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Expresiones ofensivas, mitos y realidades

Por: Darío Ramírez (@expresate33)

 

Es común, por desconocimiento de los límites legales, que una expresión chocante, burlona, hostigadora y ofensiva se tache de incorrecta e ilegal. Inclusive se llega al extremo de calificarlas como “discurso de odio”. La tentación de censurar y desterrar expresiones de ese tipo está anidada en el discurso políticamente correcto.

De manera recurrente se discute en el foro público sobre los límites a la libertad de expresión. Se pone a juicio la conveniencia de cierto contenido de algunas expresiones. Recientemente publicamos aquí mismo un texto que versaba exactamente sobre el delicado dilema de la difícil cohabitación del derecho a la igualdad con el de la libertad de expresión.  Debemos de afirmar categóricamente que es un falso dilema.  Ambos son derechos humanos indivisibles, universales e interdependientes, según el derecho internacional de los derechos humanos.  Si bien pueden surgir tensiones entre visiones conflictivas de dichos derechos, a nivel internacional se ha hecho un énfasis desproporcionado de estas tensiones potenciales en vez de concentrarse en la relación positiva y mucho más significativa entre ellos.

Sin embargo, el reconocer esas tensiones recurrentes entre ambos derechos nos pueden llevar a sostener diálogos relevantes para comprender mejor ambas libertades dentro de una democracia real y sustantiva.

Una expresión ofensiva para alguien puede ser una posición política para otra persona. El reto de comprender qué expresiones son válidas y cuáles no, radica en comprender los límites legales que están asentados en instrumentos internacionales, en nuestro caso la Convención Americana de Derechos Humanos y la propia Constitución. Lo único aplicable a toda persona por igual es la ley.

Una expresión puede tener muchas apreciaciones: si es conveniente, si es correcta, si alienta el diálogo, si no falta al respeto o a la moral pública, si rompe la cohesión social, etcétera. Cada persona interpretará la expresión de acuerdo a sus principios, lo que ocasiona un sinfín de valoraciones. Por ello, resulta fundamental reconocer los límites legales que dan forma a la libertad de expresión. Éstos son aplicables a todas las personas, sin importar su condición socioeconómica y política. Es decir, pintan la cancha plana para la participación de toda persona en condición de igualdad.

El proceso de determinación sobre si una expresión llega a ser discurso de odio no tiene consenso a nivel internacional. Donde se ha desarrollado mayor aceptación en relación al contenido de discurso de odio, es en las expresiones que incitan directamente a cometer actos de violencia. Pero inclusive en relación con estas expresiones se tendría que probar  feacientemente un nexo causal entre la expresión y el hecho violento. Así mismo, existen entendimientos divergentes sobre qué es incitar o hacer apología de un delito a través de la expresión. Son en estos casos dónde se pone a prueba los límites legales del discurso protegido en un contexto democrático. Es fundamental desterrar la idea que una expresión ofensiva se debe calificar como discurso de odio y, por lo tanto, resulta en una expresión ilegal. Son cosas diferentes y así debemos entenderlas.

Es indispensable reconocer que en una sociedad plural y diversa existen un sinnúmero de expresiones que pueden ser legales y al mismo tiempo –aplicándoles otros filtros (culturales, contextuales, históricos, políticos, morales, entre otros–se podría concluir que es una expresión incorrecta pero legal. Su validez como discurso estaría asegurada legalmente pero su conveniencia dentro de la sociedad sería cuestionada. La distinción es fundamental y ciertamente, se confunden de manera regular durante el análisis de expresiones controversiales. En otras palabras, el análisis se acoge regularmente a lo políticamente correcto.

Evidentemente una expresión ofensiva dirigida a un grupo vulnerable causa escozor en la sociedad y esa es su intención. Sin embargo, esa ofensa no necesariamente es está fuera de los parámetros permitidos. Podemos criticar y condenar la ofensa, pero también, en una democracia, debemos reconocer su validez legal. Si el supuesto caso llegase a una corte, el trabajo de los jueces es verificar si a través de la expresión ofensiva se vulneró e impidió otros derechos humanos de los ofendidos, en otras palabras, determinar si hubo una afectación provocada por la expresión.

Hay corrientes jurídicas que entienden la protección de la libertad de expresión de maneras distintas. En Estados Unidos la perspectiva de defensa de este derecho está dentro de los parámetros más liberales en el mundo. Por otro lado, en Europa hay una perspectiva más colectiva en torno a los efectos que pude tener una expresión polémica que esté cerca de los límites legales. El caso de Estados Unidos es interesante porque al tener instituciones de estado sumamente fuertes y confiables en materia de protección de derechos, son éstas las que median y ponderan entre derechos afectados. Es decir, el involucramiento del gobierno norteamericano para dirimir controversias es el mínimo.

Hay otros esquemas en los que el estado tiene mayor involucramiento para determinar la “conveniencia” o “validez” de una expresión y adopta medidas para contrarrestar dichas expresiones. Si hablamos de un estado respetuoso de la diversidad y pluralidad de ideas, y al mismo tiempo respetuoso de los derechos humanos, podríamos presumir que la valoración de la conveniencia acerca de contenidos se haría con estándares y procedimientos claros y apegados a derecho. Sin embargo, por lo menos en el caso de México, no podríamos presumir que el gobierno haga dicha valoración con los criterios enunciados  y que adopte medidas contrarias a la expresión ofensiva pero válida. Siempre resultará peligroso que el gobierno juzgue la conveniencia del contenido de alguna expresión.

Imaginemos un país mayoritariamente católico donde el gobierno es de corte conservador y decide que una campaña ciudadana a favor del condón es ofensiva para la gran mayoría de los ciudadanos. No sería descabellado pensar que el estado adopte una contra campaña para demeritar y desaparecer una expresión válida y legal. De esta manera, podríamos concluir que el involucramiento del estado puede ser positivo o negativo de acuerdo a su naturaleza democrática, fuerza institucional y respetosa de los derechos humanos. Lo que queda claro, es que al final el estudio de la colisión de derechos tendría que hacerse a través de una valoración jurídica que dé certeza a las partes involucradas en la disputa.

La tentación de censura de expresiones de disenso y ofensivas es común cuando se valora con límites no legales el contenido de la expresión. Debemos reconocer que dichas expresiones (siempre que sean discurso protegido) tienen cabida en una democracia nos gusten o no. Podríamos matizar diciendo que los casos de tensión entre libertad de expresión e igualdad son la excepción. Pero esos casos de excepción son los que nos ayudan a dialogar y construir una democracia respetuosa de los derechos y libertades. Una sociedad donde las expresiones más disímbolas tengan cabida y coexistencia.

*Director general de ARTICLE 19 oficina para México y Centroamérica.

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