La semana pasada, el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley de Amparo presentada por el senador Ricardo Monreal. Particularmente, se modifican aspectos relativos a la figura conocida como “la suspensión del acto reclamado”. Estas líneas pretenden explicar de manera sencilla a la ciudadanía cuáles son los cambios y las implicaciones de esta reforma. Si consideras que este tema no tiene relevancia alguna y que no tiene ninguna implicación en tu vida, déjeme decirte que esto no es así, pues dicha reforma nos afecta a todos. Si te interesa saber qué es lo que se propone y por qué debe preocuparte e interesarle a toda la ciudadanía, te sugiero e invito leer y quedarte hasta el final. Prometo utilizar un lenguaje amigable no abogadil.
Para entender el alcance de esta modificación es importante responder algunas preguntas claves que, como nociones mínimas, todo ciudadano debe conocer para entender la trascendencia de la propuesta. La primera interrogante es la siguiente: ¿Qué es el juicio de amparo? Es un juicio con el que contamos todos los ciudadanos para defendernos y protegernos de las arbitrariedades que pudieran cometer las autoridades contra nuestros derechos. Procede contra tres supuestos: 1) actos u 2) omisiones de autoridad, así como 3) normas generales que emitan tanto el Congreso de la Unión como los congresos locales. Veamos algunos casos. En ellos explicaré cómo funciona y por qué es importante la figura de la suspensión del acto reclamado.
¿Qué es la suspensión en el juicio de amparo y por qué es importante? La suspensión es una herramienta que sirve como protección instantánea y temporal de nuestros derechos. Una vez que presentas tu demanda de amparo, el juez dicta una resolución en la que le ordena a la autoridad suspender el acto que estaba realizando en tu contra, es decir, le ordena que no lo ejecute. Esto es fundamental porque si la autoridad lo termina de ejecutar, se vulneraría entonces uno o varios de tus derechos de manera grave e irreparable, por lo que no habría marcha atrás y ahora sí nadie podrá hacer nada por ti, pues en ese caso ya no hay nada que juzgar y la demanda tiene que desecharse. 1
Es importante saber que la suspensión y la sentencia de amparo no son lo mismo. En la primera resolución donde se otorga la suspensión solo consiste en eso, en determinar si se le otorga o no la suspensión al ciudadano para protegerlo preliminarmente del acto arbitrario de autoridad y evitar que continúe la violación de un derecho. Por otro lado, al finalizar el juicio, el juez dictará una sentencia en la que concederá o no el amparo. Conceder el amparo significa que el juez resolvió que la autoridad actuó mal porque no respetó la Constitución o las leyes, lo cual se traduce en que se vulneró algún derecho humano. Veamos unos ejemplos y casos en concreto para entender a cabalidad la reforma.
Acto de autoridad
Imagina que el gobierno determina que demolerá tu casa, la cual está localizada en una zona en donde se pretende construir un puente, carretera y demás obra pública. Evidentemente, nadie quiere perder su propiedad, por lo que desde el punto de vista legal, lo más ideal es acudir inmediatamente al juicio de amparo.
Así, en la demanda, tienes que solicitar la suspensión del acto reclamado, el cual, en este caso, es el acto consistente en la demolición de tu casa, por lo que de manera preliminar hay una apariencia de que se está vulnerando tu derecho de propiedad. Así, el juez tiene que analizar diversas circunstancias y, si lo considera, ordenará al gobierno que suspenda los actos tendientes a demoler tu casa, por lo que la autoridad tendrá que sacar de tu propiedad todas las maquinarias que estaban a punto de destrozarla. No podrán tocar este derecho hasta que se dicte sentencia, lo cual puede durar unos meses. Incluso, la autoridad está obligada a respetar esa decisión del juez, pues si decide ejecutar su acto y demoler tu casa, estaría incurriendo en un delito por no cumplir con una suspensión de un juez federal. Como puedes ver, la suspensión consiste en detener o paralizar el acto de la autoridad mientras se concluye el juicio de amparo. La suspensión es tan importante para la protección de nuestros derechos porque permiten protegernos de las arbitrariedades en lo que se resuelve el juicio de amparo.
