Sismo: no se puede predecir, pero sí anticipar

Después de las labores de rescate es momento de emprender acciones para facilitar la reconstrucción y fortalecer la resiliencia de la CDMX ante futuras catástrofes.

Por: Carlos Grandet (@cgrandet) y Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa)

La Ciudad de México vivió el 19 de septiembre de 2017 uno de los momentos más críticos en su historia reciente: un temblor de 7.1 grados que causó pérdidas humanas y daños patrimoniales, además de poner a prueba la efectividad de sus políticas de atención a desastres. Si bien es cierto que la respuesta de la sociedad civil y del gobierno para solucionar la emergencia previnieron un desastre a mayor escala, existen aún acciones para garantizar el bienestar de la población y evitar que esta catástrofe impacte la confianza de la ciudadanía en la capacidad de reacción del gobierno, así como en el valor de su patrimonio.

Después de las labores de rescate es momento de emprender acciones para facilitar la reconstrucción y fortalecer la resiliencia de la CDMX ante futuras catástrofes, a continuación algunas propuestas:

1. Realizar una investigación independiente sobre edificios con daños catastróficos que tenga rigor y legitimidad

Una condición necesaria para que la sociedad recupere la confianza sobre su vivienda y su patrimonio es deslindar todas las responsabilidades que existan en los casos de edificios derrumbados o con pérdidas totales. Se ha documentado que existen casos de construcciones recientes que colapsaron en las que no se utilizaron materiales óptimos, así como otras irregularidades. Otros edificios, como el de Álvaro Obregón 286, fueron reforzados sin éxito y algunos más, como la escuela Enrique Rébsamen, no contaban con los planes de protección civil ni los permisos adecuados para su operación.

Lamentablemente, vivimos en un país donde la sociedad no confía en las instituciones policiacas y de investigación, lo que es resultado de una larga historia de irresponsabilidad e impunidad. Más aún, estamos a unos meses de los proceso electorales federales y locales de 2018, lo que dará pie a que se utilicen las tragedias como parte de la contienda, como ha sucedido en las últimas semanas con el triste caso de la escuela Enrique Rébsamen.

En ese sentido, una alternativa es crear una especie de “comisión de la verdad” independiente, con participación expertos u organismos internacionales y de la sociedad civil, que acompañe todas las investigaciones que se realicen en esta materia. Esto permitirá generar confianza en los resultados, así como elevar el rigor de las investigaciones que realicen las distintas autoridades en la materia. Además, esta comisión podría tener entre sus objetivos emitir recomendaciones de modificaciones reglamentarias y legales en materia de seguridad de construcciones y manejo de desastres naturales.

2. Aumentar la penetración de seguros por daños patrimoniales

La penetración de seguros por daños patrimoniales en México es baja. Según datos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en 2015 existían 1.3 millones de pólizas contra terremotos y riesgos catastróficos a nivel nacional. Si bien la Ciudad de México concentra la mayor parte de las primas de este tipo de seguro, el porcentaje de cobertura sigue siendo bajo. Datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) indican que 8.6 por ciento de las viviendas cuentan con seguro por decisión del propietario y 25 % de las viviendas con hipoteca están aseguradas.

La escasa cobertura de la población capitalina pone en riesgo el patrimonio de los individuos, así como la estabilidad financiera del gobierno local y federal. Los daños de este terremoto suman ya más de 38 mil millones de pesos. Aunque es cierto que existen fondos para desastre naturales, la presión fiscal que implica atender las necesidades de la población aumenta pues no existen mecanismos de protección previamente adquiridos. Es por eso que creemos fundamental implementar políticas que contribuyan a aumentar el número de asegurados en la Ciudad:

a) Requerir a las entidades financieras que las hipotecas cuenten con un seguro de cobertura sobre el valor de la vivienda–no sobre el valor de la construcción. Si bien algunas hipotecas cuentan con un seguro que cubre a deudores, el pasado terremoto ha puesto en evidencia la poca efectividad de muchas de las pólizas. La AMIS ha documentado casos después del reciente terremoto en los que seguros no cubren el total del valor de la hipoteca de una unidad derrumbada y los individuos deben seguir pagando la vivienda de una propiedad inexistente.

b) Impulsar políticas para la adquisición de seguros colectivos, tanto para inquilinos o dueños de una propiedad. Aumentar el número de asegurados, de tal modo que todos las viviendas de la CDMX tengan un seguro, repartiría el riesgo y facilitaría el acceso a fondos para la reconstrucción. Según un ejercicio de la CONDUSEF, el costo promedio de un seguro de vivienda es de alrededor de 7,000 pesos anuales. Sin embargo, el precio varía sustancialmente de acuerdo con la zona de la Ciudad: Una zona percibida como de alto riesgo puede pagar hasta el doble de prima que una de mediano riesgo. Políticas que generen seguros grupales para que las viviendas en lugares con distintos riesgos estén aseguradas disminuirá los precios de las pólizas y las hará más asequibles. Lograrlo podría ser impulsado a través de campañas de difusión e incentivos fiscales (cobrar el seguro a través del predial y dar descuentos), así como requerimientos legales a los arrendadores de adquirir un seguro.

3. Implementar un sistema de certificación a inmuebles

Uno de los grandes problemas evidenciados por el terremoto fue la falta de información y certidumbre de la población sobre la calidad de las edificaciones y el cumplimiento de normas de construcción. Esta falta de certidumbre tiene el potencial de impactar las decisiones de individuos y la capacidad de la CDMX de atraer inversiones. Hoy en día tomamos decisiones sin tener certeza sobre la calidad de un inmueble o incluso si cuenta con un plan de protección civil y, al hacerlo, estamos haciendo una apuesta con nuestro patrimonio y ahorros.

En la Ciudad existen engomados para conocer las emisiones contaminantes de un vehículo pero no existen mecanismos para conocer la capacidad de un edificio de resistir un terremoto u otro desastre natural, ni incentivos para que las desarrolladoras cuenten con las máximos estándares de calidad. El gobierno debe abrir información sobre verificaciones de protección civil y certificados de zonificación, así como crear un sistema de calificaciones a edificios: un edificio que no cuenta con extintores recibe una baja en su calificación y uno que no ha reparado sus daños desde la última visita sale reprobado, etc. Un uso inteligente de la tecnología sería el uso de blockchain para generar reportes ciudadanos y de verificadores, evitando así actos de corrupción.

 

* Carlos Grandet es maestro en Análisis Computacional y Políticas Públicas por la Universidad de Chicago y economista por el CIDE. Roberto Velasco Álvarez es maestro en políticas públicas por la Universidad de Chicago y abogado por la Universidad Iberoamericana.

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