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Periodistas asesinados, impunidad a cuestas

Por: Antonio Martínez (@antoniomarvel) y Lucía Vergara (@luumafu)

Ser periodista en México es ejercer una profesión de alto riesgo. La alternancia política del año 2000 por un lado inauguró una época de mayor apertura en la prensa y por el otro abrió el frente a una de las peores crisis de violencia que han sufrido las y los periodistas y el país en general. Si bien la prensa gozó de una libertad que no conocía antes, el clima de violencia aunado a los escasos protocolos de seguridad en las empresas de medios, la nula eficiencia del sistema  de impartición de justicia y una cruenta batalla contra el crimen organizado, colocaron a los periodistas en el peor escenario posible: se volvieron blanco del silencio forzado.

La metodología de documentación que sigue ARTICLE19 está cimentada bajo los estándares en derechos humanos y se contabilizan los casos en donde se presume que el asesinato está relacionado con su ejercicio periodístico. Durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) fueron asesinados 22 periodistas. En aquellos años, la violencia en contra de periodistas se concentraba en los estados con más presencia del crimen, siendo Tamaulipas, Chihuahua y Guerrero donde más asesinatos hubo durante ese sexenio. Los años con más asesinatos fueron 2004 (4) y 2006 (10), mientras que en el 2003 el único caso documentado por ARTICLE 19 fue el de Rafael Villafuerte Aguilar del periódico La Razón en el estado de Guerrero.

Tras la atribulada llegada de Felipe Calderón (2006-2012) al poder, la tónica del sexenio se caracterizó por un discurso bélico que por un lado acaparó la cobertura informativa con boletines sobre ejecuciones y por el otro impulsó a una generación de periodistas que ante la tragedia, decidieron darle voz a las víctimas, arriesgándose a morir en el intento. La violencia contra la prensa durante los años de Calderón nos colocó como uno de los países más peligrosos para los periodistas.

En los años que precedieron al operativo Michoacán 47 periodistas fueron asesinados. La violencia en contra de la prensa dejó de estar concentrada y se distribuyó en toda la república. El noreste del país se convirtió en zona vetada para el periodismo: Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila se convirtieron en los estados más violentos. Los efectos de lo anterior se siguen resintiendo en los medios locales que han optado por la autocensura ante la falta de protección y garantías mínimas para informar por parte del Estado. El año 2010 fue el más sangriento, 11 periodistas fueron asesinados por posible vínculo con su trabajo periodístico, 10 asesinados en 2008, 8 en 2011 y 7 en 2012.

Del total de periodistas asesinados durante estos años 40% son reporteros, 17% directivos, 16% periodistas audiovisuales, 12% locutores, 8% columnistas y 7 % jefes de redacción. El panorama que se presenta es el siguiente: los primeros en la línea de fuego son quienes hacen trabajo de campo. Ante este panorama algunas casas editoriales han comenzado a desarrollar protocolos de protección internos que permiten minimizar el riesgo ante la amenaza constante.

La trágica situación obligó al Estado a reaccionar, lo hizo tarde. No fue sino hasta diciembre de 2010 que se instala el comité consultivo para la implementación de acciones de prevención y protección a periodistas en la SEGOB. Además la fiscalía especializada en la materia, que nació en 2006 y que cambió de nombre a Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, hasta la fecha no ha dado los resultados necesarios para combatir la impunidad. Paralelamente se trabajó desde el año 2011 en la creación de la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos que fue aprobada en abril de 2012, así como la reforma constitucional al artículo 73 fracción XXI, aprobada en junio de ese mismo año, que le permite a la federación conocer y atraer los casos de delitos en contra de la libertad de expresión.

Los avances institucionales no trajeron los cambios esperados. Hasta ahora la fiscalía no ha superado el bache de falta de atribuciones y subejercicio presupuestal, que pretende subsanar la facultad de atracción y los cambios a la legislación secundaria que se aprobaron en este 2013; por su parte, el mecanismo ha probado que la excesiva burocratización y falta de transparencia entorpecen las tareas de un ente que debería funcionar inmediatamente ante las amenazas.

Con la llegada de Enrique Peña Nieto al poder, la dinámica de relación con los medios cambió de manera radical. La nueva estrategia de comunicación se ha centrado en desviar la cobertura de la violencia hacia una forzada agenda de consenso y criminalización de la protesta y voces disidentes. Si la cobertura de la violencia disminuyó en un 50% entre diciembre y abril, en esos meses la violencia contra la prensa creció en un 46% respecto del mismo periodo en el año anterior. Durante 2013 han sido asesinados 3 periodistas lo que ya supera las cifras de 2002 y 2003.

Un panorama de violencia e impunidad, 75 periodistas a cuestas y unas instituciones disfuncionales. Así el panorama para la profesión más peligrosa de México.

Infografía Periodistas asesinados en México

Infografía: Lucía Vergara

 

 

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