Otro caso puede ser el de Juan que fue detenido por la policía mientras caminaba tranquilamente por la calle. La razón de su detención es que se veía sospechoso. La policía se percata de que Juan no es mexicano, por lo que decide llamar a la autoridad migratoria. Ante la falta de documentos que acrediten la permanencia legal de Juan en México, la institución migratoria decide deportarlo inmediatamente a su país de origen. ¿Puede Juan hacer algo al respecto? Desde luego que sí, el juicio de amparo es el medio legal idóneo para proteger sus derechos ante la deportación de la que es sujeto. Así, una vez recibida la demanda de amparo, el juez de distrito tiene que emitir una resolución inmediata en la que conceda la suspensión. Los efectos de esta resolución suspensiva consisten en ordenarle inmediatamente a la autoridad migratoria que no deporte a Juan en lo que se termina de resolver ese juicio de amparo. Así, ya será hasta la sentencia cuando el juez decida si la actuación de la autoridad migratoria es correcta o no, es decir, si es constitucional y conforme a las leyes mexicanas.
Como puede verse en estos dos ejemplos de amparo contra actos de autoridad, la suspensión es una figura importante para la protección de los derechos de todas las personas que vivimos en el país.
Amparo contra normas generales
Como vimos al inicio, el juicio de amparo también procede contra normas generales. ¿Qué es una norma general? Las normas generales son, en esencia, los artículos de cualquier ley, código, reglamento, constitución de algún Estado de la República, de una Norma Oficial Mexicana o cualquier disposición de observancia general.
Con el nacimiento de nuestra Constitución de 1917, el diseño del juicio de amparo permite que éste sea procedente contra las leyes que emitan tanto el Congreso federal como los congresos locales, si es que el ciudadano considera que dicha ley vulnera un derecho. Esto es así porque, aunque se trate de una ley, ésta también puede transgredir derechos humanos. El legislador puede equivocarse y lo ha hecho muchas veces.
Ejemplo de ello es el caso en donde Roberto, padre de familia y derechohabiente del IMSS, llevó a su hijo a una de las guarderías de dicha institución para que lo cuidaran mientras él se iba a su jornada laboral. Al llegar, la persona que lo atendió le comentó a Roberto que no podía recibir a su hijo porque la ley del IMSS establece que solamente las mujeres tienen el derecho de seguridad social de las guarderías, pero no los hombres, por lo que Roberto no pudo dejar a su hijo en la guardería. Inconforme con ello, Roberto promovió un juicio de amparo en contra de los dos artículos de esa ley (norma general) que impedía a los hombres gozar de ese derecho de seguridad social consistente en las guarderías del IMSS. El caso llegó a la Suprema Corte y la Segunda Sala declaró inconstitucionales tales artículos al considerar que discriminaron a Roberto. 2 Esto es así porque violan el principio de igualdad entre el hombre y la mujer que reconoce el artículo 4° de la Constitución. 3
Como puede verse, el legislador, al crear leyes o proponer reformas, puede violar derechos humanos. Así, la sentencia de un amparo contra normas generales consiste en que un juez de distrito o la Suprema Corte declaren que uno o diversos artículos de una ley son inconstitucionales por vulnerar derechos humanos. Declarar su inconstitucionalidad significa en la práctica que esos artículos ya no podrán aplicarse nunca más, pero única y exclusivamente a la persona que promovió el juicio de amparo. Entendiendo lo anterior, es aquí donde empezamos a entrar en materia con la propuesta de reforma de MORENA a la Ley de Amparo.
¿Cómo funciona la suspensión en el amparo contra normas generales? Como puede verse, en este tipo de amparo lo que esencialmente se reclama es una ley, por lo que la suspensión busca es que no se aplique dicha ley al ciudadano en lo que se resuelve el juicio. A manera de ejemplo tenemos los amparos contra la Ley General para el Control de Tabaco y su Reglamento. Como sabes, esas normas generales establecen que los lugares de consumo de alimentos y bebidas deben tener una zona exclusiva para fumadores que debe ubicarse en espacios al aire libre (sin techo, paredes o muros), los cuales no deberán ser mayores del 10% del establecimiento. Asimismo, prohíben que en ese espacio para fumadores se preste cualquier servicio de consumo de alimentos y bebidas.
Fabiola es dueña de un bar en el que se permite consumir tabaco en un cuarto exclusivo para fumadores. Ella considera que la ley antitabaco y su reglamento afectan su negocio en donde las personas que acuden consumen tabaco y no podrán hacerlo. Así, para combatir esas normas generales, tendrá que promover un juicio de amparo y pedirle al juez de distrito que conozca de su asunto para que, en primer lugar, suspenda la aplicación de dichas normas y que, en un segundo momento, dicte sentencia en la que los declare inconstitucionales al vulnerar diversos derechos, tales como la libre competencia y concurrencia, libertad de trabajo y libre desarrollo de la personalidad.
