Los muertos que vienen

En veinte años las recomendaciones han respondido al contexto en el que se elaboraron, pero han resultado una herramienta tibia; no han logrado dimensionar las múltiples violencias que padecen las y los periodistas en México.

Por: Jorge Israel Hernández (@jorgeisraelh)

“Como Presidente de la República condeno tajantemente esas agresiones (en contra de periodistas) que atentan contra quienes ejercen una labor cívica de la mayor importancia. Esas agresiones son una ofensa para todos quienes creemos en las libertades democráticas y en la justicia. Por eso reitero al Jefe del GDF, al Procurador General de Justicia y al Director de Seguridad Pública, que tienen instrucciones precisas de aplicar todos los recursos disponibles para investigar estos hechos vergonzosos y procurar que queden castigados conforme a la ley”.

Nadie puede estar en desacuerdo con lo planteado por el presidente al momento de condenar las agresiones en contra de periodistas y hacer un llamado enérgico para que se investigue y sancione sin excepción a los responsables. El presidente, sensible ante la situación, sabe que no hay mejor protección para las y los periodistas que el combate a la impunidad y la procuración de justicia como una herramienta que garantiza la no repetición.

“Reitero a la ciudadanía, a las organizaciones y a los medios de comunicación que agresiones como las recientemente ocurridas no nos intimidarán, por el contrario, harán más fuerte la convicción del Gobierno y de toda la sociedad de que es apremiante seguir adelante combatiendo con todo rigor la criminalidad. Para que ese combate tenga éxito es indispensable fortalecer la acción del Estado y también la acción de la sociedad. Debemos ya sumar la voluntad de los tres Poderes de la Unión y de todos los órdenes de Gobierno para coordinar nuestros esfuerzos.
Debemos ya comprometernos todos a reforzar nuestras leyes, a acelerar la reestructuración de las corporaciones policíacas y hacer cumplir estándares de desempeño, acordes con la ley y con un estricto respeto por los derechos humanos”.

El pronunciamiento del presidente, en un contexto en el que los indicadores de agresiones en contra de periodistas crecían, se centró en tres mensajes: condena, acción coordinada con todo el respaldo del Gobierno Federal y unidad para superar la crisis. Estos compromisos del titular del Poder Ejecutivo se realizaron el 18 de septiembre de 1997, el presidente era Ernesto Zedillo, era otro México (o eso nos empeñamos en creer).

En 1998 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaba su preocupación debido a que México ya entonces ocupaba “uno de los primeros lugares en América Latina en cuanto a denuncias sobre agresiones contra miembros de la prensa (…) durante el presente sexenio en México se han constatado 428 hechos caracterizados como supuestas violaciones en contra de la libertad de expresión y de información, entre las cuales se destacan 11 asesinatos, 89 agresiones físicas, 67 amenazas, 57 intimidaciones y 14 secuestros. Tales hechos, según lo denunciado, han sido catalogados por las autoridades mexicanas como delitos comunes, y no como atentados contra la libertad de expresión e información. (Se recomienda) Que adopte las medidas necesarias para sancionar a los responsables de delitos cometidos contra personas que ejercen el derecho a la libertad de expresión, incluyendo la investigación rápida, efectiva e imparcial de las denuncias relacionadas con el hostigamiento a periodistas, defensores de derechos humanos, y miembros de organizaciones sociales”.

Aquel fue el punto de partida para una cascada de señalamientos que instancias internacionales hacen a México sobre las condiciones de vulnerabilidad en las que se ejerce el periodismo en el país, una llovizna incómoda para el Estado mexicano que, por sus propias acciones y omisiones, se ha convertido en huracán.

Desde 1998 la situación de los periodistas en México se ha mantenido en la agenda de la observancia internacional. A la fecha son más de 60 recomendaciones realizadas al Estado Mexicano por mecanismos internacionales de derechos humanos de distinta naturaleza jurídica cuya competencia ha sido aceptada —órganos de tratados de derechos humanos de los que México es Estado parte, cuerpos colegiados en procedimientos especiales y del Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU—.

Pastillas para la memoria

Las recomendaciones realizadas durante las dos décadas recientes han atendido lo relacionado con la impunidad y la obligación de investigar y sancionar; han deplorado la violencia en contra de periodistas y recordado al Estado su obligación de proteger; han sugerido la creación de un mecanismo especializado que genere medidas de protección para periodistas; al ser creado este mecanismo han denunciado la falta de recursos económicos, humanos y de coordinación interinstitucional, al tiempo que se ha recomendado fortalecerlo y ampliarlo; han exigido que autoridades del ámbito local asuman su responsabilidad de garantizar el efectivo goce de la libertad de expresión; se han recomendado cambios en el marco normativo.

