AMLO y sus dardos jurídicos (Parte 2)

Segunda parte de dos. Para consultar la Parte 1, sigue este enlace.

Por: Saúl López Noriega (@slopeznoriega)* 

 

La demanda de AMLO construye dos cimientos –aplicación directa de la Constitución y determinancia en sentido amplio. Una vez hecho esto, el siguiente paso es darle contenido al principio constitucional que a su parecer ha sido violado, y que se ubica en el segundo párrafo del artículo 41 constitucional: “La renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizará mediante elecciones, libres, auténticas y periódicas…”. En efecto, la demanda considera que la elección presenta una serie de anomalías que impidieron que la ciudadanía eligiera a su presidente de manera libre y auténtica.

Pero, qué entiende AMLO por elección libre y auténtica. Se trata de un aspecto medular ya que estamos frente a una expresión equívoca, de la cual se pueden desprender varias interpretaciones. Alguien, por ejemplo, puede argüir que elecciones libres significa que el electorado tenga la oportunidad de vender al mejor postor su voto. Es una exageración, pero no hay que olvidar que cortes, como la estadounidense, han considerado válida la ecuación libertad de expresión igual a dinero. Lo cual abona a mi punto: los principios constitucionales no son inequívocos. Y, por ello, el reto de un demandante es ofrecer una argumentación del principio constitucional en cuestión de tal calibre que les deje poco margen de acción a los jueces.

La demanda de AMLO, por el contrario, ofrece expresiones como: “Una elección auténtica es aquella en donde existe equidad en la contienda”, “Una elección libre es una elección no constreñida ni sesgada”, “Una elección libre es aquella en donde los ciudadanos ejercen su voto sin dádivas de por medio”. ¿Qué se debe entender por equidad? ¿Cuándo una elección ya está siendo constreñida o sesgada? ¿De qué manera entender dádiva? En más de seiscientas páginas, la demanda le dedica tan sólo una de dieciséis renglones a este ingrediente, con lo cual se pierde la oportunidad de construirle sólidos cimientos a la demanda y de trazar las coordenadas de debates aún pendientes en el país.

El último eslabón de esta cadena son las pruebas de las vulneraciones a este principio constitucional. Éstas se agrupan de la siguiente manera: sesgo de los medios de comunicación; rebase de los topes de gasto de campaña; quiebre a los límites de aportaciones monetarias de terceros o simpatizantes, encuestas y estudios de opinión como propaganda electoral; y compra y coacción del voto.

En cuanto al primer agravio, la demanda de AMLO señala que durante los años 2005-2012, EPN estableció acuerdos comerciales con diversos medios de comunicación que resultaron en una amplísima cobertura positiva a favor de éste. La demanda asegura que este sesgo mediático se presentó en diversos productos como infomerciales, entrevistas, programas de revista, editoriales, reportajes, artículos de opinión, etc. Para demostrar esta enorme e inequitativa presencia en medios de EPN, se presenta un cómputo comparativo de cobertura y menciones positivas entre AMLO y el candidato del PRI. Un aspecto extraño es que el arco de tiempo analizado inicia desde el momento en que AMLO contendió por la presidencia por primera vez, lapso en el que sin duda gozó de mayor cobertura que EPN.

Aquí el TEPJF deberá decidir si sólo analiza la cobertura de los medios en los tiempos legales de la campaña electoral de este año, o si estudia el periodo que propone AMLO. En este caso, tendría que justificar por qué acepta ese periodo y no otro que podría iniciar en el año 2000 –cuando AMLO empezó a construir su candidatura-. Con esto, me interesa subrayar que la debilidad de esta propuesta reside en que es complicado probar el impacto preciso en este proceso electoral de una cobertura gestada desde varios años atrás, además del problema de justificar a partir de qué momento se debe analizar la cobertura que ayuda indebidamente a un candidato. Creo que, en vez de esta estrategia, la demanda debió haber dirigido su ataque al uso de recursos públicos para pagar esa cobertura. Aun con todas sus complicaciones es más simple, medible y objetivo.

