Raúl Zepeda Gil

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El culpable es el gobierno, no los maestros

Por: Raúl Zepeda Gil (@zepecaos)

Celebro las protestas magisteriales en la Ciudad de México, no por su agenda, sino porque hay motivaciones suficientes de carácter político, social y pedagógicas para objetar en específico el proyecto de Ley del Servicio Profesional Docente del Gobierno Federal. Advierto, soy partidario de un Servicio Profesional del sector educativo, de la calidad educativa, la evaluación constante y de la urgencia de comenzar a resolver el desastre educativo, pero no soy partidario del discurso anti magisterial, que no es lo mismo que anti corporativo o anti sindical, de la retórica gubernamental. Los sindicatos y los trabajadores tienen el derecho de defender sus ingresos y fuentes de trabajo, y los maestros su perspectiva de la educación, a lo único que me opongo es al sistema de control gubernamental-sindical que imperó en México de uso antidemocrático de los maestros. Explico por qué celebro y por qué advierto.

La trayectoria social y profesional de un docente en México es compleja y en la medida de esa complejidad está el entramado político y social de las protestas en la Ciudad de México. Ingresar a las Normales y a la Universidad Pedagógica Nacional en México es en general garantía de vida laboral estable, buen ingreso y retiro digno. Es la trayectoria social más importante en muchas regiones del país para los egresados del sistema medio y medio superior, significa movilidad social a la clase media e incluso la posibilidad de que sus hijos tengan beneficios similares. Para contar con esa trayectoria se tiene que pasar por un sistema de formación construido con bases sociales agrarias, campesinas y comunitarias, sin que se sepa con claridad de su calidad docente. El acceso automático a las plazas docentes de los egresados del sistema de formación profesional era una rutina que garantizaba a miles un futuro. El trayecto de los docentes estará posteriormente definido por dos criterios de permanencia y ascenso: la lealtad al sindicato al que por ley deben afiliarse, el cumplir con la deficiente actualización docente en los Centros de Actualización del Magisterio; además el inicio al ingresar al sistema será en condiciones de mala infraestructura y con pésimos salarios. El docente, en esencia, es una persona que por la aspiración a la movilidad social, muchos por vocación, deciden entrar a la enseñanza formados en un sistema educativo deficiente pero socialmente valioso, y su supervivencia está determinada por la lealtad a un sindicato que por voluntad no ha elegido pero necesita obedecer.

Los maestros, en las circunstancias antes mencionadas, son prisioneros de un entramado institucional que los utiliza con fines políticos. Los maestros no son culpables del obsoleto modelo educativo de docentes, del acuerdo sindical corporativo, del sistema que los diseñó más como masa gubernamental que como servidores públicos. Los maestros son víctimas del desastre educativo y ven en la evaluación estandarizada punitiva (reflejada en las pruebas ENLACE y su impulso por la iniciativa privada) la espada de Damocles, pendiendo sobre sus cabezas, sin que las cúpulas sindicales los defiendan a carta cabal, sin encontrar alternativas viables de actualización docente, sin reformas a las normales. Las manifestaciones magisteriales están combinadas con una defensa del estado de las cosas corrupto, porque ese protege las garantías mínimas de los profesores: la permanencia y la fuente de empleo.

Los maestros deben ser profesionales de la educación y como a todo profesional se le debe tratar con dignidad para ejercer una labor difícil en condiciones adversas. El nuevo sistema profesional debe pensar más en mejorar su desempeño[1] que castigarlos al separarlos del servicio[2], porque ningún sistema piensa en sólo el castigo como mecanismo de mejora, de hecho piensa más en el ingreso y ascenso de los mejores.  El gobierno desde un paradigma que sólo favorece a los gobernadores al crear 32 sistemas profesionales a discrecionalidad[3], impone nuevamente sobre el sistema educativo nuevos controles corporativos.

El gobierno, con la expectativa de recuperar la rectoría de la educación para el Estado, planteó esta reforma educativa por medio de un mecanismo oligárquico no representativo como es el Pacto por México. Dejó una alta expectativa y el camino parecía promisorio: un nuevo INEE con personajes capaces, principios constitucionales claros y voluntad de construir la iniciativa con visión plural. El gobierno traicionó la vía de la construcción de las iniciativas desde el Senado con diálogo con los profesores e impuso su vía sin mediar consecuencias. Imponiendo con sus mayorías, sin pensar en que ellos representan a los ciudadanos, cerró las vías democráticas e impuso una iniciativa contraria al consenso general. La obstinación por subordinar al poder legislativo ante el poder oligárquico y opaco del pacto desencadenó este conflicto. La protesta magisterial no sólo es para efectos políticos más relevantes, la representación de intereses anacrónicos y/o legítimos de los docentes, también es el quiebre de un sector social contra un mecanismo no democrático.

El culpable es el gobierno, los gobiernos, del PRI y del PAN. Esos gobiernos diseñaron los arreglos sindicales corporativos, usaron a los maestros en búsqueda de beneficios políticos, los abandonaron al darles mala educación docente sin mediar con sus expectativas sociales. La solución no es el control de los gobernadores para castigarlos después de la mala actualización docente que hasta ahora existe. La reforma es con los maestros, reduciendo a los sindicatos a su papel real, mediando sus anacronismos con las expectativas de la educación que México necesita recuperar, construir un sistema verdaderamente profesional, que el gobierno al asumir ahora la rectoría de la educación lo haga pensando que no será con mecanismos estandarizados ni castigo político, sino con comprensión de que ellos son quienes le dan clases a las próximas generaciones. Por eso celebro las manifestaciones, porque las manifestaciones abren espacios para la democracia, a pesar que la CNTE no tenga claramente en sus principios la defensa de la democracia o de la calidad educativa, sobre todo bloqueando el Congreso. Las manifestaciones más allá de la CNTE permiten la negociación de una verdadera reforma educativa contrapuesta a la simulación que pretendía imponer el gobierno. Estamos a tiempo de hacer una reforma educativa de calidad con espíritu democrático.

 

* Raúl Zepeda Gil es estudiante de Maestría en Ciencia Política de El Colegio de México.



[1] En la propuesta de Ley del Gobierno Federal, Capítulo II, no vincula la mejora del ejercicio profesional con la promoción de los profesores en el servicio directivo. En el Capítulo V sobre la promoción a cargos directivos no se vincula la experiencia previa con una promoción a un mejor cargo, ya que sólo menciona que les darán opciones de mejora.

[2] El artículo 53 de la propuesta del Gobierno Federal en el cuarto párrafo “En los casos de quien (…) no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique, se darán por terminados los efectos del Nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda”.

[3] El artículo 8 y 9 de la propuesta del Gobierno Federal otorga a los gobiernos locales todo el proceso de ingreso y promoción de los profesores en el servicio, al ser ellos quienes designan las plazas a concursar, califican los procesos y asignan las plazas, sin que otra instancia concurra a este proceso.

 

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