En las últimas semanas se registraron tanto en Monterrey como en la Ciudad de México casos de contaminación de agua domiciliar, en pleno proceso electoral. Independientemente del factor causante de las contaminaciones hídricas, organizaciones de la sociedad civil nos hemos coordinado para la acción ante la falta de información sobre la calidad de agua que llega a nuestros hogares.
Por esta razón, con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política, enviamos una petición pública el 24 de abril dirigida al Congreso de la Unión, y en especial al diputado Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, y al senador Raúl Paz Alonzo, quien preside la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República.
Lo que exhortamos a que, con base en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), se establezcan ‘obligaciones específicas’ a todos los más de 2,000 Organismos Operadores de Agua de México, tanto gubernamentales como privados, para transparentar los parámetros de calidad del agua que llega a nuestros domicilios a nivel colonia, con base a la “NOM-127-SSA1-2021, Agua para uso y consumo humano”.
Descubrimos, por ejemplo, que la normativa relacionada, la “NOM-179-SSA1-2020” dicta a que estos organismos resguarden los resultados de los análisis de calidad del agua, pero no se les obliga a transparentarlos a la sociedad. Entonces, ¿dónde queda el principio de ‘máxima publicidad’ que establece la constitución en materia del derecho humano a la información?
Nuestra propuesta podría ser ejecutada e instrumentada mediante la obligación de los Organismos Operadores de Agua a publicar sistemática, actualizada y claramente toda la información relativa a la calidad del agua para fines domésticos, ya sea por medio de sistema digitales de información en las páginas web de estas instituciones, en sus redes sociales o en los recibos de agua, donde podría ayudar la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para validar y recopilar dicha información.
En última instancia, que estos datos se incorporen dentro de un nuevo apartado en el Sistema de Información Nacional del Agua (SINA) de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Esto implicaría destinar recursos económicos, tecnológicos e informáticos para lograr tal objetivo tan necesario.
De acuerdo a los estándares internacionales del derecho humano al agua, se exige que el agua de uso público y doméstico sea de calidad, lo cual debe estar forzosamente vinculado con el derecho humano a la salud y con el derecho humano a la información, en dicho sentido.
Ante la incapacidad para lograrse un acuerdo político para publicar una nueva Ley de Aguas en México, que tuvo que haberse publicado en el año 2013, no se han podido definir mayores responsabilidades a los gobiernos para garantizar el derecho al agua. Es por ello, que las mejoras de transparencia propuestas en nuestra petición ayudaría a que se garantice en parte lo establecido en el artículo cuarto la constitución política en materia del derecho humano al agua.
Como dato importante, el INEGI nos mostró que para el año 2023, solo el 20.4 % de la población mexicana encuestada consideró el agua que recibe en sus hogares como potable, lo que es un retroceso considerando que en el año 2021 la misma estadística fue de 24.4 %.
Acceder a la información específica sobre los parámetros de calidad del agua es sumamente difícil debido a que los organismos operadores de agua no la brindan proactivamente, ni inclusive vía solicitud de transparencia, como lo expuso la Dra. Laura Martínez Pepin Lehalleur en el año 2020, en el Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República.
Lo anterior genera un entorno de desconfianza social, por lo que se incrementa el consumo de agua embotellada y los gastos domésticos. Esto ha convertido a México en el país con el mayor consumo de agua embotellada a nivel global, que provoca toneladas de desechos plásticos que finalmente contaminan el ambiente como los ríos y los océanos.
Toda esta preocupante situación puede ser una ventana de oportunidad, sobre todo para responsabilizar políticamente a los gobiernos locales y federales para garantizar nuestro derecho humano al agua de calidad, con ayuda del derecho humano a la información.
La petición expuesta la suscribimos las siguientes organizaciones de la sociedad civil de diversos estados de la república:
- Contraloría Ciudadana Autónoma del Agua de Querétaro
- Contraloría Ciudadana del Agua de Baja California
- Frente de Organizaciones Ciudadanas por la Defensa del Agua de Nuevo León
- Global Water Watch México
- Movimiento #UnRíoEnElRío
- Observatorio Ciudadano de la Subcuenca de Valle de Bravo – Amanalco
- Red Mexicana de Cuencas
Invitamos a toda la sociedad a firmar y a difundir esta petición pública que hemos compartido vía change.org, porque la democracia la construimos todas y todos. El derecho humano al agua se tiene que garantizar con nuestra participación.
Esperamos que esta petición pública sea respondida desde el Congreso de la Unión con acciones claras por el bien de nuestro país.
#QueremosAguaTransparente
* Cuauhtémoc Osorno Córdova es miembro de la Red Mexicana de Cuencas. Se especializa en políticas públicas y derechos humanos relacionados al agua.
Los recortes al presupuesto de educación superior llevaron a estudiantes, profesores y obreros a protestar en Buenos Aires y otras ciudades del país.
Fue una de las protestas más multitudinarias registradas en Argentina desde que Javier Milei asumió la presidencia del país en diciembre de 2023.
Las calles de Buenos Aires y otras grandes ciudades de Argentina se vieron abarrotadas este martes con cientos de miles de personas, especialmente estudiantes y profesores universitarios, que rechazan los recortes del gobierno a la educación superior en ese país.
Estuvieron respaldados por obreros y sindicalistas que esperan que se reviertan las reducciones de entre 60-70% del presupuesto público para las universidades.
El recorte es parte de la política de la “motosierra”, como llama Milei a su plan para reducir la participación del Estado en actividades públicas de todos los sectores, para conseguir un equilibrio fiscal en la golpeada economía argentina.
“Vamos a tener que dejar de funcionar”, advertía a una emisora local Ricardo Gelpi, el rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la institución pública que cuenta con más de 300.000 alumnos y que está catalogada entre las mejores de América Latina.
Apuntó que los recortes están afectando el pago a profesores, las actividades de investigación y la atención sanitaria, pues la UBA gestiona cinco hospitales públicos.
Al grito de “La UBA no se vende, la UBA se defiende”, los miles de manifestantes avanzaban en la capital argentina desde la sede del Congreso hacia la Casa Rosada, sede de la presidencia.
Algunos jóvenes llevaban libros en las manos para manifestarse contra el gobierno de Milei, quien ganó con una holgada mayoría las presidenciales de 2023.
Las viejas generaciones también acompañaron a los estudiantes.
“Vengo para defender la universidad pública y porque mis principios están muy alejados de los del gobierno actual”, dijo Pedro Palm, un arquitecto de 82 años graduado en la UBA, a la agencia Reuters.
La protesta fue respaldada también por la Confederación General del Trabajo, la principal central sindical del país.
El plan de Milei también ha incluido el despido de miles de funcionarios, así como la eliminación de diversos programas gubernamentales.
La noche del lunes, Milei pronunció un discurso en cadena nacional en el que celebraba los logros económicos de su gobierno -como un superávit fiscal de 0,2%- como un “milagro económico” producto de sus políticas de ajuste.
“Pese a la oposición de buena parte del establishment político y económico de Argentina, a quienes sistemáticamente ponen en cuestionamiento nuestras ideas y pregonan por nuestro fracaso para volver al poder, nuestro plan está funcionando”, afirmó.
Argentina no registraba un superávit fiscal trimestral desde 2008.
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