El empoderamiento digital

No basta con ampliar el acceso a internet. El Estado mexicano debe considerar la dimensión cultural y lingüística. Promover el uso crítico de las redes y el ejercicio de derechos bajo esquemas de seguridad y privacidad.

Por: Vladimir Cortés (@vladyruzo)

Internet es un espacio donde se ejercen los derechos humanos. La esfera digital y el mundo offline no están desligados. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció que los derechos de las personas también deben estar protegidos en Internet, en particular la libertad de expresión.

El 17 de mayo se celebra el día mundial del internet, una iniciativa global que busca promover el desarrollo humano a través de la tecnología y el acceso a la internet. Este año el lema es el empoderamiento digital, la premisa de seguir impulsando la apropiación de las herramientas tecnológicas, de comunicación e información para el ejercicio pleno de los derechos.

En la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, se reconoce la “importancia de empoderar a todas las mujeres y niñas mejorando su acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, promoviendo la alfabetización digital y la participación de mujeres y niñas en la educación y la formación en las tecnologías de la información y las comunicaciones, y motivando a las mujeres para que estudien carreras de las ciencias y las tecnologías de la información y las comunicaciones”.

Existe un reconocimiento global de que la Internet y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) constituyen una plataforma para incentivar el progreso humano, reducir la brecha digital e impulsar el desarrollo de las sociedades del conocimiento.

En esa misma corriente de ideas, México ha reconocido estos derechos y su obligación constitucional en el artículo sexto para garantizar el derecho de acceso a las TIC “así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet”.

Para cumplir con esta misión, el gobierno mexicano emprendió una Estrategia Digital Nacional que incluye diversas iniciativas como “Código X”, el programa “Girls Power Tech”, el programa piloto Prospera Digital, México Conectado, el Programa de Inclusión Digital (PID) y la Red Compartida, esta última anunciada como “el proyecto más importante de la reforma de Telecomunicaciones” y que busca ampliar la conectividad 4G a más de 100 millones de mexicanos.

A pesar de estas iniciativas, cuyo principal mandato es ampliar el acceso a Internet, reducir las disparidades en la esfera digital y promover el uso de las TIC, quedan de lado aspectos fundamentales como la alfabetización digital, mejorar la velocidad de conexión y ampliar la apropiación de las herramientas tecnológicas.

No basta con ampliar el acceso a internet. El Estado mexicano debe considerar la dimensión cultural y lingüística. Promover el uso crítico de las redes y el ejercicio de derechos bajo esquemas de seguridad y privacidad. No a través del miedo, como lo ha hecho el INAI y Fundación Televisa en las campañas sobre sexting, donde revictimizan a las mujeres en lugar responsabilizar a las personas agresoras y “educar las y los jóvenes sobre cómo practicarlo de manera consciente, segura y responsable”.

El empoderamiento no puede ser un proceso mecánico y que recaiga solamente en emprender campañas a través de redes sociales y ampliar el acceso a Internet de manera automática. La iniciativa “Código X” es un ejemplo de ello cuando usa Facebook y expresiones que solo un cierto sector social comprende. ¿Cómo una mujer que está en el Estado de Chiapas, es hablante de la lengua chol y no tiene acceso a internet puede involucrarse en este tipo de programas? Lo mismo sucede con la campaña “Sin Tags, la discriminación no nos define” del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM). ¿Qué impacto puede tener en las poblaciones rurales una campaña promovida en redes sociales que no toma en cuenta los criterios geográficos, lingüísticos, culturales y de conectividad?

Cualquier iniciativa que busque empoderar a las personas a través de las TIC debe partir de una visión plural e incluyente. El modelo de múltiples partes interesadas (multistakeholder) permite involucrar a una diversidad de actores en la toma de decisiones y en los programas a implementarse. No es solamente una cuestión de reconocer el acceso a internet y el uso de las TIC como un derecho para crear programas que amplían la cobertura, pero de impactos limitados. La participación en estas iniciativas debe ampliarse en aras de que las políticas públicas incluyan a la iniciativa privada, la sociedad civil, los intermediarios del internet, las comunidades indígenas, la academia, entre otros actores. Tomar en cuenta las iniciativas locales y las necesidades de las personas, y no partir desde una visión estatocéntrica y urbana.

Como señala la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, APC, el internet podrá convertirse en una herramienta de empoderamiento de las personas cuando se reconozcan, protejan y respeten los derechos fundamentales en línea. Uno de ellos, es el derecho a una supervisión multilateral y democrática de internet. “Ningún gobierno deberá tener un papel preeminente con relación a la gobernanza de internet”.

 

@article19mex

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