En ese sentido, si el juez considera que debe conceder la suspensión a Fabiola, el efecto de esa suspensión consistirá en que la ley antitabaco no se aplique a ella y a su negocio durante los meses que dure el juicio de amparo y hasta que se dicte sentencia. Esto quiere decir que su bar podrá operar como antes. Esa es, precisamente, la importancia de la suspensión en el juicio de amparo.
Ahora, es importante tener presente que en el juicio de amparo existe un principio conocido como el “principio de relatividad de las sentencias”, el cual implica que la sentencia de amparo solamente protege a la persona que promovió ese juicio. Lo mismo ocurre con las suspensiones, es decir, que en el caso de Fabiola y su negocio, si el juez decide concederle la suspensión y posteriormente el amparo, esto significa que la ley antitabaco y su reglamento ya no podrá aplicársele a Fabiola; sin embargo, al resto de dueños de bares, antros y restaurantes tendrán que cumplir la ley, salvo que se lleguen a amparar. A esto se le llama que la suspensión no puede tener “efectos generales”.
Lo mismo ocurre en el caso de Roberto y las guarderías del IMSS. Una vez que ya ganó su amparo, no se le aplicará esa legislación a él en el futuro, por lo que podrá gozar de las guarderías y llevar ahí a su hijo. No obstante, otros padres de familia no podrán gozar de ese derecho en virtud de que la ley sigue siendo aplicable para ellos porque no han promovido su amparo.
Este principio de relatividad ha sido la regla general tajante en la mayoría de los juicios de amparo; no obstante, en 2011 surgieron dos reformas constitucionales importantísimas. Una en materia de derechos humanos y otra que transformó por completo el juicio de amparo. Así, conforme a aquellas reformas, la Suprema Corte ha interpretado que existen ciertos derechos de naturaleza colectiva (como lo son el derecho a la educación, al medio ambiente sano o la salud) en los que debe modularse el “principio de relatividad”, toda vez que ese tipo de derechos colectivos tienden a beneficiar, como su nombre lo dice, a la colectividad y no solo a una persona en particular.
No obstante, la regla general en la práctica es que las suspensiones no suelen tener efectos generales. De hecho, son contados los casos en los que esto ha ocurrido. Tal es el caso de los amparos relativos al sector eléctrico (Ley de la Industria Eléctrica impulsada por el presidente de la República) en donde se involucraban el derecho al medio ambiente sano, así como los de libre competencia y concurrencia. Esto es lo que al gobierno en turno le ha molestado, por lo que la reforma del senador Monreal pretende añadir un párrafo al artículo 148 de la Ley de Amparo que sostiene que no podrán concederse suspensiones con efectos generales. Asimismo, se elimina el último párrafo de artículo 129, lo que implica que los jueces, bajo ninguna circunstancia, podrán conceder la suspensión en los supuestos expresos que el legislador considere. Es decir, le quita al juez su facultad de analizar el caso, argumentar y defender provisionalmente un derecho al ordenar que la autoridad paralice su actuación.
Las reformas de 2011 en materia de derechos humanos y amparo fueron en beneficio del país y de la ciudadanía, pues -como ya se dijo- abren la puerta para que todos podamos, ya sea en lo individual o colectivo, acudir al juicio de amparo cuando consideremos que la autoridad transgrede nuestros derechos. Esas reformas son una apertura a las puertas de la justicia para protegernos de las arbitrariedades que pudieran cometer las autoridades, sobre todo en derechos de naturaleza colectiva como lo son la salud, la educación y el medio ambiente.
Asimismo, la reforma de derechos humanos indica y obliga a todas las autoridades, incluidas desde luego el Poder Legislativo, que toda reforma a cualquier ley debe ser progresiva, lo que quiere decir que no deben restringirse derechos, sino aumentarse para beneficio de la población. Sin embargo, la reforma de MORENA no es progresiva, sino regresiva, pues pretende, por un lado, eliminar que los jueces puedan analizar y argumentar el poder concedernos una suspensión, y por otro, que cuando el amparo sea contra una norma general, la suspensión no pueda tener efectos generales.
Esto es peligroso y regresivo de nuestros derechos, pues en caso de querer promover un amparo contra una norma general por considerar que ésta vulnera algún derecho humano colectivo como lo son la salud, ambiente, educación u otros, el juez ya no podría conceder la suspensión.
