No más violencia institucional contra las mujeres

La violencia en contra de las mujeres sigue siendo una práctica extendida y aceptada culturalmente y uno de los mayores obstáculos para transitar a una sociedad de mayor igualdad se encuentra dentro de las instituciones de gobierno.

Por: Miriam Jacqueline Villarruel Ortega (@jackiechiapas)

El 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha en la que mujeres de diferentes geografías, con diferentes raíces y diferentes idiomas sumamos nuestras voces para visibilizar la violencia estructural que vivimos.

Basta recordar que en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016,[1] el 47 % de las mujeres han sido víctimas de violencia por parte de su pareja, mientras que una de cada 5 mujeres ha sido víctima de violencia en el ámbito laboral. Asimismo, según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en América Latina se cometen al día 12 feminicidios, de los cuales, según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, 7 se producen en México.

Estas cifras alarmantes nos muestran que la violencia en contra de las mujeres sigue siendo una práctica extendida y aceptada culturalmente y que, pese a contar con algunas medidas legislativas y protocolos en materia de género, días naranjas y edificios pintados de color rosa por las noches, uno de los mayores obstáculos para transitar a una sociedad de mayor igualdad se encuentra dentro de las instituciones de gobierno las cuales, desde sus procedimientos administrativos, líneas de acción y el actuar de las y los funcionarios públicos, no cuentan con perspectiva de género y violan constantemente los derechos de las mujeres.

Dentro del proyecto de Transparencia proactiva que Artículo 19 coordina desde el 2015, hemos podido documentar que un claro ejemplo de violencia institucional es el manejo discrecional de la información por parte del gobierno sobre aspectos que son relevantes para la vida de las mujeres, expresión clara del abuso de poder y de la discriminación que se ejerce de manera deliberada por parte de las y los funcionarios públicos.

En la comunidad de Arroyo Encanto 1a Sección, municipio de Salto de Agua, Chiapas, hace unos meses, pasada la Semana Nacional de Salud 2017, un grupo de mujeres nos compartió su preocupación en torno a la vacuna del virus de papiloma humano que la doctora del Centro de Salud le había aplicado a las niñas de 11 años sin el consentimiento de sus familiares. Las mujeres cuestionaron a la doctora al recordarle su obligación de solicitar un consentimiento para vacunar a las menores de edad y, además, solicitaron información clara en torno a la vacuna. La doctora contestó que se trataba de información difícil de entender y que algún día sus hijas le iban a agradecer haber recibido dicha vacuna.

Las mujeres de la comunidad, no contentas con la respuesta recibida, investigaron más sobre la vacuna, qué beneficios tenía, así como sus posibles efectos secundarios, pero la información que obtuvieron era muy técnica y sin conocimientos previos en el tema era de poca utilidad para enfrentar los argumentos de la doctora del Centro de  Salud.

Este ejemplo muestra que tener información es una herramienta fundamental para esquivar las asimetrías estructurales de acceso y violencia institucional, ya que nos permite tomar decisiones informadas, en este caso relacionadas con la salud sexual y reproductiva de las niñas de la comunidad; sin embargo también muestra cómo la información sigue siendo censurada y ocultada intencionalmente por las instituciones y sus funcionarios y funcionarias para evitar la confrontación de la sociedad sobre la manera en que se toman las decisiones.

La falta de acceso a información de interés público que viven las mujeres de las comunidades más marginadas no son casos aislados sino producto de la falta de sensibilidad institucional a las brechas digitales, lingüísticas, culturales, geográficas y de género.

El programa Prospera, uno de los programas sociales de mayor incidencia en el país, que según su mandato busca[2]3 fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos de las mujeres, en la práctica es utilizado para amedrentar y manipular a las beneficiarias del mismo.

El caso más reciente lo encontramos en las diferentes comunidades que Artículo 19 acompaña en el municipio de Salto de Agua, Chiapas, donde los grupos de mujeres, desde hace varios meses, son obligadas a comprar por $20 pesos un ENSURE (suplemento alimenticio) a un proveedor que acompaña a los funcionarios públicos encargados de entregar el dinero del programa a las mujeres.

Las amenazas sobre la compra de estos chocolates son las mismas que se escuchan sobre el condicionamiento del voto, la inscripción obligatoria a los programas de educación para adultos y la entrega de credenciales de elector a los coordinadores regionales del programa en tiempos de elecciones: “Si no lo haces te damos de baja del programa”. Las mujeres atemorizadas ya no se dan permiso de dudar y, pese a necesitar los $20 pesos, los entregan a los funcionarios o funcionarias con el fin de seguir recibiendo su programa.

Tras solicitar información a Prospera sobre la obligación o no de las mujeres de comprar los chocolates, éste informó que todos los suplementos alimenticios entregados en el marco del programa deben ser gratuitos, y que la Secretaría de Salud era la encargada de su distribución. Asimismo, en ninguna de las causales de baja de las Reglas de Operación aparece cláusula alguna que afirme que no comprar el suplemento alimenticio es causal de baja.

Muchas mujeres, luego de conocer esta información, se han organizado y decidido no comprar más el ENSURE, pero muchas otras, ante la amenaza constante y la instalación del miedo, prefieren no cuestionar más la situación.

Para comenzar a construir los puentes que terminen con las brechas de desigualdad es necesario reconocer que muchas mujeres, especialmente aquellas que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad, desconocen sus derechos así como los mecanismos existentes para hacerlos valer. Debemos redoblar esfuerzos para revertir estas desigualdades y acompañarnos en nuestros procesos de empoderamiento.

Es claro que el conocimiento efectivo de las reglas de operación o de los derechos y obligaciones que se tienen como beneficiaria de cualquier programa, en teoría, deberían ser suficientes para romper con las prácticas de reiterada violencia por parte de las instituciones, pero se requiere además de un proceso de ruptura con los miedos más profundos que nos ha sembrado el patriarcado a partir de las prácticas de poder, sumisión y discriminación arraigadas en el actuar de las instituciones.

Ante un sistema clasista, racista y excluyente estar informadas es necesario. Preguntar, dudar, buscar. Un primer paso es estar juntas, darle la vuelta a la violencia institucional normalizada que vivimos las mujeres cuando nos quieren quitar los apoyos sociales, o cuando buscan revictimizarnos en los medios o en las fiscalías. Es necesario alzar la voz, hacernos vigilantes pero también denunciantes de este sistema que busca acallar nuestras voces y acabar con nuestras vidas. Hagámonos una sola para hacer frente a este sistema.

#NoNosVamosaCallar, #NiunaMenos, #LaInformaciónEsPoderParaLasMujeres.

 

* Miriam Jacqueline Villarruel Ortega, Programa de Derecho a la Información @article19mex.

 

[1] Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016. la cual se puede consultar en este vínculo.

[2] “Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que amplíen sus capacidades en alimentación, salud y educación, y mejoren su acceso a otras dimensiones del bienestar”.

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