Los dilemas del conflicto catalán

En Cataluña no están enfrentadas dos comunidades étnicas. Se trata en última instancia de un conflicto entre élites políticas regionales y nacionales con un trasfondo de grandes transformaciones sociales, estancamiento institucional y conflictos irresueltos.

Por: Francisco Colom

Trascurridos siete años desde que descarriló la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, tras una sentencia del Tribunal Constitucional que corregía o desestimaba algunos puntos claves de su articulado, los acontecimientos políticos se han acelerado de forma vertiginosa en España durante las últimas semanas. El temido ‘choque de trenes’ entre la legalidad de las leyes estatales y la legitimidad popular que se arroga el gobierno catalán finalmente se ha producido. Se trata, sin embargo, de la crónica de una catástrofe anunciada. La carencia de propuestas políticas alternativas desde el gobierno central, el impacto devastador de una crisis económica que ha alterado profundamente las estructuras sociales del país y el posicionamiento del gobierno catalán al frente de un impresionante movimiento independentista han alcanzado un punto de fusión con la ruptura plebiscitaria del marco constitucional español y una inminente declaración unilateral de independencia.

La intensidad de los argumentos cruzados y la batalla de la propaganda ante los propios seguidores y la opinión pública internacional no han permitido un gran nivel en el debate político. La imposibilidad constitucional de celebrar un referéndum para la independencia de una parte de la nación española ha sido sistemáticamente respondida con el derecho de autodeterminación de una nación catalana supuestamente oprimida. Las declaraciones del gobierno español se han convertido en enunciados de derecho constitucional, mientras que la coalición independentista ha apelado tercamente al fervor patriótico, al orgullo colectivo y a la imaginación histórica. Por medio ha habido trámites fraudulentos en el parlamento catalán que han excluido a la oposición, la promulgación de una denominada Ley de Transitoriedad que rompe con la legalidad constitucional española, difumina la separación de poderes y anuncia una futura asamblea constituyente catalana y, por último, un referéndum que fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional y que la Generalitat y sus aliados consiguieron sacar adelante sin garantías procedimentales y bajo represión policial.

La fractura entre Cataluña y el resto de España y en el seno de la propia sociedad catalana es ahora profunda y promete ahondarse aún más. En las últimas elecciones regionales la coalición independentista logró una mayoría de escaños, pero no de votos. En el referéndum del pasado 1 de Octubre, según los poco fiables datos aportados por sus organizadores, votó en torno al 42 % del censo, con un 90 % a favor del sí, lo que en todo caso el independentismo constituye en torno a un 37 % del censo y un 27 % de la población total de Cataluña. Con esos datos difícilmente puede argumentarse una legitimidad democrática para la secesión y mucho menos la viabilidad política de la misma. En última instancia hay un consenso generalizado en que la salida a este conflicto debe venir de mano de la política, de manera que ésta encauce de nuevo la división de posiciones hacia un marco legal. Las llamadas generalizadas al ‘diálogo’, e incluso a la mediación de una tercera parte, ignoran sin embargo cuáles son los supuestos sobre los que se deba dialogar.

Por parte del presidente catalán, Carles Puigdemont, la búsqueda de una mediación europea intenta reinscribir el conflicto en el marco del derecho internacional, saltándose así una legislación española que le es ampliamente desfavorable. Por parte del presidente español, Mariano Rajoy, aceptar una mediación externa supondría reconocer implícitamente una cesión de soberanía. La escalada en la confrontación comporta riesgos para ambos. Por el lado independentista, el paso a la movilización en las calles supone ceder el protagonismo a los miembros más radicales de la coalición, las Comisiones de Unidad Popular (CUP), situados en la órbita del anticapitalismo autogestionario, y una eventual pérdida del control sobre unas masas altamente motivadas y con una inflación de expectativas. Por el lado del gobierno central, el recurso a la fuerza física, como ya ocurrió de forma manifiesta con la represión policial del referéndum, conlleva un desgaste enorme de imagen y legitimidad ante la opinión pública internacional. La combinación de un golpe a la legalidad democrática por parte de un gobierno periférico del Estado con una rebelión muy bien organizada de desobediencia civil supone un desafío político muy difícil de desactivar y novedoso en el panorama político.

