El Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) es una organización regional, de la sociedad civil, sin fines de lucro, fundada en 2010. Nuestra misión es fomentar la transparencia y rendición de cuentas de las empresas en América Latina desde una perspectiva de derechos humanos, interseccional y de género. En este blog compartiremos ideas sobre cómo desde la ciudadanía, las comunidades y OSC podemos presionar a los gobiernos y actores empresariales para que exista una rendición de cuentas real y se corrijan los desequilibrios de poder. 

Captura del Estado

Sin categoría

En febrero de 2022, la <a href="https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bc4dcea4-9584-11ec-b4e4-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&amp;format=PDF" target="_blank" rel="noopener">Comisión Europea</a> inició la discusión de una <a href="https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0329_ES.html" target="_blank" rel="noopener">Directiva de Debida Diligencia sobre Sostenibilidad Corporativa </a>(CSDDD) como un marco horizontal para fomentar la contribución de las empresas al respeto de los derechos humanos y del medio ambiente en sus propias operaciones “identificando, previniendo, mitigando y dando cuenta de sus efectos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente, y contando con una gobernanza, sistemas de gestión y medidas adecuadas para este fin”.
En junio de 2023, el <a href="https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0209_ES.html" target="_blank" rel="noopener">Parlamento</a> aprobó en una primera ronda la Directiva y abrió el triálogo (Consejo, Comisión y Parlamento) por un periodo de 6 meses para las negociaciones del texto. Después de varios acuerdos, en marzo de 2024 se aprobó en el <a href="https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2023/12/14/corporate-sustainability-due-diligence-council-and-parliament-strike-deal-to-protect-environment-and-human-rights/" target="_blank" rel="noopener">Consejo</a> una versión del texto con varias reducciones que fueron expuestas por las <a href="https://observatoriorsc.org/directiva-diligencia-debida-ue-paso-relevante-hacia-sostenibilidad/" target="_blank" rel="noopener">organizaciones de derechos humanos europeas</a>. Finalmente, el 24 de abril de 2024, el Parlamento Europeo aprobó el texto final y ordenó su publicación.
Algunos países miembros de la Unión Europea ya contaban con leyes internas sobre debida diligencia en derechos humanos como <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034290626" target="_blank" rel="noopener">Francia</a>, <a href="https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Internationales/act-corporate-due-diligence-obligations-supply-chains.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=3" target="_blank" rel="noopener">Alemania</a>, <a href="https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2020-2021/vedtak-202021-176/" target="_blank" rel="noopener">Noruega</a>, que después de la publicación de la Directiva deberán iniciar el camino para armonizar su legislación, pues el objetivo de una Directiva es tener un marco jurídico en común dentro de los países de la UE.
Pero ¿qué obligaciones tendrán ahora los países que integran la Unión Europea?
La Directiva tiene por objeto <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> garantizar que las empresas que operan en el mercado interior “contribuyan al desarrollo sostenible y a la transición hacia la sostenibilidad de las economías y las sociedades mediante la detección, priorización, prevención, mitigación, eliminación, minimización y reparación de los efectos adversos reales o potenciales para los derechos humanos y el medio ambiente relacionados con las propias operaciones de las empresas, las operaciones de sus filiales y sus socios comerciales en las cadenas de actividades de las empresas, así como garantizando que los afectados por el incumplimiento de este deber tengan acceso a la justicia y a vías de recurso”, es decir, actuar con debida diligencia.
La Directiva establece el alcance de la norma, así como la responsabilidad de las empresas y los organismos de control estatales que vigilarán su aplicación. En esa tesitura, la implementación será escalonada; en 2027 <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> aplicará para las empresas que tengan más de 5000 empleados y 1,500 millones de Euros de facturación anual y a partir de 2029 aplicará para las que tengan más de 1000 empleados y 450 millones de euros de facturación anual. Así también los países miembros deberán facilitar información amplia a las empresas sobre sus obligaciones de la mencionada debida diligencia y crearán una autoridad de control encargada de investigar e imponer sanciones en caso de incumplimiento, las cuales podrían llegar al 5 % de la facturación del año anterior.
Respecto a las sanciones y la responsabilidad civil <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> en caso de incumplimiento de dichas obligaciones, es relevante destacar el carácter vinculante y no así discrecional. Esto abre la posibilidad, una vez que la norma entre en vigor, a que las comunidades y personas titulares de derechos humanos que resulten afectadas por empresas europeas (aún fuera de la UE), accedan a una vía importante para la justicia y la reparación integral a través de los tribunales europeos, aún cuando las afectaciones hayan ocurrido en México, siempre que se presuma la responsabilidad de empresas europeas.
Ante tales circunstancias, la Directiva aborda obstáculos prácticos y procesales existentes que hoy enfrentan las comunidades afectadas para acceder a la justicia, como “las dificultades para acceder a las pruebas, la duración limitada de los plazos de prescripción, la ausencia de mecanismos adecuados para las acciones de representación y los costes prohibitivos de los procedimientos de responsabilidad civil”. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a> Lo anterior no se contempla en el sistema jurídico mexicano con esa perspectiva de derechos humanos, por lo que es un gran avance en favor de las víctimas, quienes prodrán acudir por sí mismas o con el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil.
Asimismo, entre los temas destacados, se exige a las empresas que adopten un plan que garantice que su modelo de negocios y su estrategia sean compatibles con el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático; se reconoce que las empresas deberán tener en consideración contextos específicos o factores interseccionales, entre ellos la perspectiva de género <a href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a> y origen étnico. Como parte de un enfoque de la debida diligencia, las empresas deben prestar especial atención a cualquier efecto adverso en las personas que puedan estar expuestas a un mayor riesgo debido a su condición de vulnerabilidad.
No obstante, también hay temas que fueron controversiales en el documento como lo son las obligaciones de debida diligencia del sector financiero. <a href="#_ftn6" name="_ftnref6">6</a> La Directiva <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn7" name="_ftnref7">7</a> y las <a href="https://www.oecd.org/publications/lineas-directrices-de-la-ocde-para-empresas-multinacionales-sobre-conducta-empresarial-responsable-7abea681-es.htm#:~:text=La edici%C3%B3n de 2023 de,suministro%2C as%C3%AD como procedimientos de" target="_blank" rel="noopener">Directrices de la OCDE </a>reconocen “las particulares de los sectores financieros” teniendo en cuenta los efectos adversos de las actividades empresariales y su impacto en los derechos humanos. Por ello, “se espera que las empresas financieras reguladas tengan en cuenta los efectos adversos y utilicen su denominado «efecto palanca» para influir en las empresas. El ejercicio de los derechos de los accionistas puede ser una forma de ejercer el «efecto palanca».”
El Parlamento Europeo y el Consejo revisarán <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn8" name="_ftnref8">8</a> lo anterior con base en el informe que la Comisión les presentará sobre “la necesidad de establecer requisitos adicionales de diligencia debida en materia de sostenibilidad adaptados a las empresas financieras reguladas por lo que respecta a la prestación de servicios financieros y las actividades de inversión, y las opciones para tales requisitos de diligencia debida, así como sus efectos&#8230;”. Este informe irá acompañado de una propuesta legislativa en su caso.
Los países miembros de la UE iniciarán en los próximos meses la transposición a sus leyes nacionales, iniciarán los debates internos que se espera sean inclusivos para las comunidades afectadas, personas titulares de derechos y organizaciones de la sociedad civil, no solo de sus países, sino de aquellos que reciben los impactos negativos en materia de derechos humanos por parte de sus empresas.
Existe <a href="https://poderlatam.org/wp-content/uploads/2021/10/doc_Bonatti_VF.pdf" target="_blank" rel="noopener">evidencia</a> de empresas europeas cuyas operaciones en México están vinculadas a violaciones a derechos humanos. El Estado mexicano puede ver una ventana de oportunidad y sumarse  a los países de la UE y juntas iniciar este camino hacia la debida diligencia corporativa con una perspectiva de derechos humanos, en aras de proteger a las comunidades que ya han resultado afectadas en sus derechos por la actividad empresarial. Recientemente México mostró una señal de buena práctica internacional al <a href="https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g23/251/76/pdf/g2325176.pdf?token=sCsAjRMHXyojHGaU2n&amp;fe=true" target="_blank" rel="noopener">recomendar a Canadá</a> promover una “ley de debida diligencia para evitar cualquier abuso de empresas o instituciones financieras canadienses que operen en su territorio y en el extranjero”.
Hemos visibilizado que uno de los <a href="https://poderlatam.org/wp-content/uploads/2024/01/EPU24_InformeEmpresasyDDHH.pdf" target="_blank" rel="noopener">obstáculos para el acceso a la justicia</a> es la falta de actualización del marco normativo para acceder a la reparación integral. Este camino que se abre ahora en Europa, nos muestra que para combatir algunas de las causas de la captura corporativa del Estado se debe trabajar en la actualización de leyes con perspectiva de derechos humanos, que ponga en el centro los derechos de las comunidades afectadas por la actividad empresarial y que sancione a las empresas que causan y se benefician económicamente de esas afectaciones.
Finalmente, sabemos que la Directiva europea no es todo lo que se necesita para abordar la realidad actual de las afectaciones a los derechos humanos y al medio ambiente en Europa, en México o en otras partes del mundo, pero sin duda abonará a cambiar la forma de hacer negocios en el mundo. También contribuye a continuar la discusión y el análisis, así como a pensar en procesos conjuntos entre las partes que ofrezcan garantías de acceso a la justicia en México o Europa. Organizaciones de la sociedad civil como PODER estamos en un análisis continuo para impulsar  este camino de la regulación corporativa. Esperamos que México y la Unión Europea retomen sus experiencias y escuchen a quienes se han visto afectadas en sus derechos humanos por la actividad empresarial.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-large wp-image-1399803" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/debida-diligencia-1024x683.jpg" alt="Infografía con información sobre qué es la debida diligencia en las empresas y cómo protege de la violación a los derechos humanos de las personas trabajadoras." width="1024" height="683" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/debida-diligencia-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/debida-diligencia-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/debida-diligencia-768x512.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/debida-diligencia.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />
* Zúe Valenzuela es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara y maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana. Actualmente se desempeña como Oficial de Vinculación Estratégica e Incidencia en <a href="https://poderlatam.org/" target="_blank" rel="noopener">PODER</a>.
&nbsp;
<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Considerando (16) del texto consolidado Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2024, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad y por la que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Artículo 37. b
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Artículo 29
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> Artículo 13
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">5</a> Considerando 32
<a href="#_ftnref6" name="_ftn6">6</a> La ONU también clarifica la obligación de los Estados de derechos humanos vinculados a este sector en su <a href="https://empresasyderechoshumanos.org/wp-content/uploads/2023/12/COMO-INTEGRAR-LOS-DERECHOS-HUMANOS-EN-LAS-FINANZAS-EN-AMERICA-LATINA-Y-EL-CARIBE.pdf" target="_blank" rel="noopener">nota informativa</a> sobre América Latina y el Caribe.
<a href="#_ftnref7" name="_ftn7">7</a> Considerando 51
<a href="#_ftnref8" name="_ftn8">8</a> Artículo 36.1

México-UE: inicia camino regulatorio para el respeto a derechos humanos en actividades empresariales

México-UE: inicia camino regulatorio para el respeto a ddhh en actividades empresariales

