, que el gobierno federal no confía en las personas que gobiernan cada entidad federativa y tampoco puede asegurar que todos los ingresos recaudados llegan a las arcas del gobierno federal. Con el fin de controlar los ingresos y egresos nombra a superdelegados. Hace doscientos años se llamaron intendentes (todos peninsulares). Estas personas se caracterizaron por su centralismo y por su lealtad irrestricta a la Corona.
Las colonias claramente estaban molestas. Los intendentes homogeneizaron la administración pública colonial, de forma que respondieran únicamente a la península y no al Virrey en turno. Esto disminuía el control del virrey y fortalecía una estructura de superintendentes que gobernarían con eficacia, cobrarían los tributos y mantenía a raya a los criollos.
Los criollos sentían un profundo rencor hacía los peninsulares y centralistas porque ellos ocupaban los altos puestos de la Nueva España que fue creciendo con el tiempo. Un grupo de plutócratas controlaba todo, con mucha discrecionalidad que hoy sería juzgada como una corrupción rapaz que enriquecía a pocos. La desigualdad profunda política, económica y social, y la poca capacidad de contención de la Corona fueron razones que hicieron crecer el conflicto a inicios del siglo XIX.
Para quienes hoy defienden una estatua de Colón o una estatua de una mujer indígena que reivindique la lucha histórica de los pueblos indígenas, los criollos mexicanos de entonces plantearon un argumento poderoso: que eran herederos del imperio azteca y que su población era una mezcla única y perfecta de un nuevo pueblo que mezclaba las culturas india y europea. El patriotismo criollo fue creciendo, poco a poco, a finales del siglo xviii y fue promovido por los principales escritores de la época. Iniciado con las crónicas de los frailes Diego Durán, Motolinia, Sahagún y otros, que representaban el pasado indígena durante y anterior a la conquista.
Los años previos a la independencia ya existían rumores de conspiraciones, invasiones extranjeras, salvadores y levantamientos rurales masivos. La pugna entre criollos y peninsulares era cosa seria. Nada comparado al antagonismo imaginario actual entre chairos y fifís. La Corona española había gobernado en forma arbitraria y despótica. Había atentado contra los privilegios de varios sectores y en contra de un sistema que mantuvo los equilibrios por tres siglos. El caldo de cultivo independentista está en el aire.
Cuando José de Iturrigaray es nombrado Virrey en 1803, la España peninsular se encontraba en medio del conflicto con una disputa de poder al interior de la Corona entre Fernando VII y Manuel Godoy, con la separación de la Iglesia católica y con deudas profundas por las constantes guerras en las que se involucraba. En 1808 Napoleón Bonaparte “conquista” España y nombra a su hermano rey de España. El vacío de poder y la incapacidad de comunicación y acuerdo al interior de las colonias españolas hicieron el resto. La élite peninsular y la criolla buscaban tomar control. Lo logró primero la élite peninsular en el golpe de estado del 15 de septiembre de 1808. Esos dos años siguientes fueron insostenibles: hambrunas, precios incontrolables y una Nueva España sin fondos para sostener las necesidades locales.
Garibay gobernó ilegítimamente alrededor de año y medio y, después, un órgano colegiado por otros cuatro meses hasta que se nombró un nuevo virrey el 15 de agosto de 1810. Un mes más tarde, en las primeras horas del 16 de septiembre de 1810, el cura párroco del pequeño pueblo de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla, aprovechó las malas cosechas, el descontento social y la tan buscada autonomía para movilizar a un gran grupo de indígenas y criollos. Pidió que terminaran los virreyes para siempre, que muriera el mal gobierno y utilizó el símbolo criollo, la Virgen de Guadalupe, como representación de la autonomía.
El resultado del trescientos años de mestizaje fue impresionante: una combinación del catolicismo evangelizador con las tradiciones indígenas; una Iglesia que dio sustento a una nueva organización social en los primeros años de ser una nación independiente. Se mezclaron razas, ideologías, territorios e infinidad de variantes que hoy nos dan una cultura tan rica y a la vez tan ambigua, pero muy mexicana. ¡Viva México!
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Fuentes:
Timothy, Anna, La caída del gobierno español en la ciudad de México, México DF, Fondo de Cultura Económica, 1987.
Van Young, Eric, La crisis del orden colonial. Estructura agraria y rebeliones populares en la Nueva España, 1750-1821., Alianza Editorial, México DF, 1992.
Vázquez, Josefina, Interpretaciones del siglo xviii mexicano. El impacto de las reformas borbónicas., México DF, Nueva Imagen, 1994.

