Por: Marco Cancino y Mariana Tapia*
Durante el 2011, se publicaron en distintos medios de comunicación diversos artículos reflejando la postura oficial, académica y periodística a analizar e intentar explicar las cifras publicadas por la Presidencia de la República (hace exactamente un año); cifras relacionadas con el conteo oficial de las personas fallecidas durante la estrategia de combate a la delincuencia organizada(originalmente llamada guerra contra la delincuencia organizada).
La publicación de dichos artículos generó un debate cuya temática responde más a la de un journal especializado en estadística (aunque no siempre con la calidad, objetividad e imparcialidad deseable, principalmente por sus omisiones o errores metodológicos), que al análisis crítico de la política de seguridad, procuración e impartición de justicia del Gobierno Federal.
Ahora bien, la base que generó gran polémica entre los especialistas, activistas y medios de comunicación en los últimos días -por la negativa de la autoridad federal de dar a conocer su actualización- se publicó en su primera versión en enero del 2011 como “Base de datos de homicidios presuntamente relacionados con la delincuencia organizada”, para ser posteriormente renombrada como “Base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial”. Independientemente de las variaciones del nombre de la base de datos, lo notable es que los fallecimientos registrados en ésta son “presuntos” o están “presuntamente relacionados con” la delincuencia organizada o con la rivalidad delincuencial, pero sin certeza legal de ello.
Hasta diciembre de 2010, el conteo oficial de fallecimientos era de 34,612 y tras una semana de presión por parte de Animal Político para obtener las cifras actualizadas, la Procuraduría General de la República publicó la cifra de 12,903 “fallecimientos por presunta rivalidad delincuencial” entre enero y septiembre de 2011. El hecho relevante es que es imposible conocer si a cada uno de los fallecimientos registrados corresponde una averiguación previa realizada por cualquier tipo de autoridad ministerial—local o federal—o existe una sentencia condenatoria. La única diferencia ahora es que los casos acumulados suman 47,515.
Desde que se hizo pública la base de datos -con cualquiera de sus nombres y/o versiones- era importante saber la cifra de fallecidos de los que no se reporta información estadística básica (como sexo o edad) y los periodos de actualización de información generada por las investigaciones judiciales (averiguaciones previas) de las que se hace referencia en los documentos metodológicos. Actualmente, la página de la Presidencia de la Repúblicaseñala como características descriptivas de las ejecuciones el lugar de hallazgo de las personas ejecutadas, el sexo, la edad, si las personas fueron encontradas con un mensaje (narcomensaje), además de los casos en que no se puede clasificar por no contar con los elementos anteriormente mencionados (sin determinar); lo que permite suponer que esta información sí fue recabada y registrada en algún momento.
También era de esperarse que la información contenida en la base fuera utilizada como un criterio adicional por el Gobierno Federal para modificar, en alguna medida, la política pública en materia de seguridad. Por ejemplo, nos atrevemos a pensar que, dado que los homicidios fueron registrados por una autoridad local y que en las características de las ejecuciones existe la variable “lugar”, la versión no-pública de la base podría contener la colonia, o inclusive la calle, en donde se llevó a cabo un homicidio. Ello permitiría generar un mapa delictivo, no sólo de los estados o los municipios, sino de las colonias y quizá las calles donde el Ejército y la policía debía poner mayor atención. Si el Gobierno Federal hubiera mapeado a las víctimas encontradas con mensajes y su supuesta autoría, se sabría cuáles son las zonas en las que la violencia obedece a la disputa entre cárteles por las plazas, cuáles corresponden a problemas de orden público y en cuáles hacen falta otras herramientas para atender la situación de violencia e inseguridad. De nueva cuenta, calle por calle.
Tal vez existen argumentos de que lo anterior sí se realizó y que “por razones de confidencialidad” dicha información es confidencial; sin embargo, dadas las afirmaciones más recientes del Gobierno Federal sobre la calidad de los datos, des difícil pensar que este podría ser el caso.
Sin embargo, la realidad parece indicar que a partir de todos esos datos no ha sido posible determinar quiénes estuvieron involucrados en el trasiego de drogas, quiénes en el tráfico de armas, en una banda de extorsionadores o quiénes fueron asesinados por robarse los espejos de un coche en una calle que no le correspondía.
Los números son útiles para comprender y explicar, en la medida de lo posible, un contexto determinado, evaluar las intervenciones del gobierno, traducidas en políticas públicas, en temas económicos, sociales, culturales, de seguridad, para inclusive atreverse a proponer alternativas. Concentrarnos únicamente en determinar si la violencia aumenta después de la estancia de militares, marinos o policías federales en un municipio es tan improductivo como contar los muertos; discutir si están bien o mal contados, si buscamos correlación o causalidad o si ya los actualizaron mientras sabemos que estamos construyendo ese argumento sin preguntarnos sobre la calidad de la información y la metodología para recabarla, sistematizarla o inclusive, presentarla (como por ejemplo, PDF).
En todo caso debemos exigir que exista un mínimo de rigor metodológico en la recolección, sistematización y publicación de la información y que ésta se mantenga a lo largo de todas las versiones difundidas por las autoridades locales y federales y no sólo sea una línea discursiva más en el monólogo oficial mientras los “analistas” y activistas orgánicos hacen análisis irrelevantes con información que carece de calidad.
Queda la duda de si el trabajo del equipo de expertos que colaboraron en la versión pública de la base de datos terminó cuando ésta se publicó o si debe ser una labor permanente, crítica pero a la vez constructiva, o sólo fue efímera y necesaria para la legitimación de la primera versión de la base de datos.
El Gobierno Federal admitió de manera pública que no conocía la cifra exacta de fallecimientos, homicidios —o el eufemismo que se prefiera— y que esto se debe a que las instancias locales encargadas de reportarlas no lo han hecho o al menos no lo han hecho con el formato y el rigor requerido.
Sin embargo, en caso de que en algún momento del presente año se actualizaran las cifras sobre el total de homicidios de 2011 -y lo que vaya de 2012- es probable que la discusión girará en torno a temas electorales, por ejemplo, y quede de lado la base de datos sobre homicidios, al igual que el análisis de la política federal de seguridad.