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha <a href="https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change/" target="_blank" rel="noopener">advertido</a> del momento crítico que está viviendo el planeta debido al calentamiento global y sus efectos en el cambio climático, lo que afecta gravemente la biodiversidad y los ecosistemas, aumentando el riesgo para la subsistencia y la calidad de vida de todas las personas. Ante esta situación, es fundamental adoptar conductas de concientización para el cuidado del agua, el aire, la tierra y el territorio, así como medidas que permitan detener la degradación del ambiente. Para la mayoría es un momento de acción que requiere de todos los esfuerzos estatales, institucionales e individuales para tratar de contrarrestar la triple crisis planetaria.
En este contexto, las actividades empresariales están en el foco y bajo el escrutinio público debido a los impactos negativos que provocan en el medio ambiente, los bienes naturales y la vida de las personas. Un ejemplo es la industria del tabaco que ha sido expuesta por los graves daños a la salud derivados del consumo de sus productos (en el contexto de pandemia predispuso a las personas a riesgos de complicaciones en caso de contagio) y que intrínsecamente va en contra de los esfuerzos globales por la conservación y cuidado del medio ambiente. Sin mencionar los intentos de empresas como Philip Morris International (PMI) por sacudirse aquella imagen de algunos de sus productos más famosos construida en torno a la masculinidad heteronormada, expresada por un vaquero blanco a caballo.
Recientemente, el director ejecutivo de PMI anunció que los ingresos netos de sus productos sin humo, dentro de los cuales destacan en ventas los dispositivos de tabaco calentado (o IQOS) y sus unidades de tabaco, han superado los ingresos de los cigarrillos Marlboro, alcanzando cerca del 40 % de sus <a href="https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Philip-Morris-gano-13-menos-en-2023-IQOS-supera-a-Marlboro-en-ingresos-netos-20240209-0045.html" target="_blank" rel="noopener">ingresos totales</a>. Tales ventas son el resultado de una estrategia anunciada por la empresa, iniciada en 2016, para sustituir la venta de cigarrillos por productos “libres de humo” y así mostrar un rostro innovador que encaje con las preocupaciones y causas sociales actuales.
Los dispositivos IQOS son comercializados en diferentes países del mundo, principalmente Japón, Europa y los Estados Unidos, y en menor nivel en algunos países de América Latina y África (<a href="https://www.pmi.com/resources/docs/default-source/investor_relation/pmi_2022_annualreport.pdf?sfvrsn=cb21d3b6_2" target="_blank" rel="noopener">PMI 2022</a>). Los denominados IQOS son dispositivos electrónicos que se componen de tres partes: las unidades de tabaco, el calentador y el cargador, mediante los cuales se calienta el tabaco comprimido de las unidades para producir una especie de aerosol, sin que se alcance a generar el proceso de combustión y por consiguiente se elimina la emisión de humo.
En varios países la estrategia de marketing se ha realizado a través de redes sociales por personas famosas, quienes publican fotografías o videos mientras utilizan los dispositivos. Además, algunos de los puntos centrales o atributos que se destacan son que tienen un riesgo reducido debido a que producen 95 % menos sustancias tóxicas comparados con los cigarrillos, generando la idea de que existe un riesgo menor a la salud de las personas consumidoras y no consumidoras (fumadoras pasivas); no generan humo, con lo que se eliminan las emisiones contaminantes y olores en el aire (<a href="https://www.iqos.com/mx/es/beneficios.html" target="_blank" rel="noopener">IQOS</a>).
Buena parte de su publicidad en México se lleva a cabo de una forma velada, a través de campañas como Futuro Sin Humo. La campaña se centra en la concientización de las personas fumadoras sobre los problemas que implica la combustión y destaca los atributos de los productos sin humo y la necesidad de que las personas tomadoras de decisiones legislen en favor de las personas consumidoras y permitan su venta (<a href="https://futurosinhumo.com.mx/" target="_blank" rel="noopener">Futurosinhumo</a>).
¿Hasta qué punto es ético promover distintos productos como opciones alternativas por tener menores riesgos, sin tocar el tema de los impactos a los que su producción está vinculada? En <a href="https://poderlatam.org/futuro-sin-mundo/" target="_blank" rel="noopener">un análisis sobre los dispositivos electrónicos</a>, hemos observado que son promovidos como innovadores por contar con una fuerte inversión en tecnología. Esa característica les ha permitido penetrar diferentes mercados, toda vez que nos encontramos en un momento de alto consumo tecnológico.
Sin embargo, tal como debería ocurrir con todo aquello que consumimos, vale la pena analizar un poco sobre los impactos que esto genera. La alta producción de dispositivos electrónicos en el mundo ha provocado un aumento en la demanda de materias primas y, por consiguiente, en el modelo extractivista, que a su vez ejerce una fuerte presión sobre el medio ambiente y los bienes naturales. Aunado a lo anterior, la extracción de minerales metálicos y no metálicos como el silicio, boro o bien el litio para la elaboración de baterías, genera irremediablemente impactos en la vida de las personas que habitan los territorios en los que se encuentran estos minerales.
<figure id="attachment_1390179" aria-describedby="caption-attachment-1390179" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1390179" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/el-negocio-de-la-adiccion.jpg" alt="Cartel de una mano con billetes que representa el negocio de la adicción. " width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/el-negocio-de-la-adiccion.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/el-negocio-de-la-adiccion-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/el-negocio-de-la-adiccion-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/el-negocio-de-la-adiccion-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1390179" class="wp-caption-text">El negocio de la adicción. Diseño: Adrián Sánchez.</figcaption></figure>
Algunos de los impactos que se han documentado alrededor del mundo derivados del extractivismo tienen que ver con la falta de acceso a la información y de consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas y, en el peor de los casos, hostigamiento, criminalización,  desaparición y asesinato de las personas defensoras del medio ambiente. En otros, se ha registrado contaminación de las fuentes hídricas, el suelo, el aire y afectación a la salud de las personas (<a href="https://ejatlas.org/" target="_blank" rel="noopener">EJAtlas</a>). En algunos países que se encuentran en zonas de conflicto, la extracción de minerales puede financiar a determinados grupos armados y así contribuir a la comisión de violaciones graves a los derechos humanos (<a href="https://www.amnesty.org/es/latest/news/2023/09/drc-cobalt-and-copper-mining-for-batteries-leading-to-human-rights-abuses/" target="_blank" rel="noopener">Amnistía Internacional</a>).
En este contexto, es fundamental para las personas consumidoras y para aquellas con quienes conviven contar con información más amplia no solo sobre los supuestos beneficios de los dispositivos libres de humo, sino también de los impactos que generan o bien de los riesgos que existen de generarlos.
Si bien esta situación aplica en una amplia gama de productos, también es válido hacer un ejercicio de ponderación que permita cuestionarnos los propósitos. Existen diferentes productos que requieren una alta cantidad de minerales que generan impactos al medio ambiente, algunos de ellos con propósitos que están sustentados en la preservación de la vida o la salud, como ocurre en las aplicaciones de la minería en la medicina.
No obstante, uno de los problemas más grandes es que la innovación tecnológica que podemos observar en los dispositivos libres de humo, con todos los impactos que causan o con los que están vinculados, está destinada a mantener la adicción como fuente principal de ganancia. Se requiere mayor información para tomar mejores decisiones; las empresas tabacaleras involucradas en el desarrollo y comercialización de nuevas tecnologías para el suministro de nicotina deben reforzar sus esfuerzos para transparentar sus cadenas de suministro.
Desde PODER lanzamos una investigación que busca ofrecer mayor información para las personas sobre los impactos acumulados en la producción de los dispositivos, con la finalidad de tomar conciencia sobre el peso de nuestras decisiones, la cual se puede consultar en el sitio <a href="https://poderlatam.org/futuro-sin-mundo/" target="_blank" rel="noopener">FuturoSinMundo</a>.
* Daniel Castrejón es internacionalista por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y actualmente es investigador en PODER.

Futuro sin mundo: adicción y nuevas tecnologías

No contar profundiza la exclusión. En términos oficiales, la población de la diversidad sexo-genérica, junto con otros grupos minoritarios como la población que vive con alguna discapacidad y la población de indígena, fueron catalogados como “<a href="https://www.gob.mx/conasami/prensa/conasami-presenta-brecha-salarial-para-grupos-de-interes-por-potencial-discriminacion-laboral?idiom=es" target="_blank" rel="noopener">Grupos de Interés</a>” por parte de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami).  Lo anterior, como una estrategia para medir la brecha salarial y las diferencias en la probabilidad de insertarse en el mercado laboral entre quienes pertenecen a dichos grupos de interés y la población en general. Esta información es de vital importancia para  diseñar políticas públicas que garanticen el acceso al mercado laboral, así como la igualdad de oportunidades para todas y todes.
Sin embargo, la metodología tiene algunas limitaciones que el propio estudio reconoce. Se señala que las diferencias entre las personas en una relación del mismo sexo y quienes están en una relación heterosexual <a href="https://www.gob.mx/conasami/prensa/conasami-presenta-brecha-salarial-para-grupos-de-interes-por-potencial-discriminacion-laboral?idiom=es" target="_blank" rel="noopener">no es estadísticamente significativa</a>, es decir, que no se puede afirmar que quienes están en una relación con una persona del mismo sexo ganen más o menos que el resto de la población. Además de lo anterior, este resultado no es concluyente para explicar la participación en el mercado laboral de las personas LGBTIQ+ porque se usaron los datos del 2020 que sólo identifican a las personas que se encuentran en una relación con personas del mismo sexo excluyendo a las personas solteras, que de acuerdo con la <a href="https://www.inegi.org.mx/investigacion/endiseg/2022/" target="_blank" rel="noopener">ENDISEG (2022 WEB)</a> alcanzan el  71,6 % de la población LGBTIQ+. Otra limitante es que los datos del Censo 2020 no contemplan información relevante como la identidad de género, ni la expresión de género, que corresponde a cómo las personas externalizan a través de sus prácticas y conductas su identidad de género.
Hablemos del instrumento. Según la información anexa al estudio, la muestra considera a personas entre 25 a 54 años ocupadas en el país, remuneradas o asalariadas, que trabajan jornada completa y con empleo formal. Y para sistematizar esta información, el Conasami utiliza una herramienta econométrica llamada Oaxaca-Blinder, generalmente usada para comparar grupos de poblaciones distintas y observar las diferencias en relación a la inserción en el mercado laboral y la brecha salarial. A pesar de que a simple vista esta podría ser una herramienta claramente útil, también genera una discusión importante sobre cómo se está midiendo a la población de la diversidad sexo-genérica y cómo se mide la brecha salarial y las probabilidades de insertarse en el mercado laboral de esta población.
<h2>Los esfuerzos se amplían</h2>
Ante la problemática anteriormente expuesta, además de los esfuerzos del Conasami, también es necesario mencionar las encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), como la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (<a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endiseg/2021/doc/endiseg_2021_resultados.pdf" target="_blank" rel="noopener">ENDISE</a><a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endiseg/2021/doc/endiseg_2021_resultados.pdf">G </a><a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endiseg/2021/doc/endiseg_2021_resultados.pdf" target="_blank" rel="noopener">2021</a>, <a href="https://www.inegi.org.mx/investigacion/endiseg/2022/" target="_blank" rel="noopener">WEB 2022</a>) a través de las cuales las autoridades pueden conocer de primera mano las experiencias de discriminación, exclusión y violencia experimentadas por la población LGBTIQ+, en distintos ámbitos que van desde lo familiar a lo social y su acceso a distintos derechos como la salud, la educación y el trabajo.
En la ENDISEG (WEB 2022) se explica que de 14 mil 364 personas que completaron la encuesta, 7 mil 060 se autoadscriben como LGBTIQ+.  Dentro de esa población, 6 mil 915 se identificaron con una orientación sexual LGB+, mientras que mil 343 se identificaron como persona trans u otra identidad que no corresponde al sexo asignado al nacer (no binaria, género fluido, queer, demigénero u otras) siendo 643 las personas que se identificaron como mujeres trans. Sin duda, ésta es una herramienta útil pero limitada porque están mejor representadas las orientaciones sexuales no normativas que las identidades de género no normativas.
La realización de estos estudios logró, entre otras cosas, que las autoridades reconocieran que existe una correlación entre tener una identidad de género u orientación sexual no normativa (pertenecer a la comunidad LGBTIQ+) con el aumento a la probabilidad de la negativa a un empleo y de <a href="https://www.gob.mx/conasami/prensa/personas-trans-son-las-mas-afectadas-en-la-comunidad-lgbtttiq-por-discriminacion-laboral-338409?idiom=es" target="_blank" rel="noopener">sufrir algún tipo de violencia en los centros de trabajo</a>. En el caso de violencia laboral los grupos más vulnerables son las mujeres trans con un 36.9 % de casos de violencia; hombres trans con un 18.3 % y mujeres cisgénero con 16.1 % de casos de violencia. Es decir, el espacio de trabajo sigue siendo un lugar inseguro, incluso, para quienes logran alcanzarlo.
<h2>Los nuevos esfuerzos econométricos</h2>
Ante las debilidades metodológicas que tienen las herramientas comúnmente utilizadas por los gobiernos, aparece en el escenario de la discusión un grupo de integrantes de la academia y del activismo que tienen una perspectiva crítica sobre cómo se realiza el ejercicio estadístico de las poblaciones LGBTIQ+ en el país.
Un ejemplo de ello es el estudio <a href="https://www.revistas.unam.mx/index.php/inter/issue/view/6250" target="_blank" rel="noopener">“Importancia de la inclusión de las personas trans binarias y no binarias en los censos poblacionales”</a>, del investigador Carlos Adrián Chable Miranda, publicado en la revista <a href="https://www.revistas.unam.mx/index.php/inter/issue/view/6250" target="_blank" rel="noopener">Inter Disciplina</a>, que dedicó todo su dossier a los Estudios Trans. El investigador describe la relevancia de generar instrumentos que contemplen debidamente a este sector poblacional y denuncia “la escasez de un instrumento donde se tome en cuenta la transgeneridad como una característica posible dentro de los censos poblacionales” (p.357).
Lo que sigue es legislar. Además de la necesidad de contar con mejores estadísticas sobre la población LGBTIQ+ que permitan conocer las brechas en el acceso a la salud, la educación y al mercado laboral, urge promover la inclusión laboral y homologar las leyes de identidad de género en todo el país. Esto debido a que la falta de documentos de identidad es un importante obstáculo para que el sector poblacional pueda ingresar al mercado laboral mitigando el riesgo de discriminación, exclusión y violencia por adscribirse a una identidad de género no hegemónica. Si bien 20 estados en México han aprobado las leyes de identidad de género, es necesario avanzar en su aprobación en todo el país y evitar los retrocesos que puedan producirse por el cabildeo por parte de actores conservadores y anti-género que se oponen al avance de los derechos de la población LGBTIQ+.
Un ejemplo de los esfuerzos por avanzar en la inclusión laboral de la población trans es el intento por <a href="https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/30/sociedad/presentan-iniciativa-para-la-inclusion-laboral-de-la-comunidad-lgbt/" target="_blank" rel="noopener">promover una ley de cupo trans en</a><a href="https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/30/sociedad/presentan-iniciativa-para-la-inclusion-laboral-de-la-comunidad-lgbt/" target="_blank" rel="noopener"> el Congreso de la Ciudad de México</a>, por parte del diputado Temístocles Villanueva. Sin embargo, la cámara de la Ciudad de México no logró llegar a ningún acuerdo. Otro intento ocurrió el 26 de enero de 2022, cuando la diputada Esther Silvia Sánchez Barrios presentó ante el pleno del Congreso de la CDMX la primer iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican las disposiciones en materia de acceso laboral de personas transexuales, travestis y transgénero <a href="https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d66ec819925e9210a46e0e832849f958e62bd570.pdf" target="_blank" rel="noopener">al servicio público</a>, también sin resultados. Finalmente, un esfuerzo similar es la Ley para el ”<a href="https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes/1501-leyparaelreconocimientoylaatenciondelaspersonaslgbtttidelaciudaddemexico#ley-para-el-reconocimiento-y-la-atención-de-las-personas-lgbttti-de-la-ciudad-de-méxico">R</a><a href="https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes/1501-leyparaelreconocimientoylaatenciondelaspersonaslgbtttidelaciudaddemexico#ley-para-el-reconocimiento-y-la-atención-de-las-personas-lgbttti-de-la-ciudad-de-méxico" target="_blank" rel="noopener">econocimiento y la atención de las personas</a><a href="https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes/1501-leyparaelreconocimientoylaatenciondelaspersonaslgbtttidelaciudaddemexico#ley-para-el-reconocimiento-y-la-atención-de-las-personas-lgbttti-de-la-ciudad-de-méxico" target="_blank" rel="noopener"> LGBTTTI</a><a href="https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes/1501-leyparaelreconocimientoylaatenciondelaspersonaslgbtttidelaciudaddemexico#ley-para-el-reconocimiento-y-la-atención-de-las-personas-lgbttti-de-la-ciudad-de-méxico">+</a><a href="https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes/1501-leyparaelreconocimientoylaatenciondelaspersonaslgbtttidelaciudaddemexico#ley-para-el-reconocimiento-y-la-atención-de-las-personas-lgbttti-de-la-ciudad-de-méxico" target="_blank" rel="noopener"> de la Ciudad de México</a>” impulsada por Claudia Sheinbaum Pardo el 07 de septiembre 2021, que en su apartado quinto aborda el tema del derecho al trabajo y las garantías laborales para las <a href="https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1384d92dce7e7b6dee75b81f24c079cdf31c7dc4.pdf" target="_blank" rel="noopener">minorías sexuales</a>, aunque lo hace sin el agregado de la valoración particular a las mujeres trans.
Sin duda, los y las representantes populares tienen mucho trabajo por delante para lograr un Estado donde se respeten las diferencias, en un país donde grupos conservadores y antigénero mantienen la disputa por el control de las normas que nos rigen a todes. Como ya ha sido comentado la investigadora <a href="https://www.youtube.com/watch?v=d8OhSeb63Qc&amp;t=3543s" target="_blank" rel="noopener">Sayak Valencia</a>, la falta de acceso de las personas trans a los derechos básicos y su retroceso en los derechos logrados no es un asunto sólo de las personas trans, sino que opera como un “<a href="https://www.youtube.com/watch?v=d8OhSeb63Qc&amp;t=3543s" target="_blank" rel="noopener">boomerang violento</a>” que evidencia el retroceso en los derechos que hoy puede afectar a las poblaciones trans pero más adelante puede impactar los derechos humanos de las mujeres cis y de otras poblaciones y comunidades.
* Diana A. Silva es investigadora y Ricardo Balderas es periodista en <a href="https://twitter.com/PODERlatam" target="_blank" rel="noopener">@PODERlatam</a>.

