72 migrantes: una historia de opacidad

La recomendación 80/2013 se encuentra totalmente descafeinada. Parece que la CNDH la emitió para salir del paso y nunca consideró que, después de tres años y medio, la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, aún duele en el corazón de la sociedad y que ésta necesita más respuestas, necesita conocer la verdad.

Por: Ana Cristina Ruelas (@anaruelas)

El 22 de agosto de 2010 fueron encontrados 72 cadáveres de mujeres, hombres y niños que habían sido asesinados en un rancho del municipio de San Fernando en el estado de Tamaulipas.  La mayoría de estas personas se encontraban en tránsito por México buscando llegar a los Estados Unidos.

Dos personas sobrevivieron y mucho de lo que se sabe sobre este acontecimiento derivó de sus testimonios.  De acuerdo a su dicho, las víctimas fueron secuestradas por un grupo de delincuentes mientras iban en el camión que los llevaría hacia la frontera; después, los mismos secuestradores, les preguntaron si querían formar parte del cártel de los “zetas” y ante la negación la respuesta fue la muerte.

Este fue el escenario de la masacre más cruenta del sexenio del expresidente Felipe Calderón. Sin embargo, a partir aquí, se detonaron otros hechos tan graves y dolorosos como este: la muerte de 193 migrantes en 2011 y de 49 más durante el 2012. Año tras año se acumularon decenas de muertes que hoy por hoy permanecen impunes.

Si bien la muerte de los 72 fue un detonante, no fue un hecho aislado. Antes de esto el gobierno ya había sido alertado sobre la corrupción de funcionaros públicos y sobre los secuestros constantes de la población migrante en su paso hacia el país del norte. Por ejemplo, durante su visita a México en 2008,  el Relator Especial de las Naciones Unidas había informado que la migración transnacional seguía siendo un negocio en México, gestionado principalmente por redes transnacionales de bandas involucradas en el contrabando, la trata de personas y el tráfico de drogas, con la colaboración de las autoridades locales, municipales, estatales y federales. El relator advirtió que los migrantes eran víctimas con cierta regularidad de mutilaciones, secuestros, agresiones y acoso y abuso sexual durante el trayecto.

Después en 2009 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un primer informe especial sobre secuestros en contra de migrantes en donde señalaba que entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, tuvo conocimiento de 198 casos de secuestro en los que se privó de su libertad a 9,758 migrantes.

Luego, ante los hechos del 22 de agosto de 2010, esta misma Institución abrió un expediente de queja para averiguar posibles violaciones a derechos humanos y posteriormente publicó un segundo informe especial donde denunció que en el período de seis meses, de abril a septiembre de 2010, hubo 214 eventos de secuestro donde resultaron 11,333 víctimas.

La queja fue estudiada durante más de tres años, tiempo en el cual se le otorgó a la CNDH la facultad de investigación de violaciones graves a derechos humanos[1].

Finalmente, el 27 de diciembre de 2013, se emitió -sin mayor pronunciamiento- una recomendación por los hechos ocurridos aquel día.

La recomendación -si me preguntan- es como comer un pozole sin tostadas o una quesadilla sin queso. Parece que la CNDH se olvidó de todo lo dicho anteriormente, olvidó los eventos de secuestro que había documentado y había publicado en sus informes especiales, nada dijo sobre los hechos que dieron lugar a la masacre, sobre los derechos violados de las víctimas cuando aún estaban vivas, sobre el número de las víctimas y su grado de vulnerabilidad, sobre la frecuencia de los hechos, sobre la sistematización de las violaciones en relación con otras similares o sobre la posible participación, omisión o aquiescencia del estado; es decir, a pesar de su magnitud, no reconoció la existencia de violaciones graves a derechos humanos en esta masacre.

La CNDH se quedó corta y solamente estudió la debida diligencia de los funcionarios públicos en el resguardo del cuerpo del delito, en el manejo de los cuerpos y la atención a los sobrevivientes.

A pesar de esto, reconoce que ante los hechos se violó el derecho a la verdad -derecho que esta relacionado directamente con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad- al considerar que el estado no procuró las debidas diligencias para informar a las víctimas y a la sociedad sobre los hechos, pero las recomendaciones específicas distan mucho de asegurar el resarcimiento de este derecho.

En resumen, la recomendación 80/2013 se encuentra totalmente descafeinada, parece que la CNDH la emitió para salir del paso y nunca consideró que, después de tres años y medio, la matanza aún duele en el corazón de la sociedad y que ésta necesita más respuestas, necesita conocer la verdad.

Desde 2011, ARTICLE 19 ha luchado por conocer la verdad de los hechos de la masacre de los 72 migrantes de San Fernando, Tamaulipas, a través de un proceso interminable en contra del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental (IFAI) que asegura no poder garantizar la verdad a la sociedad, pues no existe pronunciamiento sobre la existencia de violaciones graves a derechos humanos por parte de la CNDH.  La recomendación 80/2013 era la última esperanza para obtener la información por la vía administrativa, ahora solamente quedan los tribunales. La CNDH y el IFAI olvidaron que son órganos de estado creados para proteger derechos humanos.

 

Línea del tiempo sobre Masacre de san Fernando y derecho a la verdad

Elaborado por Lucía Vergara (@LuuMafu)

 


[1] La reforma de derechos humanos del 2011 incluyó está facultad a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el  artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que anteriormente se encontraba conferida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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