¿Por qué defender los derechos de los consumidores?

El objetivo de las políticas y acciones en defensa a los consumidores debe centrarse en reducir los riesgos a la vida y la salud, y cerrar las brechas de información entre consumidores y productores.

Por: Carlos Martínez Velázquez (@carlosmartinezv)

El 15 de marzo de cada año se conmemora el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, en realidad todos los seres humanos somos consumidores, por lo que el día más bien trata de conmemorar el reconocimiento de los derechos del movimiento de organizaciones civiles que buscaban estándares de seguridad en el consumo. A 55 años de que se instaurara este día, hay todavía mucho que avanzar en términos de derechos de los consumidores.

Como ejemplo, hace unos días aquí en Animal Político se exponía el caso de José Guillermo Ascencio Lara, un turista que murió en un hotel en Progreso, Yucatán, en 2014. El caso no tiene culpables, sin embargo, la autopsia revela que una de las causas del fallecimiento fueron las malas instalaciones eléctricas del hotel, que además carecía de algunos permisos. ¿Dónde están los responsables? La Ley Federal de Protección al Consumidor en su artículo 1 establece como uno de los principios básicos de las relaciones de consumo “la protección a la vida, salud y seguridad del consumidor”. Es claro que, además de lo que corresponda en el ámbito penal, el hotel incumplió uno de los principios básicos en la proveeduría de servicios.

La historia del movimiento de los derechos de los consumidores se basa en la protección a la vida y la seguridad. En su extraordinario y divertido libro Phishing for Phools, los premios Nobel de economía George A. Akerlof y Robert J. Shiller hacen un recorrido sobre la historia de los productos de consumo que eran peligrosos, que se publicitaban con propiedades milagrosas y que eran fuente de riesgo permanente para los consumidores. Este libro es un alegato a favor de los estándares de seguridad de producto (p.e. las Normas Oficiales) y la acción del Estado para combatir la publicidad engañosa. Los autores ponen en el centro la razón de ser de las políticas y acciones en defensa a los consumidores: reducir los riesgos a la vida y la salud, y cerrar las brechas de información entre consumidores y productores.

Lo anterior interactúa con la forma en que se estructuran los mercados. En aquellos que tiendan a la concentración y que estén regulados, la tarea fundamental es trabajar en la reducción de las asimetrías de información. Buena parte del trabajo de los reguladores es proveer al consumidor información valiosa para que vigilen el funcionamiento del mercado y se generen incentivos a la competencia. En el caso de los mercados en los que hay libre concurrencia, los estándares son clave para que las empresas oferten al consumidor en las mismas condiciones y no haya competencia desleal. Además, en este caso, al no existir un regulador, es importante el monitoreo y la sanción de la publicidad engañosa.

A partir de estas dos grandes razones que guían la política pro consumidor, debemos preguntarnos si en México se avanza en la dirección correcta. En primer lugar, hay que decir que la defensa de los derechos de los consumidores no se debe de ver como una tarea específica de una agencia de gobierno, si estamos hablando de reducir los riesgos en el consumo debe verse como un asunto compartido, que involucre tanto a distintas instituciones de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, empresas y consumidores. En segundo lugar, se debe reconocer que impulsar la competencia económica, eliminar barreras a la entrada en los mercados y simplificar la regulación, son tareas que ayudan a mejorar el entorno en el que se garantizan los derechos del consumidor, la competencia efectiva disciplina a los agentes económicos y genera incentivos a respetar los derechos de los consumidores y a cumplir los estándares y regulaciones.

Con lo anterior en mente, hay que ver qué pasa en el país. El desarrollo institucional en la materia ha fragmentado la defensa de los derechos. Si uno es usuario de servicios financieros existe la Condusef, en todos los temas comerciales la Profeco, para servicios médicos y sanitarios existe la Conamed y la Cofepris, para el mercado de telecomunicaciones el IFT, para garantizar la competencia la Cofece, y lo que se agregue. El modelo ha estado centrado en el tramo de mercado que se busca regular y no en los consumidores como personas dotadas de derechos. En trabajos anteriores hemos propuesto, por ejemplo, la fusión de Profeco y Cofecce para que en una sola institución se tenga mayor visión e integralidad en el diseño e instrumentación de las políticas públicas.

En cuanto a la reducción de riesgos, no se ha articulado un sistema de protección que tenga esta prioridad. A nivel local, por ejemplo, el comercio ambulante e informal sigue vendiendo miles de productos que no cuentan con las normas técnicas adecuadas y que su consumo puede provocar daños a los consumidores[1]. En otro ejemplo, en el mercado de automóviles hasta hace muy poco se aprobó una norma de estándares mínimos de seguridad que ya existía en otros países. Y ni hablar del tema de comercio electrónico y privacidad de datos personales, en el que los consumidores están expuestos a distintos riesgos como la venta de productos que no cumplen con normas hasta el robo de identidad.

Finalmente, la revisión del TLCAN debe ser motivo para adecuar el marco de protección a los consumidores. En este frente se debe de avanzar para que empresas que operen en los tres países del tratado tengan las mismas responsabilidades y sanciones con los consumidores, para que deje de haber los de primera y los de segunda. En la medida en que la visión se articule a partir de la seguridad y la reducción de riesgos será más fácil diseñar una política integral y que se pueda evaluar.

Casos como el José Guillermo Ascencio Lara deben ser motivo para no olvidar la razón de ser de quienes trabajamos en la defensa de los derechos de los consumidores. El consumo de bienes y servicios no debería ser motivo de riesgos a la salud o la vida. La ausencia de responsables en el caso evidencian las fallas en el sistema penal, pero también desnudan la falta de atención integral en el sistema de protección de los derechos de los consumidores. En este contexto vale la pena conmemorar el día exigiendo nuestros derechos.

 

* Carlos Martínez es director de @CentralCyC.

 

[1] Es el típico caso de las luces navideñas que son la principal fuente de incendios en hogares en esa época (ver nota).

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