El domingo pasado se llevó a cabo el segundo debate entre las personas candidatas a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México (CDMX). En él, se trató un tema crucial para los habitantes de la ciudad: el combate a la corrupción. De acuerdo con el INEGI, la CDMX es la entidad en todo el país en donde se paga más por corrupción en la realización de trámites, pagos y solicitudes de servicios, costando a sus ciudadanos el doble que la media nacional.
A pesar de esta situación, la ciudad no cuenta con una estrategia integral de combate a la corrupción para hacer frente al problema, ya que el Sistema Local Anticorrupción, que por mandato constitucional debe existir, se encuentra desmantelado desde hace 2 años: no cuenta con integrantes, no tiene presupuesto y no se ha realizado una política, un plan de implementación y mucho menos un plan de monitoreo y evaluación en la materia.
Bajo este panorama, uno pensaría que el debate se centraría en propuestas para la reconstrucción del sistema o en soluciones innovadoras para combatir este gran problema. Sin embargo, la actitud de los contendientes punteros, Clara Brugada y Santiago Taboada, se limitó a un show mediático marcado por la confrontación personal y las acusaciones de corrupción. Utilizaron cada minuto de su tiempo para hablar del cartel inmobiliario en la Benito Juárez o la corrupción en la alcaldía Iztapalapa, donde cada uno fue delegado. De las 2 o 3 propuestas que mencionaron (Taboada propuso la reforma a la fiscalía de la CDMX e impulsar el gobierno digital, mientras que Brugada, crear un gabinete anticorrupción y tabuladores de precios máximos) no explicaron los alcances ni las implicaciones de ninguna de ellas.
El único candidato que ocupó su tiempo para presentar propuestas fue Salomón Chertorivski, quien al hablar de la corrupción la conceptualizó como un complejo sistema que debe ser combatido por otro más eficaz: el Sistema Local Anticorrupción. En ese sentido, propuso reconstruirlo, con la ciudadanía a la cabeza y con una fiscalía anticorrupción autónoma. Además, habló de un proyecto denominado “Transparencia 360” que buscará transparentar, en tiempo real, las acciones y las cuentas gubernamentales, con ayuda de la tecnología, especialmente en el área de compras públicas.
Chertorivski propuso también la creación de un observatorio ciudadano de los programas sociales, pues es un área con altos índices de corrupción, así como impulsar el servicio profesional de carrera para la capacitación y certificación de los servidores públicos. Si bien estas ideas no son la panacea, nos dejan ver a un candidato preocupado por proponer acciones tangibles de política pública que puedan disminuir los índices de corrupción en la capital del país.
A pesar de haber sido el candidato que sin duda ganó el debate, los números no le van a dar para ganar la jefatura de gobierno, lo que nos deja con un mal sabor de boca al pensar que quien gane no atenderá el problema de la corrupción como es debido. Ninguno de los candidatos realizó propuestas para atender el problema de la corrupción con las autoridades de seguridad pública, siendo este el espacio de interacción en el que hay más corrupción en la capital. Tampoco hablaron del papel de los denunciantes y víctimas de la corrupción: cómo protegerlos, cómo asegurar su anonimato, cómo incentivarles para que denuncien o cómo repararles el daño. De igual manera, hoy en día sabemos que la corrupción afecta de manera diferenciada a mujeres y hombres, a personas con discapacidad o que pertenecen a pueblos o comunidades indígenas. A pesar de ello, no hubo propuestas con enfoques interseccionales que puedan atender a estas minorías.
Si bien los debates no están hechos para desarrollar propuestas a profundidad, sí lo están para contrastarlas y precisamente debatir sobre cuál es más o menos factible, urgente y necesaria. En verdad es triste ver el nivel de discusión que impera no sólo en la capital, sino en todos los procesos electorales que se están llevando a cabo en el país. Es responsabilidad de los candidatos hacerse de equipos de trabajo sólidos que los asesoren sobre las propuestas que van a realizar. De igual manera, contar con un nivel alto de argumentación y de debate. A nosotros, los votantes, nos toca estudiar la trayectoria y los planteamientos de las personas que quieren ocupar un puesto de elección popular, no irnos sólo con un color, una canción o un anuncio publicitario, pues de nosotros dependerá el gobierno que tengamos en los próximos 3 o 6 años.
