La desaparición o permanencia de la prisión preventiva oficiosa es un tema que se está discutiendo en el ámbito jurídico y político del país, que resulta de interés para todas las personas sin importar si están o no en contacto con el sistema penal.
Pero previo a entender la discusión, lo primero que debe dejarse en claro es que no debemos desviar la atención a un espacio que no le corresponde. Es decir, la prisión preventiva oficiosa no debe discutirse en el ámbito político si no se comprende que su naturaleza y consecuencias son jurídicas, específicamente en materia de derechos humanos.
La prisión preventiva es una medida cautelar, podríamos considerarla una especie de seguro que garantiza que una persona que esté en un proceso penal irá a sus audiencias, no agredirá o amenazará a las presuntas víctimas o testigos y no va a interponerse en la investigación que realice el Ministerio Público. A esto último se le llama “ejes de cautela” o “riesgos procesales”, que necesariamente deben ser justificados por el ministerio público para que un juez determine la imposición de las medidas cautelares.
Sin embargo, además de la prisión preventiva, existen otras trece medidas estipuladas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que van desde ir a firmar periódicamente al juzgado hasta la prisión domiciliaria. Sin querer obviar, la prisión preventiva es la más grave de todas, porque a diferencia del resto, implica el ingreso a un centro penitenciario donde se estará bajo las mismas condiciones que una persona que ha sido declarada culpable de un delito, con la única diferencia que deberán existir espacios diferentes entre la persona en proceso y éstos últimos.
En México y de acuerdo con lo establecido en nuestra Constitución, cuando una persona se le sujeta a proceso por ciertos delitos, las personas juzgadoras están obligadas a imponer la prisión preventiva sin analizar los “ejes de cautela” y a esto le llamamos prisión preventiva oficiosa. El supuesto se encuentra específicamente en el segundo párrafo del artículo 19 y sólo basta que el Ministerio Público acuse a la persona de estar cometiendo uno de los delitos que se encuentre ahí enunciado para privarla de su libertad e ingresarla a un centro penitenciario aún y cuando, se supone, es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un tribunal internacional encargado de velar por la protección de derechos humanos y al cual nos comprometimos respetar y aceptar sus resoluciones, condenó a México dos veces por el uso de la prisión preventiva oficiosa, en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros, y García Rodríguez y otro.
Este tribunal determinó, como ya lo había hecho anteriormente con otros casos que ha resuelto, que someter a una persona a prisión preventiva sin justificar las razones resultaba arbitrario e incompatible con los derechos humanos, especialmente con el de presunción de inocencia. Además, resolvió que México debía modificar sus leyes para desaparecer o modificar los artículos que prevén esta situación.
Esto es lo que ha desencadenado el debate en el espacio público y ante esto, las siguientes preguntas son:
1. ¿Qué es lo grave de la prisión preventiva oficiosa?
Lo peligroso de la prisión preventiva oficiosa es que no realiza distinciones. Es un arma en manos del Estado que priva de la libertad a una persona que se debería presumir inocente sin que se pueda analizar las situaciones particulares de cada caso.
No importa el contexto en el que la persona se desenvuelva, la pertenencia a un grupo en situación de vulnerabilidad o incluso la posibilidad de comprobar que irá a las audiencias. Si el Ministerio Público te lleva a proceso por un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, el destino que le espera es el ingreso a un centro penitenciario sin que exista realmente un debate.
2. ¿Qué sucedería en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación apruebe sus proyectos, realmente saldrían todas las personas en libertad?
La respuesta directa es: No. El proyecto público al que se tiene acceso, establece que las y los jueces deben inaplicar la prisión preventiva oficiosa, por lo que ahora el ministerio público deberá justificar una nueva medida cautelar de entre las catorce disponibles, pudiendo elegir incluso la prisión preventiva pero ahora justificada, de acuerdo con las circunstancias de cada caso.
Esto significa que ahora la fiscalía deberá debatir caso por caso y sólo en aquellos donde la persona juzgadora considere justificado, se le podrá privar de la libertad a una persona. En otras palabras, la fiscalía tendrá que ofrecer pruebas y argumentar, lo que forma parte de sus actividades diarias de trabajo.
