Midiendo con la regla equivocada

En México y en la CDMX se toman decisiones, se ubican patrullas y cámaras, se diseñan operativos, se reportan en informes de gobierno y se anuncian maravillosos resultados en términos de seguridad conociendo solo 6 % de la realidad.

Midiendo con la regla equivocada
Foto: Flickr, usuario Eneas De Troya, CC BY 2.0 Eneas De Troya

Por: Humberto González Ramírez (@hummmbert) y Rafael Prieto Curiel (@rafaelprietoc)

Otra vez se utilizan las averiguaciones previas relacionadas a un delito como la regla con la cual se deben de medir los delitos de una ciudad o un estado. Policías, agentes del Ministerio Público, delegados, gobernadores y hasta el presidente se jactan de las medidas delictivas utilizando las averiguaciones previas como estimación de la incidencia delictiva. ¡Malditas averiguaciones previas!

A manera de ejemplo, tomemos el mensaje del 5º Informe de Gobierno de Miguel Ángel Mancera. En su mensaje, el gobernante presumió que  “[…] en cinco años de gobierno hemos logrado disminuir la actividad delictiva al punto de registrar 41.5 por ciento menos de lo que se contaba en el 2012 y menos 48.4 por ciento en el 2016”. Pero, ¿es cierto que la actividad delictiva disminuyó en tan sorprendente proporción?

Las cifras que Miguel Ángel Mancera dio a conocer están basadas en el número de averiguaciones previas abiertas por los Ministerios Públicos. De esta manera, para que un delito sea contado es necesario que la víctima presente una denuncia ante el Ministerio Público (fiscalía), y que ésta posteriormente se convierta en averiguación previa. El problema es que no todos los delitos son denunciados, por lo que ésta no es una cifra representativa de la incidencia delictiva en un lugar. Para tener una medida más precisa sobre la incidencia delictiva en el país, el INEGI realiza cada año la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). Según esta encuesta, se estima que en la CDMX en 2016 sólo 6 de cada 100 delitos terminaron en una averiguación previa, mientras que los restantes 94 delitos, al no contar con una averiguación previa, son desconocidos por las autoridades y no son contados en esos maravillosos informes de gobierno. Al porcentaje de delitos que no son denunciados o que son denunciados pero no terminan en una averiguación previa se le conoce como la cifra negra.

En México y en la CDMX se toman decisiones, se ubican patrullas y cámaras, se diseñan operativos, se reportan en informes de gobierno y se anuncian maravillosos resultados en términos de seguridad conociendo solo 6 % de la realidad.

Además, la cifra negra, tanto a nivel nacional como en la CDMX es mayor durante este sexenio que en el anterior, es decir, tanto el gobierno federal como el gobierno de la Ciudad de México prefieren, año con año, conocer menos delitos, tener menos información y contar menos averiguaciones previas, simplemente porque así se pueden reportar resultados mágicos en sus informes, aunque no por ello tengamos un país o una ciudad más segura.

Gráfica: Humberto González y Rafael Prieto.

Ahora bien, considerando todos los delitos y no nada más los que sí se denunciaron, ¿es cierto lo que afirma Miguel Ángel Mancera, que la actividad delictiva registra 41.5 % menos que en 2012? Pues no.

Según la ENVIPE, la incidencia delictiva, medida como el número de delitos por cada 100 habitantes, pasó de 49.2 a 49.9 del 2012 al 2016; es decir, un incremento del 1.46 %.

En la Ciudad de México, si los delitos se distribuyeran entre todos los habitantes por igual (lo cual no sucede, pues hay personas que sufren más delitos que otras), la probabilidad de un habitante de sufrir al menos un delito es prácticamente la misma que la de obtener águila en un volado. A nivel nacional la incidencia delictiva pasó de 35.1 a 37.0 delitos por cada 100 habitantes; un incremento de 5.34 % en el mismo periodo.

Gráfica: Humberto González y Rafael Prieto.

Uno de los motivos por lo que la cifra negra es tan alta es estructural. En México, el Poder Ejecutivo es el encargado de la seguridad, a través de la policía, y de la procuración de justicia, a través de las procuradurías generales de justicia. En la CDMX estas instituciones son la SSP y la PGJ-CDMX. Entonces, un aumento en el número de delitos denunciados ante la PGJ significaría reconocer un aumento en la inseguridad, y por lo tanto un fracaso de la SSP y de la PGJ-CDMX misma. Es así como la dependencia que tiene la PGJ-CDMX del Poder Ejecutivo conlleva inevitablemente un conflicto de interés, y un incentivo perverso para disminuir el número de delitos que se denuncian: si no hay denuncia, entonces no hay delito que perseguir. No es de extrañar que el proceso de levantar una denuncia sea tan engorroso. Lo peor de todo es que al desincentivar las denuncias se incrementa la impunidad y se pierde información valiosa que podría contribuir a crear estrategias que ayuden realmente a disminuir la inseguridad. Esta es una de tantas razones para crear Fiscalías Autónomas, que no dependan totalmente del Poder Ejecutivo.

La única herramienta que tenemos en México para medir si hay más o menos delitos, si las políticas de seguridad funcionan, si el transporte público es menos seguro que antes o si las cámaras de seguridad en verdad funcionan es la encuesta de victimización. Utilizar el conteo de averiguaciones previas se aleja (por mucho) de la realidad, lo cual impide dimensionar el problema de seguridad en nuestras ciudades y, por lo tanto, diseñar políticas públicas que ayuden a combatirlo.

Foto: Flickr, usuario Eneas De Troya, CC BY 2.0

 

 

 

* Este texto fue publicado originalmente en puntodecimal.mx (@PuntoDecimalMx).

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