El nuevo integrante de la Junta de Gobierno de Banxico

México debe empezar a mirar a la academia, definiéndola con rigor primero, y dentro de ésta mirar el récord de investigación en el área para nombrar a un nuevo miembro de la junta de gobierno del Banxico.

Por: Fausto Hernández Trillo

Una institución busca necesariamente la consecución de uno o varios objetivos. Para alcanzarlos se determinan una serie de mecanismos. Uno de ellos es el diseño de un cuerpo que será el que tome las decisiones para conseguirlos. Ese cuerpo puede ser una sola persona o un colegio. A este último se le conoce como gobierno corporativo.

La OCDE reconoce que éste es importante para añadir transparencia al proceso de toma de decisiones y que requiere de un conjunto de relaciones entre el cuerpo gerencial, su Consejo, sus accionistas así como de cualquier persona involucrada con la compañía. Este gobierno corporativo también provee la estructura a través de la cual se deben cumplir con los objetivos. Así, la composición del cuerpo colegiado adquiere una especial importancia para cualquier institución, pública o privada. A esta característica es a la que me quiero referir para discutir del nuevo miembro de la junta de gobierno del Banco Central.

Cuando se trata de una institución de interés público, como lo es un Banco Central en cualquier país, lo ideal es que los integrantes del cuerpo colegiado que se encarga de las decisiones esté integrado de acuerdo a ciertos criterios. Estos pueden agruparse en tres. Primero, que los integrantes estén calificados para ello, es decir, que tengan las credenciales y conocimientos suficientes para el desempeño del cargo; segundo, que el colegio se diseñe con el tamaño adecuado, y por último, que los integrantes no tengan conflicto de interés en cuanto a las decisiones que hay que tomar.

Con base en estos criterios es posible analizar el nombramiento del nuevo integrante de la junta de gobierno. Reiteramos que de estos criterios depende en parte el éxito de la política monetaria. Empecemos por el tamaño. Por un lado, una Junta extensa tendrá la gran ventaja de poder procesar mejor la información al tomar ventaja de la división del trabajo y con ello, la especialización (el famoso teorema de Condorcet). Sin embargo, un consejo más numeroso puede dificultar la toma de decisiones por el típico problema de acción colectiva. Por otra parte, una junta más extensa podría reflejar mejor la heterogeneidad del país; más aún, la evidencia empírica sugiere que aquellos países que tienen un tipo de cambio flexible, junto con una población mayor, tienden a ser más heterogéneos y con ello debieran contar con juntas más numerosas. No hay recetas, pero los resultados empíricos sugieren eso.

Basado en la población, el régimen del tipo de cambio y la heterogeneidad de México (con un marcado alto coeficiente de Gini a nivel regional), se debería contar con 7 miembros (solo observe que el Instituto Nacional Electoral, INE, tiene11 miembros, sin duda muy por arriba de lo que marca el promedio para bancos centrales de acuerdo a nuestras características). En los hechos México cuenta con 5 elementos, y no es claro por qué se diseñó de esa manera. Los archivos de la constitución de la junta no lo especifican.

En cuanto a las credenciales, considero que los actuales lineamientos cumplen con los estándares internacionales.

Es el tercer criterio, el de conflicto de interés, el que puede ser preocupante para México. Esto debido a que desde la promulgación de la autonomía en 1993 siempre ha existido un “representante de la banca comercial”. Si bien el argumento de que ello es conveniente debido a que conocen los mercados puede ser elocuente, también lo es que incurren en un claro conflicto de interés.

En otros países se requiere que no hayan trabajado en “los mercados” al menos los últimos tres años anteriores al nombramiento (una excepción es el modelo que no debemos tomar, como lo es el caso de EEUU, debido a la marcada diferencia en el Estado de derecho y calidad de las instituciones, y aún así eso es cuestionable). De hecho, no ha habido un momento en la historia del Banco de México, en los que no haya habido un representante del sector que no haya trabajado de manera inmediata, o muy reciente a su nombramiento, en la banca u otra institución financiera.

Por ello, en muchos países, incluido los EEUU, la presencia de los académicos en las juntas de gobierno es necesaria formal o informalmente, debido a que tienen menos conflictos de interés. En el caso del vecino del norte esto se da de manera informal, pero en otros países debe darse incluso porque lo establece la ley. Ben Bernanke, el exitoso banquero central que manejó la crisis mundial del 2008-09 provenía de la academia (como también Alan Blinder (Princeton), Frederick Mishkin (Columbia), entre muchos otros). Marvin King en Gran Bretaña, Stanley Fisher y J Frenkel en Israel, R. Rajan en la India, son otros ilustres ejemplos. Todos con desempeños muy exitosos.

Tal vez el problema sea que en México podríamos disfrazar a cualquier persona de “académico”. Es común que a quien da clases de tiempo parcial en alguna institución de educación superior sin ser ésta su principal actividad se le considere como académico[1]. También es común llamarle a ciertos activistas, académicos (incluso son contratados por instituciones de educación superior, sorprendentemente). Asimismo, a los intelectuales públicos se les suele llamar académicos (estos pueden o no ser académicos).

Para fortuna de los países de primer mundo, este concepto está muy claro, pero no así en México. En otras palabras, este requisito podría simularse en México. Nuevamente, una práctica internacional ideal, se le daría la vuelta en nuestro país.

Aún, creo que México debe empezar a mirar a la academia[2], definiéndola con rigor primero, y dentro de ésta mirar el récord de investigación en el área para nombrar a un nuevo miembro de la junta de gobierno. Esto no significa que el académico no tenga conflictos de interés, pero al menos se minimiza esa posibilidad. Asimismo, debe revaluarse el tamaño de la Junta de Gobierno, dada la diversidad del país.

Lo más conveniente para el país es institucionalizar esto, incluyéndolo en la ley. El simple nombramiento no resuelve los posibles obstáculos que acabo de señalar. El Banco de México ha trabajado bien en su historia. Sin embargo, no está exento a vaivenes políticos futuros. Por ello, reforzarlo institucionalmente es importante.

 

* Fausto Hernández es profesor investigador de la División de Economía del CIDE y miembro del panel de expertos de @MexicoComoVamos.

 

 

[1] A Paloma Merodio el Congreso la consideró como académica para elegirla como integrante de la junta del INEGI.

[2] Soy académico, y lo he sido toda mi vida, y de ninguna manera sugiero que tengo interés en ello.

Close
Comentarios
  • Imanol Núñez

    «Por un lado, una Junta extensa tendrá la gran ventaja de poder procesar
    mejor la información al tomar ventaja de la división del trabajo y con
    ello, la especialización (el famoso teorema de Condorcet).» El famoso teorema de Condorcet no implica eso, hay que revisar los supuestos con mayor detenimiento.