8M: inclusión laboral y estadísticas sobre las disidencias sexo-genéricas

El pasado 18 de octubre se constituyó el panel de solución de controversias para el capítulo que se refiere a las medidas para la importación de maíz transgénico en México dentro del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Dicho panel se constituyó a petición expresa del gobierno de Estados Unidos para que México revise sus políticas de importación de maíz genéticamente modificado.
La solicitud, entre otros argumentos, critica las medidas del gobierno federal mexicano publicadas en un <a href="https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5679405&amp;fecha=13/02/2023" target="_blank" rel="noopener">decreto</a> firmado en febrero del año pasado y que restringe el uso de maíz transgénico para consumo humano debido al uso de glifosato y sus impactos para la salud. En este proceso, tanto el gobierno de Estados Unidos como el de Canadá exigen al panel que se apegue a criterios estrictamente científicos para revertir estas medidas y así favorecer a quienes comercializan este tipo de maíz.
Para esta controversia, el T-MEC ha considerado la participación de la sociedad civil mediante la aceptación de notas de opinión de no más de 10 cuartillas, cuya argumentación debe proveer de información legítima al panel para que su fallo proteja los intereses de las partes firmantes. Aunque este proceso se observa sumamente técnico y burocrático, significa algo más para quienes trabajamos en la defensa y promoción de los derechos humanos.
Después de 20 años de entrada en vigor del primer tratado de libre comercio entre estos países (TLCAN), estaríamos presenciando un fallo que no sólo considere la opinión (y la salud) de las comunidades productoras y consumidoras de maíz. También estaríamos hablando de un mecanismo que puede tomar en cuenta temas de derechos humanos como criterio válido al interior de un tratado cuya lógica ha sido, desde sus inicios, meramente comercial y económica.
Y aunque ya lo denunciaba el zapatismo en ese momento, hoy nos encontramos una docena de organizaciones intentando argumentar por qué la importación de maíz transgénico atenta contra los derechos humanos, comenzando por la alimentación y la salud. El reto no es sencillo si consideramos que las fuerzas son desiguales en todo: un ejemplo es la argumentación de los gobiernos quienes pueden elaborar documentos de 400 o 500 páginas en documentos que se pueden consultar en la plataforma <a href="http://tasefiling.gov/" target="_blank" rel="noopener">TAS-E Filing</a> del T-MEC.
Estas argumentaciones se atreven a descalificar las preocupaciones de la sociedad civil diciendo que hacen falta estudios “científicos” que demuestren la gravedad del glifosato o del uso de maíz transgénico para consumo humano. De igual forma han sido muy enfáticos en desechar los argumentos que usan el tema del glifosato por considerarlo fuera de esta argumentación. ¿A quién protegen estos gobiernos?
En junio de 2018, el gigante farmacéutico Bayer anunció la <a href="https://www.bayer.com/media/en-us/bayer-closes-monsanto-acquisition/" target="_blank" rel="noopener">adquisición</a> de Monsanto, con lo cual cierra uno de los negocios más importantes para el futuro del agronegocio a nivel mundial. En su <a href="https://www.bayer.com/sites/default/files/2023-02/Bayer-Annual-Report-2022.pdf" target="_blank" rel="noopener">informe</a> 2022, la farmacéutica reporta a sus inversionistas ventas totales por $50,739 millones de euros (mde) en donde $25,169 mde (49.6 %) fueron ventas del sector semillas y herbicidas. Las ventas de semillas de maíz alcanzaron los $6,089 mde (12 % del total), que fueron superadas por la venta de herbicidas ($8,325 mde) en ese año.
En el mismo informe la empresa declara que enfrenta cerca de 154,000 demandas por daños a la salud derivados de la exposición de miles de personas al glifosato que está presente en sus herbicidas. Lo mismo sucede con otro activo llamado PCB y en cuyo caso ha pagado millones de dólares en daños y juicios.
Para estas miles de personas cuya actividad productiva depende del maíz nativo, este fallo representa la continuidad de una forma de producción soberana, sustentable y libre de químicos perjudiciales. Este es el caso de decenas de organizaciones campesinas como la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (Unosjo), que desde 1990 ha realizado labores de desarrollo comunitario en las tres regiones de la sierra cuya población también se ubica dentro de las más pobres del país.
Entre 2001 y 2003 la Unosjo <a href="https://www.aacademica.org/eckart.boege/22" target="_blank" rel="noopener">document</a><a href="https://www.aacademica.org/eckart.boege/22">ó</a> la presencia y afectaciones del maíz transgénico en este estado del sur de México. Las afectaciones no sólo atacan al maíz criollo y su consumo, también al resto de cultivos asociados a la milpa, la economía local y, por su puesto, las relaciones intercomunitarias que se van deteriorando conforme avanza la comercialización de este tipo de semillas.
Este fallo también puede generar una oportunidad para subsanar la brecha democrática entre los tratados comerciales, el acceso a la justicia y la reparación de los impactos que ha sufrido el campo mexicano después de <a href="https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/9857e7c6-af5d-46ff-abdc-534aecabdad1/content">4</a><a href="https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/9857e7c6-af5d-46ff-abdc-534aecabdad1/content" target="_blank" rel="noopener">0 años</a> de políticas públicas que sólo han favorecido a los grandes grupos industriales.
Cabe señalar que entonces, y ahora, el consentimiento de las comunidades indígenas y equiparables (OIT 169) siguen siendo un tema ausente en el diseño e implementación de las políticas comerciales en los tres países. Sin la participación de la sociedad civil, de las comunidades y los pueblos en temas de interés común, estas medidas simplemente son acciones unilaterales que, a simple vista constituyen un acto de exclusión y discriminación.
Desde PODER, realizamos una <a href="https://framaforms.org/afectaciones-del-maiz-transgenico-en-mexico-1704473134" target="_blank" rel="noopener">encuesta</a> a 61 personas productoras de maíz nativo sobre los impactos del maíz transgénico en sus comunidades. El 98.3 % identificó claramente que sí hay afectaciones a los derechos humanos y medio ambiente. El 60.6 % se sintieron discriminadas por la importación de maíz transgénico y el 96.7 % piensa que detener esta importación beneficiaría a sus comunidades.
¿Y cómo no va a ser un tema y un acto de interés común tomar en cuenta la opinión de millones de mexicanos cuya alimentación se basa en el maíz criollo? Sin duda, somos lo que comemos. Y la defensa del maíz nativo es fundamental en la preservación de la cultura e identidad de las y los mesoamericanos. Esperamos que en el fallo que toma este panel, se consideren también los criterios antropológicos e históricos ya expuestos. Que el gobierno mexicano tome como propia esta defensa y se protejan los derechos de la población.
<figure id="attachment_1361999" aria-describedby="caption-attachment-1361999" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1361999" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/01/defensa-del-maiz-nativo.jpg" alt="Distintos tipos de maíz nativo mexicano. " width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/01/defensa-del-maiz-nativo.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/01/defensa-del-maiz-nativo-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/01/defensa-del-maiz-nativo-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/01/defensa-del-maiz-nativo-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1361999" class="wp-caption-text">Foto: Unosjo, 2023.</figcaption></figure>
* Óscar Pineda es coordinador de Investigación en PODER.