A diferencia del conflicto yugoslavo, de las tensiones entre valones y flamencos en Bélgica o de Quebec en Canadá, en Cataluña no están enfrentadas dos comunidades étnicas. Se trata en última instancia de un conflicto entre élites políticas regionales y nacionales con un trasfondo de grandes transformaciones sociales, estancamiento institucional y conflictos irresueltos. El nacionalismo catalán ha sido tradicionalmente integrador y ha logrado un notable éxito en socializar lingüísticamente e incorporar a las instituciones sociales y a su imaginario simbólico a los grandes contingentes de inmigrantes del sur de España que arribaron tras la guerra civil. Los ribetes de chovinismo o de supremacismo cultural, cuando han aflorado, se han dirigido fundamentalmente hacia las otras regiones españolas o hacia ‘Madrid’ como representante de un poder centralizado, lejano, supuestamente retardatario y distanciado de los intereses catalanes. Desde los inicios del moderno Estado nacional español en el siglo XIX los conflictos territoriales estuvieron marcados por las tensiones entre un centro político débil y una periferia (el País Vasco y Cataluña) económicamente más poderosa y culturalmente diferenciada. Adicionalmente, la resistencia carlista al régimen liberal y su política homogeneizadora encontró en estas regiones el apoyo de una iglesia ultramontana. Pese a ello, las alianzas entre la burguesía catalana y vasca y el poder político y militar de Madrid funcionaron siempre que el orden social se vio amenazado por revueltas y conflictos de clase. Desde la transición a la democracia en 1978 y la creación del sistema de comunidades autónomas, el Partido Nacionalista Vasco y Convergència i Unió han ejercido como partidos bisagra siempre que han sido necesarios para formar mayorías parlamentarias en Madrid. El precio eran unas mayores concesiones competenciales. Este es un esquema que en la actualidad se ha quebrado.

Para cobrar una visión de largo alcance sobre la presente crisis, ésta debe interpretarse en el marco del desgaste sufrido por el sistema institucional y la cultura política creados desde 1978 con la transición a la democracia. El primer capítulo de este proceso de descomposición fue el auge, a comienzos de la pasada década, del movimiento por la ‘memoria histórica’, que cuestionó el denominado ‘pacto de silencio’ de la transición, es decir, el silenciamiento de la represión franquista durante y tras la guerra civil. La transición española, a diferencia de la argentina, la chilena o la surafricana, fue una transición política sin justicia transicional. El segundo capítulo se abrió una década más tarde, con el impacto social y económico de la Gran Recesión de 2007, que llevó a la quiebra del bipartidismo imperfecto, a una erosión de la credibilidad de las instituciones representativas y, en última instancia, a la irrupción del populismo.

El descubrimiento de enormes tramas de corrupción política e institucional añadió leña a la hoguera. En Cataluña, la frustración política generada por el varapalo del Tribunal Constitucional al nuevo estatuto de autonomía, promulgado en 2006 tras un complejo proceso, se vio agravada por los recortes económicos aplicados por el gobierno regional a raíz de la crisis. Pero si en el conjunto del país buena parte de esa frustración se expresó mediante protestas ciudadanas y la aparición de nuevos partidos políticos (en particular de Podemos, un producto colateral del estado de ánimo expresado en el ‘movimiento de los indignados’), en Cataluña el relato de esta crisis de legitimidad se encauzó a través de un sentimiento de agravio territorial. El rechazo a un gobierno liderado por el Partido Popular, marcado por los escándalos de corrupción, las penurias económicas y por haber boicoteado el nuevo Estatuto con un recurso de inconstitucionalidad, terminó por convertirse en una reivindicación masiva del ‘derecho a decidir’ sobre la permanencia en España.

