Obesidad, Recaudación y Democracia

Si efectivamente el objetivo es recaudar, la primera pregunta debería ser cómo definir la atención de la obesidad y sobrepeso de una manera democrática, tanto en su discusión como en el diseño y evaluación de políticas públicas, así como en la rendición de cuentas. El punto es que no tenemos respuesta, pues no existe una agenda integral del Gobierno Federal en la materia.

Por: Bernardo Altamirano Rodríguez (@beraltamirano)

En septiembre pasado, cuando el Presidente Enrique Peña Nieto presentó su propuesta de reforma fiscal, anunció que por primera ocasión se incluía una medida cuyo objetivo era enfrentar un problema de salud pública: un impuesto especial a bebidas azucaradas que se reflejaría en una disminución de la obesidad. De inmediato, con base en un estudio elaborado por Central Ciudadano y Consumidor (CCC), señalamos que en otros países donde se han aplicado este tipo de impuestos, no existe evidencia de que reduzcan el Índice de Masa Corporal, es decir, no disminuyen la obesidad. Por tanto, advertíamos que más que ser un objetivo de salud pública, se trataba de un interés recaudatorio.

Conforme avanzó el debate, esta hipótesis se confirmó al observar, por un lado, que la defensa de esta propuesta corriera a cargo de la Secretaría de Hacienda y no de la Secretaría de Salud, lo cual hubiera sido lógico por presuntamente tratarse de un asunto de salud pública. Por el otro lado, el hecho de que los diputados sacaran de la chistera otro impuesto, ahora para productos de alta densidad calórica, que denominaron el impuesto a alimentos chatarra. Lo anterior, afirmaban nuestros diputados, busca cubrir un boquete al gasto que generó la caída de otros impuestos propuestos, como el de colegiaturas o hipotecas. En pocas palabras, el Estado requiere recursos para su gasto y encontró en estos productos una fuente importante. El problema es que no midió los efectos que tenía abrir este debate a partir de objetivos imprecisos y alimentándose en el encono y estigmatización promovidos por intereses políticos.

Sobre esta línea de que se trata de una medida recaudatoria ya han coincidido múltiples especialistas, como Enrique Campos Suárez, Alicia Salgado, José Yuste, Carlos Mota, Isaac Katz, Arturo Damm, entre otros. Incluso han señalado que se percibe un IVA disfrazado. Si efectivamente el objetivo es recaudar, la primera pregunta debería ser cómo definir la atención de la obesidad y sobrepeso de una manera democrática, tanto en su discusión como en el diseño y evaluación de políticas públicas, así como en la rendición de cuentas. El punto es que no tenemos respuesta, pues no existe una agenda integral del Gobierno Federal en la materia. Desde hace meses han anunciado que se publicará, pero a casi un año de gobierno no hay tal. Por esta razón es que hay que reconocer que el método de discusión ha sido el equivocado y ha desvirtuado uno de los temas que apuntaba para ser el debate social del sexenio. No se entiende que un gobierno proponga cobrar tributos, antes de definir agenda, objetivos y políticas públicas.

En este contexto es que CCC convocó a construir una agenda integral que brindara atención a los problemas de sobrepeso y obesidad, pues la discusión fiscal/recaudatoria confunde y propicia las posiciones más extremas. Para empezar, habrá que recordar que mientras instancias como la OMS y la OCDE reconocen el carácter multifactorial de la obesidad, el Secretario Luis Videgaray declaró que este impuesto va a “erradicar” la obesidad, lo que detonó la polarización, pues las empresas buscaron por un lado defender su cartera y por el otro combatir un estigma. En cambio, si desde el inicio se hubiera aceptado el interés recaudatorio, el nivel de tensión sería mucho menor al actual. Por el otro lado, de insistir en el objetivo de salud pública, debieron haber antes propuesto la agenda a desarrollar y después los mecanismos necesarios para su atención, con lo que habría menos controversia en asignar recursos, incluso asumiendo costos. Y es que en esta discusión fiscal a muchos les encanta decir verdades de Perogrullo: “es que son impuestos y a nadie le gustan”. Pero en una sociedad democrática el hecho de que sean impuestos no significa que no deban argumentarse y razonarse.

Justo este terreno de las razones es otro aspecto de por más interesante. Desde hace varios años se pusieron los focos amarillos en torno a la obesidad y sobrepeso. Uno de los momentos más relevantes fue enero de 2010, cuando se publica el Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria, el cual establecía una agenda amplia con responsables de los sectores público, privado y social. Asimismo, diferentes institutos, académicos y organizaciones han profundizado en estudios e investigaciones los cuales han contribuido a entender mejor este problema. Sin embargo, en los últimos meses, se ha construido una narrativa basada en la acusación y exageración, lo que sin duda incide en configurar la percepción social de estos fenómenos. Definitivamente estos movimientos de denuncia contribuyen a la salud de una democracia, pero distan de ser el centro sobre el cual un gobierno construya sus políticas públicas y emita sus actos de autoridad, pues pierde la imparcialidad. Por el otro lado, las empresas del sector también tensan la cuerda mediante amenazas sobre despidos y recortes de inversiones. En ambos casos urge que el gobierno encuentre el equilibrio.