Momento histórico para la defensa del maíz nativo mexicano frente al T-MEC

Nuestro país es testigo de múltiples casos que perpetúan violaciones a derechos humanos como consecuencia de la actividad empresarial, la cual a pesar de sus impactos al medio ambiente y afectaciones a las <a href="https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/25/politica/exige-etnia-yoreme-cancelar-construccion-de-una-planta-de-amoniaco-en-sinaloa/" target="_blank" rel="noopener">comunidades indígenas</a> y <a href="https://comitescuencariosonora.wordpress.com/2023/05/25/comunidades-afectadas-por-derrame-toxico-de-grupo-mexico-pedimos-a-inversionistas-de-la-empresa-tomar-en-cuenta-informacion-actual-sobre-los-danos-y-pendientes/" target="_blank" rel="noopener">campesinas</a> continúan sin acciones concretas para reparar los daños causados.
México ha ratificado múltiples Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, así como la adopción de los <a href="https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf" target="_blank" rel="noopener">Principios Rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos</a>; sin embargo, ese compromiso internacional no se ha traducido en la armonización del marco jurídico que permita prevenir y mitigar afectaciones a los derechos humanos, incluyendo al medio ambiente sano, así como abordar y reparar las mismas cuando llegan a suceder, y también aplicar sanciones pertinentes y proporcionales por dichos daños.
Con la llegada del  gobierno se anunció la construcción de megaproyectos en el sureste y centro del país, entre ellos están el <a href="https://poderlatam.org/2020/12/el-tren-de-las-elites-empresas-beneficiadas-y-proyectos-energeticos-en-el-sureste-mexicano-2/" target="_blank" rel="noopener">Tren Maya</a>, el <a href="https://poderlatam.org/project/corredor-del-istmo/" target="_blank" rel="noopener">Corredor del Istmo de Tehuantepec </a>y los <a href="https://poderlatam.org/2021/10/la-participacion-de-bonatti-en-el-pim-y-sus-impactos-sociales-ambientales-y-en-ddhh/" target="_blank" rel="noopener">gasoductos de Morelos</a> como insignia del sexenio (2018-2024). En estos grandes proyectos de inversión de capital público y privado nacional e internacional para el supuesto desarrollo de las comunidades ha causado violaciones a derechos humanos y al ambiente de comunidades indígenas y cambios en el uso de la tierra y de los derechos de propiedad, a costa de la vida digna, ecocidio, de la libre determinación, entre otros.
En 2019, se publicó el <a href="https://www.gob.mx/segob/documentos/programa-nacional-de-derechos-humanos-2020-2024" target="_blank" rel="noopener">Programa Nacional de Derechos Humanos</a> que tuvo como objetivo desarrollar una Política Nacional rectora en materia de derechos humanos. En esta se estableció que el gobierno mexicano se comprometía a “Impulsar la debida diligencia en materia de derechos humanos para identificar, prevenir, mitigar y reparar impactos adversos generados por la actividad empresarial pública, privada o mixta, y para propiciar la transparencia y rendición de cuentas en las cadenas de valor”.
No obstante, fue hasta noviembre de 2022 cuando la Secretaría de Gobernación (SEGOB) presentó el “<a href="http://derechoshumanos.gob.mx/work/models/Derechos_Humanos/DGPPDH/Temas/Diagnostico_Completo_EDH.pdf" target="_blank" rel="noopener">Diagnóstico Derechos Humanos y Empresas</a>” sobre el estado del marco jurídico y de políticas públicas sobre empresas y derechos humanos a nivel federal en México de 2019-2022, donde se advierte que es una temática que vincula a la gran mayoría de instancias federales para su atención e implementación.
En 2023, la SEGOB manifestó la intención de publicar una <a href="http://derechoshumanos.gob.mx/es/Derechos_Humanos/11-10-2023" target="_blank" rel="noopener">Política Nacional</a>; a diferencia de otros países de la región, <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> el gobierno mexicano no consolidó un Plan Nacional, apostó por una Política Nacional. Sin embargo, las <a href="https://poderlatam.org/grupo-focal-de-empresas-y-derechos-humanos/" target="_blank" rel="noopener">Organizaciones de la Sociedad Civil expertas</a> manifestamos que el documento intenta abordar algunas situaciones sobre cómo el Estado debe cumplir con su obligación última de proteger y garantizar los derechos humanos, pero también manifestamos preocupación porque no haya estrategias que especifiquen y aclaren las obligaciones de respetar los derechos humanos por parte de las propias empresas, así como de inversionistas institucionales en toda actividad pública, privada y mixta, nacional y transnacional.
Por lo anterior, es fundamental que la Política Nacional atienda a las debilidades de los mecanismos jurisdiccionales para que sean realmente accesibles, predecibles, equitativos, transparentes, compatibles con los derechos, y una fuente de aprendizaje continuo. Lo anterior debe generarse de manera participativa con las personas y comunidades titulares de derechos y su finalidad será que, a partir de ello, se logre un acceso a la justicia, verdad y reparación acorde a los estándares internacionales para que de manera integral se logre la restitución, no repetición, indemnización, rehabilitación y satisfacción de las víctimas o personas y grupos afectados.
Una Política Nacional deberá establecer un marco normativo y acciones concretas para enfrentar los desafíos y lograr cambios positivos, así como su capacidad para generar un impacto social a través de estrategias bien diseñadas y ejecutadas. En ese sentido, ese primer paso que está por dar la SEGOB con la emisión de una Política de Derechos Humanos y Empresas debe abordar las causas de la captura corporativa y la impunidad empresarial, identificando en la estructura de la administración pública las instancias a cargo de prevenir, mitigar y reparar las violaciones a derechos humanos y ambiente.
La Secretaría de Gobernación está avanzando en desarrollar dicha <a href="http://derechoshumanos.gob.mx/es/Derechos_Humanos/11-10-2023" target="_blank" rel="noopener">Política Nacional </a>con un carácter transexenal, que permita la colocación del tema en la agenda pública como una política de Estado, para asegurar su continuidad en el tiempo, que permita la construcción de capacidades en la Administración Pública Federal, que aborde la problemática de las violaciones a los derechos humanos y la impunidad por la actividad empresarial y las empresas estatales, privadas y mixtas.
Desde las Organizaciones de la Sociedad Civil estaremos a la espera del contenido del documento, las estrategias de implementación y una definición clara sobre la coordinación interinstitucional. Ante tales circunstancias, los organismos de la Administración Pública Federal deberán actualizar su normatividad con el fin de que les permita tener atribuciones para su cumplimiento y asumir un compromiso institucional que les permita impulsar al interior una perspectiva de debida diligencia.
Finalmente, se deberán continuar las acciones reales para avanzar en la protección y garantía de los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales, asumir un compromiso con la implementación, además que cuente con una perspectiva de género, interseccional, pertinencia cultural y un enfoque comunitario. Desde las organizaciones nos mantendremos vigilantes y con una exigencia clara ¡Sin las comunidades y las víctimas en el centro no se avanzará!
* Zúe Valenzuela es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara y maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana, actualmente se desempeña como Oficial de Vinculación Estratégica e Incidencia en <a href="https://poderlatam.org/" target="_blank" rel="noopener">PODER</a>.
&nbsp;
<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Perú adoptó su primer Plan el 9 de junio de 2021; Colombia adoptó la segunda versión de su PAN el 10 de diciembre de 2020;  Chile adoptó su segundo PAN en marzo de 2022.  Los gobiernos de Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, y México han manifestado el compromiso de elaborar un PAN y se encuentran en distintas etapas de desarrollo.

Más allá de una política pública, México debe garantizar los derechos humanos frente a las empresas

México debe garantizar los derechos humanos frente a las empresas

Por generaciones, buena parte de la población del norte de Chiapas ha practicado la agricultura y la ganadería para generar su sustento. Entre las comunidades locales se encuentran miles de zoques, el pueblo indígena más representativo en los municipios de la región. Desde el punto de vista ambiental, la zona norte se caracteriza por la presencia de abundantes fuentes de agua, en cuyas tierras altas persiste un ecosistema al que se le conoce como Selva Negra. Para la región, se vislumbran los riesgos inherentes a la minería metálica que son principalmente sociales, ambientales, políticos, económicos y culturales.
De acuerdo con la colectiva Cambiémosla Ya, el <a href="https://mx.boell.org/es/2023/01/10/mineria-canadiense-en-mexico-quien-se-ha-beneficiado-de-la-relacion-bilateral">63.4 %</a> de las empresas mineras que operan en territorio nacional son de origen canadiense, y este no es un dato menor. La dinámica de las empresas mineras junior sigue la ruta de la especulación financiera a partir de bajos costos de inversión y la promesa de la riqueza del subsuelo mexicano. Una vez que se calcula el monto de producción, se suman los gastos de gestión y el costo de las acciones bursátiles para asignar una cifra de venta de la concesión. Aquí está la plusvalía.
Datos actualizados de la cartografía de concesiones mineras de la Secretaría de Economía reflejan que están vigentes nueve concesiones sobre el territorio de la región. En total, los polígonos de las concesiones mineras afectan una superficie de <a href="https://portalags1.economia.gob.mx/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=1f22ba130b0e40d888bfc3b7fb5d3b1b" target="_blank" rel="noopener">28,482</a> hectáreas, sobre los territorios de los municipios de Chapultenango, Ixhuatán, Ixtacomitán, Ocotepec, Pantepec, Rayón, Solosuchiapa, Tapalapa y Tapilula. Tres empresas mineras son titulares de las concesiones: la canadiense Fortune Bay; Frisco de Grupo Carso y Peñoles del Grupo Baillères.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1347454" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/11/mineras-canadienses.jpg" alt="Cartografía de concesiones mineras de la Secretaría de Economía." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/11/mineras-canadienses.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/11/mineras-canadienses-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/11/mineras-canadienses-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/11/mineras-canadienses-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
En mayo del presente año, el CEO de la minera canadiense Fortune Bay, Dale Verran, arribó al municipio de Tapilula, en el norte de Chiapas, en donde sostuvo reuniones con autoridades locales para reactivar el proyecto minero “<a href="https://fortunebaycorp.com/projects/ixhuatan-copper-gold-project/" target="_blank" rel="noopener">Ixhuatán</a>”. El siguiente paso para Fortune Bay es generar acuerdos con las localidades para seguir explorando durante 2024 y 2025. El título de concesión minera 236835, cuya vigencia es hasta 2051, cuenta con una superficie de 4,176 hectáreas donde yacen cerca de un millón de onzas de oro y 4.4 millones de plata.
El entramado minero es complejo y difícil de monitorear por parte de la sociedad civil en México. Como ejemplo tenemos que esta concesión (hoy propiedad de Fortune Bay) fue promovida en el año 2000 por MIM México, S. A. de C.V. subsidiaria mexicana de Mount Isa Mines (a su vez, subsidiaria de la empresa suiza Glencore). En 2004, MIM transfiere los derechos a Linear Gold S. A. de C.V. (subsidiaria mexicana de la minera canadiense Linear Gold Corporation), la cual opera la concesión a través de su subsidiaria Servicios Ixhuatán S. A. de C.V. hasta 2007, año en que Linear Gold firma un <a href="https://s2.q4cdn.com/496390694/files/doc_news/2007/090607_linear-gold-and-kinross-agree-to-partner-on-the-ixuatan-project.pdf" target="_blank" rel="noopener">acuerdo</a> con la también canadiense Kinross Gold Corporation (con promesa de compra del 70 % de la concesión). Recientemente Fortune Bay ha iniciado una campaña de promoción del proyecto minero para atraer más inversión.
A través del informe técnico <a href="https://fortunebaycorp.com/files/NI_43-101_2011_Summary_Report.pdf" target="_blank" rel="noopener">NI43-101</a> promovido por la empresa canadiense Cangold Limited, Fortune Bay presenta datos de geología que obtuvo después de haber hecho 342 perforaciones (barrenos), cuya longitud acumulada alcanza los 89 kilómetros de longitud entre los años 2004 y 2011. El proyecto consta de 6 secciones y su área de influencia abarca los municipios de Chapultenango, Ixhuatán, Pantepec, Tapalapa y Tapilula.
Tanto <a href="https://www.lineargoldcorp.com/about/" target="_blank" rel="noopener">Linear Gold</a> como <a href="https://www.fortunebaycorp.com/about/board-of-directors/" target="_blank" rel="noopener">Fortune Bay</a> son controladas por el empresario canadiense Wade Kevin Dawe, quien también posee acciones sobre las mineras <a href="https://briguscapital.com/about/" target="_blank" rel="noopener">Brigus Gold</a> y Cangold. En este mismo entramado aparecen fondos de inversión como <a href="https://www.blackrock.com/ca/investors/en/literature/quarterly-portfolio-disclosure/qpd-xgd-en-ca.pdf" target="_blank" rel="noopener">BlackRock</a>, <a href="https://personal.vanguard.com/us/FundsAllHoldings?FundId=0934&amp;FundIntExt=INT&amp;tableName=Equity&amp;tableIndex=0&amp;sort=SHARES&amp;sortOrder=web.funds.profile.view.FundsAllHoldingsSort$SortOrder@39613e&amp;APP=PE" target="_blank" rel="noopener">Vanguard</a> Group, <a href="https://www.vaneck.com/dk/en/investments/junior-gold-miners-etf/downloads/holdings/" target="_blank" rel="noopener">VanEck</a> Associates Corporation, cuyas prácticas de transparencia y rendición de cuentas son de igual forma opacas e inaccesibles, ya que mucha de esta información sólo se puede ver en idioma inglés y mediante plataformas especializadas, muchas de ellas de acceso restringido.
El método de la opacidad y la especulación no pueden llevar a ningún modelo sustentable. Las autoridades mexicanas, las empresas mineras y las instituciones financieras (fondos de inversión, bancos, etc.) tienen que garantizar el respeto a los derechos humanos de las comunidades, y un paso importante para ello es la transparencia efectiva, no sólo nominal. Hablar de participación ciudadana y régimen democrático también requiere superar la brecha de la información oportuna, veraz y accesible para toda la ciudadanía, y en particular a las comunidades afectadas, en este caso, al pueblo zoque.
<a href="https://twitter.com/PODERlatam" target="_blank" rel="noopener">@PoderLATAM</a>