Otras pruebas: para demostrar, por ejemplo, el contubernio entre Televisa y EPN se contabilizan el número de apariciones de éste en la revista Quién. Sin embargo, esta revista no es propiedad de Televisa. Este grupo, más bien, es dueño de la revista Caras que es la competencia de Quién. Por otra parte, para probar el grado de influencia de los medios en la percepción de las personas, la demanda cita este video que explica el impacto que sufrieron los neoyorkinos en 1938 al escuchar por radio la dramatización de la novela La guerra de los mundos por parte de Orson Welles. Existe efectivamente una corriente académica que considera que los medios moldean nuestras mentes cual plastilina. Hoy en día muy pocos la sostienen y, en su caso, con serios matices. Sin embargo, si ésta es la hipótesis de los demandantes, ¿por qué no incluir mejores referencias que la apuntalaran? Pienso en autores como Giovanni Sartori (Homo-videns) y Karl Popper (La televisión es mala maestra) que comparten este mismo argumento y son fuentes mucho más persuasivas que el video de Welles.

En general, la falla estructural de la demanda es su concepción de los medios. Los cuales, a su juicio, deben ser neutrales y objetivos. Sin embargo, esta tesis es insostenible. Se trata de una cantaleta académica trasnochada que insiste en que los medios reflejan la realidad, cuando más bien la construyen. Cualquier medio en su rutina informativa tiene que decidir del universo de hechos qué es noticia y qué no es noticia; luego, jerarquizar su relevancia que se traduce en tiempo audio, video o ubicación en el papel impreso; por último, determinar el contexto en el que se encuadra esa información. Este mínimo ejercicio, a partir de mejores o peores criterios, implica un sesgo.

¿En qué reside entonces la democratización de los medios? En transparentar y limitar el dinero público que un gobernante pacta con un medio a cambio de una imagen favorable y de pluralizar la distribución de concesiones de los medios. Lo frustrante es que la demanda sí contiene un sólido estudio sobre la concentración de medios en el país y la falta de transparencia en la relación económica de éstos con los gobernantes. Pero, justo por la estampa que tiene de los medios, no lo conectó con lo más relevante: el hecho de que la concentración de medios facilita el maridaje entre éstos y la clase política, elevándole a ésta el costo económico y político de tal relación. Situación que se agrava con la enorme opacidad con la que llega el dinero público a las arcas mediáticas.

Las pruebas que presenta la demanda de AMLO respecto los siguiente dos agravios –rebase de topes del gasto de campaña y de las aportaciones de simpatizantes- se agrupan de la siguiente manera. Por un lado, fuentes periodísticas como Proceso, Reforma, La Jornada, The Washington Post, 24 horas y el programa de radio de Carmen Aristegui y; por el otro, de quejas que el equipo de AMLO ha presentado ante el IFE y la FEPADE. Mismas que se han traducido en líneas de investigaciones, pero que todavía no concluyen. El problema es que hay un desfase estructural en nuestro andamiaje electoral, si se quiere condicionar la validez de una elección a este tipo de agravios. Veamos: el TEPJF no puede anular una elección cuando las pruebas son quejas que apenas se han presentado, tampoco es un fiscal que pueda investigar a profundidad ese tipo de acusaciones. Y, por su parte, el IFE y la FEPADE que sí deben averiguar estos temas, no pueden hacer una pesquisa de esta magnitud en un par de meses. La respuesta de la demanda ante este desfase es que para mejorar la calidad de nuestra democracia es necesario elevar el costo de quebrar los límites del gasto de campaña. No sólo como supuestos para establecer sanciones económicas y penales, sino también para anular una elección.

