EU avanza en regulación de cannabis, ¿y México?

En California, Arizona, Nevada, Maine y Massachusetts votarán sobre regular la mariguana, mientras en México el debate sobre el tema se ha estancado

Por: Zara Snapp (@zarasnapp)

El próximo martes, 8 de noviembre, además de votar por un nuevo presidente/a, los Estados Unidos van a seguir avanzando hacía una regulación responsable e integral de la cannabis.

Poquito a poquito, estado por estado, están creando un nuevo motor, no solo económico, sino también social.  Los votantes de los estados de California, Arizona, Nevada, Maine y Massachusetts votarán en referéndums sobre la regulación de cannabis para uso adulto, mientras que en Florida, Montana, North Dakota y Arkansas los votantes van a decidir si aprobar cannabis medicinal o no. Y mientras ellos van avanzando en sus políticas de drogas por la presión desde la ciudadanía, México sigue convocando a debates, foros y congresos.

Los cuatro estados en donde van a votar sobre cannabis para uso personal han podido estudiar los ejemplos de la implementación y se han ido mejorando las iniciativas, tomando en cuenta también las directrices del gobierno federal, emitidas en 2013.

Hace seis años, California intentó pasar la Proposición 19, pero la rechazaron con 53% de los votos en contra y el 46% a favor. Dos años después, los estados de Colorado y Washington aprobaron referéndums a favor de regular el mercado de cannabis para uso adulto.  Desde entonces, California ha estado observando y aprendiendo de Colorado y Washington para armar una iniciativa que busca privilegiar las pequeñas y medianas empresas de cannabis, que repara el daño a las comunidades más afectadas, principalmente Afro-Americanos y Latinos, y que respeta los derechos de los usuarios. Y lo han logrado.

La proposición 64 permite que los adultos (mayores de 21 años) pueden tener hasta 28 gramos de flores, 8 gramos de concentrado y permite el cultivo en casa de hasta 6 plantas. Los adultos pueden consumir dentro de una casa privada o en un negocio donde está permitido, como un dispensario.  Impone impuestos de 15% sobre la venta y prohíbe permisos para grandes cultivos por hasta 5 años para mantener una industria de medianas o pequeñas empresas.  También hay un impuesto de cultivo de $9.25 USD por onza de flores y $2.75 USD por onza de hojas. Los gobiernos municipales también tienen el poder de agregar impuestos sobre la venta. De estos impuestos, se estima que el Estado va a recaudar más de mil millones de dólares en el primer año. Aún siendo la sexta economía mundial, eso es un gran negocio y con 58% de aprobación en las encuestas, parece que el sueño se va hacer realidad.

Después de cubrir los gastos de investigación, aplicación de la ley, permisos y tratamiento, los primeros $25 millones de dólares van ser distribuidos de la siguiente forma:

▪       $2 millones por año para UC San Diego Center for Medical Cannabis Research para investigar cannabis medicinal.

▪       $10 millones por año por 11 años para que las universidades públicas de California pueden investigar y evaluar la implementación e impacto de la ley. Los investigadores pueden hacer recomendaciones a la legislatura y al gobernador.

▪       $3 millones anualmente por 5 años al Departamento de Transporte para desarrollar protocolos de averiguación de consumo y manejo – ya que no existen buenas pruebas de eso.

▪       $10 millones, aumentando por $10 millones cada año hasta $50 millones en 2022, para becas a departamentos locales de salud y organizaciones no-gubernamentales que ayudan con empleos, salud mental, tratamiento, servicios legales para reinserción a la sociedad, enfocados en las comunidades más afectadas por la política prohibicionista.

Lo demás se va a distribuir de la siguiente manera:

▪       60 por ciento para programas para jóvenes, incluyendo la educación, la prevención y el tratamiento.

▪       20 por ciento para prevenir y aliviar daño ambiental de la producción ilegal de cannabis.

▪       20 por ciento a programas para reducir el manejo vehicular bajo la influencia de cannabis y reducir los impactos negativos de la ley.

Menores de 18 años que han sido detenidos por consumo o posesión tendrán que ir a clases sobre drogas y completar servicio comunitario.  Vender mariguana sin una licencia sería sancionado con 6 meses en la cárcel, una multa de $500 dólares o las dos sanciones. Asimismo, considera que se reduzcan las penas actuales y harán una revisión retroactivamente para excarcelar y reducir sentencias. Esto podría impactar más de cien mil personas, primordialmente Afro-Americanos y Latinos.

