Aborto: La Corte frente a una compleja pero fundamental discusión

Por: Regina Tamés, Directora de GIRE.

 

Todo comenzó cuando en 2007, la Asamblea Legislativa decidió despenalizar el aborto dentro de las primeras doce semanas de gestación. Hubieron quienes no estuvieron de acuerdo con esto (la Procuraduría General de la República e irónicamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos), e impugnaron estas reformas. El caso se fue entonces a la Suprema Corte quien en 2008 resolvió que era constitucional permitir el aborto voluntario en ese plazo y se podía realizar en cualquier hospital del DF (en forma gratuita en hospitales del Gobierno del DF).

 

Sin embargo, no habían pasado dos meses desde aquel fallo histórico, cuando el congreso de Sonora inició lo que se convirtió en una embestida conservadora contra la despenalización del aborto en la Ciudad de México, que daría por resultado que bien entrado el siglo XXI, en México, dieciséis estados de la República reformarían sus constitucionales para proteger la vida de forma absoluta desde “el momento de la concepción”. En otras palabras, desde que un óvulo es fecundado por un espermatozoide, éste óvulo fecundado merece la misma protección que una persona nacida. Nada menos.

 

Las y los legisladores —lo mismo del PAN que del PRI, el PRD, PVEM, Convergencia y Nueva Alianza— que con su voto contribuyeron a reformar las dieciséis constituciones estatales, prefirieron ignorar y desconocer los derechos de las mujeres a la salud, la vida, la dignidad y la libertad e imponerles sus preferencias y valores (los de los legisladores). La intencionalidad de estas reformas era limitar los derechos de las mujeres, en particular su derecho a decidir tener hijos o no, derecho a usar anticonceptivos para evitar embarazarse, derecho a acceder a técnicas de reproducción asistida como la fertilización in vitro para reproducirse.  Los derechos de las mujeres están en juego frente a la consideración del óvulo fecundado como persona. He ahí el absurdo de esa absoluta protección.

 

Las y los legisladores, fundados en una ideología religiosa que no tiene cabida en un Estado laico como el mexicano, se tomaron, en suma, la atribución de decidir por ellas cuándo deben ser madres, de cuántos hijos y en qué condiciones. Cuándo podrán usar anticonceptivos y cuando no.

 

Cuando esa avalancha de reformas se desató, los presidentes de las comisiones estatales de derechos humanos (y también el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos) hubieran tenido la posibilidad de pedir la inconstitucionalidad de las reformas por violentar derechos de las mujeres. Pero los defensores de los derechos humanos decidieron quedarse de brazos cruzados. Hicieron oídos sordos a estos cambios constitucionales, ignoraron que su deber es, justamente, proteger y defender los derechos humanos de las personas. Por fortuna, se dieron dos excepciones a esta sordera.

 

La primera fue del entonces ombudsman de Baja California y ahora diputado, Francisco Sánchez Corono. A él sí le importó que los derechos de las mujeres fueran afectados y cumpliendo con su deber de defensor del pueblo, presentó una acción de inconstitucionalidad con la intención de dejar sin validez la reforma en su estado.

 

La segunda fue un grupo de legisladores y legisladoras de San Luis Potosí, quienes cumpliendo con su función de servidores públicos, presentaron una acción de inconstitucionalidad por considerar que las reformas violan derechos humanos de las mujeres. Entre ellos la Diputada Beatríz Benavente.

 

Debe quedar claro que es fundamental que se proteja la vida en gestación, pero si esa protección es absoluta se perjudica a las mujeres embarazadas, con problema de fertilidad o las que no quieran embarazarse.  Si la protección es absoluta, se pone en riesgo su derecho a decidir cuándo sí y cuándo no embarazarse. No habrá, en pocas palabras, las condiciones necesarias para garantizar una maternidad libre y voluntaria. Lamentablemente, las reformas en discusión no fueron pensadas para garantizar a las mujeres una gestación saludable que culmine en un parto seguro y un hijo o una hija sanos.

 

Si realmente hubiera intención de proteger a mujeres embarazadas, esos legisladores que se decían defensores de la vida, debieron haber adoptado leyes que se tradujeran en servicios de salud de calidad para las mujeres tales como la atención médica durante el embarazo, una nutrición adecuada, un monitoreo que permita atender oportunamente cualquier problema, parto seguro, guarderías, por mencionar sólo algunas.

 

En México, la mortalidad materna sigue preocupando. Muchas mujeres se mueren porque no las atienden durante el embarazo o parto. Lo mismo ocurre con la mortalidad neonatal. ¿Cuántos de esos bebés que se mueren al nacer podrían sobrevivir si los gobiernos se preocuparan realmente por garantizar la salud de la población?

 

En cambio, la mayoría de diputadas y diputados de dieciséis congresos estatales se preocuparon por reformar las constituciones movidos por una cuestión ideológico-religiosa y con la intención de limitar la posibilidad de que las mujeres cuenten con marcos normativos que les den certeza jurídica para acceder a anticonceptivos y evitar embarazos no deseados, que ponen en peligro su salud o su vida o que son producto de una violación así como para acceder a métodos de reproducción asistida cuando no puedan embarazarse.

 

Las reformas además generaron temor e incertidumbre entre los prestadores de servicios de salud (médicos, enfermeras, trabajadores sociales) por la posibilidad e “ir en contra de la constitución” cuando prescriben ciertos anticonceptivos, si interrumpen embarazos aun en los casos legales o cuando hacen fertilización in vitro.

 

Hoy, 26 de septiembre de 2011, las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzarán a discutir este asunto. Lo discutirán a partir de las acciones de inconstitucionalidad que presentaron el entonces defensor de derechos humanos de Baja California y un grupo de diputadas y diputados de San Luis Potosí.

 

La discusión de fondo no es si garantizarle o no protección a la vida en gestación, en eso hay consenso. El debate de fondo es si esa protección debe ser absoluta y si el óvulo fecundado debe ser considerado persona. Lo que está en juego son los derechos de las mujeres, incluyendo su derecho a una maternidad libre y voluntaria. La discusión nos afecta a todos y todas y por ello es importante entender la relevancia que esta discusión tiene.

 

Lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia no sacará a las mujeres encarceladas por haber tenido un aborto (espontáneo o provocado), pero sin duda será un importante precedente para avanzar en la protección de los derechos de las mujeres, en particular sus derechos reproductivos. Lo que se decida tendrá un impacto real en el acceso a servicios de salud, en la capacidad y autonomía de las mujeres para decidir sobre cuando tener hijos y como.

 

Ojalá que la Suprema Corte, como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, nuevamente se incline por salvaguardar la vida de las mujeres, su libertad, su autonomía y sus derechos. Ojalá que el fallo nos acerque un poco más a ser una  sociedad más democrática y justa.

 

 

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