La ruptura populista teorizada por los dirigentes de los nuevos movimientos contestatarios se coaligó en Cataluña con una ruptura nacionalista a la que muy pronto se sumó la vieja derecha regional, asentada durante décadas en el poder y no menos corrupta que la española. La imagen populista del pueblo contra la élite política y sus privilegios (la ‘casta’, una expresión proveniente del populismo italiano) se trasmutó allí en la imagen del pueblo catalán contra una España que ‘nos roba’ (otra expresión con reverberaciones italianas: ‘Roma, ladrona’, grito de guerra de la Liga Norte) y que constituiría un lastre para las potencialidades autóctonas.

Al margen de las muy diversas experiencias, contextos y estrategias, el auge generalizado de los populismos de izquierda y de derecha en el mundo ha encontrado en Cataluña una variante particular y muy efectiva: un nacionalismo populista capaz de aglutinar, al menos transitoriamente, en un mismo proyecto a grupos antisistema, independentistas de toda la vida y unas clases medias empobrecidas. Los análisis de índole sociológica quizá deban ceder aquí el paso a una consideración psicológica sobre los estados de ánimo colectivos. El castigo a la política tradicional se ha convertido en Cataluña en un rechazo al gobierno central, identificado genéricamente con ‘España’. La inseguridad sobre el destino colectivo se ha transmutado en una forma de cohesión etnocéntrica alimentada por agravios históricos, reales o imaginarios, y un objetivo común altamente ilusionante. La escenificación de grandes actos de identificación colectiva y de coreografías de masas que requieren gran nivel de coordinación, sumadas a la proliferación de ‘post-verdades’ y ‘hechos alternativos’ en las redes sociales, así como la participación en un proceso colectivo de decisión que supone a la vez una autoafirmación y un desafío agonal, han creado el momento mágico en que todo parece posible a través de un acto de voluntad: la independencia, y con ello un futuro mejor, está al alcance de la mano. En el curso de este proceso la ilusión de unanimidad invisibiliza, o al menos torna irrelevante, el papel de los disconformes, reducidos a meros legitimadores de la ‘apertura’ del proyecto. El ajuste de las expectativas con la terca realidad queda también pospuesto o devaluado.

Esta gran movilización social, institucional y anímica no ha encontrado hasta el momento una respuesta equivalente por parte de la mayoría estadística y relativamente silenciosa que se opone al proceso independentista en Cataluña. En contextos de alta movilización de un sector de la sociedad, los costes de la disidencia pública aumentan y muchos disconformes se recluyen en la pasividad anónima. Se sienten abandonados y esperan que el Estado les proteja o asuma ese protagonismo. Sin embargo, con el aumento progresivo de las tensiones y el hostigamiento esa pasividad ha comenzado a disminuir. La estrategia de la tensión corre el riesgo de descontrolarse y que sus instigadores no tengan la capacidad de replegar las movilizaciones. Las opciones disponibles para los distintos actores también se han ido estrechando. El movimiento secesionista necesita seguir adelante para no quebrarse interiormente. Ante las inmensas expectativas creadas y los triunfos tácticos obtenidos, lograr algo menos que la independencia sería inadmisible para buena parte de sus seguidores, ciertamente para los más radicales. Una vez alcanzado el clímax de una declaración unilateral de independencia sin mayor efectividad práctica, el horizonte se torna incierto.

En el lado opuesto, el gobierno de Mariano Rajoy ha quedado en evidencia al no prever lo que se avecinaba y no contar con una estrategia reconocible más allá de la defensa a ultranza de la legalidad constitucional. Su propio electorado está muy insatisfecho y le reclama una actuación más decidida. Su aliado en el parlamento de Madrid, el partido Ciudadanos, presiona para que se tome el control de las instituciones catalanas, una decisión de gran calado político. El recurso a la fuerza también comporta enormes riesgos. Ello no excluye que, ante un grave de deterioro del orden público, el uso de la policía o del ejército bajo directrices legales llegue a contar con un notable respaldo. En última instancia, la creciente huida de empresas y el traslado de la sede de los bancos catalanes a otras partes del país puede tener un mayor efecto disuasorio que el despliegue policial.