¿Cómo ceder, no obstante, ante este argumento si todavía no han llegado a su fin las investigaciones? ¿Cómo solicitar la anulación de la elección presidencial con el argumento de que se han presentado quejas en contra de la Coalición Compromiso con México, cuando la Coalición Cambio Verdadero también está siendo investigada? Con esto, no descarto que estas acusaciones al final tengan sustento e impliquen onerosas multas para los partidos que respaldaron a EPN y AMLO, así como una seria abolladura a la legitimidad de éstos. Pero de ahí a anular la elección sólo por el cúmulo de quejas es un salto demasiado arriesgado. En todo caso, este desfase que evidencia AMLO debiese servir para repensar los tiempos de decisión de las instituciones electorales y condicionar la validez de una elección a los saldos de la fiscalización de recursos.

El cuarto agravio se refiere a la utilización de encuestas y estudios de opinión como propaganda electoral. Aunque no ofrece pruebas de que el equipo de EPN haya pagado alguna encuesta, la demanda considera que el hecho de que la mayoría de éstas señalarán como puntero a EPN durante el proceso electoral es un fuerte indicio de lo primero. Es decir, su argumento consiste en que si alguien es favorecido sistemáticamente en las encuestas hay una sólida presunción de que son resultado de una transacción económica. Pero no sólo eso: esta avalancha de encuestas favoreciendo a EPN propició un efecto bandwagon. Esto es, un comportamiento social en el que los electores se suman a la candidatura más sólida y exitosa, sin evaluar los méritos de ésta y para evitar quedarse aislados. Lo cual es propaganda electoral prohibida. Algo que llama la atención es que la demanda no sugiere cómo entender, a partir de su argumentación, las encuestas de María de las Heras, Reforma y Berumen cuyas tendencias disímiles al resto oxigenaron la candidatura de AMLO en diversos sectores de la sociedad.

El último agravio aborda el tema de la compra y coacción de votos. Se trata de una ensalada de varios aspectos: el tweet del presidente Calderón durante el segundo debate, con las siguientes declaraciones de varios de sus empleados para poner en duda propuestas económicas de AMLO; el argumento de que no puede haber elecciones libres con rebase aplastante de los topes de gastos de campaña; así como una propuesta para cambiar el rasero probatorio de la compra de votos, de tal manera que en vez de tener que demostrar el cambio efectivo de las preferencias electorales de un electorado “comprado” baste con probar que existía la expectativa del candidato o partido de que dicha “compra” fuese efectiva.

¿Qué futuro, para concluir, podemos esperar para esta demanda? El escenario de la anulación pinta en extremo difícil. No ayuda el sistema electoral que impide condicionar la validez de una elección al rebase de los topes de gasto de campaña ni a la compra de votos. No abona tampoco una figura como la determinancia que raya en la astrología judicial. Y, por supuesto, no coadyuva a tal propósito la calidad de la demanda, con argumentos y pruebas jurídicas francamente endebles. El error estructural de este texto es que no se trata de una demanda judicial. Estamos, más bien, ante una demanda mediática cuyo campo de batalla es la opinión pública más que la arena judicial. Estrategia que, por cierto, es válida: el éxito de varios litigios no reside en una sentencia favorable, sino en colocar en la agenda pública ciertos temas. Sin embargo, aun desde esta perspectiva, la demanda de AMLO desaprovecha una gran oportunidad para criticar los problemas de esta elección como lo que son: vicios en el ejercicio del poder derivados del diseño de diversos engranajes institucionales que,  mientras no se ajusten, se seguirán repitiendo como ha sucedido en los últimos lustros. La demanda tiene el enorme mérito de señalar el sustrato de algunos de estos vicios: concentración de medios, opacidad en el gasto público en publicidad gubernamental, falta de transparencia en las casas encuestadoras. Pero, cuando pareciera que el texto va a ofrecer un análisis fino, agudo y bien fundamentado resbala en lugares comunes y lógicas disparatadas. La demanda pudo haber dado mucho más. Tal vez esa es su lección fundamental: en ocasiones, vale más un buen abogado que varias marchas y mítines.

 

*Saúl López Noriega es Profesor e investigador del departamento de Derecho del ITAM. Coordinador del proyecto Monitor Judicial.

 

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