* Emiliano Montes de Oca (@EmilianoMDO) es coordinador de los proyectos anticorrupción y Michelle Cruz (@Michellecruz_v) es pasante, ambos en Ethos Innovación en Políticas Públicas (@EthosInnovacion).
El delfín de Ricardo Martinelli, quien está asilado en la embajada de Nicaragua, se impuso en unas elecciones de una sola vuelta con alrededor de un tercio de los votos.
La elección de José Raúl Mulino como presidente de Panamá este domingo puede resultar paradójica vista desde ciertos ángulos.
Mulino ganó los comicios de una sola vuelta con 34% de los votos, según resultados parciales, y al recibir la noticia de su triunfo por parte del Tribunal Electoral se comprometió a formar “un gobierno de unidad nacional lo antes posible”.
“Implica un enorme peso sobre mis hombros, que recibo complacido”, dijo.
Mulino es delfín político del expresidente Ricardo Martinelli, quien quedó fuera de la competencia electoral por estar condenado por lavado de dinero, y esto quizás sea llamativo en un país donde la corrupción figura en encuestas como el tema que más preocupa a la gente.
El ahora presidente electo indicó incluso en campaña que piensa “ayudar” al magnate Martinelli, refugiado en la embajada de Nicaragua, a evitar que cumpla su pena de 10 años de cárcel, porque sostiene -como él- que fue resultado de una persecución política injusta.
También podría sorprender que en un país como Panamá, donde estallaron protestas masivas en años recientes, haya triunfado un exministro de Seguridad Pública criticado por una represión policial de manifestantes en el pasado.
Sin embargo, los analistas señalan distintos factores que explican este éxito electoral.
Para entenderlos, hay que comenzar por conocer quién es el próximo presidente panameño, alguien a quien pocos veían como tal hasta hace unos meses.
“Leal al expresidente”
Abogado de 64 años, Mulino alcanza la cima del poder en su país tras una larga trayectoria política, algo que quizá también luzca contradictorio con el descontento popular expresado por los panameños hacia su clase dirigente.
Es hijo de un exgobernador de la provincia de Chiriquí, en la región occidental de Panamá y limítrofe con Costa Rica.
Su madre solía pedirle que riera para cambiar el talante adusto por el que algunos le apodaron “Stalin”, según el diario panameño La Prensa.
Sin embargo, en el plano ideológico Mulino está lejos del extinto líder comunista soviético: se define de centroderecha en un país donde la izquierda política es irrelevante.
Casado y con cuatro hijos, Mulino posee una licenciatura universitaria en derecho y ciencias políticas, una maestría en derecho marítimo en Estados Unidos y ha trabajado en el sector privado como socio de un bufete de abogados en Panamá.
Incursionó en política participando en la “cruzada civilista”, un movimiento que reunió a distintos sectores de la sociedad panameña contra el régimen militar que hubo en el país entre 1968 y 1989.
Luego de la invasión de EE.UU. y la caída del régimen del general Manuel Noriega, Mulino fue vicecanciller y canciller del gobierno de Guillermo Endara (1989-1994).
Años después ganó más notoriedad y protagonizó polémicas como ministro del gobierno de Martinelli (2009-2014), primero de Justicia y luego de Seguridad Pública.
Desde este cargo impulsó políticas de “mano dura”, ya fuera con retenes policiales en las calles o con la represión de protestas contra una ley que resultó en dos muertes y decenas de heridos en la provincia de Bocas del Toro en 2010, hechos por los que el Estado tuvo que resarcir a las víctimas con pensiones vitalicias.
Tras salir del ministerio, Mulino pasó seis meses preso de forma preventiva por presunto peculado en un contrato millonario del gobierno para adquirir radares de una firma italiana.
Pero el caso terminó anulado y Mulino, que llegó a definirse como “preso político”, siempre reivindicó su proceder.
Fue precandidato presidencial para las elecciones de 2019 por el partido Cambio Democrático con que Martinelli había llegado al poder, pero resultó derrotado en las primarias por Rómulo Roux, un abogado que volvió a postularse este año.
