Retos de la profesionalización policial en el nuevo sistema de justicia penal para el 2016

Para el 18 de junio de este año, 350 mil policías de todos los niveles deberán concluir su capacitación como parte del protocolo de actuación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. El reto es que se trate de una capacitación útil y eficiente para la ciudadanía, y no sólo el cumplimiento de un plazo a marchas forzadas.

Lo importante de la capacitación policial en el sistema de justicia penal consistirá en que sea una capacitación útil y eficiente para la ciudadanía, y no solo para cumplir con el plazo de implementación de la Reforma Constitucional del 2008 en materia de seguridad y procuración de justicia.

De acuerdo con el Plan Estratégico de Capacitación en Materia de Justicia Penal y Competencias Policiales Básicas, aprobado el 21 de agosto de 2015 durante la XXXVIII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y diseñado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en conjunto con la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), la principal meta es que más de 350 mil policías estatales y municipales del país, cuenten con:

(a) Las competencias requeridas para una actuación policial eficaz en el marco del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

(b) El dominio de las siete competencias profesionales básicas requeridas para la función policial.

En otras palabras, este Programa obedece a la necesidad de que todos los elementos policiales cuenten con la formación básica indispensable para ser policía, así como aquella específica para desempeñar adecuadamente las funciones y responsabilidades que se desprenden de la entrada en vigencia del NSJP.

El plan estratégico tiene como su base el Programa Rector de Profesionalización, mismo que divide la capacitación policial en etapas de formación inicial (cursos básicos) y formación continua (cursos de actualización, especialización y alta dirección), dentro de las que se encuentran inmersos los cursos de competencias básicas como son acondicionamiento físico, defensa policial, detención y conducción de detenidos, entre otros, asimismo, en relación al Sistema de Justicia Penal, el Programa Rector de Profesionalización incorpora un anexo específico con el programa de capacitación en materia de coordinación operativa en el Sistema Penal Acusatorio en las instituciones de seguridad pública, en el que se integran temas como el policía en funciones de primer respondiente y policía con capacidades para procesar, los cuales ya cuentan con protocolos nacionales de actuación, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 5 de octubre y el 26 de noviembre respectivamente.

Por otro lado, la implementación del plan estratégico de capacitación policial presentado por el Secretario de Gobernación el pasado 12 de octubre en la Academia Superior de Seguridad Pública en San Luis Potosí, contempla 3 etapas. La primera consistió en la formación de 90 instructores nacionales en el sistema de justicia penal, llevándose a cabo con la coordinación entre SETEC y SIDEPOL durante el mes de octubre; la segunda es la formación de 714 instructores estatales a partir del 16 de noviembre con el apoyo de los instructores nacionales, lo cual ya se ha ido implementando hasta el momento, y la tercera, que es la que se deberá implementar antes del 18 de junio de 2016, consistirá en la capacitación de más de 350,000 policías de todos los niveles.

Profesionalización policial operativa integral

En el Programa Rector de Profesionalización, y de conformidad con el artículo 98 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se establece que la profesionalización es un “proceso permanente y progresivo que se integra por las etapas de formación inicial, actualización, promoción, especialización y alta dirección, para desarrollar al máximo las competencias, capacidades y habilidades de los integrantes de las instituciones policiales”, dando así por sentado que la profesionalización se refiere solamente a la capacitación, sin embargo, siendo que la función policial tiene que ver con el ejercicio pleno e irrestricto de facultades legales muy específicas, así como con la ejecución y aplicación práctica de técnicas de intervención, incluyendo el uso de la fuerza para la detención en flagrancia de probables responsables, es que deben contemplarse de manera integral 3 elementos básicos para que el policía tenga las condiciones mínimas para operar profesionalmente: marco jurídico, capacitación y equipamiento.

Marco jurídico

Toda intervención policial dentro del sistema de justicia penal debe estar sustentada invariablemente por un motivo y un fundamento, el motivo es el hecho en sí mismo (por ejemplo desapoderar a una persona de sus pertenencias sin su consentimiento con el empleo de la violencia), y el fundamento es el ordenamiento legal que prevé y sanciona la conducta (código penal que tipifica el delito de robo con violencia), por ello es que éste elemento es básico para el respaldo que el policía requiere.