California tendrá 19 distintas licencias para el mercado regulado, divididas por pequeñas, medianas y grandes empresas para cultivar, procesar, distribuir y vender. Para fomentar la industria de pequeñas y medianas empresas, no van a dar los permisos para las grandes empresas hasta 2023. Esto significa que el mercado va poder crecer de una escala orgánica, sin la posibilidad de crear monopolios.

Los votantes de los estados vecinos de Arizona y Nevada también irán a las urnas para votar por el sí o no a la cannabis regulada.  Las dos iniciativas permiten que los adultos (mayores de 21 años) puedan poseer, consumir y cultivar hasta seis plantas en su casa y agregan un 15% de impuesto sobre la venta.  Los dos estados ya tienen cannabis medicinal, pero ahora buscan regular el mercado para proteger a los usuarios, en especial los más afectados por la prohibición. A menos de una semana de la elección, según las encuestas, el 50% está a favor y el 41% en contra en Arizona y en Nevada entre el 47-53% están a favor y el 42% está en contra.

Uno de los donantes más grandes en contra de la iniciativa en Arizona es Insys Therapuetics, una farmacéutica que produce fentanyl sintética, uno de los analgésicos más consumido. La empresa dio $500,000 dólares a una organización en contra de la legalización de la mariguana. Esto debido a que, sin la legalización, Insys tendría un monopolio efectivo en los cannabinoides legales con Dronabinol. Si la mariguana se legalizara, los pacientes podrían obtener cannabinoides naturales cosechados directamente de las plantas de mariguana en lugar de depender del Dronabinol. Esto deja a entrever los intereses ocultos de las grandes farmacéuticas detrás de la prohibición, ya que cuando hay acceso a cannabis, el consumo de medicamentos farmacéuticos, y su monopolio, disminuye, junto con el posible consumo problemático.

Del otro lado del país, en la costa este, parece que las dos iniciativas en Maine y Massachusetts van a pasar sin problemas.  Con más de 50% de aprobación, los dos estados buscan regular el mercado y permitir el auto cultivo de hasta seis plantas por casa en Massachusetts y seis plantas por adulto, sin importar cuántas personas haya en la casa en el caso de Maine. Las iniciativas también incluyen la propuesta de formar clubes cannábicos, algo que ha impulsado el movimiento en España.

Estados Unidos se está preparando para continuar con la regulación en los estados en las próximas elecciones, y México debe estar prestando atención, no solo por el posible desastre que sería un mundo con Trump como presidente, sino porque el país vecino está avanzando en materia de política de drogas.  Mientras ellos crean un motor económico con una visión de justicia social, México sigue debatiendo si la cannabis tiene uso medicinal y terapéutico (¡sí!), si consumir cannabis es más seguro que alcohol (¡sí!) y si la prohibición y mercado negro de las sustancias genera violencia (¡sí!).

Hace un año la Suprema Corte de Justicia realizó un fallo histórico, permitiendo el auto-cultivo a la Sociedad Mexicana de Auto consumo Responsable y Tolerante (SMART), tras solicitar un amparo para poder sembrar, transportar y consumir mariguana.

Hace algunos meses el Poder Ejecutivo presentó una iniciativa de ley que permitiría el uso de medicamentos a base de mariguana, la investigación científica de la planta, e incrementar la cantidad de posesión permitida para uso personal de la misma de 5 a 28 gramos, contemplando la liberación de presos sentenciados por una cantidad menor a la propuesta.

Es evidente que existen las bases para una política de drogas eficiente, que permita que los pacientes que lo requieran puedan auto cultivar y obtener los medicamentos derivados de la planta necesarios para su tratamiento. Pero sobretodo, existen usuarios que quieren formar parte de un mercado regulado que incluye el auto cultivo, el cultivo en cooperativas y lo más importante, la reparación al daño provocado a las víctimas por esta guerra fracasada. Nuestros vecinos ya están avanzando… ¿y nosotros cuándo?

*Zara Snapp es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad en Colorado en Denver y maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard. Es consultora en políticas de drogas y regulación de mercados y autora de Diccionario de Drogas (Ediciones B, 2015). La autora agradece a Jorge Herrera por su aportación y apoyo.

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