El método minero canadiense: opacidad, especulación y división

El 6 de agosto de 2014 Buenavista del Cobre, una mina de Grupo México y la tercera productora de cobre en el mundo, derramó 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado a los ríos Sonora y Bacanuchi. El derrame de tóxicos se extendió por más de 250 kilómetros y afectó a más de 22 mil personas. Según las autoridades de ese entonces este fue “el peor desastre ambiental de la historia de la minería en México”. El derrame cambió para siempre la vida de las comunidades asentadas en la cuenca del Río Sonora. <a href="https://comitescuencariosonora.wordpress.com/2023/08/06/nueve-anos-sin-justicia-en-el-rio-sonora/" target="_blank" rel="noopener">Las personas afectadas por el derrame, organizadas en los Comité de Cuenca Río Sonora (CCRS), denuncian que a pesar de las afectaciones a más de 9 años no ha habido reparación integral, ni justicia</a>.
El pasado 28 de septiembre, la SEMARNAT presentó el <a href="https://www.gob.mx/semarnat/documentos/dictamen-diagnostico-ambiental-rio-sonora?state=published" target="_blank" rel="noopener">Dictamen de Diagnóstico Ambiental Río Sonora</a>, que muestra los resultados del monitoreo de suelo, aire, biota, agua y sedimentos que realizaron el año pasado el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) en los municipios afectados por el derrame.
El <a href="https://poderlatam.org/2023/09/SEMARNAT-reconoce-responsabilidad-de-grupo-mexico-por-contaminacion-en-rio-sonora/" target="_blank" rel="noopener">dictamen</a> afirma que:
1. La contaminación crónica del suelo, aire y agua es producto tanto del derrame de 2014 en los Ríos Sonora y Bacanuchi, como de la actividad minera de Buenavista del Cobre, de Grupo México.
2. El derrame no fue un accidente, sino que fue causado por un mal y deficiente diseño hidrológico del sistema Tinajas 1 de la empresa.
3. Hay sobreexplotación muy grave de los mantos acuíferos en la zona atribuible a la extracción extensiva de cobre. Hay acaparamiento de grandes cantidades de agua por parte de la empresa y hay limitaciones de acceso al agua para la población y las actividades agropecuarias.
4. Los metales encontrados en los muestreos realizados por IMTA e INECC, en conjunto con los CCRS, rebasan los valores permitidos por normas nacionales e internacionales. Se encontró mercurio en agua, aire y suelo que excede los valores recomendados. El mercurio no es un elemento que se encuentre en la geología natural de la zona, sino que proviene de la actividad minera y llega hasta la presa El Molinito, fuente de agua de Hermosillo.
5. La SEMARNAT no acepta el cierre del Fideicomiso Río Sonora (FRS) porque no ha habido justicia ni remediación ambiental.
6. Según los cálculos realizados por el INECC el costo total del impacto por el derrame tóxico asciende a 20 mil 508 millones de pesos.
En PODER, junto con los CCRS, desde hace 9 años venimos investigando el caso del derrame en el Río Sonora, analizándolo como un ejemplo más de la captura corporativa del Estado que permite que las comunidades afectadas sigan consumiendo agua envenenada y padeciendo cada vez más enfermedades. La captura corporativa del Estado sucede cuando grupos empresariales privados como Grupo México influencian de manera indebida la toma de decisiones públicas para su propio interés, generando impactos y abusos a los derechos humanos. En el caso que nos ocupa estas prácticas han sido reconocidas por las propias autoridades que están atendiendo las afectaciones del derrame. En <a href="https://www.youtube.com/watch?v=BP1CG1hS9Eo" target="_blank" rel="noopener">conferencia mañanera el día jueves 12 de octubre</a>, la secretaria de Medio Ambiente María Luisa Albores mostró que la falta de atención o la mala atención al tema del agua fue responsabilidad de funcionarios de la CONAGUA de Sonora que ahora trabajan para Grupo México (intervención a las 2:49:43).
<iframe loading="lazy" title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/BP1CG1hS9Eo?si=DFio5YH_5rxKmlFn" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>
También el <a href="https://twitter.com/GobiernoMX/status/1712861597247459638/photo/1" target="_blank" rel="noopener">Gobierno de México afirma que Grupo México, en contubernio con SEMARNAT del sexenio anterior, afectó a comunidades de 8 municipios</a>, no cumplió los compromisos de remediación ambiental y que se ha comprobado que el aire, el suelo y la biota están contaminados con metales que rebasan los valores permitidos.
Por esta razón la <a href="https://www.gob.mx/semarnat/prensa/la-semarnat-reitera-que-el-derrame-ocurrido-en-el-rio-sonora-fue-por-negligencia-de-grupo-mexico?idiom=es" target="_blank" rel="noopener">SEMARNAT decidió proceder legalmente contra Grupo México</a>, presentando ante la Fiscalía General de la República el 17 de agosto de 2023 una “denuncia penal en contra de Mexicana de Cananea, Buenavista del Cobre, Operadora de Minas e Instalaciones Mineras y/o quienes derivado de los actos de investigación resulten responsables por el derrame de 40,000 m3 de sulfato de cobre acidulado, hierro, aluminio, cadmio, cromo, magnesio, plomo, arsénico y vanadio en los afluentes que se conectan con el Río Sonora”.
Es la primera vez, en más de 9 años, que se abre una posibilidad de fincar responsabilidad penal a la empresa. Si bien la demanda penal es un primer paso para que las personas afectadas por el derrame accedan a la justicia, tener que esperar 9 años para que esto ocurra no es esperanzador. Además, si bien ha habido compromisos por parte del ejecutivo federal, ya van 5 años de este sexenio y las acciones han sido demasiado lentas. En estos años las personas afectadas han continuado consumiendo agua contaminada con metales que son bioacumulables, lo que ha incrementado las afectaciones a la salud en la región.
No es aceptable que funcionarios y funcionarias se escuden en que sus tareas son difíciles o que la coordinación entre autoridades es tardada para justificar la inacción para garantizar atención médica urgente y agua potable de calidad, como se escuchó en la reunión que se sostuvo entre autoridades y comunidades afectadas el pasado viernes 13 de octubre. Tampoco es aceptable justificar que desde PROFEPA no se ha procedido a atender y dar cumplimiento a una sentencia de la SCJN porque la resolución que deben emitir se tiene que fundar y motivar, cuando la reunión pública de información sobre este tema se ha realizado hace más de dos años.
Desde las comunidades afectadas organizadas en los CCRS la demanda es clara: para terminar de una vez por todas con la captura del Estado por parte de empresas como Grupo México, ésta debe hacerse responsable ya del pago de la reparación de los daños; urge que PROFEPA proceda contra la empresa y que el juzgado exija a la empresa que conforme el comité técnico del fideicomiso y reintegre los fondos.
CONAGUA, COFEPRIS y SEMARNAT deben garantizar agua limpia y atención a la salud con celeridad. Su lentitud e inoperancia está dejando que las personas del río Sonora continúen enfermando y su condición de salud empeore día a día. La captura corporativa no se combate con buenas intenciones ¿cuándo beberemos agua sin tóxicos en el Río Sonora?
* María Julieta Lamberti es directora de Investigación de <a href="https://twitter.com/PODERlatam" target="_blank" rel="noopener">@PODERlatam</a>.

¿Cuándo beberán agua sin tóxicos en el Río Sonora?

