Mitos sobre la Ley de Seguridad Interior

A los que quieren seguridad a cualquier precio y exigen aprobar la LSI, hay que recordarles que hay mucha seguridad en un cementerio.

Por: Roberto Hernández (@presuntoc)

En un camino polvoriento y despoblado en el norte de México, a cargo de un retén, José Xicoténcatl, un soldado de 23 años, mira que una camioneta se aproxima. Les hace el alto. El conductor, arrogante, baja el vidrio polarizado. El aire huele fuertemente a mariguana. Son varios. Van armados hasta la coronilla. ¿Qué queremos que haga nuestro soldado? ¿Nada? ¿Algo? Si usted piensa que nuestro soldado de entrada no tenía por qué estar ahí ni tenía razón para haberlos parado, este texto no es para usted. Si usted está preocupado por las posibilidades que tiene José Xicoténcatl de hacer valer la ley en ese kilómetro desconocido de un lugar sin nombre, siga leyendo estos mitos sobre la Ley de Seguridad Interior, que no es lo que usted ni yo pensábamos.

PRIMER MITO: La ley tiene objetivos claros. No tiene nada que ver con poner al Ejército a hacerla de policía en las calles.

REALIDAD: La Ley de Seguridad Interior es técnicamente deficiente. Pero no me crea. Lea el artículo segundo del proyecto de la Ley de Seguridad Interior junto con el artículo tercero y quinto de la Ley de Seguridad Nacional. Pregúntese, o pregúntele a un policía o a un soldado si entiende perfectamente lo que estos artículos dicen; si entiende exactamente ¿qué es seguridad interior, seguridad nacional y seguridad pública? Estas leyes, la de Seguridad Interior y la de Seguridad Nacional son una carretada de conceptos mal escritos, vagos y confusos. Cito un poco del lenguaje de la ley de Seguridad Nacional: El artículo 3ro dice que son acciones de Seguridad Nacional “las (…) destinadas de manera inmediata y directa a (…) la preservación de la democracia”. ¿No le correspondía eso al Instituto Nacional Electoral? El artículo 5o, que dice: “Son amenazas a la Seguridad Nacional… el espionaje”. Pero ¿cuál, el que nuestro gobierno aplica a periodistas y activistas vía el programa Pegasus? No. El que le aplican “al Estado Mexicano”. ¿Pero y quién es el “Estado Mexicano”? ¿El presidente o un servidor público cualquiera? También son amenazas –prosigue la susodicha ley– “actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada”. O “actos tendientes a obstaculizar o bloquear operaciones militares”. Como por ejemplo cuáles, ¿cuestionar la Ley de Seguridad Interior? Por donde la mire, son conceptos pretenciosos y confusos. Pero lo peor no es eso.

SEGUNDO MITO. La Ley de Seguridad Interior es una buena ley.

REALIDAD: La Ley de Seguridad Interior es un trabalenguas repleto de conceptos jurídicos poco claros, y por eso la propuesta tiene poca probabilidad de orientar la acción de la Policía, la Marina o del Ejército en sus tareas cotidianas, que no son enfrentar armas nucleares o biológicas, ni actos terroristas. ¿Sabía usted que la ley cita hasta al cambio climático y el flujo migratorio como justificantes de su emisión? ¿Es la Secretaría de Defensa Nacional la que nos va a proteger de los gases de efecto invernadero? Son los retenes, los ingresos a espacios privados y detenciones comunes lo que debería ocuparnos. Cuando una ley no se construye desde la perspectiva de quien la tiene que aplicar, es casi inútil. Cuando ocurre un evento que posiblemente sea un delito, queremos que la autoridad pueda atenderlo y generar evidencia susceptible de ser presentada con éxito en una corte. Pero si de entrada le damos al policía o al soldado un trabalenguas nada más para que descifre si la situación que tiene enfrente es de su competencia, estamos creando un obstáculo imposible de superar para las personas cuya labor es cuidarnos.

