¿Qué podemos aprender de los partidos alemanes?

Que la financiación pública sea necesaria no significa que deba ser cuantiosa y México puede aprender del sistema electoral alemán.

Por: Julen Berasaluce Iza (@JBerasaluce)

A raíz de la urgente necesidad de recursos para la reconstrucción después de los sismos de septiembre, se ha puesto la lupa sobre los recursos que reciben los partidos políticos. El sinfín de críticas que se pueden hacer a cada uno de los partidos políticos mexicanos no invalidan el hecho de que son herramientas fundamentales para la acción política y la participación ciudadana en democracia. Como tales necesitan financiación pública; reducirla a cero no debería ser objeto de discusión. Lo anterior no significa que el tema de financiación a los partidos políticos en México esté resuelto, por lo que su comparación con otros sistemas, como el alemán puede resultar interesante.

En Alemania la financiación pública se basa en el número absoluto de votos que recibe cada partido, así como en la complementación de la financiación privada obtenida. El sistema de financiamiento por número absoluto de votos es similar a la propuesta de “Sin voto no hay dinero” del candidato a senador Pedro Kumamoto, por la cual, las abstenciones disminuirían la bolsa destinada a los partidos, en un afán de incentivarlos.

Que la financiación pública sea necesaria no significa que deba ser cuantiosa. La financiación pública que, en conjunto, pueden recibir los partidos políticos en Alemania está limitada en una cifra que actualmente se sitúa en 150.8 millones de euros (3,350 millones de pesos). En comparación, nótese que, por ejemplo, en 2017 los partidos recibieron 3,941 millones de pesos solo para el sostenimiento de actividades ordinarias del INE. En 2018, debido a las elecciones presidenciales tienen aprobado una asignación de 6,778 millones de pesos que aunado a lo que reciben de los estados sumarán 11,904 millones de pesos.

La comparación con Alemania es pertinente como límite máximo, puesto que, a pesar de que la población germana es de apenas dos tercios de la mexicana, el PIB del primero más que triplica el mexicano, por no mencionar que el tamaño del pastel (el gasto ejercido por la administración pública) es mayor en el primero. En pocas palabras, a pesar de las serias limitaciones como país de ingreso medio y de necesidades mucho más urgentes para su atención por parte del sector público, en México, en lo que a financiación de partidos se refiere, se sigue administrando la abundancia.

Por otra parte, la financiación privada de los partidos es muy limitada. Las aportaciones de militantes, por ejemplo, no pueden superar el 2 % del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias y precampañas. Las aportaciones de empresas están directamente prohibidas.

El establecimiento de límites a la financiación privada no es importante para los partidos consolidados, que tienen acceso a una generosa bolsa de recursos públicos. La historia es distinta para partidos nuevos o candidatos independientes. Las donaciones a estos últimos no pueden rebasar el 10 % del tope del gasto de la elección. Teniendo en cuenta que la financiación pública de todos los candidatos independientes a una elección tiene como límite la de un partido de nuevo registro, que se reparte a tercios, entre candidatos a presidente, senador o diputado, la restricción es notable. Un candidato independiente tiene una financiación pública ínfima (y decreciente con el número de candidatos), además de la restricción común a la financiación privada.

Sin embargo, como podemos ver en el sistema alemán, los límites y las prohibiciones se pueden relajar si hay herramientas efectivas para la transparencia de las operaciones. Así, en el país germano se aceptan donaciones de personas morales, si bien no de organizaciones sin ánimo de lucro o sociedades participadas en más del 25 % por el sector público. Por otro lado, no hay límite superior a las donaciones privadas, aunque en función de su cuantía los requerimientos son más exigentes y aquellas superiores a 50,000 euros han de ser inmediatamente comunicadas al presidente del Parlamento y publicadas en dicha institución. Hasta se admiten donaciones de extranjeros (en este caso sí, con un límite de 1,000 euros), mientras que en el caso de México se prohíben las aportaciones de los no residentes, a pesar de la innegable importancia, también en términos de participación electoral, de la comunidad mexicana residente en el extranjero.

Los partidos alemanes tienen la obligación de auditar sus cuentas anualmente y se establece en la ley, de manera específica, las características que han de presentar dichas cuentas. En caso de que el presidente del Parlamento encuentre discrepancias, puede elegir él mismo un auditor a quien el partido respectivo ha de facilitar toda la información necesaria para dilucidar el conflicto presentado. Además del control de las cuentas, las medidas coactivas también han de ser eficaces. Las penas deben tener poco margen de arbitrio, ser suficientemente altas para ejercer la coacción necesaria, pero no en exceso, para que su aplicación sea efectiva. En este sentido, las aportaciones no, o deficientemente, comunicadas pueden implicar una multa de hasta tres veces la cantidad de la donación y derivar en penas de prisión de hasta tres años, incluyendo la división de las donaciones en cantidades más pequeñas para evitar su fiscalización.

El sistema alemán, en definitiva, no confía ciegamente en la benevolencia de la financiación privada pero le otorga un beneficio social y confía en la transparencia como corrector de sus defectos. Con solo la transparencia como límite, esta financiación privada significa menos del 3 % del total de recursos de los partidos, en una tendencia decreciente que a principios de los 2000 se situaba cerca del 20 %.

El caso alemán ofrece un ejemplo de cómo las obligaciones en materia de transparencia pueden ayudar a controlar la financiación privada a los partidos políticos en un sistema mixto. La prudencia exige advertir los beneficios y costos de los diferentes tipos de financiación para establecer los controles adecuados, mismos que se han de extender a la financiación pública.

 

* Julen Berasaluce Iza es profesor investigador del CEE del COLMEX.

 

Este artículo fue escrito con el apoyo del equipo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. El autor agradece en particular la asistencia y traducción de información por parte de Vera Grieb.

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