Capacitación

Es el proceso gradual, continuo y permanente de instrucción académica que reciben los policías para la adquisición de habilidades, destrezas y conocimientos específicos a la naturaleza de sus funciones, cuya aplicación en su labor cotidiana es inmediata (por ejemplo cuando reciben instrucción sobre técnicas de uso de la fuerza para la detención de personas que presentan resistencia activa).

Equipamiento

Son los insumos materiales físicos y lógicos con los que cuentan los policías para poder llevar a cabo sus funciones, y tienen la característica de que deben ser acordes a las funciones específicas de cada área, a las necesidades que se atienden y a su interrelación con otras áreas o instituciones, en este rubro se contempla el armamento, equipo de comunicación, vehículos, uniformes, equipo de cómputo, etc. (por ejemplo el equipamiento de patrullas de un área de proximidad social no será el mismo que el de una unidad de reacción inmediata, o el de un área de inteligencia, donde principalmente se utilizan computadoras y software, será diferente al de un área de tránsito).

Perspectiva para 2016

Tomando en consideración la integralidad de los elementos anteriormente mencionados, entonces podemos decir que la verdadera profesionalización policial en la implementación del sistema de justicia penal acusatorio, a tan solo 5 meses para que venza el plazo, todavía tiene mucho camino por recorrer.

En cuanto al marco jurídico que se requiere, a la fecha contamos con las reformas a los artículos constitucionales, la homologación de un solo código procesal penal, y la paulatina publicación de protocolos nacionales de actuación que, en algunas cuestiones, son poco o nada específicos en su aplicación, sin omitir mencionar que en muchos de los casos los gobiernos estatales y municipales únicamente le dan importancia a la capacitación como requisito de permanencia del personal o como requisito para la obtención de recursos federales como es el SUBSEMÚN (que para 2016 desaparece y es sustituido por otro subsidio diferente a propuesta del mtro. Álvaro Vizcaíno, ahora como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública), con cursos de 40 horas que son insuficientes para alcanzar el grado de especialización técnica y administrativa que se necesita.

En lo que se refiere a la capacitación, en 3 meses solo se han cumplido las 2 primeras etapas, impartiéndose 2 diplomados de 3 semanas cada uno, el primero para formar instructores nacionales y el segundo para instructores estatales, con un aproximado de 800 graduados, quedando por capacitar a 350.000 policías en tan solo 5 meses, lo que en números se traduce en 70,000 policías por mes.

Por último, el equipamiento parece ser el rubro más complicado, ya que ineludiblemente requiere de una erogación importante de recursos por parte de los municipios, los estados y la federación, con el inconveniente de que el equipo que requiere el policía para la investigación criminalística es muy específico y no faltarán las empresas distribuidoras que aprovechen el boom para incrementar los precios de dichos productos, sobre todo los que no son tan comunes como los trajes de bioseguridad (Tivek) que se utilizan para el procesamiento.

Queda poco tiempo y mucho por hacer, así que deberemos comenzar el 2016 con la idea de que muy probablemente no consigamos cumplir el objetivo al 100%; sin embargo, más vale que el porcentaje que se logre sea de buena calidad, de todas formas lo que falte se podrá seguir trabajando.

 

 

* Rodolfo Basurto Carmona se ha desempeñado como Jefe de Unidad Departamental y Subdirector de Área en diversos Agrupamientos y Unidades Sectoriales de la Secretaría de Seguridad Pública del DF. Es egresado de la 2ª generación de la licenciatura en Administración Policial, la cual cursó en el Instituto Técnico de Formación Policial (2001-2004). Tiene diplomado por el Instituto Técnico de Formación Policial en Derechos Humanos y Seguridad Pública (2010), por el Instituto Tecnológico de Monterrey en Habilidades Directivas (2010), por el Instituto Nacional de Ciencias Penales en Seguridad Pública (2010), y por la Academia Superior de Seguridad Pública de la Policía Federal y de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal como Instructor Nacional (2015). Actualmente es Presidente de la Red Nacional de Profesionistas en Seguridad Pública, A.C.

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