La justicia en México y el condón

Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) realizada por el INEGI, la impunidad en nuestro país en 2012 fue del 99.6%: lo que nos separa de la impunidad absoluta son cuatro décimas. Nuestro sistema judicial en los hechos resulta más efectivo para que no haya justicia, que el condón como método anticonceptivo.

Una pareja quiere tener hijos. Acude al doctor para que todo salga lo mejor posible. El médico abre un cajón de su escritorio y saca un condón. Comienza a explicarles cómo, si desean tener hijos, él recomienda usar el preservativo como método de fertilidad y les explica la manera de utilizarlo para que no haya errores. Lo anterior puede sonar absurdo. Debe sonar absurdo, pues se trata de un contrasentido. El condón se usa para evitar embarazos y el contagio de enfermedades. Su factor de utilidad es alto cuando se emplea bien: 99%. Apostar al 1% de error como método para obtener resultados en sentido inverso es un disparate.

El problema es que este ejemplo es equivalente a conseguir justicia en México. Diversas organizaciones, como Parametría o México Unido Contra la Delincuencia, definen impunidad a partir del contraste entre los delitos cometidos frente a los delincuentes sentenciados. Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) realizada por el INEGI, la impunidad en nuestro país en 2012 fue del 99.6%: lo que nos separa de la impunidad absoluta son cuatro décimas. Nuestro sistema judicial en los hechos resulta más efectivo para que no haya justicia, que el condón como método anticonceptivo.

¿Cómo explicar el ataque y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, que involucran al alcalde, a policías municipales y a un grupo criminal, si no es por medio de la impunidad y la corrupción sobre la que se construye? Los asesinos materiales, intelectuales y sus cómplices pensaron que podían hacerlo y no habría consecuencias. Por qué pensar otra cosa si así había sido antes, como en el asesinato de Arturo Hernández Cardona y dos compañeros suyos, a pesar de que hubo sobrevivientes que denunciaron el hecho ante las autoridades. No hay otra explicación para las fosas descubiertas en Guerrero (y en el resto del país) donde no estaban los 43 normalistas, pero estaban otros cuerpos que ni siquiera han merecido explicaciones oficiales.

Para enfrentar semejante ausencia de justicia hay tres puntos que se vuelven imprescindibles. El primero es mantener el marcaje ciudadano para lograr que las autoridades comiencen a reconocer los índices de impunidad, en vez de responder con evasivas o trivializaciones rayanas en el cinismo. Un ejemplo reciente fue cuando el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, mencionó que los eventos de mayor gravedad en el estado que gobierna eran el robo de golosinas y bebidas azucaradas, cuando Veracruz tiene el mayor número de municipios donde el número de desaparecidos ha crecido.

En diciembre de 2012 el recién nombrado secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sí reconoció con cifras la impunidad, definida como lo hemos indicado: “Se estima, entonces, que sólo uno de cada 100 delitos se castiga”. En realidad su cálculo era optimista, porque ese año no llegamos al entero: apenas se castigó el 0.4% de los crímenes. A dos años de distancia, ¿cómo piensa el gobierno federal terminar el sexenio con respecto a esta estadística? ¿Qué medidas ha tomado o tomará después de que ha habido tanta atención nacional e internacional con relación al tema?

El segundo punto es enfatizar que la mano dura no es la solución. Hace nueve años, dos antes de morir, el criminólogo Rafael Ruiz Harrell declaró: “hay un mensaje que resulta claro: donde más ha crecido la delincuencia es donde mayor ha sido la represión. La relación es tan constante como infalible: a penas mayores y más reos, invariablemente más delitos. O lo que es igual: la estrategia adoptada hasta ahora sirve para multiplicar la criminalidad, no para reducirla”. El veredicto es perentorio y a casi una década hemos comprobado su advertencia con la vida y la desaparición de decenas de miles de mexicanos.

