Artículo Tercero: 100 años de derecho, 3 de garantía

Un pendiente de indispensable solución para que el Artículo Tercero deje de ser simple contenido de consigna es definir claramente el parámetro “máximo logro de aprendizaje”.

Por: David Calderón (@DavidResortera)

El Artículo Tercero constitucional, hoy vigente, recapitula una larga historia de aspiración de los ciudadanos mexicanos a la justicia. No es casual que se coloque inmediatamente después de los artículos que se refieren a la universalidad de los derechos –el Artículo Primero- y a la unidad de la Nación –el Segundo (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2017).

Ya desde la primera Ley Fundamental, en los orígenes mismos de nuestra nación, se establece que la educación es un derecho. El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana –la llamada “Constitución de Apatzingán” o también “Decreto de 1814”– incluye en su Capítulo V, referido a la igualdad y libertad de los ciudadanos, el escueto pero elocuente Artículo 39: “La instrucción, como necesaria a todos los ciudadanos, debe ser favorecida por la sociedad con todo su poder” (Decreto 1814, p. 7, subrayado mío).

De ahí en adelante, por acercamientos sucesivos, se ha ido precisando en el orden constitucional de nuestra patria cómo las dos dimensiones que apenas esboza el Decreto se articulan ambas en la forma de garantías ofrecidas por el Estado: por un lado, la imperiosa y universal “necesidad” de educarse de cada ciudadano, y por el otro la correspondiente obligación que tiene la sociedad en su conjunto de favorecer ese ejercicio con la máxima energía y eficacia, “con todo su poder”.

La Constitución de 1857 puso el acento en la no interferencia arbitraria en la libertad de cátedra y en ofrecer certeza jurídica sobre los resultados de la educación profesionalizante, pero omite la responsabilidad positiva y activa del Estado con respecto del derecho universal a los aprendizajes básicos: “La enseñanza es libre. La ley determinará qué profesiones necesitan título para su ejercicio, y con qué requisitos se deben expedir” (Constitución Política de la República, 1857).

En cambio, el Artículo Tercero de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 regresa a los orígenes y establece la gratuidad de la primaria, aunque sin mayor justificación (CPEUM 1917, versión original).

Las reformas subsiguientes al Tercero fueron enriqueciendo los valores, principios y contenidos del derecho a la educación en México. Se explicitaron los rasgos típicos que deben caracterizar a la educación nacional de la joven generación –laica, gratuita, obligatoria- y se adicionó la referencia al despliegue individual de capacidades, pero con orientación comunitaria.

En el texto del Artículo Tercero anterior a 2013 –y, por supuesto, con enorme influencia sobre las prácticas reales del sistema educativo nacional- el acento estuvo puesto en el acceso y en la oferta. Es decir, el cumplimiento del derecho a la educación se formuló entonces como la posibilidad garantizada de acceder, de inscribirse a los servicios a cargo del Estado en la educación obligatoria, pero no hubo una referencia a lo que debe suceder del lado del ejercicio y disfrute del derecho.

Una afortunada -pero también sufrida- convergencia en la disposición de las fuerzas políticas llevó a una reforma al Artículo Tercero, promulgada el 23 de febrero de 2013, que mucho debe en sus contenidos al activismo e incidencia en la conciencia pública que desplegaron las organizaciones de sociedad civil. La adición a destacar es el nuevo tercer párrafo, una inserción inédita:

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

Así, el Artículo Tercero pasa de ser un referente de lo deseable, con el acento puesto en responsabilidades genéricas de oferta, esto es, el derecho concebido como posibilidad de acceso a los servicios de educación a cargo o con la autorización del Estado, a establecer una tónica garantista: el tercer párrafo del texto actual señala que el Estado mexicano debe garantizar que los cuatro factores mencionados (materiales y métodos; gestión; infraestructura; personal en las comunidades escolares) favorezcan el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Ya era garantía, pero el texto era difuso; hoy es explícito, irrenunciable, insoslayable.

En concreto, el derecho a la educación plasmado en esta reforma del Artículo Tercero establece características concretas: las niñas, los niños y los jóvenes de México tienen derecho a disponer de los materiales y métodos educativos adecuados para alcanzar su máximo logro de aprendizaje, y otro tanto ocurre con los otros tres factores (infraestructura, gestión, idoneidad de los agentes educativos) que el texto constitucional marca. Es un avance conceptual de dimensiones históricas, que conviene ponderar y llenar de experiencia en el disfrute legítimo del derecho a la educación.

Poniendo un ejemplo, ahora se puede exigir que la infraestructura educativa garantice el máximo logro de aprendizaje. Como garantía del Título Primero, la traducción inmediata es que toda infraestructura siempre garantice el máximo logro de aprendizaje de todos y cada uno de los educandos. “A todos… con todo…”; la aspiración del artículo 39 de 1814 toma ahora fuerza y consistencia en la versión del Tercero de 2013.

Si, entonces, el Estado mexicano publica una Norma con los requisitos de calidad en la infraestructura educativa, de aplicación a nivel nacional, como efectivamente se hizo (la norma NMX-R-021-SCFI-2013), entonces una comunidad concreta puede exigir a la autoridad que la escuela de sus hijos cuenten con instalaciones que cumplan dichos parámetros, como piso mínimo de lo que está contenido como garantía en el Artículo Tercero. La negativa, omisión o retraso en el cumplimiento se convierte entonces en materia litigable en tribunales, por la vía de una Acción Colectiva, como Aprender Primero ahora hace con la representación de un grupo de padres en el estado de Guerrero, o por la vía del amparo.

Un pendiente de indispensable solución para que el Artículo Tercero deje de ser simple contenido de consigna, como le gusta a las dirigencias sindicales, es definir claramente el parámetro “máximo logro de aprendizaje”. Se requiere con urgencia una estrecha colaboración entre los legisladores y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación para que se puntualice cómo verificar el máximo logro de aprendizaje de los titulares del derecho; especialmente cuando la Junta de Gobierno del INEE (con gran alivio y conveniencia para las autoridades educativas) siguen posponiendo una expresión pública e inequívoca de lo que es calidad educativa como cumplimiento de un derecho, y se atreva entonces a ser contundente en presentar resultados individuales de todos los alumnos. Nos deben a todos los mexicanos la composición mejor sustentada en evidencia que se halle para establecer cómo los cuatro componentes mencionados en el tercer párrafo del Artículo Tercero interactúan para la consecución de los resultados.

En el planteamiento garantista que ahora refleja el texto del Artículo Tercero otro pendiente mayúsculo corresponde a la vigilancia de los órganos especializados y a la vigorosa presencia de las organizaciones sociales para el monitoreo y la rendición de cuentas referidos al cumplimiento de las garantías. Una garantía no verificada es un vago y conmovedor deseo, bueno para discurso del 5 de febrero, pero todavía lejano en las relaciones entre los ciudadanos y las autoridades educativas, entre las familias y el INEE que debe servirlas, entre niñas, niños y jóvenes y sus maestros.

Tenemos un Tercero que cumple 100 años, pero que está reformulado según las más avanzadas concepciones pedagógicas y de derechos humanos en el mundo. No dejemos que la celebración de centenario se quede en confeti, sino que baje a responsabilidades del INEE, de las secretarías de educación, a materia de defensores de los derechos humanos y en garantía confirmada y hecha cumplir en tribunales. Así, el sueño de Morelos, López Rayón y la generación de 1814, “a todos, con todo”, tiene esperanza fundada de irse convirtiendo en realidad.

 

* David Calderón es Director General de Mexicanos Primero (@Mexicanos1o) [email protected]

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