Vladimir Chorny

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Una amenaza y otra defensa a los derechos humanos

 

Por: Vladimir Chorny (@VladimirChorny1)

El pasado jueves 3 de enero, el Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa de reforma constitucional que propone la modificación del artículo 1º, agregando un párrafo que busca la limitación y restricción de uno de los avances más relevantes en materia de derechos humanos y libertades en el sistema jurídico mexicano: el principio pro personae. Éste consiste en que al momento de aplicar una disposición de derechos humanos, toda autoridad del Estado debe optar por la que favorezca más ampliamente a los derechos de la persona que se encuentre en el caso concreto, sin importar si esa norma proviene de la Constitución o de un tratado internacional.

En las horas siguientes, el diputado expresó en distintos medios que tal vez debería repensarse la reforma. En su entrevista, comenta que no moverá un dedo para apoyar la reforma, es decir, que ya está ahí y que será discutida, pero que ya no la impulsará como pensaba hacerlo. Al final, plantea dos opciones: recibir ideas para replantearla para su discusión, o dejarla como está para que la discutan los legisladores. Este escrito es una idea más en contra de la propuesta. Queda claro que la intención del legislador no es retirarla, como muchos de los que hemos escrito consideramos que debería de hacerse por el riesgo que implica. Aquí algunas ideas sobre este interesante debate.

La propuesta es una amenaza a la conquista del régimen de protección de derechos humanos reconocido en la reforma del 10 de junio de 2011, considerada como una de las más importantes de los últimos años. Ésta implicó un cambio de paradigma de interpretación judicial (de ahí el paso a la décima época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación). La iniciativa en cuestión  agrega al segundo párrafo del mencionado artículo un enunciado que eliminaría el principio pro personae, si se argumenta que de usarlo se afectarían otros principios constitucionales. Así, en este caso, aún encontrando una norma de derechos humanos más favorable en un tratado del que México sea parte, la Constitución habría de aplicarse como una regla, a rajatabla.

La justificación de la propuesta se sustenta en que existe una supuesta contradicción entre los primeros dos párrafos del artículo 1º. El primero, dice él, establece que la suspensión y restricción de derechos debe hacerse sólo por la Constitución, mientras que el segundo: deja a un lado la interpretación integral de realidades y principios previstos para sociedades concretas en las que se interpreta el derecho, así como las necesidades de regulación de cada Estado, que no significan una merma para los derechos humanos en su conjunto (sea lo que sea que esto signifique).

Con este argumento, el diputado plantea una pregunta: ¿qué sucede si un principio vagamente regulado en el ámbito del derecho internacional, está más específicamente regulado por nuestra Constitución, para darle eficacia en el ámbito nacional ó (sic) para hacer efectivos otros derechos humanos igualmente relevantes?. Tras disparar, explica que de acuerdo a la teoría de los Derechos Humanos (sic) (sí, así como si existiera una sola), los jueces que realizan el Control de la Regularidad Constitucional de los derechos fundamentales de Tratados Internacionales y de la Constitución Política, deben tener un criterio que a manera de regla, dé prioridad a aplicar de la norma constitucional frente a la internacional, de existir contradicción entre ellas.

Como los derechos no son absolutos, concluye, debe optarse por la regulación constitucional y no por la amplitud del derecho internacional (sic), ya que si no, la seguridad jurídica se pone en riesgo, llegan interpretaciones no armonizadas y se impide crear precedentes y aplicar la reforma de manera real. Termina apoyándose en un tratado internacional, citado y usado incorrectamente; no utiliza el relativo al cumplimiento de tratados entre Estados a los que se refiere en su iniciativa, usa el de los tratados entre Estados y organizaciones, no aplicable a los ejemplos que utiliza.

Es un error considerar que existe una contradicción entre el principio pro personae y la cláusula que habla de la suspensión de derechos y garantías en la Constitución. La primera disposición hace referencia a un principio de interpretación que amplía los derechos de los ciudadanos, mientras que la segunda se relaciona con su suspensión, contemplada principalmente en los artículos 29 y 38 de la Constitución.

El principio pro personae funciona como una cláusula en favor del individuo, situando a los derechos humanos en la punta de la pirámide normativa. Esta figura, desarrollada por el principal organismo de protección de derechos humanos del continente (la Corte Interamericana), no resuelve qué derecho favorecer usando criterios de contradicción de normas, como propone el diputado, sino que usa el mecanismo de ponderación para elegir la norma más benéfica en cada caso en concreto.

La seguridad jurídica (artículos 14 y 16 de la Constitución y 9 de la Convención Americana), en primera instancia, como principio de legalidad, se lesiona cuando una disposición es ambigua y vaga, cuando no establece claramente la conducta por la que pueden limitarse derechos, siendo incierta o imprecisa. Ésta no se afecta con un principio que obliga a los jueces maximizar derechos y resolver sobre el que da mayor protección. Se fortalece al asegurar que en cualquier caso, se resolverá en favor de éstos. Pero además, la seguridad jurídica como paradigma ha sido sustituida gracias a la mencionada reforma, al reposicionar a los derechos humanos como el núcleo fundamental de la Constitución, realizando un verdadero giro copernicano en el sistema democrático-constitucional.

La propuesta legislativa es peligrosa porque confunde argumentos jurídicos y ataca un precepto que ha revolucionado el sistema jurídico en beneficio de los derechos humanos. Éstos deben ser reivindicados en todas las arenas; las victorias en su favor deben protegerse para no retroceder en ellas ni olvidarlas. Las amenazas a estos deben ser señaladas y deben ser rechazadas con los argumentos que los mismos derechos dan a su favor. El camino de las libertades es cuesta arriba y sin freno, si dejamos de empujar permanentemente hacia arriba, la única dirección es hacia atrás, en contra de las mismas. Esta labor es de la sociedad en general y de las autoridades en particular, quienes por cierto, están obligadas a impedir que estas propuestas se lleven a cabo, actuando bajo el principio de progresividad de los derechos humanos, también contenido en el artículo 1º que se buscó reformar.

La pregunta central hecha por el diputado es de sencilla respuesta: si la Constitución regulara un derecho de manera más favorable para los individuos, de lo que lo regulan los tratados internacionales de los que México es parte, deberá favorecerse el derecho contenido en la Constitución. Es esto lo que establece el principio pro personae que él rechaza, aunque sea precisamente esto, lo que pareciera no comprender.

La discusión y el debate son fundamentales para sociedades que aspiran a ser democracias deliberativas. El intento de diálogo sobre el tema se aplaude, pero plantear una propuesta de esta naturaleza para obligar la deliberación no es la mejor manera de hacerlo. Muestra de ello es cómo la opinión pública y los especialistas se han pronunciado. Mejor es buscar otros espacios para discutir que amenazar un avance tan importante para los derechos, las libertades y la búsqueda de justicia en la sociedad mexicana.

 

* Vladimir Chorny es integrante de la asamblea #YoSoy132 Facultad de Derecho UNAM.

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