Además, las recomendaciones han sugerido dotar de más facultades y recursos a la Fiscalía Especializada de la PGR; han invitado a generar e implementar protocolos específicos de investigación; han señalado que los periodistas que están en mayor riesgo son los que investigan asuntos relacionados con corrupción;  también han recomendado romper con el ciclo de impunidad y que las investigaciones sean realizadas por instancias autónomas.

En 2010 el aumento de las agresiones en contra de periodistas motivó una visita conjunta a México de los entonces Relatores para la libertad de expresión de la ONU y de la CIDH (Catalina Botero y Frank La Rue) con el apoyo de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONUDH) que realizó labores de acompañamiento y asistencia técnica. El modelo de visita conjunta entre relatorías de ambos sistemas (ONU y OEA) fue innovadora a nivel global.

Al ser parte del equipo de la ONUDH tuve la oportunidad de colaborar de manera íntima en la configuración de aquella visita conjunta desde su planeación hasta su implementación. Durante la visita realizamos reuniones con periodistas en distintas entidades federativas, con víctimas y familiares, representantes de organizaciones de la sociedad civil, directivos de medios de comunicación y autoridades de alto nivel del Estado mexicano; se realizó una inmersión profunda a la realidad que vivían de manera cotidiana periodistas en todo el país.

Esta semana, como hace siete años, se realiza una visita conjunta en México de ambas Relatorías. Los Relatores David Kaye y Edison Lanza, encontrarán una situación más dramática que aquella del 2010: las agresiones han aumentado en número e intensidad, la cifra de periodistas asesinados es mayor mes con mes y las recomendaciones que se han cumplido no han conseguido modificar una dinámica a la que peligrosamente nos comenzamos a acostumbrar.

Los relatores verán que la frustración crece, que se destinan recursos económicos que son más gasto que inversión, que mucho se ha hecho y poco se ha logrado, que falta voluntad, que la impunidad es la constante, que a gran parte de la sociedad poco o nada le importa y que a muchos directivos de medios de comunicación no les importa ni los periodistas ni el periodismo —al momento de escribir estas líneas varios directores de medios ya habían faltado a su cita con los Relatores—.

En veinte años las recomendaciones han respondido al contexto en el que se elaboraron, pero han resultado una herramienta tibia; no han logrado dimensionar las múltiples violencias que padecen las y los periodistas en México. Durante años nos hemos concentrado en la protección física y normativa como si esto fuera suficiente para corregir las dinámicas de violencia que ya toman tintes de acciones sistemáticas.

Debemos hacer una alto y reconocer que hemos sido omisos al momento de atender las otras violencias, las que construyen un escenario que facilita la violencia física y acentúa sus consecuencias, las violencias que colocan a las y los periodistas en situación de orfandad en un contexto generalizado de violencia e impunidad.

Es deseable que las recomendaciones se atrevan a cuestionar la violencia que padecen los periodistas en los andamiajes laborales de los medios de comunicación en los que los tratos clasistas, las expresiones jerárquicas nocivas y el machismo son cosa de todos los días. Violencia hay también en las condiciones laborales, contratos que rayan en la ilegalidad y expectativas de desarrollo profesional limitadas.

También nos hemos olvidado de la violencia que representa la cada vez más escaza oferta educativa, en la que universidades públicas y privadas han desaparecido los programas de periodismo, han extirpado de los programas de estudio las asignaturas relacionadas con la ética y están lejos de ofrecer opciones para la educación continua de un ejercicio profesional que requiere de actualización constante.

Este escenario de orfandad se acentúa cuando entendemos que también es violencia el menosprecio social que viven de manera cotidiana las personas que se dedican al periodismo. La sociedad, a la que sirven, les ha dado la espalda. Ojalá las recomendaciones que vienen atiendan también estas otras violencias que, sumadas a la impunidad y la falta de voluntad política, forman parte del coctel que tarde o temprano mata.

Desde aquel discurso de Zedillo las agresiones en contra de periodistas han aumentado al grado de ser parte de lo cotidiano, organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales han llenado páginas de tinta documentando y denunciando agresiones, asesinatos y desplazamientos; mientras tanto el discurso oficial está perdido en el laberinto de la retórica

Llegarán las recomendaciones y en México seguirán matando periodistas.

 

* Jorge Israel Hernández es periodista. Maestro en derechos humanos. Especialista en libertad de expresión, comunicación estratégica y gestión de conflictos. Profesor en la @UNAM_MX y el @CIDE_MX.

Ver:

Informe sobre la situación de los DDHH en México, 1998.
Examen de los informes presentados por los estados partes en virtud del Artículo 40 del Pacto, 1999.
Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, 2009
Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto, 2010
Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, 2011
Informe especial sobre la libertadd e expresión en México, 2011
Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, 2013
Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns. Misión a México, 2014
Situación de los derechos humanos en México, 2015

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