Milena Ang

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Comisión Anticorrupción: más preguntas que respuestas

Por: Milena Ang (@milosimpatica)

Recientemente los diputados del tricolor presentaron una propuesta legislativa para la creación de una comisión anticorrupción. En respuesta, @erendira_ar escribe este texto en el que emite tres críticas sobre dicho órgano. Primero, que se enfoca en castigar la corrupción en lugar de prevenirla. Segundo, que fragmenta la lucha contra la corrupción al ya haber varios órganos cuyas funciones pueden traslaparse con el órgano propuesto, tales como la Secretaría de la Función Pública, el Ministerio Público y los órganos internos de control. Tercero, que la implementación de una comisión anticorrupción es, en sí misma, insuficiente para resolver la prevalencia de prácticas corruptas en México.

La crítica es pertinente, pero creo que omite ciertos puntos centrales del tema. En primer lugar, la corrupción, entendida como el abuso del poder público con fines privados, abarca una multitud de prácticas: desde la famosísima “mordida” para que no nos lleven al corralón, hasta los funcionarios públicos que se atiborran los bolsillos de dinero para usarlo indebidamente en campañas. Cada una de estas prácticas tiene distintas causas y por tanto sería ingenuo pretender que una sola reforma institucional será capaz de atacar “la” corrupción de un país. Es decir, mientras que aumentar el salario de los policías puede disminuir el problema de las mordidas, sería absurdo creer que dicha medida evitará que políticos otorguen contratos a amigos y familiares. Por tanto, para poder evaluar la pertinencia de una reforma, debemos primero decidir y establecer qué tipo de corrupción en específico se quiere atacar.

Este es precisamente el mayor problema de la propuesta presentada por legisladores del PRI. En ella se establece que comisión será la “encargada de aplicar la legislación sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así como de perseguir los delitos relacionados con actos de corrupción” (p. 6). La comisión tendrá facultades de investigación de servidores públicos y privados, y podrá sancionar administrativamente a políticos de los tres niveles de gobierno. Tal y como se encuentra escrito este documento es imposible saber si, por ejemplo, la comisión se centrará en perseguir a ciudadanos que han pagado mordidas, o si se dedicará a castigar la corrupción a gran escala, o si se esforzará para atacar ambos problemas. Estas preguntas, me parece, son relevantes para poder analizar qué tan adecuada es la creación de dicho órgano (y qué estructura debe tener) como solución a prácticas específicas de corrupción.

El segundo punto es que, si bien debemos dedicar esfuerzos a evitar la corrupción, castigarla es igual de necesario. La amenaza creíble de castigo puede disuadir a ciudadanos y funcionarios de incurrir en actos de corrupción. El establecimiento de un órgano punitivo eficiente puede mejorar la confianza de los mexicanos en el sistema de justicia, o al menos en una de las instituciones encargadas de la impartir justicia. Finalmente, castigar con apego a la ley a aquellos que han abusado de su cargo público es un acto democrático. La rendición de cuentas de funcionarios es un pilar central de los sistemas representativos, y si una institución en particular nos ayuda a mejorar esta rendición de cuentas (que tanta falta nos hace), bienvenida sea.

Como ya se dijo, la propuesta únicamente faculta a la comisión a sancionar actos corruptos administrativamente. Sin embargo la comisión puede decidir llevar un caso penal ante tribunales, al igual que el Ministerio Público. Este punto es vital. Por un lado, como lo menciona @erendira_ar, esto crea órganos cuyas funciones ya están adscritas a otras instituciones. Por el otro, la propuesta transfiere la impartición de justicia penal a los tribunales, cuya actuación ha dejado muchísimo que desear. Bajo este esquema, es totalmente incierto si esta comisión ayudará a la rendición de cuentas o si será una institución ineficiente al cobijo del sistema judicial.

Finalmente creo que es importante analizar los casos de otros países en los que se han implementado este tipo de instituciones. La propuesta del PRI menciona algunos de estos casos y los divide de acuerdo a su estructura y facultades. Sin embargo, el análisis omite establecer que en la mayoría de los casos la dependencia monetaria y política de las comisiones anticorrupción ha resultado en órganos altamente politizados e ineficientes para castigar la corrupción (mira, por ejemplo, este estudio). El mayor peligro para todas estas comisiones es convertirse en órganos que persiguen la corrupción selectivamente y que son usados como arma política o partidista para mermar la competencia electoral. Sería interesante saber la opinión de organizaciones civiles e institutos de investigación de políticas públicas dar su opinión sobre la mejor manera de aislar a esta comisión de presiones partidistas.

En resumen, considero que una comisión anticorrupción puede ser una medida entre muchas para atacar el problema de la corrupción y simultáneamente mejorar la rendición de cuentas. Sin embargo, su efectividad depende de una multitud de preguntas que no han sido respondidas en la propuesta presentada. ¿Exactamente qué actos serán prioritarios para dicho órgano? ¿Cuál será el criterio para iniciar investigaciones? ¿Quiénes serán los encargados de investigar actos particulares de corrupción? ¿Existe la posibilidad de colusión entre la comisión y los tribunales? ¿Es factible que la comisión sea usada para llevar a cabo una cacerías de brujas? ¿Cómo se evitará esto? Estas preguntas, entre muchas otras, deben ser contestadas por los legisladores para que la propuesta sea evaluada comprensivamente.

* Milena Ang es especialista en temas de Transparencia, Rendición de Cuentas y Estadística Aplicada. Universidad de Chicago.

 

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