El Tren Maya (TM) es un megaproyecto del gobierno federal que se extenderá unos 1 554 kilómetros e incluirá 22 estaciones y 16 paraderos a través de cinco estados del sureste mexicano: Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. La administración, operación y explotación del TM estará a cargo del ejército mexicano mediante la empresa Tren Maya S.A. de C.V., una empresa de propiedad estatal en la que el <a href="https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5649070&amp;fecha=13/04/2022#gsc.tab=0" target="_blank" rel="noopener">99 % de las acciones corresponden a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y el 1 % restante al Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.</a> <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> El 4 de septiembre de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la transición de la obra Tren Maya de FONATUR a la empresa Tren Maya S.A. de C.V. <a href="https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2023/9/4/amlo-formaliza-la-entrega-del-tren-maya-la-sedena-314171.html" target="_blank" rel="noopener">para que sea la SEDENA quien ejerza control y la administre en su totalidad</a>. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> A su vez, el Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V., empresa de propiedad estatal (bajo el mismo esquema accionario que la anterior) detentará el control de Tren Maya S.A. de C.V.
<h2>Contrataciones en torno al proyecto</h2>
La coordinación de la construcción del TM ha recaído en el <a href="https://poderlatam.org/tren-maya/#/contratos/" target="_blank" rel="noopener">Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR)</a>, encargado de la contratación de las empresas que realizan los trabajos de diseño, construcción y rehabilitación de la vía férrea, ampliación de carreteras, material rodante, entre otros. Cuatrocientos contratos por más de 143 mil millones de pesos se han adjudicado en torno al Tren Maya por parte de FONATUR, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Gobernación y el Instituto de Ecología (INECOL) con empresas de propiedad privada y entes públicos como la SEDENA, encargada de la construcción de los tramos 5, 6 y 7. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a>
Treinta contratos concentran más del 90 por ciento del monto total del proyecto, con 25 empresas entre nacionales y extranjeras de países como Francia, Alemania, España, Japón, China, Portugal y Canadá. Destaca el contrato obtenido por Alstom Transport México y Bombardier Transportation México, S.A. de C.V. ambas subsidiarias de la francesa Alstom S. A.,<a style="color: #0000ff;" href="#_ftn4" name="_ftnref4"> 4</a> por más de 31 mil millones de pesos para la obtención de material rodante y sistemas ferroviarios. También destaca el contrato por más de 13 mil millones de pesos otorgado al consorcio conformado por la portuguesa Mota-Engil y una de las constructoras más grandes del mundo, la China Communications Constructions Company (CCCC), que a su vez posee alrededor del 32% de las acciones de Mota-Engil. Asimismo, la portuguesa obtuvo otros dos contratos por adjudicación directa para construcción de la plataforma y vía del Tren Maya entre la localidad de Chiná y Campo de Tiro en el estado de Campeche por más de 4 mil millones de pesos.
Además, <a href="https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/toolkit/opportunity/ns/2151389/detail.si?isOnModification=false&amp;_ncp=1693589160343.1908514-2#fh" target="_blank" rel="noopener">la Secretaría de Marina adjudicó de manera directa un contrato por más de 10 mil millones de pesos a Mota-Engil</a> para la rehabilitación de 310 kilómetros de vía férrea de la línea FA del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec que va de Coatzacoalcos a Palenque. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a> Este tramo es clave en la articulación del Tren Maya con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT). La e<a href="https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1907613" target="_blank" rel="noopener">mpresa de origen chino Angang Group International Panzhihua, Co. LTD</a>, subsidiaria de Ansteel Group Corporation Limited, es otra de las empresas propiedad del Estado chino enfocada en la producción del acero, con adjudicaciones, junto con Asimex del Caribe S.A. de C.V., por un poco más de 1 600 millones de pesos. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn6" name="_ftnref6">6</a>
<h2>El Tren Maya y los derechos humanos</h2>
Aunque desde el gobierno federal se afirme que el TM no es un proyecto que beneficie a actores corporativos privados, en el desarrollo y construcción del proyecto han estado involucradas un número considerable de empresas, lo que aumentó el riesgo de vulneración a los derechos humanos de las personas trabajadoras y las que habitan los territorios de influencia del proyecto. De hecho, habitantes de la región, comunidades y organizaciones de base <a href="https://www.cemda.org.mx/6-mil-659-hectareas-de-selva-deforestadas-por-la-construccion-del-tren-maya-87-sin-autorizacion-de-cambio-de-uso-de-suelo-forestal/" target="_blank" rel="noopener">han reportado daños al medio ambiente, depredación de la selva</a> y afectaciones a los <a href="https://desinformemonos.org/wp-content/uploads/2020/10/Pronunciamiento-CRIPX-septiembre-2020-1.pdf" target="_blank" rel="noopener">derechos humanos</a>. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn7" name="_ftnref7">7</a> <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn8" name="_ftnref8">8</a> Desde 2021, ejidatarios de Campeche denunciaron a la empresa Barrientos y Asociados ByA, por haber realizado actos de hostigamiento, extorsión, fraude y violaciones a sus derechos humanos. <a href="#_ftn9" name="_ftnref9">9</a> <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn10" name="_ftnref10">10</a>
En 2020 diversas Relatorías Especiales de las Naciones Unidas expresaron su grave preocupación por el impacto del proyecto en los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn11" name="_ftnref11">11</a> Si bien la Misión Permanente de México ante los organismos internacionales en Ginebra envió una respuesta reiterando la información oficial del proyecto, ésta no disipó la preocupación expresada. Incluso en diciembre de 2022, otra comunicación fue enviada a México por distintas Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo de expertas y expertos sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la que se reiteraron preocupaciones por los derechos de los pueblos indígenas, comunidades, personas defensoras, la implicación del ejército en el proyecto, así como la falta de debida diligencia en materia de derechos humanos. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn12" name="_ftnref12">12</a>
En este sentido, es deber del Estado, de acuerdo con los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, ejercer una supervisión adecuada con vistas a cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos cuando contratan los servicios de empresas. <a href="#_ftn13" name="_ftnref13">13</a> El cumplimiento adecuado de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos y la implementación de medidas de debida diligencia podría prevenir los abusos empresariales.
Para este artículo se consultó a las entidades contratantes mediante solicitud de información pública para conocer la manera en la que se cumple con la debida diligencia en derechos humanos en torno a la construcción del Tren Maya. La respuesta da cuenta de la confusión que existe, toda vez que asegura que dada la naturaleza no vinculante de los Principios Rectores, éstos “sólo son modelos a seguir” (solicitud 330014823000284). Además señala que el cumplimiento de los mismos se refleja en los procesos de contratación realizados por haber estado apegados a la legislación interna. Lo anterior da cuenta de los principales obstáculos que enfrenta el Estado mexicano para avanzar en el fortalecimiento e incorporación de los estándares internacionales a sus procedimientos internos.
La debida diligencia empresarial, por ejemplo en cuanto a riesgos financieros, no debe confundirse con la diligencia debida en materia de derechos humanos. Esta última, de manera muy particular, debe identificar, prevenir, mitigar y responder por las consecuencias negativas de las actividades sobre los derechos humanos. El Estado debería “enunciar claramente que se espera de todas las empresas domiciliadas en su territorio y/o jurisdicción que respeten los derechos humanos en todas sus actividades” (Principio 2). Es fundamental incluir una evaluación de las consecuencias negativas que la empresa haya provocado o contribuido a provocar a través de sus propias actividades; ésta variará de complejidad en función del tamaño de la empresa, el riesgo de las consecuencias negativas y el contexto de sus operaciones; y, debe ser un proceso continuo pues los riesgos cambian en función del contexto operacional de las empresas (Principio 17).
La ausencia de medidas específicas para garantizar que las empresas involucradas en el Tren Maya cumplan con su obligación de respetar los derechos humanos y reparar los daños cuando los vulneren, eleva el riesgo de que ocurran, pero sobre todo refleja una constante en la realización de megaproyectos: los derechos humanos permanecen por debajo de los intereses empresariales.
* Daniel Castrejón Olvera es internacionalista e investigador en temas de empresas y derechos humanos en <a href="https://twitter.com/PODERlatam" target="_blank" rel="noopener">@PODERlatam</a>.
&nbsp;
&nbsp;
<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Diario Oficial de la Federación, <a href="https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5649070&amp;fecha=13/04/2022#gsc.tab=0" target="_blank" rel="noopener">RESOLUCIÓN</a> por la que se autoriza la constitución de una Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Tren Maya, S. A. de C. V., misma que estará agrupada en el sector coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Proceso. Disponible <a href="https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2023/9/4/amlo-formaliza-la-entrega-del-tren-maya-la-sedena-314171.html" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Consulte los contratos <a href="https://poderlatam.org/tren-maya/#/contratos/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> En enero de 2021 se consolidó la compra del negocio de transportación de Bombardier Inc. por Alstom SA.
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">5</a> SHCP, Compranet. Disponible <a href="https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/toolkit/opportunity/ns/2151389/detail.si?isOnModification=false&amp;_ncp=1693589160343.1908514-2#fh" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref6" name="_ftn6">6</a> SHCP, Compranet. Disponible <a href="https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1907613" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref7" name="_ftn7">7</a> Cemda. Disponible <a href="https://www.cemda.org.mx/6-mil-659-hectareas-de-selva-deforestadas-por-la-construccion-del-tren-maya-87-sin-autorizacion-de-cambio-de-uso-de-suelo-forestal/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref8" name="_ftn8">8</a> Desinformenonos. Disponible <a href="https://desinformemonos.org/wp-content/uploads/2020/10/Pronunciamiento-CRIPX-septiembre-2020-1.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí.</a>
<a href="#_ftnref9" name="_ftn9">9</a> La Jornada Maya. Disponible <a href="https://www.lajornadamaya.mx/campeche/171400/ejidatarios-de-campeche-denuncian-empresa-relacionada-con-tren-maya" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref10" name="_ftn10">10</a> Disponible <a href="https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1718073" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref11" name="_ftn11">11</a> Disponible <a href="https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25562" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref12" name="_ftn12">12</a> OACNUDH. Disponible <a href="https://hchr.org.mx/comunicados/mexico-el-gobierno-y-las-empresas-deben-abordar-los-impactos-negativos-del-proyecto-tren-maya-dicen-expertas-y-expertos-de-la-onu/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref13" name="_ftn13">13</a> OACNUDH. Disponible <a href="https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

Tren Maya: la debida diligencia en materia de derechos humanos

El pasado 6 de agosto se cumplieron 9 años de impunidad del peor desastre ambiental en la historia de la minería en México, <a href="https://poderlatam.org/project/campana-rio-sonora/" target="_blank" rel="noopener">un derrame de lixiviados de cobre ocasionado por la mina Buenavista del Cobre de Grupo México en los ríos Sonora y Bacanuchi</a>, que afectó a más de 22,000 personas. <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> Los <a href="https://comitescuencariosonora.wordpress.com/" target="_blank" rel="noopener">Comités de Cuenca </a><a href="https://comitescuencariosonora.wordpress.com/" target="_blank" rel="noopener">Río Sonora (CCRS)</a> denuncian que <a href="https://poderlatam.org/2023/07/no-hubo-remediacion-por-derrame-toxico-en-el-rio-sonora-dggimar/" target="_blank" rel="noopener">la remediación en el río no ha ocurrido</a>, como lo demostró el más reciente resolutivo de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por lo que el cierre del Fideicomiso Río Sonora no tuvo justificación. En estos 9 años las comunidades del río no han recibido la atención que requieren para remediar los daños en su salud y en su territorio. Las autoridades no han mostrado interés o coordinación adecuada para garantizar que las personas afectadas dispongan de servicios de salud o monitoreo constante de la calidad del agua y la empresa responsable del derrame sigue operando en la impunidad.
Los CCRS llevan 9 años luchando y exigiendo justicia, remediación proporcional a la afectación y garantías de no repetición. Son personas que habitan los 8 municipios por los que atraviesa el río Sonora. En el río se vive en riesgo constante de sufrir graves enfermedades, todas las formas de relacionarse con el agua han cambiado, no se tiene claridad sobre el futuro. Los CCRS ya no quieren seguir asumiendo los costos que le corresponde a la empresa asumir. El gobierno y la empresa siguen en deuda, es por ello que los CCRS hacen <a href="https://poderlatam.org/2023/08/nueve-anos-sin-justicia-en-rio-sonora/" target="_blank" rel="noopener">9 demandas</a> exigiendo que: 1) las plantas potabilizadoras operen en su totalidad, 2) abran centros toxicológicos para el monitoreo de la salud, 3) se proteja la salud de las infancias, 4) el plan de justicia sea transexenal, 5) la remediación sea real, 6) se implemente el monitoreo constante de la calidad del agua, 7) se atiendan las irregularidades de la nueva presa de jales de la mina Buenavista del Cobre de Grupo México, 8) se implemente un sistema de alerta ante posibles derrames, y 9) se restituya el Fideicomiso.
Durante la conmemoración de los 9 años del derrame, los CCRS invitaron a otros colectivos y organizaciones a reflexionar sobre el agua, la vida y el territorio. En el evento “Por la vida y el agua del río Sonora” organizado por los CCRS en colaboración con la Universidad de Sonora (Unison) y el Colegio de Sonora (Colson), se desarrolló la mesa de trabajo “Experiencias del Territorio” sobre los movimientos de defensa en México. En la mesa participaron Martha Patricia Velarde de los CCRS, Lucio Romano del Colectivo Regional en Defensa de los Bosques y el Territorio de la Sierra Norte de Puebla y Sandra Elena Neyoy Mumulmea del Grupo Étnico Indígena Mayo o Yoreme del sur de Sonora. Este espacio permitió compartir experiencias y reflexiones entre las que se encontraron ideas y pensamientos, algunas de los cuáles son: a) el reconocimiento de que los movimientos de defensa luchan por la vida y en contra de la desesperanza, y que tienen una necesidad latente de darle la vuelta a la verdad que los oprime; b) que para que un movimiento perdure en el tiempo hace falta organización, no dejar de insistir, tener momentos de capacitación y crear alianzas, y c) en ocasiones los movimientos de defensa se convierten en referentes para otras luchas, pero la mayor parte del tiempo no son reconocidos por las autoridades.
También sobre los proyectos extractivos se afirmó que la falta de información sobre éstos hace más débiles a los movimientos de defensa o los pone en desventaja, haciendo asimétrica la relación con las empresas. Dichos proyectos llegan sin consulta ni el consentimiento de las comunidades por lo que se hace difícil generar estrategias para dar seguimiento a las actividades de las empresas.
Además, se identificaron algunos aspectos para contrarrestar el desequilibrio de poder que hay entre las comunidades y las empresas. Por un lado, es importante analizar las alianzas políticas locales, la orientación política de los funcionarios y entender los modelos de desarrollo. Por otro lado, las herramientas jurídicas con las que cuentan las comunidades son pocas y la justicia no es equilibrada, como en el caso del amparo. Éste requiere de mucho conocimiento y el acompañamiento de otras organizaciones, pero cuando una comunidad decide interponer un amparo es porque ya dimensionó el tamaño del problema y entiende que ceder ante los intereses de las empresas puede representar perder el territorio, la cultura y el futuro.
La mesa concluyó que los derechos humanos no se gozan solo por existir marcos legales o porque México suscriba tratados internacionales. Los derechos deben poder ejercerse en la práctica, fortaleciendo el consentimiento comunitario y marcando la pauta para que el gobierno y las empresas no puedan violentarlos. Sin olvidar que, los movimientos de defensa y las redes de apoyo que los acompañan pueden incidir en que las comunidades se acerquen al pleno goce de sus derechos. Finalizaron afirmando que lo que se quiere es recuperar sus vidas y sus territorios.
Los Comités de Cuenca Río Sonora son un movimiento social de personas afectadas por el derrame de solución de cobre acidulada proveniente de la mina Buenavista del Cobre. SA de CV, de Grupo México en 2014. Están conformados por habitantes de los municipios: Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora, Ures y Hermosillo rural.
El Colectivo Regional en Defensa de los Bosques y el Territorio de la Sierra Norte de Puebla está conformado por defensoras y defensores de los bosques representantes de 19 ejidos de la Sierra Norte de Puebla; son comunidades forestales con más de 40 años de experiencia en el manejo forestal comunitario. Los ejidos que lo conforman viven problemáticas relacionadas con la minería, los incendios y la tala ilegal. El ejido de Tecoltemi, que forma parte del colectivo, es una comunidad agraria afectada por el proyecto de Minera Gorrión de la empresa canadiense Almaden Minerals. Esta empresa perdió la titularidad de las concesiones mineras con las que contaba para el desarrollo de su proyecto como resultado del amparo interpuesto por las autoridades del dicho ejido.
* Martha Patricia Velarde es integrante de los Comités de Cuenca Río Sonora, Lucio Romano es defensor en el Colectivo de Defensa de los Bosques y el Territorio de la Sierra Norte de Puebla y Samantha Camacho es investigadora en PODER.
&nbsp;
<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Más información sobre el derrame en el Río Sonora, <a href="https://poderlatam.org/project/campana-rio-sonora/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