El juicio de amparo es perfectible. Tiene muchísimas áreas de oportunidad. Por eso, las propuestas de reforma por parte del Legislativo deben ser garantistas y progresivas, no regresivas y autoritarias para cerrarnos las puertas la justicia y la protección de nuestros derechos fundamentales.
* Óscar Leonardo Ríos García es abogado constitucionalista. Ha laborado en juzgados y tribunales federales, así como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1 Lo que los abogados decimos como: “el juicio ya no tiene materia”.
2 Amparo en revisión 59/2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
3 Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
Mientras se extienden las protestas en las universidades estadounidenses en contra de la guerra en Gaza, crecen las evidencias sobre la progresiva pérdida de apoyo de Biden entre los más jóvenes del país, lo que puede marcar sus resultados en las presidenciales de noviembre.
“Genocide Joe, ¿cuántos niños has matado en Gaza?”.
El grito del activista propalestino interrumpió brevemente un discurso que pronunciaba el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante un acto de campaña en el estado de Virginia.
Fue una cuestión de segundos, pues inmediatamente un grupo de militantes que escoltaba al mandatario en el escenario comenzaron a corear “cuatro años más, cuatro años más”, volviendo inaudibles las palabras del manifestante.
Ocurrió el pasado 23 de enero, cuando Biden aún no había conseguido todos los delegados necesarios en las elecciones primarias para convertirse en el virtual candidato del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales del próximo noviembre.
Para entonces, sin embargo, ya la guerra en Gaza entre Israel y Hamás en Gaza se perfilaba como un tema difícil de lidiar para el mandatario en su ruta hacia la reelección.
Ese obstáculo parece haber crecido sustancialmente en las últimas semanas con la ola de protestas contra la guerra que se han desarrollado en más de un centenar de universidades alrededor de Estados Unidos y que se han saldado con la detención de más de 2.000 manifestantes.
El mote de “Genocide Joe” (Joe, el genocida) comenzó a circular en redes sociales poco después del 7 de octubre de 2023, día en que el grupo palestino Hamás lanzó un ataque armado sobre Israel -que dejó más de 1.200 muertos y más de 250 rehenes- que detonó la actual guerra.
Para el 28 de octubre ya era un lema ampliamente coreado por los manifestantes que asistieron a una protesta propalestina en Detroit.
En aquellos primeros meses de la guerra era evidente el descontento que el firme apoyo que Biden le dio al gobierno de Israel frente a Hamás estaba generando entre la población árabe-musulmana de EE.UU. y el ala más a la izquierda del Partido Demócrata.
Lo que no estaba claro entonces era que la guerra en Gaza se extendería por tantos meses y causaría tantas víctimas -los ataques israelíes han matado a unas 34.000 personas, de acuerdo con las autoridades de Salud de Gaza-, lo que ha generado una ola de descontento entre los jóvenes estudiantes que durante las últimas semanas han estado manifestando en campus universitarios de todo el país.
Estos jóvenes y otras minorías que les apoyan en su reclamo -latinos, asiáticos, afroestadounidenses, miembros de la comunidad LGBT- representan un grupo de electores que tienden a votar a favor del Partido Demócrata y cuyo voto puede hacer la diferencia en las que hasta ahora se avizoran como unas reñidas elecciones ante el aspirante republicano, Donald Trump.
La “guerra de Biden”
Tras el ataque del 7 de octubre, Biden le otorgó al gobierno de Benjamín Netanyahu un respaldo sin fisuras para que respondiera al ataque de Hamás,
El mandatario estadounidense viajó personalmente a Israel y desplegó portaviones en el Mediterráneo en señal de advertencia para que ni Irán, ni la milicia libanesa de Hezbolá, ni los otros grupos armados de la región aliados de Hamás intentaran escalar el conflicto.
Y, luego, mantuvo incólume -al menos en público- su apoyo a Israel a pesar de las críticas de la ONU, ONGs y distintos gobiernos del mundo no solamente por el elevado número de víctimas civiles y la destrucción que estaba causando la campaña militar israelí sobre Gaza, sino además sobre el reducido ingreso de alimentos y ayuda humanitaria a la Franja debido a las duras limitaciones impuestas por el gobierno de Netanyahu.
Mientras, grupos propalestinos pedían un cese el fuego definitivo, el gobierno de Biden respaldaba un cese de las hostilidades temporal, como el que ocurrió a finales de noviembre de 2023 y que permitió un mayor flujo de ayuda a Gaza, la liberación de un centenar de rehenes israelíes y de unos 240 palestinos que estaban presos en Israel.