Las dos Independencias del 16 de septiembre

En las semanas recientes he intercambiado con diferentes organizaciones y movimientos sociales del país las mejores formas de interactuar e impulsar agendas con nuestras autoridades y representantes electos. La respuesta colectiva siempre recae en espacios o mecanismos de participación ciudadana formales o informales que permitan realizar propuestas legislativas o de política pública, proveer información que sirva para la discusión pública, dialogar e intercambiar puntos de vista sobre alternativas de acción, acompañar procesos de negociación con evidencia y argumentos que contribuyan a la toma de decisiones públicas, e, incluso, comprometerse con la implementación y evaluación de las decisiones tomadas. Estos ejemplos explican mayormente la demanda de participación ciudadana en procesos de decisión pública, pero no la oferta.
La oferta de mecanismos de participación ciudadana, ya sean formales o informales, se crea desde espacios de autoridad institucionales legislativos o ejecutivos. Dichos mecanismos pueden funcionar con reglas preestablecidas desde la propia Constitución, leyes secundarias o a través de reglamentos y lineamientos internos o sin reglas preestablecidas que flexibilizan los tipos de intercambio y coordinación entre los actores involucrados.
Ya sea en contextos legislativos o de incidencia en cualquiera de los tres niveles de gobierno, para cada agenda, causa o decisión política debemos identificar ¿quién participa y cuál es su rol?, ¿quién decide?, ¿en qué momento se toma la decisión (coyuntura temporal)?, naturaleza de la decisión, recursos de los actores –financieros, legales, técnicos, cognitivos o de información y organizativos–, estrategia de comunicación e influencia mediática, y objetivos enfocados en los medios o fines (cooperación, confrontación, complementariedad y cooptación).
Para el caso legislativo en particular, es fundamental tanto para legisladores y legisladoras como para quien quiera incidir en la toma de decisiones entender qué influye en la definición y posicionamiento del problema público para que se atienda por la vía legislativa, qué instrumento legislativo se desarrollaría para atender dicho problema, así como qué espacios de deliberación y aprobación del instrumento se requieren para que la propuesta pueda ser aprobada y, eventualmente, promulgada.
Para influir de manera efectiva en la toma de decisiones del proceso legislativo no sólo es indispensable hacer todo el tiempo aritmética legislativa (saber con qué votos se cuenta y de qué grupos parlamentarios), sino conocer y utilizar los procesos y mecanismos informales que aumentan la probabilidad de incidencia: diálogos colectivos de intercambio de posiciones con legisladores y legisladoras, reuniones uno a uno con actores estratégicos, incidencia a través de medios de comunicación, negociaciones abiertas de cabildeo sobre los temas de interés e involucramiento y compromiso con las agendas que se impulsan por esta vía para que se materialicen en políticas públicas específicas. Las legisladoras y los legisladores son quienes deben abrir estos canales de participación a la ciudadanía para que la incidencia sea efectiva, pero también la sociedad civil organizada debe presionar sistemáticamente para que estos espacios sean utilizados y aprovechados para la resolución de problemas públicos.
En 2015 dirigí la investigación <a href="http://www.pxm.org.mx/wp-content/uploads/2016/06/2015-La-toma-de-decisiones-en-el-proceso-legislativo-Versio%CC%81n-publicada-.pdf" target="_blank" rel="noopener">La toma de decisiones en el proceso legislativo</a>, de la cual me gustaría compartir algunas reflexiones con miras a crear mejores mecanismos para la próxima legislatura:
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<li>En temas de naturaleza política se involucra, irremediablemente, un mayor número de actores externos que multiplican los canales informales de comunicación, negociación y se enfocan en los fines más que en los medios. Las relaciones para estos casos son confrontativas y los mecanismos o espacios de participación deben ser de contención y resolución de diferencias.</li>
<li>Los temas de naturaleza técnica involucran a un menor número de actores relevantes en los procesos de toma de decisión, quienes utilizan preponderantemente canales formales de negociación con mayor énfasis en los medios. En estos casos se utilizan mecanismos cooperativos y de trabajo dirigido en colectivo para alcanzar consensos.</li>
</ul>
Para lograr un Congreso ciudadano, estas ideas pueden ser la antesala para mejorar la interacción entre ciudadanía y representantes de la LXV Legislatura, así como para pelear por un parlamento abierto útil, efectivo y cercano a la gente.
<a href="https://twitter.com/luisffernandez" target="_blank" rel="noopener">@luisffernandez</a>

Por un Congreso ciudadano

De 2010 a 2020, pasamos de tener 3.3 millones de hogares sin acceso agua potable a 7.8 millones de hogares, de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El dato es abrumador. Si en 2010 el 11.8 % de los hogares en México no tenían agua potable, en 2020 el porcentaje creció al 22.4 % de hogares. Eso, traducido en población con el promedio de ocupantes por vivienda, significa que pasamos de 12.9 millones de personas en 2010 a 28.3 millones de personas en 2020. El retroceso es enorme y la crisis actual -y la que se avecina- es aún mayor.