Fernando Escalante Gonzalbo, que ha desgranado con rigor la guerra al narco de Felipe Calderón, declara que entre 2006 y 2010 se duplicó el gasto en seguridad pública y triplicó el número de efectivos en la Policía Federal: los resultados fueron oprobiosos, pues en ese periodo la tasa de homicidios nacional se incrementó en más del doble. El mismo autor demostró cómo en los estados donde se desplegó el ejército es donde más aumentó el homicidio. Esto último subraya la ineficacia real de utilizar las fuerzas armadas para tareas policiales. Durante ese periodo el índice de letalidad (calculado a partir de la relación entre muertos y heridos por parte de la fuerza pública) de la marina fue de 17.3, frente a 2.6 de la policía federal. Hay que insistir, cuanto sea necesario, que el neopuntivismo, como ha sido llamada dicha estrategia por parte del Estado, es contraproducente y en buena medida nos ha llevado a donde estamos.

El tercer punto es proteger la encuesta de victimización del INEGI, que permite actualmente medir la impunidad, para que no sea acallada como sucedió con la institución que le antecedió en esta tarea. El ICESI (Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad) desapareció en 2012 después de haber realizado un muy buen papel llevando a cabo las primeras encuestas victimiológicas del país y un análisis detallado sobre ellas. Su cierre se debió a que el gobierno federal “expropió” las encuestas en 2010 (a pesar de haberlas financiado desde el Sistema Nacional de Seguridad Pública), al publicar en el Diario Oficial de la Federación que solo el INEGI puede realizar encuestas nacionales y reportar los índices criminológicos en México. Aunque al principio hubo ciertas dudas sobre su confiabilidad, la ENVIPE se ha convertido en una herramienta útil para medir la impunidad y aspectos asociados, pero no hay garantías de que así siga.

La importancia de las encuestas de victimización es que miden la inseguridad desde los ciudadanos y dan una perspectiva de la realidad muy distinta a la que proviene de las instituciones de seguridad. Dichas encuestas preguntan a decenas de miles de ciudadanos si en su hogar experimentaron algún crimen durante el año anterior. Esto permite realizar una estimación que toma en cuenta todos los delitos sobre los que no se inicia una averiguación previa, en su mayoría porque no son denunciados, y que se agrupan bajo el término “cifra negra”. Para dar un ejemplo del abismo que puede haber entre una y otra percepción, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2013 el número total de secuestros en el país fue de 1,698 (por denuncias presentadas ante agencias del Ministerio Público); según la ENVIPE durante el mismo año hubo 131,946 delitos de secuestro.

Esta última cifra además de alarmante puede ser problemática. Por una parte el secuestro se persigue de oficio, lo cual, aunado al trauma que deja en víctimas y familias, desmotiva la denuncia. Por otra parte, la encuesta no incluye una pregunta específica sobre desaparecidos y eso puede hacer que los 131,946 delitos de secuestro combinen ambos casos. Parece necesario desagregar este rubro para dar más información sobre la situación actual del país. Hay más de 22,000 personas en el registro oficial del gobierno sobre desaparecidos (RNPED), pero es imposible pensar que se trata de la totalidad. ¿Cuál es la cifra negra de las desapariciones en México?

De acuerdo con la ENVIPE la incidencia delictiva aumentó en el país en 2013 y también lo hizo la cifra negra total, la cual creció por tercer año consecutivo en el país llegando a 93.8%. Las razones para no denunciar son atribuibles a la autoridad en 65.6%, e incluyen hostilidad de la misma, desconfianza en ella, miedo a la extorsión o considerar que es una pérdida de tiempo. El aumento de la cifra negra es negativo en varios sentidos: aunque parezca imposible en nuestra situación puede llevar a una impunidad todavía mayor en el país, pues la denuncia es indispensable para los procesos de justicia. A la vez, la cifra negra funciona como una evaluación de facto por parte de la población al sistema de justicia y al estado de derecho. La desconfianza en las autoridad y las instituciones, incrementados por los sucesos que han impregnado nuestra esfera pública desde el año pasado, son adversos para fomentar una cultura de denuncia. Podremos comprobarlo en la ENVIPE de este año y los siguientes, siempre y cuando mantenga su autonomía.

 

* Gonzalo Soltero es Narrador, doctor en estudios de política cultural por la Universidad de Warwick y profesor titular de la UNAM, ENES-León. Su novela más reciente es Nada me falta (Textofilia, 2014)

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