Gracias a los proyectos sí podrían salir en libertad algunas personas, pero siempre que no se justifique que sigan privadas de la libertad debido a que, después de ser analizado por una persona juzgadora, no se cuenten con pruebas que permitan disminuir y desaparecer los ejes de cautela.
Esto es lo que busca el Instituto Federal de Defensoría Pública: verificar que todas las personas tengan derecho a ser oídas en juicio y que se les dé la oportunidad de exponer y demostrar que se comprometen a acudir a las audiencias.
La principal preocupación es que tengan un proceso justo o incluso que les permitan vivir una vida normal hasta en tanto no les declaren culpables.
Desde enero de 2023 hasta febrero de 2024, la Defensoría Pública Federal ha promovido 1,967 solicitudes de revisión de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, obteniendo 489 resultados favorables, 819 desfavorables y el restante siguen pendiente de resolución.
Sólo para visibilizar lo grave de la situación: eso significa que 489 personas se encontraban privadas de su libertad hasta que un juez decidió que no existían pruebas para justificar esa medida. A su vez, demuestra que la revisión de la medida cautelar tampoco implica una libertad automática, ya que el juez tendrá la última palabra para decidir si se prolonga o se modifica la prisión preventiva.
Empezamos diciendo que este debate es importante para todas las personas sin importar si está en contacto con el sistema penal o no, porque de la experiencia hemos podido constatar historias de personas que nunca pensaron encontrarse acusadas por un delito y mucho menos internas en un centro penitenciario sin una sentencia que les declare culpable. Esta situación no nos debe ser ajena porque si llegáramos a enfrentarnos a un proceso, abogaríamos por nuestro derecho a ser oídos.
Las empresas chinas han estado montando fábricas en México desde donde ingresan sus productos a Estados Unidos, evitando los aranceles y sanciones que les impone Washington.
Los sillones reclinables y lujosos sofás de cuero que salen de la producción en línea de la fábrica de muebles Man Wah en Monterrey son 100% “Hecho en México“.
Sus destinos son las grandes cadenas de almacenes en Estados Unidos, como Costco y Walmart. Pero la compañía es de China y su planta de producción en México fue construida con capital chino.
La relación triangular entre EE.UU., China y México ha generado una nueva terminología en la industria mexicana: nearshoring o deslocalización cercana.
Man Wah es una de decenas de compañías chinas que en años recientes se han trasladado a parques industriales en el norte de México, para tener su producción más cerca del mercado estadounidense.
Además de ahorrar en el costo de trasporte, el producto final es considerado completamente mexicano, lo que significa que las empresas chinas evitan los aranceles y sanciones que Washington impuso a los bienes chinos en el marco de la guerra comercial entre los dos países.
Durante la visita guiada que hago al enorme lugar, el gerente general de la compañía, Yu Ken Wei, dice que el traslado a México tiene un sentido económico y logístico.
“Esperamos triplicar o hasta cuadruplicar la producción aquí”, explica en perfecto español.
“La intención aquí en México es alcanzar el nivel de producción de nuestra operación en Vietnam”.
La firma,que ya emplea a 450 personas en México, recién llegó a Monterrey en 2022. Yu Ken Wei dice que esperan crecer para contratar hasta más de 1.200 empleados, con el objetivo de operar varias líneas en la planta en los próximos años venideros.
“La gente aquí en México es muy trabajadora y aprende rápido”, señala Yu.
“Tenemos buenos operadores y su productividad es alta. Así que, del lado laboral, creo que México es estratégicamente muy bueno también”.
Se considera que la deslocalización cercana le está proporcionando a la economía mexicana un estímulo importante: para junio del año pasado, el total en exportaciones de México subió un 5,8% comparado con el año anterior, equivalente a US$52.900 millones.
Esta tendencia no está dando muchas señales de estar disminuyendo. En sólo dos meses de este año hubo anuncios de inversión de capital en México por casi la mitad del total anual de 2020.
La fábrica de muebles Man Wah está ubicada en Hofusan, un parque industrial chino-mexicano a las afueras de Monterrey. La demanda de parcelas está por los cielos: cada espacio disponible está vendido.
De hecho, la Asociación de Parques Industriales de México (Ampip) señala que cada sitio programado para construcción en el país para 2027 ya ha sido vendido.
