La ley de la simulación

El PRI busca aprobar de manera relámpago una ley que ahonda aún más en la problemática de inseguridad y violencia en el país, generando un clima social de incertidumbre y desconfianza.

Por: Zoé Robledo (@zoerobledo)

La prisa por aprobar la fallida Ley de Seguridad Interior responde a una lógica que el PRI ha perpetuado desde su nacimiento: favorecer sus cálculos electorales y sociales, aún a costa del diálogo y el respeto a las formas parlamentarias. Buscan aprobar de manera relámpago una ley que ahonda aún más en la problemática de inseguridad y violencia en el país, generando un clima social de incertidumbre y desconfianza.

El asunto de la Seguridad Pública en México será uno de los grandes temas de la campaña electoral de 2018, pero también y sobre todo, uno de los grandes problemas que nos hereda el presidente Enrique Peña Nieto. En un momento especialmente delicado para la nación, que vive el año más violento de nuestra historia reciente, se pone en juego avanzar hacia un nuevo modelo institucional que garantice la justicia, la seguridad y que combata la impunidad en nuestro País.

No se trata de oponerse por oponerse. Cualquier mexicano que valore la libertad de expresión y crea firmemente en todas las formas de manifestación social no sólo debería unirse contra la iniciativa; debería ser firme en sus protestas, pero sobre todo debe asumir la responsabilidad de promover una contrapropuesta, y más, si esos ciudadanos comprometidos somos legisladores: y ya que tanto les gusta a los ideólogos de esta ley aquello de tomar de ejemplo a la OCDE, lo que hoy se perpetúa es el modelo militar de Guatemala, y no el de Mando Civil que impera en los ministros o secretarios de Defensa de la mayoría de los países de la OCDE.

No le demos vueltas: la Ley de Seguridad Interior pretende militarizar un proceso electoral, ya de por sí cuestionado por mecanismos y organizaciones internacionales. Dado que todo el proceso de la Ley se ha caracterizado por su rapidez, su incoherencia y su bajo diálogo, quiero exponer muy brevemente cinco claves para entender que nos jugamos en la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.

  1. Esta ley legaliza el fracaso de un modelo de seguridad que no funciona

La Ley no necesariamente trae un cambio inmediato en el actuar de las Fuerzas Armadas, sino que legaliza una manera de hacer mal nuestra tarea como estado en materia de seguridad pública.

Hemos perdido una década entera sin haber capacitado a nuestras policías, desde que en 2006 Calderón declaró su guerra, y movilizó en las calles a las Fuerzas Armadas, garantes de la Seguridad Nacional, para asumir una tarea que correspondía a los órganos policiales, como es la Seguridad Pública, en base a la constitución.

  1. Ambigüedad para que todo sea posible

Ya desde el principio, la Ley se ampara en un concepto que no significa nada en México: “Seguridad Interior”, heredado de las dictaduras militares de los 80 en la región latinoamericana. Nuestras leyes, como dijimos anteriormente, solo reconocen los espacios de “seguridad pública”, atribuido a cuerpos policiales, y de “seguridad nacional” para Fuerzas Armadas.

Tampoco define qué será y qué no será una amenaza a esa “seguridad interior”. Sabemos que con el nuevo dictamen, cierto tipo de protesta social quedará excluido de ser susceptible de esta aplicación, pero es esta ambigüedad la que impide estar seguros de cuando el ejército se hará cargo de invalidar la movilización popular, y cuándo no.

  1. La información no será de acceso público

Si legalizar un fracaso y dejar un amplio margen de ambigüedad para la actuación discrecional no fuera suficiente, o no fuera de tu agrado, no te preocupes: no lo vas a saber, porque otro de los aspectos más polémicos de la Ley es que la información que se genera no es de acceso público, y podrá tener el grado de ocultamiento y falta de transparencia que se considere oportuno, el mecanismo perfecto para ocultar debajo de una alfombra ya demasiado abultada, todas las violaciones de Derechos Humanos que se produzcan en el marco de los intereses políticos particulares.

  1. El Senado ya no es un contrapeso del poder ejecutivo: los cambios al dictamen han sido estéticos

Desgraciadamente, el papel del Senado en esta Ley ha sido deliberadamente insuficiente. El lunes de la presente semana, gobernadores, mayoritariamente a favor de la Ley, tuvieron unas horas para aplaudirla ante las cámaras, y miembros de la sociedad civil y las organizaciones de DDHH, unos minutos para la pataleta: porque sabían que iban a ser ignorados y que sus propuestas y alertas no iban a ser tomadas en cuenta por la mayoría parlamentaria.

Las modificaciones del dictamen, en palabras de las organizaciones de DDHH, ha sido una simulación estética que no aborda ninguno de los pilares conflictivos de la Ley, y que solo añade calificativos amables para embellecer el proyecto de ley.

  1. Se aprueba 7 meses antes de una elección en la que, previsiblemente, los resultados no sean del agrado del PRI

No es necesario ser malpensado para intuir que el “fast track” con el que se ha tramitado esta ley, obedece a una suerte de temor relacionado con la posibilidad de que “ya saben quién” llega al gobierno. Quizá este temor está generando en el viejo régimen político el deseo de generar barreras ejecutivas tan fuertes que impidan la gobernabilidad a un futuro líder electo democráticamente, que ha defendido públicamente la necesidad de mejorar la capacitación, el reclutamiento y los procedimientos de los cuerpos policiales, para que estos, progresivamente, vuelvan a las calles, y el ejército pueda retirarse a realizar las labores que le corresponden, que son las de defender a la nación y su soberanía.

Y los mexicanos tenemos pruebas de cómo se comporta en PRI en periodo electoral: este mismo año, en la elección del Estado de México, la violencia y el miedo fueron armas que el régimen usó contra los votantes para desincentivar la participación ciudadana libre. No permitamos que vuelva a ocurrir.

 

* Zoé Robledo es senador del PT – Morena por Chiapas.

Close
Comentarios