Al mismo tiempo, las reiteradas peticiones del gobierno de Biden para que Israel facilitara la entrada de más ayuda humanitaria a Gaza no parecían encontrar en la práctica una respuesta favorable de parte de Israel, al punto que Estados Unidos inició una operación para lanzar víveres desde aviones sobre la Franja y empezó a construir un muelle flotante frente a la costa para hacer llegar directamente la ayuda.
La Casa Blanca también ha manifestado reiteradamente su descontento por el alto número de víctimas civiles muertos en Gaza.
A inicios de abril se supo públicamente por primera vez que Biden le había dicho a Netanyahu que “la situación humanitaria era inaceptable” y que la política de EE.UU. con respecto a Gaza iba a estar determinada por las medidas “específicas, concretas y medibles” que tomara Israel para hacer frente al “daño a civiles, al sufrimiento humanitario y a la seguridad de los trabajadores humanitarios”.
Al mismo tiempo, no obstante, la Casa Blanca ha mantenido el envío de armamento hacia Israel y ha usado su derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para proteger a Israel de resoluciones adversas. Estas medidas generan un fuerte rechazo en los grupos propalestinos.
Jeremy Konyndyk, quien trabajó para el gobierno de Biden y de Barack Obama y ahora preside la ONG Refugees International, considera que el actual mandatario estadounidense ha hecho propia esta guerra.
“Ellos han dado el apoyo material que sostiene la guerra. Ellos proveen el apoyo político que sostiene la guerra. Ellos le proveyeron la cobertura diplomática en la ONU que mantiene la guerra”, dijo Konyndyk a The New York Times.
“¿Esta es la guerra que Biden habría querido? No. ¿Pero esta es la guerra a la que le dan apoyo material? Sí. Y, entonces, en ese sentido, esta es su guerra”, agregó.
Impacto electoral
La posibilidad de que la política hacia la guerra en Gaza afecte las opciones a la reelección de Biden ha estado sobre la mesa prácticamente desde el inicio del conflicto.
En noviembre de 2023, la legisladora demócrata por Michigan Rashida Tlaib divulgó un video en el que acusó abiertamente a Biden de apoyar el “genocidio de los palestinos”.
“Señor presidente, el pueblo estadounidense no está de su lado en este tema. Lo recordaremos en 2024”, dijo Tlaib, quien es la única parlamentaria de raíces palestinas en el Congreso estadounidense.
Después de su mensaje, la pantalla se ponía en negro y aparecía un mensaje que decía: “Joe Biden apoyó el genocidio del pueblo palestino. El pueblo estadounidense no lo olvidará. Biden, apoye un cese el fuego ahora. O no cuenten con nosotros en 2024”.
Este malestar también se expresó políticamente durante las primarias cuando surgió un movimiento antiguerra que abogaba por elegir representantes a la Convención Demócrata que no se hubieran comprometido a votar por Biden como candidato.
Este movimiento “no comprometido” surgió en Michigan, donde obtuvieron más de 100.000 votos (equivalentes al 13%). También lograron resultados notables en Minnesota (casi 19% de los votos), Háwai (29%) y Washington (casi 10%).
Para mediados de marzo, en promedio un 10% de los electores habían votado por la opción “no comprometido” en los estados en los que existía, mientras que en los estados donde no había esa opción en torno a 12% de los votos habían ido a candidatos distintos a Biden.
Según el movimiento “no comprometido” cuentan con, al menos, 500.000 votos.
Esos resultados no son menores, pues el actual mandatario ganó las elecciones presidenciales de 2020 en parte gracias a que logró una gran movilización en ciertos estados muy competidos como Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin.
En muchos de esos lugares el margen de su victoria fue pequeño y para obtenerlo fue clave el voto de ciertos grupos de electores como los jóvenes.
Sin embargo, encuestas recientes indican que el mandatario está perdiendo terreno entre este grupo de electores.
Una encuesta publicada por el diario USA Today a mediados de abril señalaba que Biden contaba con el apoyo de 45% de los menores de 30 años de edad, mientras que Trump conseguiría el 37%.
Esa cifra, aparentemente favorable, significa un realidad un gran retroceso con respecto a su posición de 2020 cuando en esta etapa de la campaña Biden contaba con 60% de estos jóvenes y Trump solo con 30%.