No sorprende que muchos economistas mexicanos declaren que los intereses de China en el país no son pasajeros.
“Las razones estructurales que están trayendo capital a México están aquí para quedarse”, afirma Juan Carlos Baker Pineda, otrora viceministro de Comercio Exterior de México.
“No veo ninguna indicación de que la guerra comercial entre China y EE.UU. vaya a disminuir en cualquier momento”.
Baker Pineda hizo parte del equipo mexicano que negoció el nuevo tratado de libre comercio de América del Norte o T-MEC.
“Aunque el origen chino del capital que está llegando a México puede ser incómodo para las políticas de algunos países”, indica, “según la legislación comercial internacional, estos productos son, a todos los efectos, mexicanos”.
Esto obviamente le ha permitido a México afianzarse estratégicamente entre las dos superpotencias: recientemente, México reemplazó a China como el principal socio comercial de EE.UU., un cambio significativo y simbólico.
El incremento del comercio de México con EE.UU. también se ha dado en parte debido a un segundo aspecto clave de la deslocalización cercana en el país: Estados Unidos está montando plantas en México, algunas veces después de reubicar la producción de sus fábricas de Asia.
Tal vez el anuncio más destacado fue el que hizo Elon Musk el año pasado, cuando reveló los planes de una gigantesca nueva fábrica de Tesla en las afueras de Monterrey.
Sin embargo, la empresa de autos eléctricos todavía no ha empezado la construcción de su planta de US$10.000 millones.
Y, aunque Tesla todavía parece comprometida con el proyecto, sus planes se han ralentizado frente a las dudas sobre la economía global y las recientes reducciones de empleos de la compañía automotriz.
Dudas
Pero con respecto a la inversión china, algunos están instando a la cautela por que México pueda verse inmiscuido en una lucha geopolítica más amplia entre EE.UU. y China.
“El viejo rico del pueblo, EE.UU., está teniendo problemas con el nuevo rico del pueblo, China”, dice Enrique Dussel, del Centro de Estudios China-México en la Universidad Nacional Autónoma de México.
“Y México, bajo gobiernos anteriores y este mismo, no tiene una estrategia frente a esta nueva relación triangular”.
Con elecciones en el horizonte a ambos lados de la frontera entre México y EE.UU., podría haber nuevas consideraciones políticas futuras.
Ya sea Donald Trump o Joe Biden quien ocupe la Casa Blanca en los próximos cuatro años, pocos esperan una mejora en las relaciones entre EE.UU. y China.
Dussel cree que la deslocalización cercana está mejor definida por lo que él llama una “deslocalización de seguridad”, explicando que Washington ha colocado sus preocupaciones de seguridad nacional por encima de otros factores en su relación con China. México, arguye, debería estar cauteloso de verse atrapado en el medio.
En medio de esta tensión, Dussel añade: “México está colgando un gran anuncio para China que dice: ‘¡Bienvenidos a México!’. No se necesita tener un doctorado para saber que esto no va a terminar bien para las relaciones bilaterales ente EE.UU. y México en el mediano plazo”.
Otros son más optimistas.
“En mi opinión, la pregunta no es si esta tendencia continuará, sino de cuánto de esta tendencia podemos aprovecharnos”, dice el exfuncionario de Comercio Exterior Juan Carlos Baker Pineda.
“Estoy seguro de que la gente está teniendo la misma discusión en Colombia, en Vietnam, en Costa Rica. De manera que necesitamos asegurarnos de que en México esas condiciones que están alineadas por sí solas vayan de la mano con las decisiones corporativas y gubernamentales para sostener esa tendencia a largo plazo”.
De vuelta en Monterrey, las talentosas costureras mexicanas de la mueblería Man Wah le están poniendo los últimos toques a otro sofá antes de ser despachado al norte.
Cuando una familia estadounidense lo compre en un almacén de Walmart de su vecindario, tendrá poca idea del complejo juego geopolítico que sustenta su producción.
Pero, así se considere la deslocalización cercana como una astuta puerta trasera para entrar a EE.UU. o como parte de una costosa guerra entre superpotencias, para México es una ventaja clave en estos tiempos hostiles de comercio global.
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