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Protesta legal

 

Al poder le incomoda la protesta. Lo más fácil es acallarla, frenarla, criminalizarla y disuadirla. Un país donde el aparato estatal se encamina a impedir el disenso que cobra forma de protesta es claramente antidemocrático.[1] En México tenemos desde leyes penales que inciden sobre la reunión pacífica, hasta instituciones que avalan una subcultura policial que usa la fuerza pública como regla general para dispersarlas.

La protesta se encuentra protegida por los derechos de libertad de expresión y el derecho de reunión. Una protesta que engloba marchas, pancartas y gritos en contra de un candidato o presidente es un discurso político de disenso, y por lo mismo, goza de una mayor protección en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.[2] Si el Estado quisiera restringir este tipo de expresiones, sólo puede hacerlo a través de la prueba tripartita: 1) las restricciones deben establecerse en leyes redactadas de manera clara y precisa, 2) deben estar orientadas al logro de los objetivos imperiosos autorizados por la Convención; 3) las limitaciones deben ser necesarias, proporcionales e idóneas, considerando al  derecho penal o criminalización como la última alternativa.[3]

En el contexto de una protesta, la violencia también es una forma de expresión, pero hay una diferencia: los derechos de libertad de expresión y de reunión no cubren las manifestaciones públicas de violencia por ser un límite de los mismos en términos de la Constitución o la Convención Americana sobre Derechos Humanos. [4]

El pasado 1º de diciembre se dieron expresiones violentas, pero también existieron manifestaciones pacíficas. Sin embargo, la policía fue desmedida, arbitraria y excesiva contra ambos grupos.

Del reporte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y los videos que circularon en redes sociales, se puede constatar que el uso de la fuerza pública por parte de los policías fue exactamente lo contrario a lo que marca la Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal. En papel, la fuerza debe ser siempre racional, subsidiaria y proporcional, en la realidad poco les importaron estos criterios.

Si bien los excesos fueron contra ambos grupos, en el caso del grupo de manifestantes pacíficos, no sólo se violó su derecho a la integridad personal, presunción de inocencia o debido proceso, sino que también se violó su derecho a la libertad de expresión. Esto genera un efecto inhibidor y es un mensaje para futuras manifestaciones: al que proteste le pasará lo mismo.

Podríamos decir que ese día se “alteró el orden público” y que la salvaguarda del mismo es una restricción válida al derecho de libertad de expresión conforme al artículo 13.2.b) de la Convención Americana. Sin embargo, a la luz de la prueba tripartita no se definió expresamente qué era el orden público. Además, si tomamos en cuenta el principio de necesidad y proporcionalidad de dicha prueba, no tenía por qué existir represalia o sanción penal hacia los manifestantes pacíficos que no estaban cometiendo ningún acto de violencia. Detener y golpear a personas de este grupo se interpreta como que se les castigó por el ejercicio legítimo de su libertad de expresión, y por lo tanto, se restringió su derecho. A la luz de los estándares Interamericanos, esta restricción es inaceptable: la fuerza pública empleada es ilegal, no cumple con la prueba tripartita y viola otros derechos humanos.

Pero la fuerza policial no es la única que inhibe la protesta. Aunque los manifestantes pacíficos no hubieran cometido ningún acto violento, aún así existen leyes penales que sancionan con cárcel la “reunión en forma tumultuaria y sin armas”.[5] El texto del Código Penal para el Distrito Federal criminaliza la protesta y está plagado de tipos penales que por la ambigüedad de su redacción, su falta de demostración de proteger objetivos legítimos y aplicación de sanciones de cárcel a manifestaciones expresivas, en definitiva no respetan la prueba tripartita. De aplicarse, serían restricciones inválidas, inconstitucionales y violatorias de derechos humanos.

De esta manera, encontramos delitos como el de motín[6] que sanciona a “los que, para conseguir que se les reconozca o conceda algún derecho, en forma tumultuaria” amenacen a la autoridad para obligarla a tomar alguna determinación. El delito de sedición[7]; el de sabotaje por si se entorpecen las vías de comunicación del Distrito Federal[8]; el quebrantamiento de sellos[9]; y de los peores, el delito de “ultraje”  a una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.

Tipificar estas conductas se usa para limitar el derecho a la manifestación, a la protesta y a la libertad de expresión. El mensaje que nos manda el gobierno a través de su policía y sus leyes es muy claro: vamos a hacer lo posible para que la gente no proteste. Disuadir, asustar, intimidar… para eso está todo el aparato estatal y el derecho penal como el brazo duro del Estado. El mensaje se recibe con miedo: mejor no salir a las calles, mejor no disentir, mejor no expresar las inconformidades.

Al final, disentir es lo que hace que una sociedad sea plural; disentir sobre asuntos políticos la hace más fuerte. Un Estado no se puede jactar de democrático si no respeta el derecho a la libertad de expresión. Basta de jactancias y discursos vacíos: que el derecho a expresar disenso sobre asuntos políticos se reivindique como un derecho especialmente protegido, tal como lo obligan los compromisos internacionales.

 


[1] http://www.palermo.edu/cele/pdf/Protesta-social.pdf

[2] Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA. Informe de 2008. Párrafos 33-40

[3]  Para saber más consultar  

[4]  El análisis en cuestión remite a los límites establecidos en el texto de la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos. De proceder una restricción de ambos derechos, tendría que hacerse vía judicial, pero en términos generales ni el derecho a la libertad de expresión ni el derecho de reunión pacífica protegen manifestaciones de violencia.

[5] Delito de sedición, artículo 365 del Código Penal para el Distrito Federal.

[6] Artículo 364 del Código Penal para el Distrito Federal.

[7] Artículo 365 del Código Penal para el Distrito Federal.

[8] Artículo 363 del Código Penal para el Distrito Federal.

[9] Artículo 286 del Código Penal para el Distrito Federal.

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