Oportunista, iniciativa para revalidar estudios

La Iniciativa Preferente no responde a las realidades que enfrentan los migrantes deportados, quienes seguirán sin poder validar los estudios y conocimientos adquiridos en Estados Unidos. Siguen siendo una población marginada e ignorada.

Por: Nancy Landa y Fredi García Alverdin (@I_Migrante)

La figura del migrante deportado se ha vuelto protagónica no solo en los gestos simbólicos de la administración de Enrique Peña Nieto, sino también en las iniciativas legislativas en materia educativa. Estos se han promovido como la respuesta del gobierno ante la situación adversa que enfrentan los migrantes mexicanos a partir de que Donald J. Trump asume la presidencia en Estados Unidos. Pero desde el punto de vista de aquellas personas que han estado en México desde hace años a partir de un retorno voluntario o forzado, vemos cómo desde el discurso político se demuestra una supuesta preocupación de aquel migrante que está por llegar. Esto a su vez sin que el gobierno asuma su responsabilidad en la falta de atención hacia las personas retornadas y deportadas que ya se encuentran aquí, de este lado de la frontera. Siguen desapercibidas, en el olvido. La realidad es que la administración peñista no le había interesado voltear a verlas.

Las deportaciones masivas comienzan durante la presidencia de Barack Obama, “el deportador en jefe”, quien perfeccionó los mecanismos del sistema de detención y de deportación de migrantes para que el actual mandatario le diera continuidad. Desde el 2008 al 2016 se han deportado más de tres millones de personas, en su mayoría han sido de origen mexicano y han vivido en Estados Unidos con una estancia de más de 10 años, lo cual complica su reinserción en México. A pesar de la precariedad en la que han vivido las personas migrantes mexicanas sin documentos en EE.UU. en las últimas décadas a partir del endurecimiento del control migratorio, el gobierno actual en México le ha dado más importancia a cortejar el voto de los mexicanos en el extranjero y a externar una preocupación superficial por sus connacionales. Esto se evidencia desde la Secretaría de Relaciones Exteriores en invitar a delegaciones de Dreamers beneficiados por la Acción Diferida (DACA) para que “conozcan más de cerca a sus raíces” y dar un mensaje de preocupación falso sobre la situación de los derechos de los migrantes.

Ahora, ante el anticipado “Efecto Trump”, se hace el llamado a una frente de unidad nacional en el cual los deportados en México, casi de manera repentina, se convierten en el poster child de la administración peñista. Llegó al punto que el mismo Peña Nieto se presentó en el aeropuerto de la Ciudad México a darle la “bienvenida” a 135 personas deportadas, unos de los primeros grupos repatriados bajo la administración de Trump. Vimos los reportajes del montaje protagónico de Peña que así captaba el momento que ejemplificara una humanidad inexistente dentro de su administración y de las instancias de gobierno que siguen sin estar preparadas para acoger a esta población. Detrás del momento mediático siguen quedando personas desplazadas, físicamente y emocionalmente, a las cuales Peña no les puede ofrecer opciones de trabajo digno, un lugar dónde llegar para reconstruir sus vidas, o un solo programa que les garantice su integración al país. Desafortunadamente, esta coyuntura se presta al oportunismo político y es desde esta lógica que surge y se impulsa la Iniciativa Preferente en Materia de Educación por el ejecutivo y los Senadores conformando la Operación Monarca.

Del 13 al 15 de febrero se llevaron a cabo audiencias públicas en el Senado con la participación de instituciones de educación superior, organizaciones civiles y académicos expertos como parte del proceso legislativo para aprobar tal iniciativa. Ésta reforma la Ley General de Educación y el Acuerdo Secretarial SEP 286 (Acuerdo 286) con el objetivo de facilitar la revalidación de estudios superiores. Pero al ser una propuesta con fines políticos más que de ayuda real para las personas retornadas y deportadas, se pretende lograr su aprobación de manera express, sin dar el tiempo necesario ni las condiciones para un diálogo, análisis y entendimiento de la problemática institucional burocrática desde las experiencias de quienes la enfrentan. En su versión actual, la Iniciativa Preferente propone modificar, en lugar de eliminar, el mismo proceso que se ha señalado como obstáculo en el reconocimiento de estudios y capacidades de las personas mexicanas con estudios cursados en el extranjero – la revalidación.