A diferencia del Partido Popular, cuya presencia en Cataluña es testimonial, el Partido Socialista, tras haber perdido en una década más de la mitad de sus votos en la región, se encuentra en una posición muy frágil y dividido a la hora de proponer una reforma constitucional que articule una fórmula federal con el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado. El temor (justificado, a la vista de los hechos) es que la plasmación constitucional de las ‘naciones’ dentro de España lleve a postularlas como sujetos de soberanía.

Podemos ha adoptado una postura más ambigua frente al independentismo. Su dirigente nacional, Pablo Iglesias, y más claramente el sector ‘anticapitalista’ del partido, conciben la ruptura catalana como una oportunidad para descabalgar a Mariano Rajoy y llegar al gobierno en una hipotética alianza con los socialistas y el apoyo parlamentario del independentismo catalán. Esta estrategia, altamente improbable y presentada como un intento de desbloqueo de la situación, seguramente hundiría al PSOE a medio plazo y certificaría su superación por Podemos como principal partido de la izquierda. Por otro lado, la sobreexposición mediática de Iglesias, las purgas internas en el partido y su convergencia de facto con los intereses del independentismo probablemente le pasen una gran factura a Podemos en las próximas elecciones generales. Al renunciar a su vocación ‘transversal’, el nuevo partido ha quedado recluido en un ecosistema ampliado de la izquierda tradicional, con mayor grado de influencia, pero unos límites claros.

En Cataluña, la marca local de Podemos (En Comú Podem), con autonomía propia, ha tenido en Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, su mayor activo. Su calculada ambivalencia (referéndum sí; independencia, de entrada, no) y sus llamadas al ‘diálogo’ y a la mediación internacional pretenden ganarle un espacio en la política catalana para el período post-Puigdemont, pero se arriesga a que su propia coalición, muy heterogénea, termine rompiéndose, con algunos miembros migrando definitivamente hacia el independentismo y otros hacia una izquierda más tradicional y menos identitaria.

En momentos de gran tensión y antagonismo, las posiciones intermedias o equidistantes suelen ser insostenibles y sucumbir ante estrategias más decididas o con objetivos claros. El movimiento independentista parece haberlo comprendido. La respuesta desde la institucionalidad democrática del Estado no puede ser la inmovilidad o ir a remolque de los acontecimientos. Si se desea recuperar a los ‘independentistas sobrevenidos’ (la identificación con el independentismo se ha más que triplicado en diez años, del 14 % al 48 %) es preciso que desde el Estado se proponga alguna alternativa, pero eso lleva tiempo y necesita un amplio consenso entre los distintos grupos políticos. El desbloqueo de la situación podría contar con mayores posibilidades si a corto o medio plazo sus dos principales protagonistas, Mariano Rajoy y Carles Puigdemont, fueran sustituidos. La intervención de la Generalitat, si llega a proclamarse la independencia unilateralmente, permitiría convocar elecciones en Cataluña y comprobar el nuevo equilibrio de fuerzas. La incapacidad de Rajoy para ganar nuevos aliados y aprobar los presupuestos podría también adelantar las elecciones generales a 2018. En cualquier caso, las demandas de acción política, y no de mera retórica legalista, apuntan a la necesidad de ofrecer a todos los españoles, y a los catalanes con ellos, un nuevo pacto territorial que probablemente implique una reforma constitucional de calado. Ese sería un pacto, o un conjunto de alternativas, que podría ser sometido a un referéndum legal en todo el país. El camino, como demostró el ejemplo canadiense tras el primer referéndum de Quebec en 1980, puede ser complejo y a veces frustrante, pero en el caso español no parece haber vuelta atrás ni posibilidad de quedarnos como estamos, si no es para ir a peor.

 

* Francisco Colom es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España).

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