Las hipótesis del desabasto de agua pasan por el crecimiento demográfico, 14 millones de personas más en estos diez años; por la reducción de agua disponible debido a los efectos del cambio climático y por el aumento sostenido en el consumo promedio, así como por problemas de gestión y administración del agua de los gobiernos de Calderón, Peña Nieto y, ahora, López Obrador. No es una crisis heredada. La cobertura de agua potable en los hogares creció de manera sostenida hasta 2010, desde entonces a la fecha solo ha empeorado.
Como evidencia de una crisis con poca difusión, en las semanas posteriores a la elección, Andrés Manuel se reunió con la mayoría de gobernadores y gobernadoras electas en las elecciones del 6 de junio. En la mayoría de las reuniones trataron el tema del agua, pero no trascendió en medios de comunicación. Los gobernadores y las gobernadoras ahondaron poco en el tema ante medios de comunicación.
La conversación con Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, giró en torno a las soluciones de abasto de agua para la zona metropolitana de Guadalajara y el saneamiento del río Santiago. En el caso de Mauricio Kuri de Querétaro hablaron de los retos para garantizar el abasto en la entidad a partir del 1º de octubre. Con Samuel García de Nuevo León hablaron de la construcción de la Presa Libertad para abastecer al área metropolitana de Monterrey. De las conversaciones con Sheinbaum y del Mazo, de la CDMX y del Estado de México, no salió más información a la luz, pero ambos enfrentan conflictos graves de abastecimiento en Tlalpan, Iztapalapa, Ecatepec, Nezahualcóyotl y la mayor parte de ambas entidades. Con Javier Corral, de Chihuahua, limaron asperezas por el tema de envío de agua de la entidad a Estados Unidos por cumplir acuerdos internacionales.
El tema está latente y no es para menos. Los datos del censo de 2020 son poco esperanzadores. Únicamente Jalisco y Nuevo León mejoraron en la cobertura de agua para sus habitantes, mientras que el resto de las entidades cayó. Hay casos muy preocupantes: Oaxaca y Guerrero con coberturas de 40.62 % y 49.36 % respectivamente. Menos de la mitad de su población. Chiapas se acerca al mismo dato con una cobertura de apenas el 52.37 %; eso no es lo peor para Chiapas, sino que la cobertura cayó en 21.14 % desde 2010. Oaxaca cae en 28 %, Tlaxcala en 24m%, Puebla en 23m%, Morelos en 21m% y Campeche en 21 %. ¿Qué sucedió en estas entidades? Las autoridades deben una explicación detallada de esta caída abrupta que afecta a millones de personas. La caída en la cobertura de agua lleva a las familias a la precariedad, eleva los riesgos de enfermedades (combinado con un sistema de salud que también redujo su cobertura drásticamente) y eleva la probabilidad de conflictos comunitarios y, por tanto, problemas de gobernabilidad. A continuación comparto la tabla con los datos por entidad.
<figure id="attachment_794552" aria-describedby="caption-attachment-794552" style="width: 990px" class="wp-caption alignnone"><a href="https://front.animalpolitico.com/?attachment_id=794552" rel="attachment wp-att-794552"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-794552" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2021/08/Tabla-1-agua.png" alt="" width="1000" height="1182" /></a><figcaption id="caption-attachment-794552" class="wp-caption-text">Elaboración propia con datos de los Censos de Población y Vivienda de 2010 y 2020 del INEGI.</figcaption></figure>
La gráfica que comparto a continuación refleja la caída en la cobertura nacional del 2000 a la fecha:
<figure id="attachment_794553" aria-describedby="caption-attachment-794553" style="width: 1360px" class="wp-caption alignnone"><a href="https://front.animalpolitico.com/?attachment_id=794553" rel="attachment wp-att-794553"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-794553" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2021/08/Grafica-2-agua.png" alt="" width="1370" height="688" /></a><figcaption id="caption-attachment-794553" class="wp-caption-text">Elaboración propia con datos de los Censos de Población y Vivienda de 2000, 2005, 2010 y 2020 del INEGI.</figcaption></figure>
Si no se trata el tema como una crisis nacional, los problemas de acceso a agua potable seguirán minando la salud y la gobernabilidad. No se trata sólo de infraestructura física ni de control político por delimitación territorial, se trata también de políticas públicas de gestión que mejoren la eficiencia distributiva, los precios, los controles al consumidor final (ya sea ganadero, industrial, turístico o de consumo privado), la planeación de desarrollos urbanos, la racionalización por cambios demográficos, la captación de agua pluvial a gran escala, el desarrollo de tecnología para recuperación y saneamiento de aguas residuales, entre muchas cosas más. Seguir buscando nuevas fuentes de suministro sin las políticas públicas que lo acompañen y con la articulación de todas las autoridades en un acuerdo nacional, sólo profundizará la crisis. Ante esta bomba que puede estallar pronto, aguas con el agua.
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