El contar con estudios con validez oficial en México es un elemento que podría facilitar la integración de connacionales retornados o deportados y sus familias en el ámbito escolar y laboral. En el 2015, a partir de presión mediática ejercida por jóvenes deportados y retornados hacia la SEP, se estableció una mesa de trabajo con la Dirección de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR) desde donde surgió el último cambio al Acuerdo 286. Aunque se les pidió que se removiera el requisito de traducción oficial por perito, legalización (apostilla) de documentos de identidad y de escolaridad para todos los niveles educativos, solo lo implementaron para educación básica y media superior. Es ahora que vuelven a retomar la eliminación de documentación requerida dentro de La Iniciativa Preferente. Pero a pesar de este “avance” que no quisieron incluir en los cambios del 2015, de la misma manera siguen sin atender la problemática de fondo. Este es el requerimiento de la revalidación, el cual quedaría sin resolverse al menos que sea remplazado por un esquema de reconocimiento automático de estudios a este nivel.

Dentro del Acuerdo 286 vigente, en términos de revalidación a nivel superior, se requiere un 75 % de equivalencia con un programa a nivel licenciatura o posgrado dentro del país. Esto pone limitantes, ya que en el caso llegue una persona con una licenciatura en Estudios Chicanos (Chicano Studies) sería prácticamente imposible encontrar un programa equiparable con ese enfoque. Es así como siguen si tener validez carreras cursadas en el exterior, que a pesar de los esfuerzos y sacrificios que realizan los jóvenes en Estados Unidos para cursarlas a pesar de carecer de un estatus legal, aquí en México te dicen que no cuenta, que hay que empezar programa que valga. Aún con licenciaturas o maestrías que no requieren una formación dentro del sistema nacional para ejercerlas, tales como Relaciones Raciales y Etnicidad (Race Relations and Ethnicity) o Administración de Negocios, de igual manera es casi imposible encontrar un programa con ese nivel de equiparación para su revalidación total.

En el anteproyecto actual se propone reducir el porcentaje de equivalencia del plan de estudios nacional a un 60 %. Vista desde los ejemplos antes mencionados, el requisito de equiparación seguirá siendo el candado que impedirá el reconocimiento de estas carreras, de tal manera complicando la continuidad de estudios y la obtención de una cédula profesional para ejercer la carrera en su plenitud. Por eso es importante recalcar que eliminar el proceso de revalidación e implementar un esquema de reconocimiento de estudios de manera automática es de donde debería de partir la Iniciativa Preferente. El anteproyecto incluye dicho reconocimiento automático solo para carreras cursadas en instituciones con un convenio con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), las cuales solo aplican a estudios de posgrado y se limitan a instituciones de alto prestigio, como las del sistema de universidades de California (UC System) y otras universidades privadas como Harvard. Por ende, no aplicaría para universidades ni los niveles académicos de estudios que han cursado las personas a las que pretende ayudar el gobierno con la propuesta. La mayoría de estudiantes Dreamers en Estados Unidos se inscriben en colegios comunitarios (“community colleges”) o instituciones universitarias estatales por ser más accesibles para los jóvenes indocumentados.

Aquí se resaltan las deficiencias principales de la Iniciativa Preferente en Materia de Educación, la cual carece de un análisis participativo con organizaciones civiles y académicos que conozcan del tema, además de la población afectada. La Iniciativa Preferente venía trabajándose sin condiciones para una consulta ciudadana ni un diálogo real con actores claves. Las audiencias públicas sólo son parte del proceso para legitimar un proyecto de ley que, desde criterios arbitrarios y análisis deficientes, no llega a ser la medida que se nos ha vendido. Esto no es sorprendente conociendo el modus operandi de este gobierno que espera con más interés el ciclo electoral del 2018.

 

* IMigrante (Iniciativa Migrante) surge como un watchdog, un observatorio conformado de migrantes para el monitoreo de políticas públicas y de los procesos de incidencia en materia de migración en México y Latinoamérica, de manera que tales políticas sean diseñadas e implementadas con un enfoque de derechos humanos. La organización busca el empoderamiento y auto-organización de las personas migrantes para que hagan ejercer sus derechos. Contáctalos por email: [email protected] o por Facebook.

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