Nueve años de impunidad en el río Sonora: compartiendo experiencias de lucha

Nueve años de impunidad en el río Sonora

La transparencia es un principio fundamental del derecho a la información y un valor para la vida democrática; sin embargo, enfrenta retos importantes en torno a las industrias extractivas en México, especialmente en el sector de la minería. Prueba de ello es el desempeño mostrado en la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en inglés), un estándar internacional del que México forma parte desde 2017, y el cual promueve la divulgación de información sobre minería e hidrocarburos en los más de 50 países miembros.
Durante el 2022, el Consejo de EITI evaluó tres aspectos esenciales del estándar en México: la participación de las partes interesadas (empresas, gobierno y sociedad civil), la transparencia y los resultados e impactos. Tras casi seis años en los que México ha implementado el estándar y divulgado cuatro informes, la evaluación arrojó una calificación general de 49.5 / 100 puntos, lo que provocó la suspensión temporal de México de dicha iniciativa por considerarse un puntaje bajo.[1]
En la evaluación se señalan avances en la información exigida, pero destaca que el progreso en minería estuvo por debajo de los avances en el sector de petróleo y el gas.[2] Algunas falencias en el sector minero se refieren a la falta de desagregación de información en los ingresos por proyecto (requisito 4.7) y la escasa transparencia en cuanto a los permisos y las concesiones, lo que impide identificar el número de concesiones transferidas y las fechas de su vencimiento.[3] En general, la información medioambiental, la identidad de las personas dueñas últimas de las empresas (Beneficiarios Finales) o la información cualitativa sobre los impactos de sus actividades en los derechos de las mujeres ha sido mínima y no ha tenido un avance progresivo, ni significativo. La evaluación también reconoce que el espacio cívico en torno a la gobernanza de los recursos naturales se ha visto reducido en los últimos años.
<h2>¿De qué manera se pueden explicar los bajos niveles de transparencia en el sector de la minería en nuestro país?</h2>
Resultaría insuficiente acusar falta de voluntad de ciertas empresas o de un gobierno en particular. El resultado de la validación EITI, aunado a otros aspectos documentados por distintas organizaciones de sociedad civil sobre la falta de transparencia, por ejemplo, respecto al Fondo Minero o las deducciones y devoluciones fiscales, devela un problema de carácter estructural.
En México uno de los aspectos centrales es el marco jurídico que regula la minería y que durante más de tres décadas ha inclinado la balanza en favor de los intereses empresariales y la explotación a gran escala de los bienes naturales. La Ley Minera de 1992 le otorgaba el carácter preferente por encima de cualquier otra actividad, excluyendo a las comunidades de hacer uso de la tierra y el territorio; por el contrario, entregaba concesiones hasta por cien años sin la necesidad de consultar a las comunidades afectadas, ni cumplir con estudios previos o planes de cierre de minas una vez concluidas sus operaciones. Esa ley generó un vacío en cuanto a mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en temas como medidas de remediación y reparación por contaminación, lo que ha provocado la vulneración de los derechos de acceso a la justicia, la reparación y la no repetición.[4]
Las instituciones que forman parte del marco regulatorio de la minería han operado con una visión enfocada en promover el crecimiento del sector más que ser un agente regulador que vele por el desarrollo sostenible y respetuoso de los derechos humanos. No es casual que tras casi 12 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos en 2011, la Ley Minera y su reglamento continuaron sin modificaciones sustanciales para ser armonizadas al marco constitucional.
Esta situación ha dado pie a un sector altamente blindado en temas de transparencia y rendición de cuentas y está vinculado con el carácter estratégico que tienen los bienes naturales en los intereses del capital y se encuentra reforzado por el secreto fiscal, bancario e industrial. Recientemente<a href="https://poderlatam.org/" target="_blank" rel="noopener"> PODER</a> publicó un informe que analiza el fenómeno de la captura del Estado en América Latina. En ese estudio diversos actores coincidieron en que las élites corporativas enfocadas en la explotación de los recursos naturales tienden a incidir en mayor medida en el diseño de las legislaciones, las políticas públicas y los marcos regulatorios a través del cabildeo y la conformación de grupos empresariales altamente influyentes en las decisiones políticas (Consejos de negocios y/o cámaras empresariales y gremiales). Además, se observaron estrategias mediante las cuales ex colaboradores de empresas ocupan cargos en organismos públicos con la finalidad de promover sus propios sectores, mejor conocidas como puertas giratorias.[5]
Lo anterior ocurre en distintos países en menor o mayor medida y tiene la finalidad de asegurar los recursos naturales necesarios para el modelo extractivista. Un modelo que, además de la devastación y afectaciones medioambientales, ha traído como consecuencia que las personas defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente continúen siendo objeto de ataques. Tan sólo en 2022, de acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA), tuvieron lugar 197 eventos de agresión, de los cuales el porcentaje más alto ocurrió en el contexto de las actividades mineras.[6]
La más reciente reforma a la Ley Minera (ahora renombrada Ley de Minería) ha visto la interferencia del sector empresarial que recurrió al cabildeo para evitar que se consolidara. Incluso algunas empresas han promovido amparos contra la reforma, a pesar del golpe a los derechos humanos que ello significa.[7]
Con todo, la reforma trata de equilibrar la balanza en favor de los derechos de los pueblos y las comunidades. Se elimina el carácter preferente, obliga la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, exige estudios de impacto ambiental y social, reduce el tiempo de las concesiones, entre otros aspectos. Se abre la puerta al reconocimiento de los derechos de los pueblos y, de alguna manera, trastoca las estructuras que han jugado en favor de las empresas y que ha tenido como consecuencia la falta de transparencia y de rendición de cuentas.
Por su parte, el Estado debe cumplir con su obligación de garantizar y proteger el derecho de acceso a la información, lo que implica generar mecanismos para promover la transparencia y la rendición de cuentas tanto de entes públicos como de las empresas. La iniciativa EITI (de ser correctamente implementada y valorada) puede ser ese espacio en la medida que la información sea sustancial, de utilidad social y ocurra en un contexto seguro para la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente.
*Daniel Castrejón Olvera es investigador en <a href="https://twitter.com/PODERlatam">@PODERlatam</a>.
[1] Véase, <a href="https://eiti.org/es/news/mexico-obtuvo-una-baja-puntuacion-en-la-implementacion-del-eiti">México obtuvo una baja puntuación en la implementación de EITI</a>.
[2] Véase, <a href="https://eiti.org/sites/default/files/2022-06/EITI%20Validation%20of%20Mexico%20%282021%29%20-%20Final%20Validation%20report%20%28March%202022%29%20%28ES%29.pdf">Validación de México: Evaluación final del progreso en la implementación del estándar EITI</a>.
[3] Ibidem, <a href="https://eiti.org/sites/default/files/2022-06/EITI%20Validation%20of%20Mexico%20(2021)%20-%20Final%20Validation%20report%20(March%202022)%20(ES).pdfValidación">Validación</a> de México: Evaluación final del progreso en la implementación del estándar EITI, p 35 y 36.
[4] Un ejemplo de ello es la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi por el derrame de 40 mil metros cúbicos de lixiviados, responsabilidad de Grupo México. Véase <a href="https://poderlatam.org/project/campana-rio-sonora/">aquí</a>.
[5] PODER, <a href="https://poderlatam.org/wp-content/uploads/2022/04/CapturaDelEstadoEnAmericaLatina_resumen.pdf">Conceptualización de la captura del Estado y evaluación de sus impactos en el sector extractivo de América Latina</a>.
[6] CEMDA, <a href="https://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2023/04/CEMDA-INFORME-digital.pdf">Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México</a>.
[7] <a href="https://piedepagina.mx/ley-minera-se-estanca-en-el-senado-acusan-cabildeo-de-empresas-mineras/">Pie de Página,</a> Ley Minera se estanca en el Senado, acusan cabildeo de empresas mineras