En cualquier debate democrático, y en particular el presente sobre obesidad y sobrepeso, el Gobierno debe promover un debate plural y crítico, sin dogmas y con reconocimiento a todos los actores. Hasta en la más elemental discusión se debe partir que existe la posibilidad de una prueba en contrario. Por eso resulta grave la inexistencia de una agenda integral, pues en la actual coyuntura vemos una lucha de poder político y recaudatorio, y no una centralidad a la cual nos convoque a participar a todos y refleje la pluralidad de nuestra sociedad. El debate de fondo sobre el papel del Estado y sobre los mecanismos de los cuales dispone para atender problemáticas sociales también es necesario, pero lo omitimos por estas prisas fiscales. Simplemente para darse una idea de posiciones de fondo, valdría la pena leer a Sergio Sarmiento, Juan Pardinas o Leo Zuckerman. Es lamentable la ausencia de este debate, el cual sin dudas contribuiría a fortalecer nuestra democracia.

Finalmente abordo dos aspectos que también han estado ausentes en el presente debate recaudatorio y que son fundamentales para enfocar mejor el problema. Por un lado el de la planeación de políticas públicas en torno al gasto. En una anterior entrega, comentábamos cómo se encuentra México, dentro de la OCDE, en cuanto a la confianza y calidad de su distribución de agua potable, de los servicios médicos, de los programas de activación física, entre muchos otros factores. Sin duda alguna, debemos hacer una profunda reingeniería del sistema de salud en cuanto a atención al sobrepeso y obesidad se refiere. Gastar más por sí mismo no garantiza eficacia en las políticas públicas. Por tanto, coincido con gente como Juan Pardinas que interpela a los legisladores a votar a favor del bienestar colectivo, pero agregaría que las políticas y mecanismos para dirigirnos a ese bienestar todavía no se definen, por lo que esta votación debería darse en el contexto de una discusión de salud pública y no una fiscal. Así lo describe Federico Reyes Heroles: “No se sabe cómo se vinculará el impuesto con la enfermedad: agua potable a comunidades recónditas, bebederos a las escuelas, etcétera. La discusión sobre el azúcar y los alimentos chatarra se hubiera entendido a la luz de un fin superior. Pero más bien pareciera un parche”.

Al respecto, existen voces que indican que la recaudación de estos impuestos se enfocaría a instalar bebederos en escuelas. Lo anterior lo proponen sin presentar siquiera un censo de planteles que requerirían estos bebederos ni una evaluación si estas facilidades son realmente usadas por los niños donde sí existen o si debemos promover una campaña de educación en la materia, empezando por los mismos padres de familia. Sin una evaluación, esos bebederos tendrían el mismo propósito que la cabeza de Juárez en Ave. Zaragoza.

El segundo aspecto es el de la rendición de cuentas. Como lo señaló Carlos Martínez: “En 2004, en Estados Unidos se inició un escándalo cuando una investigación ligó 400,000 muertes a la obesidad, cifra que repitieron todos como cierta, incluyendo las autoridades sanitarias de ese país. Un año después investigadores del Center for Disease Control and Prevention notaron los errores de cálculo y descubrieron que 26 mil muertes al año eran lo que verdaderamente se podía ligar con pesar demasiado. Por cierto, cifra muy inferior al número de 80 mil que se maneja en México, por lo que sería bueno hacer una revisión de cifras y metodología, pues a simple vista parece, por lo menos sospechoso”. Ante este antecedente de nuestro vecino que enfrenta el mismo problema que nosotros, valdría la pena preguntarse por qué el Congreso y organizaciones ciudadanas, antes de votar un impuesto de esta naturaleza, no exigen se haga una profunda rendición de cuentas, se confronten datos, interpretaciones y se tenga un diagnóstico compartido. Así, las diferentes visiones enriquecerían de manera plural los enfoques de políticas públicas que mejor atiendan este problema.

Por todas las razones anteriores, por la falta de un debate de fondo, por la inexistencia de una agenda integral que proponga políticas públicas, por las evidentes demostraciones de tratarse de un debate de poder político y recaudatorio, es que confirmo mi escepticismo ante este impuesto. Sin duda alguna podrá cuestionarse que esta posición no es la políticamente correcta, pero estoy convencido que el disenso enriquece nuestra democracia. El compromiso de CCC es seguir contribuyendo con esta agenda, en contribuir a construir un centro, y promover que las políticas de atención a la obesidad y sobrepeso estén alineadas con la construcción de nuestra modernidad, competencia económica, libertades y responsabilidad individual. Al Estado le corresponde garantizar el interés general, pero éste se construye de manera plural entre nosotros, los ciudadanos y consumidores. Sólo una política integral dará pauta a la revolución alimentaria y de entornos y estilos de vida saludables que requiere nuestra sociedad.

 

P.D. Felicidades a @Pajaropolitico y a sus lectores por estos 4 años en Twitter.

Close
Comentarios