Mulino se pasó al partido Realizando Metas que fundó Martinelli en 2020 y fue su candidato a vicepresidente para estas elecciones, hasta que el expresidente quedó inhabilitado en marzo por su condena por lavado.
Fue entonces cuando Mulino se convirtió repentinamente en candidato presidencial en una coalición con el partido Alianza.
Mientras Martinelli es “quizás la figura más popular del país”, Mulino “no es conocido por ser una figura carismática o popular, pero sí leal al expresidente”, dice Juan Diego Alvarado, un politólogo e investigador panameño experto en elecciones, en diálogo con BBC Mundo.
Abrazados
El ahora presidente electo de Panamá realizó una campaña corta y efectiva, sin arriesgarse a participar en los debates entre candidatos, apelando al caudal de votos de su padrino político.
“Vamos a ganar y Ricardo Martinelli estará conmigo desde el primer día”, tuiteó Mulino en marzo.
Este domingo, en plena jornada electoral, visitó al expresidente en la embajada de Nicaragua y su campaña divulgó imágenes de ambos abrazados.
Los analistas señalan que buena parte de los votantes de Mulino están disconformes con el gobierno actual de Laurentino Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y con el sistema político en general.
En un país que durante la pandemia tuvo un severo confinamiento y su primera recesión en años, y donde ahora asoma una desaceleración económica tras la recuperación reciente, esos votantes añoran el crecimiento sostenido próximo a un 8% del PIB anual que hubo en la presidencia de Martinelli.
La base electoral de Martinelli que heredó Mulino para ganar con mayoría simple las presidenciales de una sola vuelta “es una minoría consolidada”, señala Harry Brown Araúz, investigador del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) en Panamá.
“Esa parte de la población tiene un recuerdo bueno del período presidencial del presidente Martinelli, donde hubo una dinámica económica muy fuerte”, le dice Brown Araúz a BBC Mundo.
Mulino ha prometido volver a aquellos años de bonanza con creación de empleos, mejoras en la seguridad pública y mayor acceso a servicios como agua potable o electricidad, que escasean sobre todo en zonas rurales e indígenas del país.
También propuso ampliar el metro capitalino que fue inaugurado en 2014 por Martinelli, el primero de Centroamérica, construir carreteras y un tren entre Ciudad de Panamá y el interior, así como parar el creciente flujo de migrantes que entra al país por la selva del tapón del Darién rumbo a EE.UU.
El presidente electo ha ofrecido pocos detalles en campaña de cómo piensa lograr todo eso y Alvarado advierte que “las condiciones económicas no están dadas para regresar a ese crecimiento” del gobierno de Martinelli, que respondía en buena medida a factores exógenos.
Recientemente Panamá ha sufrido una sequía que bajó el nivel de agua y el flujo de barcos en el canal marítimo que es un pilar de su economía.
El cierre de una gran mina de cobre tras las masivas protestas del año pasado por su impacto ambiental le costará al país este año cinco puntos del PIB, que pasará de expandirse 7,5% en 2023 a 2,5% en 2024, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Y la deuda pública panameña ha crecido en los últimos años hasta alcanzar US$47 mil millones o la mitad del PIB a fines de 2023.
Alvarado concluye que quienes apoyan a Martinelli y dieron el triunfo a Mulino priorizaron sus logros en el gobierno a los señalamientos de corrupción que les hacían sus adversarios, a veces sin presentar alternativas creíbles.
Señala además que hay una demanda de “mano dura” de parte de la población contra la criminalidad o para enfocar la migración como un problema de seguridad, lo cual pudo haber beneficiado a Mulino.
Pero para el presidente electo empieza ahora el desafío de gobernar sin mayorías legislativas un país en crisis y que tuvo grandes protestas callejeras recientes, no sólo contra la mina sino también por el costo de vida y su gran desigualdad social.
“En la medida en que las condiciones económicas en Panamá no se den para el crecimiento”, advierte Alvarado, “es probable que las políticas económicas que se tomen sean impopulares y lleven entonces a nuevas movilizaciones”.
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