De acuerdo con la encuesta, una de las razones detrás de la caída en intención de voto del mandatario es la guerra en Gaza, pues una mayoría de jóvenes consideran que las acciones de Israel son injustificadas frente a los que creen que están justificadas.
Otra encuesta divulgada a finales de abril por CNN indicaba que el tema acerca del cual Biden obtenía la peor valoración era su manejo de la guerra entre Israel y Hamás con una aprobación de solo 28% y una desaprobación de 71%, este último resultado subía hasta 81% entre los menores de 35 años.
Pero, ¿puede el malestar entre los jóvenes por la guerra en Gaza costarle la reelección a Biden?
“Lo que hace el movimiento estudiantil es crear el miedo de que Biden está perdiendo a uno de sus grupos de electores más importantes por el tema de la guerra: los votantes jóvenes. Lo que podría tener implicaciones electorales”, dice Robert Cohen, historiador de la New York University, a BBC Mundo.
Para este jueves, las protestas estudiantiles por la guerra en Gaza ya alcanzaban a unas 140 universidades, en 45 estados, de acuerdo con cálculos propios de la BBC.
Además, se han producido más de 2.000 arrestos.
Estas cifras revelan un claro aumento en la cantidad e intensidad de las protestas, lo que genera un doble dilema para Biden.
“Al igual que la guerra misma, estas manifestaciones universitarias han puesto a Joe Biden bajo una presión cada vez mayor. Los votantes jóvenes constituyen un electorado clave para su campaña de reelección y él deja que se enojen con su gobierno bajo su propio riesgo. Pero parecer blando con la ley y el orden, o hacerse la vista gorda ante las acusaciones de antisemitismo, también podría tener un alto costo político”, señala Anthony Zurcher, corresponsal de la BBC en Washington.
Eso explicaría, en parte, las declaraciones que hizo Biden este jueves en la Casa Blanca, cuando defendía el derecho a disentir y a la protesta pacífica, al mismo tiempo que advertía que esto debía hacerse dentro de la ley.
“Si ocurre violencia, hay destrucción de propiedades no es una protesta pacífica. Va contra la ley. El vandalismo, el allanamiento de morada, la rotura de ventanas, el cierre de campus, forzando la cancelación de clases y graduaciones. Nada de esto es una protesta pacífica”, dijo.
“Existe el derecho a protestar, pero no el derecho a causar caos”, agregó después.
Dadas estas circunstancias, Cohen destaca la importancia que tiene para Biden que se produzca pronto un cese al fuego en la guerra, lo que quizá podría permitir a los manifestantes pasar la página.
El historiador recuerda que este año la Convención del Partido Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés) se realizará en Chicago, como ocurrió en 1968, cuando hubo manifestaciones multitudinarias en contra de la Guerra de Vietnam que acabaron en una fuerte represión y en caos.
“En 1968, las protestas estudiantiles contra la guerra de Vietnam combinadas con la fuerza policial represiva del alcalde de Chicago Richard Daley provocaron toda esta violencia televisada entre los manifestantes y la policía. Y eso realmente perjudicó al candidato demócrata, Hubert Humphrey, porque hizo parecer que los demócratas eran el partido del caos y que el país estaba fuera de control. Eso ayudó a Richard Nixon a convertirse en presidente”, dice Cohen, y añade:
“Así que el potencial está ahí, excepto que este movimiento es en su mayoría no violento. Entonces, esos temores pueden ser exagerados”.
Aunque no se sabe qué habrá ocurrido de acá a agosto con el movimiento de protesta estudiantil, en abril pasado varios grupos propalestinos anunciaron una movilización masiva en contra de la DNC
Hatem Abudayyeh, líder de la red comunitaria palestino-estadounidense, anunció que “la marcha contra la DNC será la mayor movilización propalestina en la historia” de Chicago.
“En agosto, esperamos a decenas de miles de palestinos, árabes, negros, latinx, asiáticos y otros manifestantes de todas partes de EE.UU. para decir fuerte y claro que ‘Genocide Joe´ Biden, Killer Kamala {la vicepresidenta Kamala Harris} detengan la ayuda a Israel, dejen de armar a Israel”, dijo en un video difundido por The Wall Street Journal.
Estos anuncios subrayan nuevamente las dificultades que debido a la guerra enfrenta la campaña de Biden.
En palabras de Anthony Zurcher, “los disturbios en el campus podrían ser el comienzo de un verano dañino de protestas para Biden si su equipo diplomático no puede negociar pronto un alto el fuego en Gaza”.
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