México tiene numerosos ejemplos de legislación deficiente. Y por eso somos uno de los países con más altos niveles de impunidad en el mundo. Legislar es entender a los destinatarios de una norma con un dibujo legal bien hecho. Legislar es mirar escenarios, y luego colocar reglas claras y prácticas para guiar acciones en esos escenarios. Diseñar una buena ley parte de escuchar muchas situaciones reales. Ni esta ley ni otra existente en México establece procedimientos adecuados para quien está en el retén militar, o en la calle investigando criminales, o en la escucha telefónica, o en la recolección de evidencia física o testimonial. Y por eso nuestra ley no contribuye a resolver los dilemas que enfrentan los militares o los policías para generar inteligencia o evidencia criminal. Y por eso usted se entera de que una persona es detenida y cualquier cosa puede pasar. La persona puede ser torturada. O desaparecida. O liberada horas o años después por un juez. Si queremos perpetuar un sistema que nos brinda pocas certezas, que viola derechos básicos, y que sigue siendo uno de los más ineficaces del mundo, aprobemos sin discusión la Ley de Seguridad Interior.

TERCER MITO: La Ley de Seguridad Interior regula la intervención del Ejército y la Marina en tareas que corresponden a la policía.

REALIDAD: La ley no regula la intervención del Ejército en tareas de la policía ni en investigaciones criminales. Ojalá hiciera algo de eso, que buena falta hace. Pero en cambio, sí autoriza al Ejército a hacer labores de policía. Y lo hace no de forma abierta y clara, sino de manera disimulada, mediante la vaguedad y amplitud de los conceptos que ocupa. Es esto lo que le permite a los fontaneros que hicieron esta ley decir que estamos equivocados, que nosotros no entendemos. Pero la realidad es que la ley está diseñada para no ser entendida. Está diseñada para ofuscar. Y ¿qué busco yo con estas reflexiones? Claridad. Porque miles de personas han sido detenidas supuestamente en “flagrancia” por las Fuerzas Armadas desde el 2006 a lo que va del 2017.

Según datos aportados por la SEDENA,[1] en Aguascalientes, exactamente 462 personas. En Baja California, 5131. En Baja California Sur, 1101. En Campeche, 356. En Coahuila, 2382. En Colima, 1099. En Chiapas, 1738. En Chihuahua, 4804. En Durango, 2811. En Edomex 2357. En Guanajuato, 1208. En Guerrero, 5559. En Hidalgo, 255. En Jalisco, 2166. En Michoacán, 5013. En Morelos, 1393. En Nayarit, 858. En Nuevo León, 5327. En Oaxaca, 2064. En Puebla, 529. En Querétaro, 125. En Quintana Roo, 701. En San Luis Potosí, 2401. En Sinaloa, 3800. En Sonora 4783. En Tabasco, 1091. En Tamaulipas 11942. En Tlaxcala, 153. En Veracruz, 3828. En Yucatán, 230. En Zacatecas, 1449. Y en la Ciudad de México, donde por supuesto no sentimos el problema, solo 32 personas. Eso suma 77148 personas detenidas por la SEDENA.

El Ejército está haciéndola de policía. Y detiene igual de mal que la policía: en flagrancia. Es decir, en lugar de investigar para detener, detienen sin una investigación previa. Y ¿qué pasa con esos detenidos? ¿Cuántos son liberados y cuántos juzgados y sentenciados? ¿Funcionan hoy nuestras leyes para guiar estas acciones? A juzgar por lo que dice esta ley, y por la evidencia numérica, no. ¿Qué quiero yo como ciudadano? Quiero que nuestros policías y militares tengan un guión claro y detallado acerca de cómo comportarse en situaciones que enfrentan cotidianamente, para que puedan actuar con eficacia y justicia.

CUARTO MITO. La verdad es que la policía está tan mal que la intervención del Ejército es un mal necesario.