La falta de transparencia en la industria minera

Es junio nuevamente, mes del orgullo LGBTI+. Volvemos a ver las banderas de arcoíris en las puertas y ventanas de instituciones públicas, edificios corporativos y establecimientos comerciales. Regresan los arcoíris a los logos y perfiles en redes sociales. Vuelven los eventos en apoyo a la comunidad de la diversidad sexo-genérica. Y volvemos a las calles a manifestar nuestro orgullo, pero también a reclamar por los derechos que faltan.
A lo largo de los años hemos visto como ha crecido la participación de las empresas en actividades durante el mes de junio y en las marchas conmemorativas en distintas ciudades del país.
Asimismo han aumentado los compromisos de inclusión de la comunidad LGBTI+ en el sector privado. Evidencia de esto son los resultados de la encuesta realizada en 2023 a 298 empresas en el marco del programa Global de Equidad Laboral de la Fundación Human Rights Campaign, que ha desarrollado un índice corporativo: HRC Equidad MX. Este índice, en su sexta edición, califica a 252 (de las 298) empresas con un puntaje del 100 % y las certifica como “Mejores Lugares para Trabajar LGBTQ+ 2023”. <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> En los seis años de aplicación de la encuesta, la participación ha crecido enormemente (de 32 a 298 empresas en 2018 y 2023 respectivamente). El 68 % fueron empresas extranjeras operando en México y el restante 32 % empresas mexicanas. Asimismo, 87 empresas que contestaron la encuesta son parte del índice Forbes 500, es decir, son parte de los corporativos más grandes en el país.
Es interesante observar los resultados según los criterios de este índice: <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>
<ol>
<li>Políticas de no discriminación: casi todas las empresas dijeron tener una política en esta materia por escrito (solo 5 no lo demostraron).</li>
<li>Ética y denuncia: 97 % de las encuestadas tienen un canal de denuncia</li>
<li>Proveeduría diversa: 70 % de las empresas dicen solicitar a sus proveedores que cuenten con una política de no discriminación.</li>
<li>Prestaciones en servicios de salud: 282 empresas reportaron ofrecer prestaciones, de las cuales 252 permiten extenderlas a cónyuges del mismo sexo de la persona titular.</li>
<li>Prestaciones igualitarias para mater/paternidad: si bien 248 empresas reportan ofrecer prestaciones superiores a la ley, solo 23 ofrecen prestaciones indistintas por género.</li>
<li>Compromiso institucional: solamente 52 % de las encuestadas declara tener un departamento de diversidad e inclusión. Asimismo, 246 empresas dicen tener un Consejo de Diversidad y un grupo de interés de empleadas y empleados de la empresa.</li>
<li>Apoyo Ejecutivo: el 25 % del total de las empresas reportan tener personas LGBTI+ en niveles directivos, que están fuera del clóset y que apoyan con su visibilidad de manera positiva a los temas de Diversidad e Inclusión. En el resto de las empresas, este apoyo recae en personas aliadas.</li>
<li>Comunicación interna: todas las encuestadas afirman tener comunicaciones a la interna de las empresas en materia de diversidad.</li>
<li>Cultura de inclusión de personas trans y de género no binario: 133 empresas establecen que actualmente cuentan con políticas en atención a esta población.</li>
<li>Capacitación en diversidad e inclusión, y temas LGBTI+: 98 % de las encuestadas reportan realizarla.</li>
<li>Compromisos públicos: todas las empresas que recibieron la certificación demostrar compromisos públicos en apoyo a la población LGBTI+.</li>
</ol>
Si bien estos datos dan cuenta de avances dentro del sector privado, quedan varias preguntas en el aire. Por una parte, el propio informe del índice HRC Equidad MX establece como conclusión que: “Las acciones de visibilidad relacionadas con mercadotecnia (eventos o actividades públicas, prensa, redes sociales, patrocinios, etc.) son las que encontramos nuevamente este año más frecuentemente reportadas”. <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> Esto quiere decir que las empresas realizan las acciones que son más fáciles para ellas, aquellas que dan visibilidad pero que no necesariamente generan cambios sustantivos en sus operaciones.
Por otra parte, es necesario preguntarse si la autoevaluación de las encuestadas es suficiente para entender la realidad de las personas LGBTI+ dentro de las empresas o en el contexto de sus operaciones. Como hemos reportado ya en PODER, los abusos empresariales hacia las personas de la diversidad sexo-genérica en México siguen siendo moneda corriente. <a href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a> ¿Será totalmente confiable evaluar los avances de las empresas sin que esta evaluación sea realizada por terceros independientes?
Asimismo, si analizamos el listado de empresas que han participado en el índice HRC Equidad MX, vemos varias compañías con denuncias de abusos a los derechos humanos o con litigios impugnando leyes que protegen el interés público en favor de sus intereses comerciales.
Entre las certificadas por este índice se encuentra Constellation Brands, que tuviera una larga disputa socioambiental y por el uso del agua con comunidades en Mexicali, Baja California, que redundó finalmente en la cancelación de la instalación de la planta en dicha entidad y la reubicación hacia Veracruz en 2022. <a href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a>
Igualmente se encuentra Philip Morris, que interpuso una demanda para poder comercializar sus vapeadores en México, lo cual había sido prohibido por ley, con el fin de proteger la salud pública. En semanas recientes, un juez otorgó el amparo a la tabacalera. <a href="#_ftn6" name="_ftnref6">6</a>
Otro caso es el de Pemex. La empresa productiva del Estado, número 1 además en el ranking 500 Expansión 2023, ha reportado que desde 2019 los accidentes en sus operaciones se han incrementado exponencialmente, llegando a un aumento del 40 % solamente durante 2022. Estos accidentes, de diversas índoles, están afectando la seguridad e integridad de las personas trabajadoras petroleras, incluso cobrando vidas en algunos lamentables casos. <a href="#_ftn7" name="_ftnref7">7</a>
Estos son solamente algunos ejemplos de los dobles estándares que se encuentran muchas veces en las empresas. Mientras avanzan en temas de inclusión a la interna de su estructura corporativa, continúan con prácticas cuestionables en materia de derechos humanos, sobretodo hacia comunidades o personas potencialmente afectadas por sus actividades.
Finalmente, vale la pena analizar más a fondo si las iniciativas reportadas por las empresas para avanzar en la inclusión de las personas LGBTI+ tienen una perspectiva de derechos y redundan en una cultura empresarial realmente antidiscriminatoria, tanto dentro de las compañías como en sus operaciones. Nos preguntamos, por ejemplo, si estas empresas tienen procesos de debida diligencia en derechos humanos con perspectiva interseccional, o si tienen espacios de participación para dialogar con colectivos de la comunidad sexodivergente.
Resulta clave en este mes del orgullo mirar más allá del arcoíris y seguir exigiendo a las empresas conducirse con coherencia en materia de derechos humanos, así como implementar acciones claras para cumplir con su deber de respetar los derechos de las personas LGBTI+.
* Fernanda Hopenhaym Cabrera es Codirectora Ejecutiva de <a href="https://twitter.com/PODERlatam" target="_blank" rel="noopener">@PODERlatam</a>.
&nbsp;
<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Disponible <a href="https://www.hrc.org/resources/hrc-equidad-mx-programa-global-de-equidad-laboral" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Disponible <a href="https://www.hrc.org/resources/hrc-equidad-mx-programa-global-de-equidad-laboral" target="_blank" rel="noopener">aquí</a> (páginas 25 a 35).
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Mismo informe, página 35.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> Disponible <a href="https://poderlatam.org/2022/06/cinemex-una-historia-de-transfobia/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>, <a href="https://poderlatam.org/2023/05/grupo-medica-sur-y-los-legionarios-de-cristo-parte-i/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a> y <a href="https://agenciapresentes.org/2021/06/28/mas-alla-del-arcoiris-empresas-y-derechos-humanos-de-la-comunidad-lgbt/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">5</a> Disponible <a href="https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/m%C3%A9xico-reubican-en-veracruz-planta-cervecera-de-la-empresa-constellation-brands-que-ya-hab%C3%ADa-sido-acusada-de-violar-el-derecho-humano-al-agua-en-baja-california/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref6" name="_ftn6">6</a> Disponible <a href="https://mundoejecutivo.com.mx/empresas/philip-morris-amparo-vender-cigarros-electronicos-mexico/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref7" name="_ftn7">7</a> Disponible <a href="https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2023/02/28/accidentes-en-pemex-estan-en-su-nivel-mas-alto-en-10-anos-crecieron-40-en-2022/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

Más allá del arcoíris: empresas y derechos humanos de las personas LGBTI+

“Hoy las comunidades en resistencia hicieron historia y nos felicitamos con ellas sabiendo que seguirán construyendo la justicia”. Con esas palabras la Colectiva Cambiémosla Ya, integrada por comunidades, movimientos, organizaciones y academia, anunció la aprobación en el Senado de las reformas a la Ley Minera -renombrada como Ley de Minería- y otras leyes secundarias cuya modificación, junto con el de aquel ordenamiento, se imponía.
Al respecto recomendamos la consulta del comunicado No. 016 Reforma integral a la actividad minera, de la Secretaría de Economía, que brinda un panorama resumido y completo de las reformas. <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> Para quien tenga interés en informarse sobre los derroteros de esta reforma, compartimos los artículos titulados “Tres lecciones que nos deja la Reforma a la Ley Minera”, de Maira Olivo, <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> y “La Ley Minera, cruel radiografía política de México”, de Alejandro Calvillo. <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a>
Las reformas fueron publicadas en el  Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 8 de mayo, <a href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a> lo que significa que en este momento la legislación ha cambiado a favor de los pueblos y el medio ambiente, al eliminar el carácter de preferente a la actividad minera y la expropiación como derecho del concesionario, así como establecer en ley la consulta para la obtención del consentimiento de pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes que marca un hito en las reivindicaciones sociales, entre otras. La aplicación de las medidas más protectoras de esta histórica reforma no puede esperar más.
Cabe puntualizar que no se trata de una nueva Ley, sino de una reforma profunda a la Ley existente, así como a otras leyes secundarias que necesariamente se relacionan, más si se atiende a lo que ha ocurrido en la práctica real de la actividad minera en el país: tragedias de las que las y los trabajadores mineros y sus familias han sido víctimas; los desastres ambientales; la falta de regulación efectiva de la actividad, y la impunidad con la que las corporaciones han podido actuar beneficiadas por una legislación injusta desde los primeros enunciados de su articulado.
En este texto, sin embargo, recogeremos otros acontecimientos que enmarcan las modificaciones legales y que, si bien pueden no relacionarse directamente, dan cuenta de la imperiosa necesidad de estas reformas y echan luz sobre las razones por las cuales prosperó.
Algo que caracterizó esta reforma y sus avances, además del crucial protagonismo de las comunidades afectadas a lo largo del proceso legislativo, fue la participación de las mujeres. Es conocido que a lo largo de las luchas sociales las mujeres siempre están presentes, pero ello no implica necesariamente que sean visibles, ni que su presencia sea equilibrada en los diferentes planos que los procesos van atravesando. Si bien estamos lejos de creer que el equilibrio se encuentre restablecido, no podemos dejar de ver que a lo largo de estas reformas hubo una presencia importante de mujeres, desde los movimientos y organizaciones, pero también legisladoras y secretarias de Estado que impulsaron lo mejor de sus contenidos, enfrentándose con arrojo a los poderes fácticos que prefieren que las cosas permanezcan como están inclusive a costa de la barbarie legalizada, siempre que ello convenga a sus intereses. Estimamos que la articulación que se dio tan natural entre las reivindicaciones de los pueblos y la perspectiva de género, fue un factor decisivo en el proceso, que potenció las capacidades para cimbrar estructuras injustas.
Ahora bien, otras cuestiones de contexto que se recogen a continuación dan cuenta de la necesidad de la reforma por un lado, así como a futuro lo imperioso que es que la legislación reformada se implemente a la brevedad y se traduzca en un primer paso de modificaciones estructurales más amplias.
A tres días de que fuera publicada la iniciativa del Poder Ejecutivo <a href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a> el 28 de marzo en la Gaceta Parlamentaria, fue desaparecido y asesinado el defensor indígena Eustacio Alcalá <a href="#_ftn6" name="_ftnref6">6</a> en la zona limítrofe entre Michoacán y Colima, donde a inicios de este año fueron desaparecidos los defensores del territorio Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, quien acompañado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) fue impulsor de un juicio de amparo que obtuvo una sentencia favorable a su comunidad, que mandata la suspensión de las concesiones y la realización de una consulta indígena. <a href="#_ftn7" name="_ftnref7">7</a> Fallo que no se ha visto enteramente reflejado en beneficio del pueblo, debido a que la Secretaría de Economía continuó litigando, a pesar de la exigencia de la sociedad civil para su implementación inmediata.
Diez días después de la publicación de las reformas en el DOF, en medios de comunicación trascendía la muerte, probable suicidio, de una joven viuda por la tragedia del Pinabete, ocurrida en agosto de 2022 en Coahuila, en el que un derrumbe causado por la irregularidad con la que opera la actividad minera cobró la vida de diez mineros. <a href="#_ftn8" name="_ftnref8">8</a>
Con la lectura de estos casos y al recorrer la documentación colectiva “Así se ve la minería en México”, <a href="#_ftn9" name="_ftnref9">9</a> donde se constata el despojo, la destrucción y los abusos de la industria minera hacía el pueblo mexicano, así como la falta de controles a la misma, cabe preguntarse quién podría querer “echar abajo” una reforma que, si bien quedó corta, sí cumple con el objetivo de ir modificando estructuras insostenibles en beneficio de los pueblos y del territorio. Y la conclusión a la que se llega es que quien pretendiera “echar abajo” una reforma de este calado obedece a los intereses de un sistema opresor que literalmente asesina y destruye irreversiblemente el medio ambiente, ello con independencia de las buenas intenciones con las que se disfrace.
Se puede ver con entereza al futuro cuando los pueblos son los auténticos impulsores de las reformas legales que necesitan y sabrán defenderlas con dignidad. Con estas reformas los pueblos han hecho historia y la seguirán haciendo hasta lograr resarcir la deuda debida al despojo corporativo que se ha mantenido por más de treinta años por una Ley Minera obsoleta.
* Cynthia Denisse Arco Amarillo Lohr y Victoria Beltrán Camacho integran el área de Litigio Estratégico en <a href="https://twitter.com/PODERlatam" target="_blank" rel="noopener">@PODERlatam</a>.
&nbsp;
<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Disponible <a href="https://www.gob.mx/se/prensa/reforma-integral-a-la-actividad-minera" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Disponible <a href="https://front.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/res-p%C3%BAblica/tres-lecciones-de-la-reforma-a-ley-minera" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Disponible <a href="https://www.sinembargo.mx/10-05-2023/4359078" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> Disponible <a href="https://www.dof.gob.mx/index_113.php?year=2023&amp;month=05&amp;day=08#gsc.tab=0" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">5</a> Que posteriormente sería modificada dotándola de mayor laxitud regulatoria en algunos puntos.
<a href="#_ftnref6" name="_ftn6">6</a> <a href="https://front.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/eustacio-alcala-otro-defensor-comunitario-del-ambiente-asesinado" target="_blank" rel="noopener">Eustacio Alcalá: otro defensor comunitario del ambiente asesinado</a>, Centro Prodh en Animal Político, 11 de abril de 2023.
<a href="#_ftnref7" name="_ftn7">7</a> Comunicado: <a href="https://centroprodh.org.mx/2022/01/30/comunidad-indigena-nahua-en-michoacan-gana-amparo-contra-concesiones-mineras/" target="_blank" rel="noopener">Comunidad indígena nahua en Michoacán gana amparo contra concesiones mineras</a>, 30 de enero de 2022, Centro Prodh y Red Solidaria de Derechos Humanos.
<a href="#_ftnref8" name="_ftn8">8</a> <a href="https://www.infobae.com/america/mexico/2022/09/06/por-que-se-derrumbo-la-mina-el-pinabete-segun-proteccion-civil/" target="_blank" rel="noopener">Por qué se derrumbó la mina El Pinabete según Protección Civil</a>, 6 de septiembre de 2022, Infobae.
<a href="#_ftnref9" name="_ftn9">9</a> Disponible <a href="https://asisevelamineriaenmexico.org.mx/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

Siguenos en:

Siguenos en:

Plumaje