Seguridad Interior, Democracia y Estado de Derecho

La Ley de Seguridad Interior privilegia el uso de la mano dura y la estrategia militar sin contrapeso democrático, sobre el fortalecimiento de las instituciones civiles.

Por: María Novoa

El debate de la Ley de Seguridad Interior surgió a partir de dos iniciativas presentadas en el Congreso desde septiembre de 2016. La primera a cargo del senador del PAN, Roberto Gil Zuarth. La segunda, presentada en la Cámara de Diputados por los diputados del PRI, César Camacho y Martha Tamayo. Además presentó iniciativa el PRD por el diputado Miguel Barbosa, en enero de 2017.

Estas iniciativas darían facultades extraordinarias al Ejército y la Marina para realizar las labores de seguridad pública que implementan desde 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón decretó la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Tal decisión tomó lugar sin una normatividad que regulara la actuación de las Fuerzas Armadas y sin prever una estrategia paralela de fortalecimiento de las instituciones policiales y de justicia.

En ese contexto y ante críticas al régimen de excepción operante desde 2006, el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, publicó en 2016 un escrito advirtiendo la necesidad de contar con un marco jurídico que delimite las responsabilidades y los alcances de las Fuerzas Armadas en apoyo a las autoridades civiles. Es preciso señalar que la advertencia fue recibida por el Ejecutivo Federal como una condición de las fuerzas militares para no replegarse a sus cuarteles.

Es así que el 30 de noviembre pasado, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior. El proyecto aprobado establece que la aplicación de la ley corresponderá a las fuerzas estatales y federales, y que solo “cuando la gravedad de la situación lo amerite y como último recurso del Estado, [corresponderá] a las Fuerzas Armadas”. Su intervención estaría sujeta a un plazo no mayor de un año y únicamente podría ser extendida por acuerdo presidencial.

En este contexto, tras ser aprobada sin grandes cambios por el Senado, se identifican riesgos al equilibrio democrático de poderes y al fortalecimiento del Estado de Derecho. El primero atiende a la posible discrecionalidad por parte del Ejecutivo Federal en la interpretación del concepto “Amenaza a la Seguridad interior”, ya que la redacción de los artículos 3 y 5 es ambigua.

El segundo aspecto que despierta preocupación en cuanto al ejercicio de derechos y libertades democráticas es la posibilidad de aplicar la Ley ante movilizaciones de protesta social, ya que éstas no son claramente exceptuadas. El artículo 8 deja abierta la posibilidad de que puedan ser consideradas como un riesgo a la seguridad interior cuando las movilizaciones no se enmarquen dentro del concepto de “protesta social pacífica”.

Un tercer elemento que se considera un retroceso significativo de los pilares democráticos es el relativo a la opacidad sobre la cual operaría la aplicación de la Ley. Si bien pese a las resistencias de las fuerzas armadas se han dado avances en materia de transparencia y rendición de cuentas en materia de seguridad, la clasificación de la totalidad de la información prevista en la Ley abre un nuevo frente de arbitrariedad y falta de contrapesos.

Como un cuarto aspecto de riesgo se advierte la falta de claridad en la definición de “grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno”, previsto en el artículo 16 como supuesto de aplicación de la Ley. En este sentido, tal indefinición puede representar una falta de controles a la operación de las fuerzas armadas.

En suma, se hace evidente la falta de precisión en tres temáticas de suma relevancia: la temporalidad, los supuestos de aplicación de la Ley y las facultades de investigación de las fuerzas militares en ámbitos civiles.

En este sentido, en un Estado con un modelo democrático y de derecho, debe privilegiarse la intervención de las autoridades civiles para hacer frente a la criminalidad (instituciones de seguridad y justicia), poniendo en el centro a las personas y sus derechos. En el caso de la Ley de Seguridad Interior, se privilegia el uso de la mano dura y la estrategia militar sin contrapeso democrático, sobre el fortalecimiento de las instituciones civiles.

En este sentido, la Ley de Seguridad Interior otorga facultades discrecionales al Poder Ejecutivo para ocupar a las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad, trastocando el equilibrio de poderes y limitando los débiles contrapesos democráticos y controles legislativos aún existentes. En consecuencia, la Ley de Seguridad Interior afecta gravemente la certidumbre jurídica y la protección de derechos que rigen en un Estado de Derecho.

 

* María Novoa es Directora del Área de Justicia del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C., CIDAC. Este texto fue publicado originalmente en la página de análisis de la Fundación Naumann.

 

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