Antonio Martínez Velázquez

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Ley Döring o las leyes contra las personas

Por: Antonio Martínez Velázquez (@antoniomarvel)*

Se acaba el año y los legisladores se van de vacaciones con unos aguinaldazos, pero antes de irse nos regalan unos buenos golpecitos legislativos aprovechando que los ciudadanos interesados en los asuntos públicos estamos más relajados. Lo anterior ocurrió, desafortunadamente, con la votación a favor de la iniciativa #IMPIpolicial que da facultades policiacas al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para investigar supuestas violaciones a los titulares de derechos de propiedad intelectual y presumiendo culpabilidad derivada de estas investigaciones, lo que contradice de manera clara al orden constitucional vigente.

La #leydoring no ha sido aprobada y es una iniciativa que no refleja la posición de la bancada del partido del Senador (PAN). Además el propio Federico Döring se ha comprometido a organizar foros en Enero para debatir el fondo de la iniciativa. Espero que los espacios de discusión sean completamente abiertos y plurales con el fin de obtener las mejores conclusiones y que éstas se vean reflejadas en la iniciativa citada.

Distintas cosas me preocupan de la #leydoring. La primera, es la profunda ignorancia que muestra sobre internet. Es inaceptable que hoy un legislador, el que sea, no sepa qué es y cómo funciona el internet (para ello les recomiendo este texto de los académicos Doc Searls y David Weinberger “Qué es internet y cómo dejarla de confundir con otra cosa”). El cuerpo de la iniciativa tiene definiciones incompletas y equivocadas, entre ellas la definición de una dirección IP como el “número que identifica a un equipo de manera inequívoca”. Lo anterior  es erróneo porque, aunque efectivamente identifica un punto de conexión a internet, la realidad es que muchos equipos y personas pueden estar conectados ahí, sin contar con las direcciones dinámicas que los proveedores cambian constantemente. Como identificación, darle ese peso a la dirección IP causaría la investigación innecesaria de miles de usuarios.

De ahí mi segunda preocupación: la tecnología usada para detectar el tráfico en estos puntos de acceso es altamente invasiva a la privacidad de la persona. Esta tecnología (deep packet inspection) es usada por gobiernos como los de China e Irán…espero que no sea la intención de ningún legislador convertir a nuestro internet en un espacio de censura y control. Toda tecnología que violente la privacidad de las personas debe evitarse y, en caso de ser ineludible, se debe balancear el falso dilema entre la seguridad y privacidad con mecanismos de vigilancia a los vigilantes.

Otra preocupación que me genera esta iniciativa es la vocación de los políticos por admitir, en los hechos, que nuestro sistema de justicia penal es disfuncional, y por ello, trasladar facultades judiciales a entidades del poder ejecutivo sin las garantías legales que se obtienen de procedimientos donde intervienen ambos poderes.

Si esto no fuera suficiente, hay algo que me inquieta todavía más y que tiene que ver con quién o cómo llegan estas leyes a los legisladores. La evidente inconsistencia (incongruencia, quizá) de Döring al firmar una iniciativa cuyo argumento central es el mismo que él combatió en las reuniones de grupo de trabajo realizadas por el Senado, y cuya consecuencia fue detener Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA). Sin caer en la “conspiranoia”, esta inconsistencia legislativa puede ser un error, es decir, que Döring haya encargado a algún asesor dicha iniciativa y se la platicaron como buena; podría parecer normal por todo el trabajo de nuestros legisladores aunque un pésimo cálculo político, dado que el Senador imparte conferencias de “cómo paró ACTA”. Inaceptable.

Peor aún, esta iniciativa podría ser resultado de un intenso y opaco cabildeo por parte de la industria del entretenimiento. La toma del Poder Legislativo por las corporaciones es siempre preocupante y en los casos referentes a los derechos de propiedad intelectual, queda exhibido de manera clara.

La #leydoring no protege de ninguna manera a los autores de obras sino a los intermediarios de protección de los derechos de propiedad intelectual, ignora también los argumentos de distintos jueces en el mundo que han resuelto que una descarga no equivale a una venta perdida. Sin embargo quiero entender que la retórica del copyright le puede parecer confusa al Senador, por ello le recomiendo leer “Digital Copyright and Confuzzling Rethoric” del académico de la Universidad de Drake donde rebate los argumentos a favor de la excesiva protección de los derechos de propiedad intelectual y cuestiona también los de los defensores anti-copyright. Es un trabajo realmente bueno.

El año siguiente con seguridad estaremos viendo más intentos por censurar la red con pretexto de la propiedad intelectual. Resultará cansado y desgastante, pero vale la pena la lucha. Que sepan los candidatos a representarnos que estaremos atentos, que su ignorancia en el tema será señalada y amplificada. Que comprendan los legisladores que no pueden desconectar a un país que todavía no se conecta. Hacer leyes contra las personas no es la opción, entender los fenómenos que se pretenden legislar es una obligación.

* Antonio Martínez Velázquez es investigador del internet, propiedad intelectual y su relación con lo público. Pirata.

 

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