Tanhuato: ¿Ejecución extrajudicial o saldo de una batalla desigual?

Exigirle información al gobierno sobre el proceder de las fuerzas del orden en la batalla (o la masacre) de Tanhuato es de vital importancia, porque muchos de los militares y policías que hoy se extralimitan en la guerra contra el narcotráfico podrían ser los jefes de sicarios del mañana.

Tras el sórdido enfrentamiento entre la policía federal y presuntos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Tanhuato, Michoacán, en el que murieron 42 miembros del grupo criminal y un miembro de las fuerzas del Estado, la pregunta que pulula en el ambiente nacional es si la policía federal pudo haber subyugado a este grupo de supuestos criminales sin darles muerte o si los federales simple y llanamente los ejecutaron en venganza por el asesinato de 15 policías estatales en abril y por derribar un helicóptero en el que murieron siete militares y un policía federal a principios de mayo.

Con el antecedente de Tlatlaya y Apatzingán, además de una larga lista de masacres que nos remonta a la guerra sucia en Guerrero en los años setentas, estamos obligados a preguntar una vez más si en la guerra contra el narcotráfico las fuerzas del Estado se comportan como los grupos criminales que intentan abatir o si su accionar se ciñe a un debido proceso judicial en el que respetan los derechos que incluso los criminales tienen en una democracia. No se trata de un cuestionamiento normativo –en sí mismo válido– sino de una pregunta que nos remite a la capacidad misma del Estado de resolver la enorme crisis de seguridad y de derechos humanos en el que el país está atrapado al menos desde 2007.

Cuando los gobernantes permiten que las fuerzas del orden hagan uso de la tortura, las desapariciones forzadas o las ejecuciones extrajudiciales para mantener bajo control a los disidentes políticos o a grupos criminales, generan las condiciones para el surgimiento de poderosos agentes estatales que el Estado mismo no siempre puede mantener bajo su control. Cuando países tan dispares como Brasil, Guatemala y Rusia transitaron a la democracia, muchos de estos especialistas estatales en violencia desertaron del gobierno y se unieron al mundo criminal como poderosos líderes mafiosos o como comandantes de ejércitos privados que brindaban protección a los grupos criminales. Y fueron precisamente las prácticas ilegales que estos ex agentes estatales utilizaron de manera recurrente para lidiar con disidentes políticos las que les permitieron establecer su hegemonía en el mundo criminal.

Desertores de las fuerzas armadas y de las policías federales y estatales del México autoritario han jugado un papel fundamental en el desarrollo del mundo criminal y en las guerras del narco. Es una historia que nos remonta a 1989, cuando la incertidumbre asociada a la derrota del PRI en Baja California llevó al Cartel de Tijuana a crear su propio ejército privado para salvaguardar su territorio de grupos rivales y renegociar las redes informales de protección gubernamental a partir de sobornos y coerción. El cartel reclutó a desertores de las policías federales y estatales para que entrenaran a jóvenes sicarios y constituyeran el primer ejército del narco. A partir de ese momento todos los cárteles crearon sus propias milicias, entraron en una acelerada carrera armamentista y se lanzaron a la guerra. La creación de los Zetas, brazo armado del Cartel del Golfo formado por desertores de una célula de élite militar, llevó estos conflictos a niveles de sofisticación y violencia nunca antes vistos. Este grupo de élite obligó a todas las milicias privadas del mundo criminal a adquirir armamento de mayor calibre y a mejorar su adiestramiento militar. De esta carrera armamentista surgirían las poderosas bandas al mando de los Beltrán-Leyva y de Ignacio Coronel y tras el descabezamiento de estos grupos nacerían los cárteles actuales: desde el CJNG hasta Los Rojos y Guerreros Unidos.

Para entender la evolución de las guerras del narco hay un hecho que no podemos soslayar: el sinnúmero de ex militares y policías que han capitaneado las cruentas guerras del narcotráfico en los últimos 25 años fueron en su momento agentes que impunemente hicieron de la tortura, la desaparición forzada y el asesinato extralegal su modus operandi, ya sea en la etapa autoritaria o en el México post-alternancia. Haber dejado estos actos impunes cuando México transitó a la democracia electoral en 2000 ha sido una decisión que le ha costado muchísimo al país. A través de un proceso de justicia transicional –de una comisión de la verdad y de juicios a agentes militares y policiales que impunemente violaron derechos humanos en el pasado priista– el país pudo haber reformado de fondo a sus fuerzas de seguridad y establecido las bases para un auténtico Estado democrático de derecho. Al renunciar a la justicia transicional, el gobierno de Vicente Fox permitió que los mundos militares, policiales y criminales se entrelazaran en una relación perversa en la que ex militares y ex policías hoy pelean en contra de militares y policías en funciones, en una guerra que no parece tener fin.

Exigirle información al gobierno sobre el proceder de las fuerzas del orden en la batalla (o la masacre) de Tanhuato es de vital importancia porque muchos de los militares y policías que hoy se extralimitan en la guerra contra el narcotráfico podrían ser los jefes de sicarios del mañana. Identificar y castigar a las fuerzas del orden que violan el Estado de derecho para imponer el orden es quizá la tarea más delicada para terminar este ciclo de violencia criminal que comienza con en el Estado y termina en el mundo criminal.

Es por ello que el gobierno debe abrir y transparentar las investigaciones de Tanhuato en lugar de negar la información; tiene que facilitar la inspección de los actos de la policía federal en lugar de esconderse tras relatos de “verdades históricas” que están muchas veces fabricadas. Exigirle a nuestras fuerzas armadas y a las policías que castiguen a los criminales respetando sus derechos y en observancia de la ley es una de las tareas más difíciles en las guerras contra el narco. Pero si no lo hacemos, nunca le pondremos fin a un conflicto que se está consumiendo a toda una generación.

 

 

 

* Guillermo Trejo es Profesor de Ciencia Política en la Universidad de Notre Dame y fellow del Kellogg Institute for International Studies

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