REALIDAD: la policía está en un estado de abandono, sí, pero la intervención del Ejército o la Marina se da en las mismas condiciones en las que está la Policía: sin reglas claras para documentar sus acciones, de modo tal que esas acciones sirvan para captar evidencia bien organizada y útil, no le sirve ni a la Policía, ni a las Fuerzas Armadas, ni a nosotros. Aprobar la Ley de Seguridad Interior como está redactada mantendría al Ejército en un pantano legal. En el mismo pantano legal en el que desde hace décadas se encuentran junto con los policías. Como dicen ellos, con un pie en la cárcel y otro en la tumba. Según la ENPOL, reciente encuesta del INEGI en cárceles, 8 % de la población penitenciaria en México trabajaba en el Ejército, la Marina o la Policía. Significa esto que tenemos miles de servidores públicos en la cárcel. Por cierto torturados con frecuencia similar a los demás detenidos. No sobra decir lo obvio: que los que están muertos no pudieron contestar la encuesta del INEGI. Les damos cárcel o tumba. ¿Es esa es la recompensa que queremos para quienes nos cuidan?

QUINTO MITO: La Ley de Seguridad Interior ya fue aprobada.

REALIDAD: El proyecto de Ley de Seguridad Interior ha sido aprobada por los Diputados, pero no por los Senadores. Tras expresiones de preocupación masiva, el presidente de la República exhortó al Senado a escuchar a la sociedad civil. Sin embargo, Peña Nieto es cada día más débil y tiene una influencia limitada en el Senado, aún dentro de su propio partido. Una senadora del PRI respondió el exhorto diciendo que la sociedad civil ya fue escuchada. El senador Javier Lozano mandó un tuit a la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por cierto en vergonzoso inglés, diciendo que le recomendaba “leer bien” antes de mandar sus recomendaciones. Luego recriminó al actor Gael García diciendo: “deja de opinar de temas que no entiendes.” El senador Roberto Gil, en un debate, absorbió cuestionamientos diciendo que en las hipótesis del Artículo 5o de Ley de Seguridad Nacional “no hay cruce alguno con temas de Seguridad Pública”, y concluyó su intervención diciendo que va a votar a favor de la ley como viene. ¿77,148 detenidos y no hay cruce? El panorama es negro. Súmese a las protestas ciudadanas en contra de esta ley. Quienes han sonado la alarma tienen toda la razón de hacerlo.

Si queremos arreglar este sistema a fondo, pidamos soluciones a fondo. Esto pasa por entender el problema que se pretende mitigar y las realidades de las operadores que están en el terreno haciéndole frente. Nos han paseado conceptos de seguridad que marean –interior, nacional, pública. Pero la seguridad es el resultado de un proceso y el proceso, no sólo el resultado, debe importarnos. A los que quieren seguridad a cualquier precio, hay que recordarles que hay mucha seguridad en un cementerio. Empecemos con un acto de empatía. Hagamos que nuestros legisladores escuchen a policías y soldados. No a quienes los mandan, sino a los que están hasta abajo. No a uno. A miles. Porque queremos que cuando José Xicoténcatl se enfrente a esa camioneta blindada cargada de drogas y armas, pueda hacerlo de forma que ni él ni nosotros nos pongamos en más riesgo del que ya vivimos por vivir en México.

 

* Roberto Hernández es investigador para The World Justice Project y cofundador de Abogados con Cámara. Correalizador del documental “Presunto Culpable”. Licenciado en Derecho por la Universidad de McGill. Candidato a Doctor en Políticas Públicas por la Universidad de California en Berkeley.

 

 

[1] Estos son datos aportados por el colectivo Fiscalía que Sirva mediante una solicitud de acceso a la información.

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Comentarios
  • David C

    Buen artículo, sobre todo es necesario pensar, ¿quién piensa en quienes combaten al crimen?, los policías están tan desprotegidos como el ciudadano, la delincuencia tiene ventaja ante la ley