Proteger a los defensores de derechos sobre la tierra es proteger el planeta

En Colombia, Camboya, Rusia, Camerún, miles de hombres y mujeres luchan para que no se destruyan sus tierras, su identidad y su modo de vida. Y por ello son amenazados, detenidos, agredidos, asesinados. Reconocer su legitimidad y velar por su protección constituye una necesidad y una obligación, y qué mejor escenario que la COP 21.

En todos los continentes, mujeres y hombres luchan contra quienes acaparan sus tierras, contra las expropiaciones y los desalojos forzosos, contra la contaminación de los suelos y del agua, contra un desarrollo inhumano.

Estas mujeres y estos hombres luchan para que no se destruyan sus tierras, su identidad y su modo de vida. Se comprometen, denuncian e intentan hacer valer sus derechos y los de sus comunidades, a menudo arriesgando su propia vida.

Son miles de personas pero representan a millones de ellas. En Colombia, Camboya, Rusia, Camerún, etc., todas estas personas viven con los mismos temores: amenazas, detenciones, agresiones, asesinatos.

¿Quiénes son los agresores? Los policías, los militares, los miembros de la seguridad privada de empresas, los mercenarios. ¿Quiénes son los responsables? Las empresas irresponsables, ávidas de beneficios, y los gobiernos corruptos dispuestos a ponerse al margen de la ley y a sacrificar a personas y comunidades enteras para hacer realidad sus proyectos. Estos mismos gobiernos, que, reunidos en París con motivo de la COP 21, intentarán —dicen— preservar nuestro planeta.

Los defensores y defensoras de los derechos sobre la tierra, porque es precisamente de defensa de lo que se trata, viven a menudo en regiones remotas, alejadas de los actores influyentes, en lugares donde son especialmente vulnerables a la violencia. Una violencia a la altura de las ingentes cantidades de dinero en juego, que en estos últimos años ha alcanzado trágicas dimensiones. Entre 2011 y 2014, se presentaron 43 asesinatos al Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, un proyecto conjunto de la FIDH y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT). En Guatemala, durante el primer semestre del año 2015, una de las organizaciones que colabora con la FIDH, UDEFEGUA, registró más de 239 agresiones contra defensores y defensoras de los derechos sobre la tierra, una cifra que ha aumentado 160% respecto a 2014.

Además de la violencia, muchos Estados también recurren al acoso judicial y a la detención arbitraria para intimidar a los defensores y defensoras. Utilizando como pretexto leyes liberticidas, los Estados criminalizan y ponen entre rejas a cualquier persona que consideren molesta. “Propaganda engañosa”, “atentado contra la seguridad del Estado”, “alteración del orden público”, no faltan acusaciones abusivas que pueden dar lugar a largas penas de cárcel.

Cuando no son corruptos, los órganos judiciales de los países en los que tienen lugar estas violaciones a menudo carecen de independencia, de medios o de experiencia. En ellos se inician pocas investigaciones y es raro que se encause a los agresores. Según el Observatorio, el 95% de los casos de hostigamiento contra los defensores queda impune. Se trata de una verdadera lacra, tanto para los defensores y defensoras como para el planeta.

El diálogo puede desempeñar un importante papel en la prevención y disminución de estas violencias, aunque antes es necesario que se informe y consulte a las poblaciones afectadas. Determinados mecanismos internacionales también pueden ayudar a prevenir y alertar sobre ciertas situaciones preocupantes cuando los órganos jurisdiccionales nacionales son deficientes, pero, por desgracia, sus decisiones no son jurídicamente vinculantes y su alcance es limitado.

Lo que necesitamos, lo que necesitan los defensores y defensoras, es, además que se refuercen los mecanismos de protección, que se garantice el acceso efectivo a la justicia en el ámbito nacional y que se establezca un marco jurídico internacional vinculante que permita exigir responsabilidades a los Estados y a las empresas cuando estas últimas, movidas por el ansia cada vez mayor de beneficios, expolian el planeta y vulneran los derechos humanos.

El derecho es crucial, es la solución y únicamente puede ser resultado de una determinación política inquebrantable. Los defensores y defensoras de los derechos sobre la tierra están en primera línea. Su compromiso, su testimonio y sus acciones son indispensables y contribuyen directamente a la conservación del planeta. Reconocer su legitimidad y velar por su protección constituye una necesidad y una obligación. No afirmarlo durante la COP 21 sería un error.

 

* Karim Lahidji es presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

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